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Resolución de 22 de julio de 2026, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en materia de apoyo al Ministerio Fiscal en la lucha para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas y el blanqueo de capitales procedente de aquella actividad criminal, y en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada.

X 16810/boees-x-boe-a-2026-168101 ago 2026

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Anexo UNICO
Apartado de anexo primero Apartado primero. La Constitución Española de 1978 confiere al Ministerio Fiscal la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. De igual forma la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (en adelante, EOMF), establece que el Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. Segundo. La Ley 5/1988, de 24 de marzo, creó, mediante la reforma del entonces artículo 18 bis del EOMF, la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas, que pasó a denominarse Fiscalía Especial Antidroga tras la reforma operada en dicho estatuto por la Ley 24/2007, de 9 de octubre. Conforme al actual artículo 19 del EOMF es competencia de esta Fiscalía Especial intervenir directamente en todos los procedimientos relativos al tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico, que sean competencia de la Audiencia Nacional y de los Juzgados Centrales de Instrucción, así como coordinar las actuaciones de las distintas Fiscalías en orden a la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas y el blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico. Tercero. Por otra parte, la Ley 10/1995, de 24 de abril, creó la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, mediante la incorporación de un nuevo artículo 18 ter en el EOMF, que pasó a denominarse Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada (en adelante, Fiscalía Anticorrupción) tras la reforma operada en dicho estatuto por la Ley 24/2007, de 9 de octubre. Conforme al actual artículo 19 del EOMF, esta Fiscalía Especial intervendrá directamente en procesos penales cuando se trate de supuestos de especial trascendencia en relación, entre otros, con delitos contra la Administración Pública, delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y de contrabando, y de blanqueo de capitales, y con la investigación de todo tipo de negocios jurídicos, transacciones o movimientos de bienes, valores o capitales, flujos económicos o activos patrimoniales, que indiciariamente aparezcan relacionados con la actividad de grupos delictivos organizados o con el aprovechamiento económico de actividades delictivas, así como de los delitos conexos o determinantes de tales actividades; salvo cuando por su relación con delitos de tráfico de drogas o de terrorismo corresponda conocer de dichas conductas a la Fiscalía Antidroga o a la de la Audiencia Nacional. Cuarto. El cumplimiento de las funciones anteriormente descritas por parte del Ministerio Fiscal exige no sólo una sólida formación de sus miembros en aquellas ramas del ordenamiento jurídico relacionadas con su esfera de competencias, sino un apoyo técnico indispensable en aquellas parcelas menos relacionadas con su tradicional formación, y enmarcadas en los ámbitos financiero, tributario y contable, las cuales, por otra parte, se ven sometidas a un constante proceso evolutivo y de desarrollo normativo, requiriendo, de esta forma, tanto una especial dedicación como una permanente formación. Quinto. El correcto cumplimiento de los objetivos enunciados anteriormente y la compleja realidad de la normativa a aplicar en el área de los aspectos económicos referentes a la represión del tráfico ilegal de drogas y del blanqueo de capitales, y a los delitos económicos relacionados con la corrupción y la criminalidad organizada hacen que resulte indispensable facilitar a la Fiscalía Antidroga y a la Fiscalía Anticorrupción, los medios humanos, materiales y formativos que le permitan desarrollar eficazmente sus funciones con respecto a dichas formas de criminalidad, y ello sin perjuicio de que, con carácter general, la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, habilite ya al Ministerio Fiscal a requerir el auxilio de las autoridades de cualquier clase y de sus agentes dentro de sus funciones ordinarias, debiendo ser atendidos inexcusablemente tales requerimientos dentro de los límites legales por los órganos y unidades destinatarias de los mismos. Sexto. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria), en su condición de Entidad de Derecho Público con personalidad jurídica y plena capacidad jurídica pública y privada adscrita al Ministerio de Hacienda, conforme al artículo 103 de la Ley 31/1990 de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, tiene encomendada la responsabilidad de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero, contando para ello en su seno con una organización y personal altamente cualificado, por su especialización y constante formación en las materias propias de su competencia. La Agencia Tributaria, como cualquier otra Administración Pública, tiene además la obligación y responsabilidad de colaborar en el marco constitucional y legalmente previsto con los órganos y poderes constitucionales del Estado para el cumplimiento de las funciones a éstos encomendadas. Así lo dispone expresamente el artículo 103.1.6 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, en redacción dada por la disposición adicional 34.ª de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. En este marco, y desde esta responsabilidad, en los últimos años se ha incrementado notablemente la línea de colaboración y prestación de auxilio jurisdiccional con la Administración de Justicia, ya sea directamente con los Juzgados y Tribunales de los distintos órdenes jurisdiccionales, con especial atención al orden jurisdiccional penal, como con el Ministerio Fiscal, en donde tal actuación y relación de colaboración casi permanente ha adquirido en los últimos tiempos una especial relevancia ante la delincuencia organizada relacionada con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, y ante la proliferación de nuevos tipos de delincuencia económica, para cuya investigación y esclarecimiento se hacen precisos conocimientos técnicos específicos de los funcionarios al servicio de la Agencia Tributaria. Séptimo. Como una especial manifestación de este deber de colaboración de la Agencia Tributaria con el Ministerio Fiscal, con fecha 27 de diciembre de 1995, los Ministerios de Justicia e Interior (actual Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes), Economía y Hacienda (actual Ministerio de Hacienda) y la Agencia Tributaria suscribieron un convenio de colaboración en materia de apoyo al Ministerio Fiscal en la lucha contra los delitos económicos relacionados con la corrupción para dar satisfacción a lo previsto en materia de apoyo en la Ley 10/1995, de 24 de abril, de Modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En la parte dispositiva de dicho acuerdo, la Agencia Tributaria asumía la obligación de crear en su seno una Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial para la prevención de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción. Esta obligación se materializó mediante Resolución de 8 de enero de 1996, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se crea la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial para la prevención de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, que depende orgánica y funcionalmente de la Dirección de la Agencia Tributaria, siendo su estructura interna la que determine su relación de puestos de trabajo. Octavo. A la vista de los resultados positivos derivados de esta colaboración entre la Agencia Tributaria y el Ministerio Fiscal, mediante la creación de una Unidad de Apoyo a dicha Fiscalía Especial, ambas partes consideran que sería muy beneficioso para el cumplimiento de sus respectivos fines mantener, mediante la suscripción del presente convenio, este marco de colaboración en la lucha contra los delitos económicos relacionados con la corrupción. Asimismo, la Agencia Tributaria y el Ministerio Fiscal estiman conveniente, e incluso necesario para optimizar sus resultados, la creación a través de este convenio, de otra Unidad de Apoyo dependiente de la Agencia Tributaria encargada, en este caso, de auxiliar al Ministerio Fiscal especialmente en su lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. Noveno. El correcto desarrollo de las funciones y competencias atribuidas al Ministerio Fiscal en general, y en particular a la Fiscalía Antidroga y a la Fiscalía Anticorrupción en el área económica de la represión del tráfico ilegal de drogas y de la corrupción y de la delincuencia organizada, exige no solamente la colaboración de los órganos administrativos descritos en el curso de las actuaciones de investigación en orden a la prevención, represión y enjuiciamiento de estos delitos, sino además el abordar un proceso de formación permanente de los funcionarios del Ministerio Público que les permita adquirir y mantener la más alta y moderna cualificación técnica en las distintas áreas jurídico tributarias y económicas que en el ejercicio de sus funciones profesionales han de contemplar. Ello exige que la colaboración anteriormente descrita deba extenderse a la confección, desarrollo y ejecución de programas de formación y perfeccionamiento dirigidas al conjunto de los fiscales, tanto los integrantes de la Fiscalía Antidroga y de la Fiscalía Anticorrupción como cualesquiera otros implicados de una forma u otra en la persecución y represión de este tipo de delitos. Dentro de este programa formativo, el intercambio continuo de conocimientos, documentación y bibliografía entre todas las partes implicadas constituye un elemento esencial, cuya gestión y mantenimiento asumen las partes firmantes. En consideración a lo expuesto, las partes, en la representación que ostentan, acuerdan la suscripción del presente convenio que se regirá por las siguientes