CFT/DE/216/26 - PARQUE EÓLICO CADAVAL Y VENTOSO S.L. / UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. -PARQUE EÓLICO CASTROVE-
seccion preambuloseccion preambulo
1 de 9 RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO DEL CONFLICTO DE ACCESO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLANTEADO POR PARQUE EÓLICO CADAVAL Y VENTOSO, S.L. CON MOTIVO DE LA COMUNICACIÓN POR PARTE DE UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. EN RELACIÓN A LA CADUCIDAD DEL PERMISO DE ACCESO Y CONEXIÓN PARA EL PARQUE EÓLICO CASTROVE, DE 15,2 MW. (CFT/DE/216/26) CONSEJO. SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA Presidente D. Ángel García Castillejo Consejeros D.ª María Jesús Martín Martínez D. Enrique Monasterio Beñaran D.ª Marina Echebarría Sáenz D. Joan Capdevila i Esteve Secretario D. Miguel Bordiu García-Ovies En Madrid, a 15 de octubre de 2026 Visto el expediente relativo al conflicto presentado por PARQUE EÓLICO CADAVAL Y VENTOSO, S.L. en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 12.1.b) de la Ley 3/2013 y el artículo 14 del Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado por el Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, la Sala de Supervisión Regulatoria aprueba la siguiente Resolución:
seccion Iseccion I. ANTECEDENTES DE HECHO
ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO. Interposición del conflicto El 25 de julio de 2026 tuvo entrada en el Registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, “CNMC”) un escrito de la 2 de 9 representación legal de la sociedad PARQUE EÓLICO CADAVAL Y VENTOSO, S.L. (en adelante, “PECAVEN”), por el que se plantea conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad de UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. (en adelante, “UFD”), con motivo de la comunicación del gestor de red de 14 de julio de 2026, de caducidad del permiso de acceso y conexión para su proyecto de instalación eólica “Parque Eólico Castrove”, declarando la caducidad de dicho permiso, por incumplimiento del cuarto hito administrativo previsto en el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica (RD-l 23/2020). La representación legal de PECAVEN expone los siguientes hechos y fundamentos jurídicos: Que PECAVEN es titular del proyecto para el Parque Eólico Castrove de 15,2 MW, con punto de conexión en la subestación BARRO 66 kV y cuenta también con una solicitud de 5 MW adicionales pendiente de respuesta. Que es titular del permiso de acceso y conexión otorgado por UFD en fecha 29 de marzo de 2022. El proyecto obtuvo declaración de impacto ambiental (DIA) favorable en fecha 25 de octubre de 2024, emitida por la Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático, dentro del plazo previsto para el cumplimiento del correspondiente hito del artículo 1.1.b) del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio. El plazo para cumplir el 4º hito -obtención de la autorización administrativa de construcción (AAC)- venció el 29 de abril de 2026. La imposibilidad de cumplir dicho hito en plazo se debió, según alega, exclusivamente a la demora de la Administración autonómica gallega en la tramitación de la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de servidumbres aeronáuticas. En fecha 27 de abril de 2026, PECAVEN presentó ante la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático de la Xunta de Galicia escrito solicitando que la AAC se dictara con efectos retroactivos a fecha anterior al 29 de abril de 2026 que está pendiente de resolución. PECAVEN considera que, a su juicio, la caducidad declarada por UFD no puede desplegar efectos mientras esté pendiente la resolución de la Xunta de Galicia sobre la AAC con efectos retroactivos y vulnera los principios de seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima cuando el hito aún puede entenderse cumplido si la Xunta de Galicia resuelve con efectos retroactivos. La caducidad declarada al aplicar la caducidad automática al permiso concedido, realizando una interpretación literal del art.1 del RD-l 23/2020, que no se compadece con una interpretación sistemática ni la finalidad perseguida por el mismo. Por todo ello, la promotora solicita que i) se declare la nulidad o improcedencia de dicha declaración de caducidad, dejándola sin efecto, mientras la Xunta de 3 de 9 Galicia no haya resuelto la solicitud de AAC con efectos retroactivos pendiente; ii) declarare que, de dictarse la AAC con efectos retroactivos por la Xunta de Galicia, a los efectos del cumplimiento del hito administrativo 5º indicado en el artículo 1.1 del Real Decreto-ley 23/2020, la fecha para el cómputo del plazo correspondiente se cuente desde la notificación de la resolución del conflicto a UFD y iii) proceda UFD a informar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que la capacidad disponible para el concurso en el nudo BARRO 66 kV se ve reducida en 15,2 MW, correspondientes a la instalación objeto del presente conflicto. Adicionalmente, el promotor solicita la adopción de la medida provisional: que se acuerde la suspensión de la ejecutividad de la declaración de caducidad comunicada por UFD el 14 de julio de 2026, con la consiguiente reserva de la capacidad de acceso de 15,2 MW correspondiente al Parque Eólico Castrove en la subestación de Barro 66 kV, con la expresa prohibición de comunicación de la suspensión a la Xunta de Galicia y de su liberación, publicación, asignación o cualquier otra forma de disposición a favor de terceros mientras se sustancia el presente conflicto. SEGUNDO. Consideración del expediente completo e innecesariedad de actos de instrucción. A la vista del escrito de conflicto y de la documentación aportada, que se da por reproducida e incorporada al expediente, se puede proceder a la resolución del mismo sin dar trámite de alegaciones a UFD y, en consecuencia, al resolver teniendo en cuenta exclusivamente hechos, alegaciones y pruebas aducidas por el interesado, se prescinde del trámite de audiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 82.4 de la Ley 39/2015. TERCERO. Informe de la Sala de Competencia Al amparo de lo dispuesto en el artículo 21.2 a) de la Ley 3/2013 y del artículo 14.2.i) del Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado por el Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, la Sala de Competencia de la CNMC ha emitido informe en este procedimiento.
seccion IIseccion II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO. Existencia de conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica Del relato fáctico que se ha realizado en los antecedentes de hecho, se deduce claramente del presente conflicto como de acceso a la red de distribución de energía eléctrica. No obstante, ha de aclararse que el único objeto del conflicto es la comunicación de UFD de 14 de julio de 2026, por las que se informa al promotor de la 4 de 9 caducidad automática de su permiso de acceso y conexión, no pudiendo ser objeto de conflicto la actuación del órgano competente de la emisión de la autorización administrativa de construcción (AAC). SEGUNDO. Competencia de la CNMC para resolver el conflicto. La presente Resolución se dicta en ejercicio de la función de resolución de conflictos planteados respecto a los contratos relativos al acceso de terceros a las redes de transporte y distribución que se atribuye a la CNMC en el artículo 12.1.b) 1º de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC (en adelante Ley 3/2013). En sentido coincidente, el artículo 33.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico dispone que “La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá a petición de cualquiera de las partes afectadas los posibles conflictos que pudieran plantearse en relación con el permiso de acceso a las redes de transporte y distribución, así como con las denegaciones del mismo emitidas por el gestor de la red de transporte y el gestor de la red de distribución”. Dentro de la CNMC, corresponde a su Consejo aprobar esta Resolución, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 14 de la citada Ley 3/2013, que dispone que “El Consejo es el órgano colegiado de decisión en relación con las funciones (…) de resolución de conflictos atribuidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sin perjuicio de las delegaciones que pueda acordar”. En particular, esta competencia recae en la Sala de Supervisión Regulatoria, de conformidad con el artículo 21.2 de la citada Ley 3/2013, previo informe de la Sala de Competencia (de acuerdo con el artículo 14.2.i) del Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado por el Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto). TERCERO. Sobre la caducidad automática de los permisos de acceso y conexión por incumplimiento de los hitos establecidos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020. Como se indica en los antecedentes de hecho, PECAVEN disponía de permiso de acceso y conexión para el “Parque Eólico Castrove”, otorgado por UFD el día 29 de marzo de 2022. El apartado b) del artículo 1.1 del RD-l 23/2020 establece los siguientes hitos administrativos: 1.º Solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa previa: 6 meses. 2.º Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 31 meses. 3.º Obtención de la autorización administrativa previa: 34 meses. 5 de 9 4.º Obtención de la autorización administrativa de construcción: 37 meses.1 5.º Obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva: 5 años. (….) Aquellos titulares de permisos de acceso para instalaciones de generación de energía eléctrica que sean otorgados desde la entrada en vigor de este real decreto-ley deberán cumplir los hitos administrativos previstos en el apartado b), computándose los plazos desde la fecha de obtención de los permisos de acceso. Toda vez que los permisos de acceso se obtuvieron con posterioridad a la entrada en vigor del RD-l 23/2020, el plazo debía computarse desde el 29 de marzo de 2022. En consecuencia, PECAVEN debía contar a fecha 29 de abril de 2026, 49 meses después de la fecha de inicio del cómputo, con la correspondiente autorización administrativa de construcción para la instalación eólica “Parque Eólico Castrove”. Según declara la propia PECAVEN, el órgano competente no ha emitido autorización administrativa de construcción para la instalación en mencionado plazo. En consecuencia, a día 29 de abril de 2026 no puede entenderse cumplido el cuarto hito del citado artículo 1.1.b) del RD-l 23/2020. 