Real Decreto 850/2026, de 21 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en materia de alojamientos universitarios durante el ejercicio presupuestario 2026.

Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones, con carácter excepcional y por razones de interés público, social y económico, destinadas a distintas universidades o administraciones públicas para el incremento de la oferta de viviendas o alojamientos universitarios asequibles, los cuales deberán formar parte del parque público correspondiente con carácter permanente, mediante la realización de las actividades previstas en el artículo 4.2 y concretadas en las resoluciones de concesión que se dicten conforme al artículo 3.3. En concreto, se regulan las aportaciones del Estado con cargo al ejercicio presupuestario 2026, a las entidades beneficiarias previstas en el artículo 4.

1. Estas subvenciones se regirán, además de por lo particularmente dispuesto en este real decreto y en la resolución que las desarrolle, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en las demás disposiciones legales, reglamentarias y convencionales que resulten de aplicación.

2. Las solicitudes, comunicaciones, notificaciones y demás trámites derivados de los procedimientos y actuaciones de ejecución y justificación de la subvención, que se recogen en este real decreto se realizarán por medios electrónicos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a través de la sede electrónica asociada del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

3. Los requerimientos, las comunicaciones y las notificaciones se pondrán a disposición de la entidad interesada en la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú), y complementariamente a través de la sede electrónica asociada del Ministerio referido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.5 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.

1. Se autoriza la concesión directa de las subvenciones atendiendo a su carácter singular puesto que únicamente las entidades beneficiarias pueden acometer las actuaciones objeto de este real decreto, así como a las excepcionales circunstancias en que han de realizarse las actividades subvencionadas y dado que concurren razones de interés público, social y económico debido a que la disponibilidad y el coste del alojamiento pueden condicionar la movilidad académica, la elección de centro y titulación y la igualdad efectiva de oportunidades en el acceso y permanencia en la educación superior. Todo ello determina la improcedencia de su convocatoria pública, de conformidad con lo previsto en los artículos 22.2.c) y 28, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Las entidades beneficiarias, con anterioridad a la notificación de la resolución y, en todo caso, a la transferencia del crédito correspondiente, presentarán la siguiente documentación:

a) Declaración responsable de la entidad de no estar incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2, excepto la letra e), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

b) Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

La presentación de la declaración responsable conllevará la autorización de la entidad beneficiaria para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de la circunstancia de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso la entidad beneficiaria no deberá aportar las correspondientes certificaciones. No obstante, la entidad beneficiaria podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.

c) Acreditación de la titularidad, adscripción, cesión, concesión, autorización o título jurídico suficiente sobre el suelo o inmueble afectado, así como de su compatibilidad con las obligaciones de protección y destino permanentes previstas en el artículo 4.3.

Cuando el título tenga duración limitada, deberá aportarse el instrumento jurídico vinculante que garantice la continuidad de dichas obligaciones tras su extinción, con la intervención de la persona o entidad titular del inmueble y de quienes deban asumir su cumplimiento. La mera vigencia del título durante el plazo de ejecución de las actuaciones no será suficiente para acreditar esta garantía. En su caso, cabe la subsanación de errores, incluida la falta de presentación de documentos pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. El órgano competente para la tramitación del expediente será la Dirección General de Vivienda y Suelo.

3. La concesión de las subvenciones se realizará mediante resoluciones dictadas por la persona titular del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana o por la persona titular de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana de acuerdo con lo previsto en la Orden VAU/717/2024, de 5 de julio, sobre delegación de competencias y sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos.

4. La emisión y notificación de la resolución deberá realizarse durante el año 2026. El vencimiento del plazo sin haberse notificado la resolución legitima a las entidades interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la concesión de la subvención, de conformidad con el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

1. Las entidades beneficiarias de estas subvenciones y las actuaciones a financiar serán:

a) La Universidad de Burgos para financiar la promoción de viviendas o alojamientos universitarios asequibles.

b) La Universitat Jaume I de Castelló para financiar la promoción de viviendas o alojamientos universitarios asequibles.

c) La Universidad de Castilla-La Mancha para financiar la promoción de viviendas o alojamientos universitarios asequibles.

d) La Universidad de Jaén para financiar la promoción de viviendas o alojamientos universitarios asequibles.

e) La Universidad Autónoma de Madrid para financiar la promoción de viviendas o alojamientos universitarios asequibles.

f) El Ayuntamiento de Lleida para financiar la promoción de viviendas o alojamientos universitarios asequibles.

g) La Universidad Pablo de Olavide para financiar la promoción de viviendas o alojamientos universitarios asequibles.

2. Las resoluciones que regulen la concesión de las subvenciones concretarán dentro de las actuaciones de promoción, rehabilitación, adquisición o transformación de inmuebles para ampliar la oferta disponible de alojamiento asequible en las ciudades universitarias, qué actuaciones concretas van a desarrollar las entidades beneficiarias que serán objeto de subvención, así como los plazos de ejecución correspondientes.

El plazo para las actuaciones referidas en el apartado anterior será igual o inferior a seis años. No obstante, la entidad beneficiaria podrá solicitar la prórroga de hasta tres años más, hasta cuatro meses antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad y se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de terceros. La solicitud se deberá resolver y notificar en el plazo de tres meses desde que haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración competente para su tramitación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención o prórroga, de conformidad con el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La resolución de concesión podrá modificarse, a solicitud de la entidad beneficiaria, cuando concurran circunstancias sobrevenidas que alteren las condiciones técnicas, económicas o temporales tenidas en cuenta para su concesión y dificulten la ejecución de las actuaciones en los términos inicialmente previstos, siempre que la modificación no altere el objeto o la finalidad de la subvención, no suponga un incremento de la cuantía concedida ni cause perjuicio a terceros. La solicitud de modificación deberá presentarse antes de que finalice el plazo de ejecución de las actuaciones y deberá justificar las circunstancias que la motivan y el alcance de la modificación solicitada. La modificación será resuelta por el mismo órgano que hubiese dictado la resolución de concesión. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses desde la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada.

3. La financiación de las actuaciones previstas en este artículo estará condicionada a que las viviendas y alojamientos resultantes queden sometidos a un régimen de protección permanente, sin posibilidad de descalificación voluntaria, y mantengan con carácter permanente su destino a alojamiento universitario asequible. Este régimen garantizará la limitación de las rentas o precios y el acceso de las personas destinatarias conforme a criterios objetivos vinculados a la finalidad universitaria de los alojamientos y a su capacidad económica.

Cuando las características de los alojamientos impidan su calificación conforme a una categoría de vivienda protegida prevista en la normativa aplicable, la entidad beneficiaria deberá acreditar la constitución de un régimen jurídico de protección equivalente que garantice, con carácter permanente, el destino, la asequibilidad y las condiciones de acceso exigidos en este real decreto. Las obligaciones de protección y destino permanentes deberán mantenerse en las sucesivas transmisiones de la propiedad o de los derechos de uso, en los cambios de entidad gestora y en los supuestos de extinción de los títulos de cesión, concesión o utilización de los suelos o inmuebles. La finalización de los plazos de ejecución y justificación de la subvención no determinará la extinción de estas obligaciones.

4. Las resoluciones de concesión deberán establecer, al menos, el número mínimo de viviendas, alojamientos o plazas comprometidas, la identificación de los inmuebles afectados o el procedimiento y plazo para su identificación, los instrumentos jurídicos que garanticen su protección y destino permanentes, el régimen de renta o precio máximo y su actualización, las condiciones de acceso, los indicadores de seguimiento y las consecuencias de su incumplimiento. Las resoluciones y sus modificaciones no podrán suprimir ni limitar temporalmente las obligaciones de protección y destino permanentes. En relación con el régimen de renta o precio máximo se estará a lo siguiente:

a) La renta o precio máximo mensual que deberá abonar cada persona alojada será aprobada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en la correspondiente resolución de concesión, previa propuesta justificada de la entidad beneficiaria.

Dicho importe incluirá, en todo caso, el alojamiento y los servicios básicos asociados al uso ordinario del alojamiento, comprendiendo electricidad, agua, conexión wifi y limpieza en los términos que se establezcan en la resolución.

b) La renta o precio máximo se fijará atendiendo a la finalidad social de la actuación, a la viabilidad económica del proyecto, a las características del alojamiento, a la financiación pública recibida y a los precios de referencia de alojamientos comparables en el ámbito territorial correspondiente.

c) La renta o precio máximo deberá situarse en niveles que garanticen el carácter asequible de la actuación y permitan trasladar efectivamente a las personas usuarias la financiación pública recibida, sin comprometer la sostenibilidad económica de la promoción y gestión del alojamiento.

d) La resolución de concesión establecerá, asimismo, el régimen de actualización de dicha renta o precio, que deberá basarse en criterios objetivos y proporcionados. Podrán ofrecerse servicios adicionales, siempre que sean voluntarios, diferenciados y no imprescindibles para el uso ordinario del alojamiento, y que su contratación no condicione el acceso ni la permanencia en el mismo.

Serán gastos subvencionables los necesarios para materializar o realizar las actuaciones. Se especificarán en la resolución correspondiente. En todo caso, se entenderán como gastos subvencionables todos los gastos inherentes a la promoción o construcción de que se trate, incluidos tributos, salvo aquellos que sean recuperables o compensables conforme a la normativa tributaria. Se incluye el coste del suelo, el coste de la urbanización, el coste de la obra de edificación, el coste de los proyectos e informes preceptivos, el coste del personal de obra y de oficina, el beneficio industrial, los gastos generales de la actividad imputables a la actuación y cualquier otro necesario, siempre y cuando todos ellos consten debidamente acreditados y puedan justificarse de forma suficiente conforme a su naturaleza y vinculación con la actuación subvencionada. Específicamente, cuando se imputen gastos de personal u otros costes internos, su justificación deberá permitir acreditar su efectiva vinculación con la actuación subvencionada, sin perjuicio de los medios de comprobación que puedan requerirse conforme a la normativa general de subvenciones. Sin perjuicio de las obligaciones de protección y destino permanentes de las viviendas y alojamientos previstas en el artículo 4.3, los restantes bienes inventariables adquiridos, construidos, rehabilitados o mejorados con cargo a la subvención deberán destinarse al fin concreto para el que esta se concedió durante un período mínimo de cinco años cuando sean inscribibles en un registro público y de dos años en los demás casos. Para los bienes inscribibles, dicha obligación y el importe de la subvención concedida deberán constar en escritura pública y ser objeto de inscripción en el registro correspondiente, de conformidad con el artículo 31.4.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Los importes máximos de las subvenciones serán los siguientes, abonándose con cargo a la aplicación o aplicaciones presupuestarias correspondientes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias:

a) El importe máximo de la subvención concedida a la Universidad de Burgos será de 5.940.000 euros.

b) El importe máximo de la subvención concedida a la Universitat Jaume I de Castelló será de 4.455.000 euros.

c) El importe máximo de la subvención concedida a la Universidad de Castilla-La Mancha (campus de Albacete) será de 8.197.200 euros.

d) El importe máximo de la subvención concedida a la Universidad de Jaén será de 3.564.000 euros.

e) El importe máximo de la subvención concedida a la Universidad Autónoma de Madrid será de 13.365.000 euros.

f) El importe máximo de la subvención concedida al Ayuntamiento de Lleida será de 2.974.500 euros.

g) El importe máximo de la subvención concedida a la Universidad Pablo de Olavide será de 6.504.300 euros.

Las subvenciones serán compatibles con cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales, siempre que el importe total no supere, aislada o conjuntamente, el coste de las actuaciones subvencionables. La entidad beneficiaria deberá comunicar al órgano concedente la obtención de dichos recursos, con indicación de su importe y procedencia, tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. En caso de que la suma de todas las subvenciones y ayudas percibidas supere el coste total de la actividad, procederá el reintegro del exceso percibido, junto con los intereses que correspondan.

El abono de las subvenciones a las respectivas entidades beneficiarias se efectuará en un solo pago anticipado de acuerdo con los términos establecidos en la resolución de concesión una vez esta produzca efectos. Con carácter previo a la ordenación del pago, las entidades beneficiarias deberán acreditar que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, con la aportación de las certificaciones con anterioridad al libramiento, y declarar que no son deudoras por resolución de procedencia de reintegro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No será necesaria la constitución de garantía de acuerdo con el artículo 42.2, párrafos a) y d), del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

1. La entidad beneficiaria justificará ante el órgano concedente la aplicación de la subvención percibida y presentará una memoria de actuación que justifique el cumplimiento de las condiciones impuestas. Asimismo, presentará una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, según se define en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

En el caso del Ayuntamiento de Lleida resultará de aplicación lo previsto en la disposición adicional novena del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. El plazo de presentación de esta justificación será de tres meses desde la finalización de las actuaciones.

3. La justificación incluirá la documentación acreditativa de la constitución del régimen de protección y del destino permanentes previstos en el artículo 4.3, así como de su constancia registral en los términos establecidos en el artículo 10.2.g). Cuando la actuación se desarrolle sobre suelo o inmuebles sujetos a un título de duración limitada, se acreditarán asimismo las garantías de continuidad de dichas obligaciones tras su extinción.

La comprobación de la justificación de la subvención no extinguirá las obligaciones de protección y destino permanentes ni las de seguimiento de su cumplimiento.

1. Con carácter general, la entidad beneficiaria deberá cumplir las obligaciones que se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Asimismo, deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a) Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se fundamenta la concesión de la subvención, en la forma y condiciones establecidos en las resoluciones de concesión.

b) Gestionar y realizar de forma directa o mediante entidades vinculadas o dependientes, aquellas actividades que constituyan el contenido principal de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, control y seguimiento de la aplicación de los fondos destinados al proyecto subvencionado, mediante la verificación de documentos y a la evaluación continua y final por parte de los órganos concedentes, así como al control financiero por parte de la Intervención General de la Administración del Estado y a las actuaciones de control que corresponden a los demás órganos de control competentes.

d) Conservar toda la documentación original justificativa de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y control y no prescriba el derecho de la administración a exigir el reintegro.

e) Hacer constar la financiación de la actividad por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y figurar expresamente sus logotipos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.

f) Garantizar y acreditar la constitución y el mantenimiento del régimen de protección y del destino permanentes previstos en el artículo 4.3, incorporando estas obligaciones a los convenios, contratos, títulos de cesión o concesión y demás instrumentos jurídicos utilizados para ejecutar las actuaciones o gestionar los alojamientos. En las transmisiones de la propiedad o de los derechos de uso deberá garantizarse la asunción de estas obligaciones por las personas o entidades adquirentes, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a la entidad beneficiaria conforme a la normativa de subvenciones.

g) Hacer constar en las escrituras públicas y en el Registro de la Propiedad, de conformidad con la legislación aplicable, las obligaciones de protección y destino permanentes de los inmuebles financiados, así como el importe de la subvención concedida. Cuando la actuación se desarrolle sobre suelo cedido o concesionado, deberá acreditarse asimismo la vinculación de la persona o entidad titular a la continuidad de dichas obligaciones tras la extinción del correspondiente título.

h) Mantener una relación actualizada de las viviendas, alojamientos y plazas financiados y comprobar periódicamente el mantenimiento de su destino, las rentas o precios aplicados y las condiciones de acceso. La información resultante estará a disposición del órgano concedente y de los órganos de control competentes, en los términos establecidos en la resolución de concesión.

3. La entidad beneficiaria deberá rendir justificación ante el órgano concedente del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos de este real decreto.

4. Los gastos se acreditarán mediante facturas, certificaciones y demás documentos de valor probatorio equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o eficacia administrativa.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 31 de su Reglamento, en las actuaciones que se lleven a cabo, en todo o en parte, mediante estas subvenciones, que impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier otro medio, deberá incorporarse de forma visible el logotipo institucional del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con el fin de identificar el origen de carácter público de las subvenciones, según lo dispuesto en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado, así como en la Resolución de 5 de junio de 2026, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se actualiza el Manual de Imagen Institucional adaptándolo a la nueva estructura de vicepresidencias del Gobierno y departamentos ministeriales de la Administración General del Estado. Estas subvenciones serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro, si es anterior a ésta, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Los criterios de graduación de incumplimientos serán los siguientes:

a) El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos para los que se concedió la ayuda, será causa de reintegro total de la ayuda.

b) El incumplimiento de los objetivos parciales o actividades concretas determinado a través de los mecanismos de seguimiento, control y comprobación, conllevará la devolución de aquella parte de la ayuda destinada a las mismas, en aplicación del principio de proporcionalidad recogido en el artículo 37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite en éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.

A estos efectos se entenderá que el citado cumplimiento de la entidad beneficiaria se aproxima significativamente al cumplimiento total cuando el porcentaje de ejecución del gasto financiable alcance el 50%. Ante incumplimientos parciales se exigirá el reintegro parcial que proceda siempre y cuando se hubiere alcanzado dicho porcentaje de ejecución.

c) La falta de presentación de las memorias justificativas y la justificación insuficiente de la subvención conllevará la devolución de las cantidades percibidas y no justificadas.

d) El incumplimiento de las obligaciones de publicidad establecidas en el artículo 11 facultará a la Administración concedente para solicitar el reintegro del 5% del importe de la subvención concedida. Con carácter previo se aplicarán las reglas específicas que establece el artículo 31.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III de su Reglamento de desarrollo.

4. El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el concedente de la subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

5. El incumplimiento de las obligaciones de protección o destino permanentes previstas en el artículo 4.3 constituirá un incumplimiento de la finalidad de la subvención y dará lugar al reintegro de las cantidades imputables a las viviendas, alojamientos o plazas afectados, con los intereses de demora correspondientes, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Cuando el incumplimiento afecte a la totalidad de la actuación financiada, procederá el reintegro total.

El porcentaje de ejecución del gasto previsto en el apartado 2.b) no eximirá del cumplimiento de estas obligaciones ni determinará, por sí solo, una reducción del reintegro derivado de su incumplimiento. La devolución voluntaria o el reintegro de la subvención no constituirán, por sí mismos, título habilitante para la descalificación de los inmuebles o la modificación de su destino.

Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas por las entidades beneficiarias se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título IV de su Reglamento de desarrollo. Asimismo, quedarán sometidas a lo dispuesto en el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Este real decreto se dicta de conformidad con lo preceptuado por el artículo 149.1, reglas 13.ª y 30.ª, de la Constitución Española, que establecen, por este orden, la competencia exclusiva del Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; y la competencia para dictar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución Española, toda vez que el proyecto pretende facilitar la movilidad académica, la igualdad de oportunidades y la atracción de talento en el ámbito de la educación superior.

Se faculta a la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

Se añade un apartado 5 al artículo 8, con la siguiente redacción: «5. En el supuesto previsto en el artículo 4.1b), las entidades participantes justificarán las actividades realizadas en nombre y por cuenta de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales y los gastos correspondientes, de conformidad con el artículo 30.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Esta documentación se integrará en la justificación presentada por la Confederación. Podrán imputarse a la subvención los gastos realizados y acreditados por dichas entidades, incluidos los documentados mediante facturas expedidas a su nombre, siempre que cumplan los requisitos de subvencionabilidad y se hayan realizado dentro del periodo de ejecución aplicable.»

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado el 21 de octubre de 2026.

FELIPE R.

La Ministra de Vivienda y Agenda Urbana,

ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA

Análisis

ANÁLISIS

Rango: Real Decreto Fecha de disposición: 21/10/2026 Fecha de publicación: 22/10/2026 Fecha de entrada en vigor: 23/10/2026 Referencias anteriores MODIFICA el art. 8 del Real Decreto 771/2025, de 2 de septiembre (Ref.

BOE-A-2025-17508

). DE CONFORMIDAD con: el Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (Ref.

BOE-A-2006-13371

). la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (Ref.

BOE-A-2003-20977

). CITA Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre (Ref.

BOE-A-2023-23537

). Materias Alumnos Ayudas Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana Subvenciones Universidad Autónoma de Madrid Universidad de Burgos Universidad de Castilla La Mancha Universidad de Jaén Universidad de Lleida Universidad Jaume I Universidad Pablo de Olavide Viviendas subir Contactar Sobre la sede electrnica Mapa Aviso legal Accesibilidad Proteccin de datos Sistema Interno de Informacin Tutoriales Empleo en la AEBOE Agencia Estatal Boletn Oficial del Estado Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid