ANEXO

Estrategia Nacional de Protección Civil 2024

PREÁMBULO

En la actualidad, factores como la sobrepoblación de algunas áreas urbanas frente a la despoblación rural, las carencias en la planificación urbana, el incremento de las desigualdades, la pérdida de biodiversidad y degradación de los ecosistemas, los conflictos civiles y militares, la aparición de nuevas amenazas o de amenazas ya conocidas que, por los factores expuestos, se comportan de un modo no previsto han venido a sumarse al cambio climático, que deriva en el incremento de la frecuencia y magnitud de los fenómenos meteorológicos extremos. Esta evolución se produce en un mundo cada vez más global e interconectado, con mayores interdependencias entre territorios, sectores e individuos, convirtiendo los riesgos en procesos muy complejos cuyas consecuencias no se detienen en las fronteras. Ante este panorama, es evidente que la protección civil no se limita a una proyección interna, incrementándose la presencia internacional no solo en la respuesta a catástrofes fuera de nuestro país, sino también en la participación en acciones para el fomento y el desarrollo de actividades de preparación y prevención de riesgos. A su vez, nos encontramos en un momento en el que los avances tecnológicos desempeñan un papel crucial en el ámbito de la protección civil. El desarrollo de la tecnología ha abierto nuevas posibilidades que nos brindan la oportunidad de anticiparnos a las catástrofes y minimizar su impacto en la sociedad.

En este sentido el presente documento, previsto en el artículo 4 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y concebido como instrumento de planificación operativa, cobra una relevancia aún mayor, ya que brinda un marco de actuación para anticipar, prevenir y responder eficazmente ante situaciones de riesgo.

La Estrategia Nacional de Protección Civil desarrolla las actuaciones que debe realizar la Administración General del Estado en este ámbito de la seguridad pública y analiza las principales amenazas y riesgos de origen natural, humano y tecnológico que pueden dar lugar a emergencias y catástrofes en nuestro país, así como las líneas de acción estratégicas para integrar, priorizar y coordinar todos los esfuerzos para optimizar los recursos disponibles en esta Administración para su gestión.

Así, la protección civil ha tenido en las últimas décadas un desarrollo importante y constante, no exento de dificultades de coordinación en un sistema complejo integrado por múltiples actores, abierto y flexible.

A escala nacional, si bien España cuenta con un Sistema Nacional de Protección Civil cohesionado y eficaz, esta visión de la protección civil implica la necesidad de fortalecer permanentemente un sistema que integre la contribución de todas las administraciones, entidades privadas y ciudadanos.

Al ser la protección civil y la gestión de emergencias una competencia compartida entre todas las administraciones públicas, la cooperación y coordinación entre las mismas ha de ser una de las piezas claves del sistema. Y esto no sólo se debe predicar de la gestión de las emergencias, según los diferentes niveles existentes y el uso de capacidades de otras administraciones, especialmente con la puesta en marcha del Mecanismo Nacional de Respuesta, sino de todas las demás fases del ciclo: en la prevención (a través de una labor conjunta según el reparto de competencias), la planificación (en el marco del Consejo Nacional de Protección Civil) y en la recuperación (según el marco competencial de las diferentes administraciones). Es por tanto imprescindible contar con un marco de cooperación permanente, multilateral, eficiente y fluido entre todos los participantes del Sistema Nacional de Protección Civil, pero también una cooperación bilateral a todos los niveles para una óptima gestión del sistema.

Como pieza clave de este marco de cooperación se encuentra la formación: la formación de los profesionales del Sistema Nacional de Protección Civil; la formación de los voluntarios y la difusión de la cultura preventiva y la autoprotección, personal y familiar, entre la ciudadanía. En este contexto integrador y dentro de la cultura de Seguridad Nacional, debe fomentarse la concienciación ciudadana sobre las principales amenazas y riesgos que pueden provocar situaciones de índole catastrófica. Para ello, resulta esencial potenciar las conductas de autoprotección y resiliencia de la sociedad española.

Para ello, la Administración General del Estado deberá centrarse no sólo en la formación de sus empleados públicos, sino en la cooperación con las comunidades autónomas y las entidades locales mediante cursos y plataformas comunes que permitan la elaboración y difusión de una doctrina común en la gestión de emergencias, así como de los más novedosos métodos de gestión y tecnologías aplicables; y lo mismo se deberá predicar de las Administraciones autonómicas con respecto a las locales.

Igualmente será necesario conectar la formación en materia de emergencias con el mundo académico y universitario, potenciando especialmente el I+D+i en la materia y el de la Formación Profesional, tanto dentro del sistema educativo como en el marco de la formación profesional para el empleo, haciendo de la protección civil, por lo tanto, una formación reglada.

En línea con lo anterior, la Conferencia de Presidentes de La Palma celebrada el 13 de marzo de 2022 se comprometió a reforzar la capacidad operativa directiva, planificadora y coordinadora de los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil, así como incrementar la coordinación de todos los operadores del sistema (estatales, autonómicos y locales) en todas las fases de la protección civil.

A escala internacional, esta visión implica establecer una coherencia buscando sinergias y complementariedades con los acuerdos y agendas internacionales (Marco de Sendai, Acuerdo de París y Objetivos de Desarrollo Sostenible) en materia de resiliencia. Esto implica pasar de una gestión integral de las emergencias a una gestión integral del riesgo, tratando de potenciar, en la medida de lo posible, la prevención frente a la respuesta, conscientes de que la mejor gestión de las emergencias es la de la emergencia que se consigue evitar.

Orden PJC/1430/2024, de 16 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional de 15 de octubre de 2024, por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Protección Civil.

Anexo UNICO