1 Plazo ampliado a 49 meses según determina el artículo 28.1 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía: “Extensión excepcional de los hitos administrativos establecidos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, para aquellas instalaciones que hubieran obtenido permisos de acceso y conexión. 1. Con carácter excepcional, para todas aquellas instalaciones de generación que hubieran obtenido permisos de acceso y conexión con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley se modifica el plazo de acreditación de cumplimiento del hito recogido en el artículo 1.1.b) 4.º del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, fijando el plazo máximo para la obtención de la autorización administrativa de construcción en 49 meses. Este plazo será computado desde: a) El 25 de junio de 2020 para las instalaciones de generación de energía eléctrica que obtuvieron permisos de acceso con anterioridad a dicha fecha y con posterioridad al 31 de diciembre de 2017. b) Desde la fecha de obtención de los permisos para aquellos titulares de permisos de acceso que lo hubieran obtenido desde el 25 de junio de 2020 y antes de la entrada en vigor del presente real decreto-ley”. 6 de 9 En el apartado segundo del propio artículo 1 del RD-l 23/2020 se establece la consecuencia del incumplimiento de los citados hitos: 2. La no acreditación ante el gestor de la red del cumplimiento de dichos hitos administrativos en tiempo y forma supondrá la caducidad automática de los permisos de acceso y, en su caso, de acceso y conexión concedidos (..) De conformidad con lo señalado en el artículo 3 del Título Preliminar del Código Civil, las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras. Cuando las mismas, como resulta en el caso presente, no admiten duda interpretativa, se estará al citado sentido literal. Criterio ampliamente ratificado por los Tribunales y que conlleva que no se pueda hacer una interpretación contraria a la Ley cuando el sentido literal de la misma es claro (por todas Sentencia del Tribunal Constitucional STC 189/2012, de 5 de julio). El artículo 1 del RD-l 23/2020 es absolutamente claro y no requiere de ningún tipo de labor interpretativa. De conformidad con lo anterior, los promotores que a la fecha de cumplimiento del hito administrativo no dispusieran de autorización administrativa de construcción, cuál es el caso como se acredita en la documentación aportada, han visto caducar automática (ope legis) su permiso de acceso o de acceso y conexión, en el caso de haber obtenido también el mismo. En consecuencia, la actuación de UFD, como gestor de la red, en la que se limita a informar de la caducidad automática es plenamente conforme a Derecho. Además, la misma no vulnera el derecho de acceso, desde el mismo momento en que la configuración legal del mismo incluye como elemento esencial la necesidad de cumplir con los citados hitos administrativos en tiempo y forma, con independencia de que no se haya obtenido AAC favorable a la fecha señalada por causas imputables al promotor o a la Administración Pública, cuestión ajena al presente conflicto. Asimismo, como señala el artículo 39.1 de la Ley 39/2015: 1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa Dichos efectos se predican de todos los actos administrativos con independencia de su firmeza. Tampoco impide el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva puesto que nada impide acudir a los tribunales respectivos, puesto que, en su caso, la resolución de archivo del expediente es susceptible de posibles recursos administrativos o jurisdiccionales. 7 de 9 Así mismo, el planteamiento de un conflicto de acceso tampoco supone la suspensión de la caducidad automática. Las suspensiones preventivas realizadas por UFD se refieren siempre a conflictos de acceso en relación con solicitudes de permisos de acceso y conexión, nunca a declaraciones de caducidad automática porque la misma supondría la contravención de la norma legal por parte del gestor. CUARTO. Sobre el afloramiento de capacidad y la medida provisional solicitada. Se plantea también que se adopte, por parte de esta Comisión, medida provisional consistente en ordenar a UFD a suspender la tramitación de los procedimientos de acceso al nudo de referencia, así como que se suspenda la liberación de la capacidad caducada en el nudo en el que la instalación tenía reconocido el derecho de acceso. La misma no puede ser atendida por el hecho de que el presente conflicto ha sido resuelto en un tiempo breve dejando sin objeto la adopción de cualquier medida provisional durante su tramitación, y porque la misma tampoco debe admitirse en cuanto al fondo, al no concurrir ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 56 de la Ley 39/2015, en particular, el perjuicio de imposible o difícil reparación. En este sentido, el Auto 654/2022 de la Sala de lo contencioso-administrativo de la sección 4ª de la Audiencia Nacional de 29 de julio de 2022 (Roj AAN 7109/2022 - ECLI:ES:AN:2022:7109A, CENDOJ 28079230042022200539), dictado en pieza separada de adopción de medidas cautelares en el marco de un procedimiento contencioso-administrativo 1274/2022, frente a la Resolución de 28 de abril de 2022 (expediente CFT/DE/118/22) que confirmaba la actuación de REE manteniendo la caducidad del permiso de acceso de un promotor, desestimó la solicitud de suspensión interesada por las entidades demandantes por la siguiente razón: “Pues bien, en el presente supuesto la ejecución de la resolución impugnada en cuanto mantiene la caducidad de los permisos en su momento otorgados a las instalaciones aquí en liza, produce un perjuicio que puede ser reparado si la sentencia que en su día se dicte resulta favorable a las demandantes, bien a través de una indemnización, bien a través de alguna otra solución técnica que pueda arbitrarse (la Sala ha conocido ya de algún supuesto en los que así se ha hecho). Por el contrario, la suspensión del acuerdo impugnado supondría el mantenimiento de las autorizaciones con merma del interés público y el de terceros en optimizar los accesos a la red de transporte y el de los terceros que pudieran ser autorizados, siendo así que la Sala entiende que estos intereses son prevalentes a los de los recurrentes, ya afectados por una resolución desfavorable”. En la misma línea, más recientemente, establece el Auto 1265/2024 de la Sala de lo contencioso-administrativo de la sección 4ª de la Audiencia Nacional de 17 8 de 9 de diciembre de 2024 (Roj AAN 9308/2024 - ECLI:ES:AN:2024:9308ª- Id Cendoj: 28079230042024200969) dictado en pieza separada de adopción de medidas cautelares en el marco de un procedimiento contencioso-administrativo 1914/2024, frente a la Resolución de la CNMC de 3 de octubre de 2023 (expediente CFT/DE/233/24) lo siguiente: “Por otro lado, en caso de que finalmente, después de cumplir con todos esos hitos, se mantuviera el permiso de acceso, se le otorgaría la capacidad correspondiente, y en caso de haberse adjudicado a terceros indebidamente podría acordarse la anulación de los permisos y actos ejecutados como consecuencia de esa adjudicación, de modo que el recurso no perdería su finalidad. Y, en todo caso, los posibles perjuicios siempre podrían ser objeto de reparación mediante la correspondiente indemnización económica o a través de alguna otra solución técnica que pueda arbitrarse (en este sentido, AAN, 4ª de 29 de julio de 2022 -rec. 1274/2022-).” En consecuencia, una vez constatada la caducidad automática del permiso de acceso y conexión, UFD deberá evaluar la capacidad existente y disponible en aquellos nudos en los que se hayan producido caducidades, de conformidad con los criterios establecidos en la Circular 1/2021, de 20 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología y condiciones del acceso y de la conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica, y su normativa de desarrollo. Una vez evaluada, procederá a publicar en el mapa de capacidad que temporalmente corresponda, la nueva capacidad disponible que haya podido aflorar, tal y como establece en el artículo 12 de la Circular 1/2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 33.9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en el artículo 5.4 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Vistos los citados antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC
seccion preambuloseccion preambulo. RESUELVE
RESUELVE ÚNICO. Desestimar el conflicto de acceso a la red de distribución de UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. planteado por PARQUE EÓLICO CADAVAL Y VENTOSO, S.L., con motivo de la comunicación del gestor de red de 14 de julio de 2026, en la que informa de la caducidad del permiso de acceso y conexión para su instalación eólica “Parque Eólico Castrove”, por no acreditar en un determinado periodo de tiempo el cumplimiento del cuarto hito administrativo previsto en el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de 9 de 9 junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Comuníquese esta Resolución a la Dirección de Energía y notifíquese a los interesados: PARQUE EÓLICO CADAVAL Y VENTOSO, S.L. Asimismo, notifíquese a UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. en su condición de gestor de la red de distribución. La presente Resolución agota la vía administrativa, no siendo susceptible de recurso de reposición. Puede ser recurrida, no obstante, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta, 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio.