Resolución de 30 de marzo de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Motilla del Palancar, por la que se deniega la práctica de nota marginal de ampliación de las anotaciones preventivas de embargo sobre determinadas fincas registrales.

Resolución de 25 de junio de 2012: “La ampliación de embargo, cuando la cantidad líquida resulta determinada por resolución judicial firme y trae causa de costas o intereses derivados de la ejecución principal, es susceptible de anotación registral, aunque inicialmente no constara una cifra exacta.” Resolución de 15 de diciembre de 2016: Reconoce la posibilidad de extender la nota marginal cuando, por auto judicial dictado en el proceso de ejecución, se concreta y aclara el importe líquido objeto de la anotación preventiva de embargo. Resolución de 20 de septiembre de 2017: Señala que “la nota marginal de ampliación puede practicarse para adecuar la cifra de la responsabilidad asegurada una vez que, en ejecución, se hubiere producido la acumulación procesal de deudas reconocidas por títulos ejecutivos distintos, pero relativos a los mismos bienes embargados.” Resolución de 11 de noviembre de 2020: “La acumulación de ejecuciones produce una alteración objetiva en el crédito ejecutado, y el registrador debe permitir la anotación para la total garantía de lo ejecutado, si resulta acreditada judicialmente y es líquida.” Así pues, la DGRN ha reseñado en diversas ocasiones que no constituye defecto suspender la práctica de la nota de ampliación de embargo cuando se trata de la concreción líquida o acumulativa fruto de actos procesales legalmente previstos y debidamente acreditados por testimonio judicial. En apoyo de la viabilidad de practicar la anotación marginal de ampliación de embargo cuando, por resolución judicial firme y en el curso de un proceso de ejecución, se concreta o acumula la cantidad líquida ejecutable, cabe citar doctrina consolidada del Tribunal Supremo: – Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1.ª, de 14 de junio de 2006 (RJ 2006/4651): En esta resolución se establece que “la finalidad de la anotación preventiva de embargo es la de garantizar la eficacia de la ejecución sobre los bienes del deudor, debiendo adaptarse la extensión de la garantía a las vicisitudes del proceso y a la verdadera cuantía de la deuda reclamada y reconocida judicialmente, incluyendo las costas procesales y los intereses devengados.” – Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1.ª, de 17 de enero de 1998 (RJ 1998/97): El Alto Tribunal reconoce que “la acumulación procesal de ejecuciones y la fijación definitiva de la cantidad liquida a ejecutar constituyen una modificación relevante que legitima la práctica de nuevas anotaciones o la ampliación de las ya practicadas, en garantía del crédito judicialmente reconocido de forma íntegra.” Tales criterios jurisprudenciales avalan que el Registro de la Propiedad debe reflejar fielmente la realidad jurídico-procesal existente, permitiendo la ampliación registral siempre que exista una resolución judicial firme que liquide y acumule las cantidades objeto de ejecución, aunque ello implique la superación de la cifra inicial anotada.

Por todo lo expuesto, Solicita: Que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, en su virtud, revoque la nota de calificación recurrida, ordenando la práctica de la anotación marginal de ampliación de embargo conforme a la resolución judicial dictada en el procedimiento objeto del presente expediente». IV Mediante escrito, de fecha 23 de enero de 2026, el registrador de la Propiedad se ratificó en su calificación, emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo. En dicho informe, entre otros extremos, hacía constar lo siguiente: «En el recurso presentado se introduce un fundamento que no fue tratado en el momento de la calificación, al indicar en dicho recurso que “…(estamos) ante una concreción definitiva del crédito ejecutable, de lo cual ha tenido conocimiento el Registro de la Propiedad de Motilla del Palancar desde 2009”. En relación a esta afirmación puede decirse que el mandamiento de anotación preventiva que causó las anotaciones de fecha 25 de enero de 2010 consta archivado en el legajo del Registro de Motilla del Palancar y en él se incorporan tanto el testimonio del auto como el testimonio de la providencia que ahora se han vuelto a presentar, causando todo lo anteriormente relacionado. No obstante, y a la vista de dichos documentos, los asientos originarios se practicaron en la forma antes indicada y debe estimarse que dichos asientos están bajo la salvaguarda de los tribunales de conformidad con el artículo 1.3 de la Ley Hipotecaria. De este modo, la rectificación de las cantidades, en cuanto perjudican derechos adquiridos por titulares de cargas intermedias, deberán ser tratados, en caso en que así se entienda, como un error de concepto cuya rectificación requiere el acuerdo unánime de todos los interesados, incluyendo a los titulares de cargas intermedias, de acuerdo con el principio general de prioridad contenido en el artículo 17 de la Ley Hipotecaria, todo ello de conformidad con el artículo 218 de la Ley Hipotecaria. Es también digno de advertir que desde el año 2010, fecha en que se practicó la anotación de embargo supuestamente errónea y el año 2017, fecha en que tuvieron acceso al registro las cargas posteriores, el titular del embargo tuvo 7 años –lo que incluye una primera anotación de prórroga de 10 de febrero de 2014– para advertir el invocado error de concepto, el cual en todo ese tiempo podía haberse subsanado sin intervención de ningún titular de cargas posteriores, las cuales en todo ese tiempo no existieron. En consecuencia, existiendo cargas intermedias, no puede utilizarse el procedimiento de ampliación de embargo para subsanar un supuesto error de concepto en perjuicio de los titulares de cargas que accedieron antes al registro». Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 17 y 18 de la Ley Hipotecaria; 555, 578 y 613 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de septiembre de 2017, y la Resolución de la Dirección General Seguridad Jurídica y Fe Pública de 2 de noviembre de 2021.

1. La presente Resolución tiene por objeto la negativa el registrador de la Propiedad a practicar las notas marginales de ampliación de unas anotaciones preventivas de embargo de conformidad con el artículo 613 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Son hechos relevantes en la resolución del presente expediente los siguientes: – auto judicial de fecha 15 de mayo de 2009 causó las anotaciones letras G, G y D de las fincas registrales 1.555, 1.772 y 1.488, respectivamente, por importe de 10.745,16 euros por principal y 5.940,72 euros en concepto de costas de primera instancia, y 3.284,42 euros en concepto de costas de segunda instancia y, además, se acompañó providencia, de fecha 28 de septiembre de 2009, por la que de conformidad con el punto 4 de la parte dispositiva del auto de fecha 14 de mayo de 2009 se fijó definitivamente la misma en la suma de 15.534,02 euros; igualmente, se concreta la cantidad por intereses y costas en la suma de 10.651,30 euros, por lo que la cantidad total por la que se despacha ejecución es de 35.504,32 euros de principal, más 10.651,30 euros de intereses y costas, afectando dicha concreción al auto de embargo de fecha 15 de mayo de 2009. – todo ello motivó las anotaciones G, G y D de las fincas registrales 1.555, 1772 y 1488 con fecha 25 de enero de 2010. – en el año 2017 tuvieron acceso al Registro las cargas posteriores. Ahora se presenta de nuevo tanto el testimonio del auto como el testimonio de la providencia del año 2009, solicitando que se hagan constar las ampliaciones de los embargos, mediante nota marginal al amparo del artículo 613 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El registrador practica las anotaciones de embargo, pero «deniega la práctica de la nota de ampliación al margen de las anotaciones preventivas de embargo letras 6, 6 y D de las fincas registrales 1.555, 1.772 y 1.488, respectivamente, lo cual gozaría de preferencia respecto de las cargas posteriores, por no referir el documento calificado ni a vencimientos de nuevos plazos de la obligación primitiva ni a otros casos previstos en el artículo 613 de la Ley de Enjuiciamiento Civil». La recurrente sostiene que la acumulación de ejecuciones es fruto del artículo 555 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que existe una concreción definitiva por resolución judicial firme, lo que sí legitima la nota marginal de ampliación solicitada.

2. Como señaló la Resolución de 26 de septiembre de 2017: «Determina el artículo 578 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que tiene por rúbrica “vencimiento de nuevos plazos o de la totalidad de la deuda”, que: “1. Si, despachada ejecución por deuda de una cantidad líquida, venciera algún plazo de la misma obligación en cuya virtud se procede, o la obligación en su totalidad, se entenderá ampliada la ejecución por el importe correspondiente a los nuevos vencimientos de principal e intereses, si lo pidiere así el actor y sin necesidad de retrotraer el procedimiento (…) 3. La ampliación de la ejecución será razón suficiente para la mejora del embargo y podrá hacerse constar en la anotación preventiva de éste conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 613 de esta Ley (…)”

Por su parte, el artículo 613 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que: “1. El embargo concede al acreedor ejecutante el derecho a percibir el producto de lo que se obtenga de la realización de los bienes embargados a fin de satisfacer el importe de la deuda que conste en el título, los intereses que procedan y las costas de la ejecución. 2. Sin estar completamente reintegrado el ejecutante del capital e intereses de su crédito y de todas las costas de la ejecución, no podrán aplicarse las sumas realizadas a ningún otro objeto que no haya sido declarado preferente por sentencia dictada en tercería de mejor derecho. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando los bienes sean de las clases que permiten la anotación preventiva de su embargo, la responsabilidad de los terceros poseedores que hubieran adquirido dichos bienes en otra ejecución, tendrá como límite las cantidades que, para la satisfacción del principal, intereses y costas, aparecieran consignadas en la anotación en la fecha en que aquéllos hubieran inscrito su adquisición. 4. El ejecutante podrá pedir que se mande hacer constar en la anotación preventiva de embargo el aumento de la cantidad prevista en concepto de intereses devengados durante la ejecución y de costas de ésta, acreditando que unos y otras han superado la cantidad que, por tales conceptos, constara en la anotación anterior”. La doctrina de este Centro Directivo se ha ido consolidando y concretando a lo largo del tiempo, de tal manera que ha permitido la llamada ampliación de embargo no sólo por nuevos intereses y costas generados a lo largo del procedimiento ejecutivo, sino incluso por nuevos importes del principal de la deuda que genera el apremio, siempre que tuviesen el mismo origen que el débito original y que por ello pudiesen ser exigidos en el mismo procedimiento, como ocurre en los nuevos vencimientos de una deuda de duración periódica (Resoluciones de 4 de diciembre de 2003, 7 de junio de 2006, 14 de julio de 2011 y 16 de febrero de 2015). Esta razón es igualmente aplicable, por tanto, a las costas ya existentes en un procedimiento, y cuya exigibilidad pudiera implicar el devengo de intereses de las mismas y por ello es posible su clasificación como una partida más que incorporar al principal de la deuda que se reclama, al no dejar de ser una deuda accesoria nacida como consecuencia del impago de la obligación principal. Esta consideración obedece a la naturaleza que tiene el embargo como traba procesal que afecta un bien al resultado de un procedimiento, así como la constancia registral de la misma a través de la anotación de embargo, en la que las cantidades que se consignan en la misma son un mero reflejo de la situación en que se encuentra un proceso dinámico y a cuyo resultado final esas cantidades consignadas en el Registro no afectan o limitan en cuanto a su responsabilidad, con la excepción prevista en el propio artículo 613 de la ley procesal, es decir, para los adjudicatarios de una ejecución posterior, pero no para otros titulares o terceros poseedores que pudieran aparecer en el Registro».

3. Por lo tanto, las dos posibilidades expresamente contempladas en las que, en perjuicio de cargas intermedias, cabe hacer constar la ampliación de cantidades por nota al margen de la anotación de embargo inicial, son:

– cuando «venciera algún plazo de la misma obligación en cuya virtud se procede, o la obligación en su totalidad». – cuando se produzca un «aumento de la cantidad prevista en concepto de intereses devengados durante la ejecución y de costas». En el presente caso, la recurrente defiende e invoca un tercer supuesto adicional: «para adecuar la cifra de la responsabilidad asegurada una vez que, en ejecución, se hubiere producido la acumulación procesal de deudas reconocidas por títulos ejecutivos distintos, pero relativos a los mismos bienes embargados». Y pretende fundamentar su pretensión en el artículo 555 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el cual establece lo siguiente: «Acumulación de ejecuciones.

1. A instancia de cualquiera de las partes, o de oficio, se acordará por el Letrado de la Administración de Justicia la acumulación de los procesos de ejecución pendientes entre el mismo acreedor ejecutante y el mismo deudor ejecutado.

2. Los procesos de ejecución que se sigan frente al mismo ejecutado podrán acumularse, a instancia de cualquiera de los ejecutantes, si el Letrado de la Administración de Justicia competente en el proceso más antiguo lo considera más conveniente para la satisfacción de todos los acreedores ejecutantes.

3. La petición de acumulación se sustanciará en la forma prevenida en los artículos 74 y siguientes.

4. Cuando la ejecución se dirija exclusivamente sobre bienes especialmente hipotecados, sólo podrá acordarse la acumulación a otros procesos de ejecución cuando estos últimos se sigan para hacer efectiva otras garantías hipotecarias sobre los mismos bienes».

Pero, como se aprecia, este supuesto de acumulación de distintos procedimientos de ejecución en uno sólo no tiene previsión legal expresa de que en tales casos se pueda hacer constar en la anotación de embargo ya practicada por uno de ellos, constando cargas registrales posteriores, el aumento de cantidades reclamadas por acumulación de otros procedimientos. Y tal silencio no es una mera omisión o descuido, sino la exclusión deliberada de tal posibilidad excepcional. En efecto, si se admitiera tal posibilidad, la anotación de embargo obtenida en un concreto procedimiento ejecutivo para la satisfacción del crédito por el que se despachó ejecución en ese concreto procedimiento ejecutivo, se convertiría, en contra de lo permitido en nuestro ordenamiento jurídico, en una especie de reserva de rango o privilegio personal, en perjuicio de terceros registrales posteriores, a favor del mismo acreedor (o incluso de una pluralidad de acreedores diversos), con el único requisito de que se proceda contra el mismo deudor y los mismos bienes embargados aunque sea en virtud de créditos y títulos ejecutivos completamente distintos. Y tal posibilidad no está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico precisamente porque atentaría contra la seguridad jurídica y contra la esencia del principio de prioridad registral. Y es que, como se ha reseñado más arriba al citar la Resolución de 26 de septiembre de 2017 el embargo se puede definir como «una traba procesal que afecta un bien al resultado de un procedimiento», pero no como una traba procesal que afecta el bien al resultado de cualesquiera otros procedimientos distintos, en virtud de títulos ejecutivos distintos, e incluso a instancias de acreedores distintos, que por razones de estricta economía procedimental se decida acumular al procedimiento inicial. En definitiva, procede desestimar el presente recurso porque el argumento de la parte recurrente basado en el artículo 555 de la Ley de Enjuiciamiento Civil decae en sede registral. Si bien la acumulación de ejecuciones por obligaciones diversas es lícita procesalmente para favorecer la economía de los trámites, registralmente no autoriza a dotar a esas nuevas deudas del rango preferente de que gozan las anotaciones originarias. En estricto cumplimiento del principio de prioridad y especialidad, la constancia tabular de la responsabilidad derivada de deudas acumuladas de distinto origen debe efectuarse mediante la práctica de una nueva anotación preventiva de embargo, dotada de su propio rango (como ha hecho el registrador en el supuesto que nos ocupa), y en ningún caso, constando cargas registrales intermedias, a través de una nota marginal de ampliación de las anotaciones preventivas iniciales.

4. A mayor abundamiento, cabe recordar que, conforme a la Resolución de 2 de noviembre de 2021, aunque relativa a la acumulación de ejecuciones no ordinarias, sino hipotecarias, «la acumulación de los distintos procesos de ejecución facilita la intervención directa de los acreedores en el proceso acumulado, con concurrencia de ejecutante, ejecutado y comprador o rematante, concediéndoles la posibilidad de ejercer las acciones correspondientes en defensa de sus derechos». Pero aclara que «la unidad procedimental derivada de la acumulación no implica que, la limitación derivada de la respectiva cobertura hipotecada no deba mantenerse a efectos de la distribución del precio del remate, de forma que no perjudique a los acreedores posteriores anotados o inscritos. Cuestión esta que en su momento deberá ser objeto de calificación por el registrador».

Pues análogamente, para la acumulación de procedimientos ejecutivos ordinarios, no hipotecarios, cabe proclamar que la unidad procedimental derivada de la acumulación no implica que la limitación derivada del respectivo rango registral de cada anotación preventiva de embargo no deba mantenerse de forma que no perjudique a los acreedores posteriores anotados o inscritos. En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación del registrador. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 30 de marzo de 2026.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Ester Pérez Jerez. subir Contactar Sobre la sede electrnica Mapa Aviso legal Accesibilidad Proteccin de datos Sistema Interno de Informacin Tutoriales Empleo en la AEBOE Agencia Estatal Boletn Oficial del Estado Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid