DETERMINA SISTEMA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS

Artículo 1º.- Establécense para el personal de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, en adelante los Tribunales, los siguientes niveles remuneratorios equivalentes a aquellos correspondientes a los grados de la Escala de Sueldos Bases Mensuales del Personal del Poder Judicial, fijada en el decreto ley Nº 3.058, de 1979, que a continuación se indican:

Cargo Grado Escalafón

Juez Tributario y Aduanero V Del Personal Superior Secretario Abogado VII del Personal Superior Resolutor Profesional Experto X Del Personal Superior Administrativo XVII Del Personal de Empleados Auxiliar XX Del Personal de Empleados

Artículo 2º.- El personal de los Tribunales percibirá un sueldo base mensual equivalente a aquel que corresponde a los grados y escalafones del Personal del Poder Judicial, incluidas las demás asignaciones y remuneraciones que dichos grados y escalafones tengan asignados de acuerdo a la ley, con excepción del bono de modernización establecido en el artículo 4º de la ley Nº 19.531.

Artículo 3º.- Los Jueces y demás funcionarios de los Tribunales percibirán, además de las remuneraciones a que tengan derecho por aplicación de los artículos anteriores, una asignación de gestión ligada al desempeño, a los resultados y a la calidad de los servicios prestados.

Artículo 4º.- La asignación de gestión tendrá un componente base y otro variable. Este último se pagará en relación al cumplimiento de metas de desempeño, resultados y calidad de los servicios prestados que hayan sido comprometidas. Dichos componentes tendrán los siguientes porcentajes:

a) Componente base, de un 10%, y b) Componente variable, de hasta un 12%.

La asignación de gestión no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración y tendrá el carácter de tributable e imponible para fines de previsión y salud. Para determinar los impuestos e imposiciones a que se encuentre afecto el componente variable de dicha asignación, se distribuirá su monto en los meses que comprenda el período que corresponda y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales. Con todo, las imposiciones se deducirán de la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no exceda del límite máximo de imponibilidad.

Artículo 5º.- El monto de la asignación de gestión se determinará aplicando los porcentajes señalados en el artículo anterior sobre la suma del sueldo base, la asignación judicial y la asignación profesional, en su caso, percibidas por cada funcionario a quien corresponda el beneficio, durante el período respectivo.

Artículo 6º.- El monto del componente variable de la asignación de gestión se determinará aplicando un porcentaje del 12% sobre la suma de ingresos a que se refiere el artículo anterior, siempre que el Tribunal haya alcanzado un grado de cumplimiento igual o superior al 90% de las metas anuales comprometidas. Si dicho grado de cumplimiento fuere igual o superior a un 75% e inferior a un 90%, el porcentaje de este incremento será de un 50% del porcentaje máximo antes señalado. Todo grado de cumplimiento inferior a un 75% no dará derecho a incremento.

Artículo 7º.- El componente base de la asignación de gestión se pagará mensualmente. Por su parte, el componente variable se pagará en cuatro cuotas, en los meses de abril, junio, septiembre y diciembre de cada año. El monto a pagar en cada cuota será equivalente al valor acumulado en el período respectivo, como resultado de la aplicación mensual de dichos incrementos.

Artículo 8º.- Tendrá derecho a percibir la asignación de gestión, en su componente variable, el personal de los Tribunales que haya prestado servicios, sin solución de continuidad, durante un plazo no inferior a seis meses en el año objeto de evaluación. Si algún funcionario cambia de grado durante el año del pago, percibirá dicho emolumento en relación a las remuneraciones correspondientes al grado que tenía en el mes de diciembre del año objeto de evaluación. El personal a quien corresponda el componente variable de la asignación de gestión que deje de prestar servicios antes de completarse el período de pago respectivo, tendrá derecho a que este componente se pague en proporción a los meses completos efectivamente trabajados. No tendrá derecho a percibir el antedicho componente el personal que durante el año inmediatamente anterior a su pago no haya prestado servicios efectivos en dichos órganos jurisdiccionales durante seis meses o más, con la sola excepción de los períodos correspondientes a licencias médicas por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales a que se refiere la ley Nº 16.744, incluidos los descansos previstos en los artículos 195 y 196 del Código del Trabajo. Los funcionarios que durante el período de ejecución de las metas de desempeño, resultados y calidad de los servicios prestados hayan sido destinados a otro Tribunal Tributario y Aduanero devengarán el componente variable, en forma proporcional al tiempo servido en cada uno de ellos.

Artículo 9º.- El personal que perciba la asignación de gestión, tendrá derecho a una bonificación no imponible destinada a compensar las deducciones por concepto de cotizaciones para previsión y salud a que ella se encuentre afecta, cuyo monto será el que resulte de aplicar los siguientes porcentajes sobre el valor de dicha asignación, según sea el sistema o régimen previsional de afiliación del trabajador:

a) 20,5% para los afiliados al sistema del decreto ley Nº 3.500, de 1980. b) 25,62% para los afiliados al régimen general de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, Sección Empleados Públicos. c) 21,62% para los afiliados al régimen previsional de la Ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, con rebaja de imposiciones de la letra a) del artículo 14 del decreto con fuerza de ley Nº 1.340 bis, de 1930.

Para el personal afiliado a un sistema o régimen previsional diferente de los señalados, tal bonificación será equivalente a la suma de las cotizaciones para salud y pensiones que, con respecto a la referida asignación, le corresponda efectuar al trabajador. Esta bonificación compensatoria se calculará conforme a los límites de imponibilidad establecidos por la legislación vigente y a lo dispuesto en el inciso anterior.

Artículo 10.- Para los efectos de la formulación de las metas de desempeño, resultados y calidad de los servicios prestados, cuyo cumplimiento dará derecho a percibir el componente variable de la asignación de gestión, se aplicarán las reglas siguientes: 1.- Una Comisión conformada por el presidente de la Corte Suprema o el funcionario a quien éste designe, el Ministro de Hacienda o el funcionario a quien éste designe y el Ministro de Justicia, o el funcionario a quien éste designe, la cual será presidida por el Ministro de Hacienda o el funcionario que lo represente, en adelante la Comisión, deberá aprobar anualmente un Programa Marco en el cual se señalarán las áreas prioritarias a desarrollar por cada uno de los Tribunales para el año siguiente. Será responsabilidad de dicha Comisión velar por la calidad técnica, la coherencia con las áreas prioritarias y el nivel de exigencia que involucre el logro de las metas de desempeño, resultados y calidad de los servicios prestados. Copia de dicho Programa Marco deberá ser remitida por intermedio de la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, en adelante la Unidad Administradora, a la Corte Suprema, a fin de que sea formalizado a través de auto acordado. De igual modo, copia de dicho Programa Marco deberá ser remitido a los Ministerios de Hacienda y de Justicia, para que sea ratificado a través de una resolución conjunta. 2.- Sobre la base del Programa Marco a que se refiere el numeral anterior, el Juez Tributario y Aduanero correspondiente, en adelante el Juez, por intermedio de la Unidad Administradora propondrá a la Comisión las metas de desempeño, resultados y calidad de los servicios prestados para ser cumplidas durante el año siguiente, con sus respectivos indicadores o instrumentos de similar naturaleza, ponderadores y mecanismos de verificación que permitan la medición de su grado de cumplimiento. 3.- Para cada una de las metas se definirán ponderadores, cuya sumatoria debe totalizar 100%, debiendo cada uno de ellos guardar relación con la relevancia de la meta respectiva, la calidad de los servicios prestados y el grado de dificultad de su cumplimiento. Cada ponderador no podrá tener una valoración inferior al 5%. Sin perjuicio de los grados de cumplimiento exigidos globalmente para cada una de las metas comprometidas, podrán establecerse porcentajes mínimos de cumplimiento para cada una de ellas. De no lograrse dicho mínimo, el grado de cumplimiento de esa meta particular será igual a cero. Para el evento que las metas comprometidas importen un mejoramiento continuo, no se podrán comprometer metas específicas menos exigentes que las establecidas o logradas en los períodos anteriores. 4.- Publicada la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año siguiente, la Comisión ajustará las metas analizando su pertinencia y correspondencia con los recursos financieros contemplados en el presupuesto asignado a los Tribunales y con las áreas prioritarias establecidas en el Programa Marco. 5.- La Comisión, sobre la base del Programa Marco y la propuesta de metas que efectuare el Juez, fijará las metas que deberá cumplir el respectivo órgano jurisdiccional entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de cada año. La fijación de dichas metas se efectuará mediante un oficio que deberá ser remitido por la Comisión a la Unidad Administradora, la que a su vez deberá comunicarlo dentro del plazo de 5 días a cada Juez. 6.- El Juez, dentro del plazo de 5 días contados desde la comunicación del oficio a que se refiere el numeral anterior, podrá solicitar sobre la base de antecedentes fundados la reconsideración de las metas que hayan sido fijadas por la Comisión, la que resolverá en única instancia acogiendo o denegando, total o parcialmente, dicha petición. 7.- En caso de no haberse solicitado la reconsideración a que se refiere el numeral anterior o habiéndose resuelto aquélla, la Unidad Administradora suscribirá con el respectivo Juez, a más tardar el 31 de diciembre de cada año, el Convenio de Metas definitivo que ha de regir el año siguiente. En dicho Convenio se determinarán las metas con sus correspondientes indicadores o instrumentos de similar naturaleza, ponderadores, su modalidad de cumplimiento y mecanismos de verificación de las mismas. Copia del referido Convenio será remitido a la Corte Suprema para que sea formalizado a través de auto acordado. De igual modo, copia de dicho documento deberá ser remitido a los Ministerios de Hacienda y de Justicia, para que sea ratificado a través de una resolución conjunta. 8.- Excepcionalmente, las metas fijadas podrán ser revisadas o redefinidas, si durante el período de ejecución del mismo se presentaren causas externas, calificadas y no previstas, que limiten seriamente su logro o bien cuando se produzcan reducciones forzosas en el presupuesto dispuestas por la autoridad financiera, destinadas a financiar ítems relevantes para su cumplimiento. La calificación de las referidas causas será efectuada por la Comisión, dejándose constancia en un acta que formará parte integrante del Convenio a que se refiere el numeral anterior, copia del cual se remitirá a través de la Unidad Administradora a la Corte Suprema para que sea formalizado a través de auto acordado. De igual modo, copia de dicha acta deberá ser remitido a los Ministerios de Hacienda y de Justicia, para que sea ratificado a través de una resolución conjunta.

Artículo 11.- La evaluación del grado de cumplimiento de las metas de desempeño, resultados y calidad de los servicios prestados por cada Tribunal será efectuada por una entidad evaluadora externa seleccionada por la Comisión, con cargo a los fondos del presupuesto anual de la Unidad Administradora, previa licitación pública convocada por el Jefe de dicha Unidad, cuyas bases administrativas y técnicas serán elaboradas por ésta y aprobadas por la Comisión. Excepcionalmente, en caso que no se hubieren presentado oferentes, dicha evaluación podrá ser encomendada a personas naturales, previo proceso concursal efectuado de conformidad a lo establecido en el inciso anterior.

Artículo 12.- A fin de llevar a cabo el proceso de evaluación a que se refiere el artículo anterior, a más tardar el 30 de enero de cada año, el Juez deberá informar a la entidad evaluadora externa, acerca del grado de cumplimiento de las metas establecidas en el Convenio. Los informes deberán contener como mínimo la cifra efectiva alcanzada para cada una de las metas comprometidas al 31 de diciembre del año anterior, además de la fundamentación que explique las principales desviaciones respecto de las metas planteadas. Dichos antecedentes deberán ser remitidos a la entidad evaluadora externa, a través de la Unidad Administradora, la que deberá asegurar la oportuna entrega de los antecedentes recepcionados.

Artículo 13.- A más tardar el 15 de marzo de cada año, la entidad evaluadora externa remitirá a la Unidad Administradora un informe de evaluación respecto del grado de cumplimiento de las metas establecidas en el Convenio respectivo. En un mismo acto, dentro del plazo de 5 días, contados desde la recepción del informe de evaluación, la Unidad Administradora deberá notificarlo al respectivo órgano jurisdiccional, remitirlo a la Comisión y formular las observaciones que éste le merezca, en caso que advirtiere omisiones o errores de referencia, de cálculo o numéricos, relacionados con el cumplimiento del Convenio de metas de desempeño, resultados y calidad de los servicios prestados, las cuales serán resueltas por la Comisión.

Artículo 14.- La Comisión, a más tardar dentro de los cinco días siguientes, contados desde el vencimiento del plazo para reclamar a que se refiere el artículo 17 del presente decreto con fuerza de ley, certificará el porcentaje de cumplimiento de las metas de cada Tribunal, conforme a las prioridades y ponderaciones que se hubieren establecido y, además, el grado de cumplimiento global de las metas establecidas para cada Tribunal. Con todo, de operar el procedimiento de reclamación a que se refieren los artículos 17 y 18 del presente decreto con fuerza de ley, el plazo establecido en el inciso anterior se extenderá hasta el 10 abril de cada año.

Artículo 15.- El grado de cumplimiento de cada meta de desempeño, resultados y calidad de los servicios prestados se determinará comparando la cifra alcanzada al 31 de diciembre del año respectivo con la cifra comprometida en el Convenio. El valor máximo que podrá alcanzar el grado de cumplimiento de una meta será igual a 100%. El grado de cumplimiento global de las metas, se calculará multiplicando el nivel de cumplimiento efectivo de cada una de ellas, por el ponderador que se les haya asignado, sumándose luego, todos estos resultados parciales y expresándose en valor porcentual acumulado final.

Artículo 16.- Tomando en consideración el grado de cumplimiento global de las metas, previamente certificado por la Comisión, ésta fijará los porcentajes del componente variable de la asignación de gestión que corresponda percibir a los funcionarios de cada Tribunal, conforme a lo establecido en los artículos 6º y 7º del presente decreto con fuerza de ley. Los acuerdos que adopte la Comisión en lo relativo a la certificación del cumplimiento de las metas y fijación de porcentajes variables de la asignación de gestión serán enviados por la Unidad Administradora a la Corte Suprema para que sean formalizados a través de auto acordado. Igualmente, dicha Unidad deberá remitir en tanto hayan sido adoptados, copia de dichos acuerdos al Ministerio de Hacienda a fin de que sean ratificados a través de decreto dictado bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República".

Artículo 17.- En caso que el Juez discrepe de los resultados de la evaluación efectuada por la entidad evaluadora externa, podrá reclamar ante la Comisión a más tardar dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la referida evaluación, a través de la Unidad Administradora. La Comisión deberá resolver en única instancia el reclamo a más tardar dentro de los 10 días siguientes, contados desde la fecha de su presentación acogiéndolo o denegándolo.

Artículo 18.- La reclamación a que se refiere el artículo anterior, deberá efectuarse por escrito, consignando de manera clara y precisa las razones en las que se funda y las peticiones concretas que se sometan a decisión, acompañando los antecedentes de fundamento que corresponda. Para este efecto, existirán formularios tipo que serán elaborados por la Unidad Administradora.

Artículo 19.- Los Jueces deberán generar los mecanismos internos que permitan el adecuado control, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas que hayan sido comprometidas. Asimismo, los Jueces serán responsables de la exactitud de la información sobre cumplimiento de las metas de desempeño, resultados y calidad de los servicios prestados que se comunique a la entidad evaluadora externa.

Artículo 20.- La Comisión y la entidad evaluadora externa podrán solicitar los documentos y antecedentes de respaldo y llevar a cabo las acciones necesarias para comprobar la exactitud de la información proporcionada por los Tribunales

Artículo 21.- Salvo disposición en contrario, los plazos de días establecidos en el presente decreto con fuerza de ley, serán de días hábiles, entendiéndose inhábiles los sábado, domingo y festivos. Cuando el último día de un plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Artículo 22.- Con el objeto de facilitar el proceso de formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y reclamos sobre el cumplimiento de las metas de desempeño, resultados y calidad de los servicios prestados, la Unidad Administradora implementará canales confiables de información y comunicación, sean éstos electrónicos (aplicaciones Web, formularios Web, correo electrónico, todos ellos de preferencia acordes con las normas establecidas en la) o no electrónicos (oficios, circulares, instrucciones, cartas, memorandos) en los que quede constancia del envío, recepción, aprobación u observaciones al proceso de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de cumplimiento de las metas, o bien de los reclamos sobre los resultados de la evaluación efectuada por la entidad evaluadora, así como de los remitentes de dicha información o de quienes los representen, pudiendo extenderse en su caso, las constancias que emanen de dichos procesos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- A partir de la provisión de los cargos de los Tribunales y hasta el 31 de diciembre del primer año de funcionamiento de dichos órganos jurisdiccionales, los funcionarios tendrán derecho a percibir el componente base de un 10% de la asignación de gestión, a que se refiere el artículo 4º del presente decreto con fuerza de ley.

Artículo segundo.- Durante el primer año calendario de funcionamiento de los Tribunales, la formulación de las metas de desempeño, resultados y calidad de los servicios prestados se sujetará a los plazos que siguen:

1.- El Programa Marco a que se refiere el numeral 1.- del artículo 10 del presente decreto con fuerza de ley, deberá ser aprobado por la Comisión a más tardar el 31 de marzo. 2.- A más tardar el 30 de abril, el Juez, por intermedio de la Unidad Administradora, propondrá a la Comisión las metas de desempeño, resultados y calidad de los servicios prestados para ser cumplidas dentro del segundo semestre. 3- A más tardar el 30 de junio, el Juez suscribirá con la Comisión el Convenio de Metas de desempeño, resultados y calidad de los servicios prestados.

El período de ejecución del referido Convenio corresponderá a aquél comprendido entre el 1º de julio y el 31 de diciembre del primer año de funcionamiento de los Tribunales.

Artículo tercero.- La evaluación del grado de cumplimiento de metas, las reclamaciones y los mecanismos de control y apoyo del primer Convenio del que trata el artículo anterior, se sujetarán a las disposiciones contenidas en los párrafos pertinentes del Título II de este decreto con fuerza de ley.

Artículo primero.- A partir de la provisión de los cargos de los Tribunales y hasta el 31 de diciembre del primer año de funcionamiento de dichos órganos jurisdiccionales, los funcionarios tendrán derecho a percibir el componente base de un 10% de la asignación de gestión, a que se refiere el artículo 4º del presente decreto con fuerza de ley.

Artículo segundo.- Durante el primer año calendario de funcionamiento de los Tribunales, la formulación de las metas de desempeño, resultados y calidad de los servicios prestados se sujetará a los plazos que siguen:

1.- El Programa Marco a que se refiere el numeral 1.- del artículo 10 del presente decreto con fuerza de ley, deberá ser aprobado por la Comisión a más tardar el 31 de marzo. 2.- A más tardar el 30 de abril, el Juez, por intermedio de la Unidad Administradora, propondrá a la Comisión las metas de desempeño, resultados y calidad de los servicios prestados para ser cumplidas dentro del segundo semestre. 3- A más tardar el 30 de junio, el Juez suscribirá con la Comisión el Convenio de Metas de desempeño, resultados y calidad de los servicios prestados.

El período de ejecución del referido Convenio corresponderá a aquél comprendido entre el 1º de julio y el 31 de diciembre del primer año de funcionamiento de los Tribunales.

Artículo tercero.- La evaluación del grado de cumplimiento de metas, las reclamaciones y los mecanismos de control y apoyo del primer Convenio del que trata el artículo anterior, se sujetarán a las disposiciones contenidas en los párrafos pertinentes del Título II de este decreto con fuerza de ley.