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Resolución de 7 de agosto de 2026, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio con la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras y la Entidad de Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras, en materia de información de seguros implicada en investigaciones o decisiones judiciales.

X 17810/boees-x-boe-a-2026-1781015 ago 2026

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Apartado de anexo primero Apartado primero. Mediante el Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, publicado en el BOE de fecha 21 de noviembre de 2023, se crea el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el cual pasa a ostentar las competencias del anterior Ministerio de Justicia, suprimido por la disposición final primera del Real Decreto 829/2023 antes citado. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes es el departamento de la Administración General del Estado al que le corresponde, dentro del ámbito de las competencias que le confieren las disposiciones legales vigentes, entre otras, la política de organización y apoyo de la Administración de Justicia. Adicionalmente, el artículo 2 del Real Decreto 204/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes atribuye a la Secretaría de Estado de Justicia, bajo la superior autoridad de la persona titular del Departamento, entre otras, la coordinación y colaboración con la Administración de las comunidades autónomas al servicio de la justicia; la ordenación, planificación, apoyo y cooperación con la Administración de Justicia y con la Fiscalía; la cooperación jurídica internacional y las relaciones con los organismos internacionales y de la Unión Europea en el ámbito de las competencias del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; las competencias relacionadas con la localización, recuperación, administración y realización de efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas y la dirección, impulso y gestión de las atribuciones ministeriales relativas a estado civil y nacionalidad, el Registro Civil, la fe pública notarial, los derechos registrales, el Registro General de Actos de Última Voluntad, el Registro de Fundaciones de competencia estatal, el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación y el Registro Central de Titularidades Reales. Por su parte, la disposición adicional segunda del Real Decreto 204/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes dispone que las referencias del ordenamiento jurídico a la Dirección General de los Registros y del Notariado, como órgano suprimido por el artículo 2.2 del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, suprimida, a su vez, por el artículo 2.2 del Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales, se entenderán realizadas a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio de Justicia adscrita a la Secretaría de Estado de Justicia. Segundo. El artículo 10 de la Directiva 2014/42/EU, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril del 2014, relativa al embargo y decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea, instaba a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para la creación de oficinas nacionales centrales «con objeto de garantizar la administración adecuada de los bienes embargados preventivamente con miras a su posible decomiso». Esta previsión de la Directiva europea fue recogida en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal; en cuya disposición adicional quinta, tomando como base la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos citada en el artículo 367 septies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, le atribuía también funciones de administración y gestión de dichos activos y habilitaba al Gobierno para aprobar las disposiciones reglamentarias precisas para regular la estructura, organización, funcionamiento y actividad de la ORGA (en adelante, ORGA). En desarrollo de esta previsión se aprobó el Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la ORGA. En el artículo 1 de la citada norma, bajo la rúbrica objeto y naturaleza, se establece que la ORGA se configura como un órgano de la Administración Central del Estado y auxiliar de la Administración de Justicia, al que corresponden las competencias de localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y de cualesquiera otras que se le atribuyan, en los términos previstos en la legislación penal y procesal. La ORGA actuará cuando se lo encomiende el Juez o tribunal competente, de oficio o a instancia de la propia Oficina. Procederá, igualmente, a la localización de activos a instancia del Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus competencias en el ámbito de las diligencias de investigación, de la cooperación jurídica internacional, del procedimiento de decomiso autónomo o en cualesquiera otras actuaciones en los términos previstos en las leyes penales o procesales. Los juzgados, tribunales y las fiscalías precisan, en el ámbito de sus competencias, acceder a ciertos datos o información que esté a disposición de las entidades aseguradoras para asegurar la eficacia de las resoluciones de embargo o decomiso que se adopten en su caso. Para el desarrollo de esta función de auxilio a los órganos judiciales, la ORGA precisa contar con los instrumentos que le permitan el acceso a los datos que el Juzgado o la Fiscalía le haya requerido para que, una vez obtenidos, los ponga a su disposición para el uso exclusivo de este procedimiento y con la finalidad de que pueda adoptar las medidas que aseguren la eficacia de un futuro decomiso. Por otro lado, el artículo 118 de la Constitución establece el deber de colaboración con los jueces y tribunales en el curso del proceso y en ejecución de lo resuelto. Este deber de colaboración ha sido incorporado a la disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regula la ORGA, al prever en su artículo 1, párrafo segundo, que «cuando sea necesario para el desempeño de sus funciones y realización de sus fines, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos podrá recabar la colaboración de cualesquiera entidades públicas y privadas, que estarán obligadas a prestarla de conformidad con su normativa específica». En consecuencia, mediante la firma de este convenio se busca dar cumplimiento a las funciones de localización y recuperación de activos, así como a la gestión de los mismos, que tiene atribuida la ORGA, respecto de los bienes incautados, embargados, decomisados o susceptibles de serlo, de modo que permita ofrecer un servicio ágil, eficaz y acorde a las necesidades de la Administración de Justicia. Tercero. La Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (en adelante, UNESPA) es la organización representativa del sector asegurador privado español, englobando en su seno a entidades aseguradoras representativas del 96 % de la actividad aseguradora del mercado español. Entre sus funciones se encuentra la de servir de interlocutor sectorial ante terceros como las Administraciones Públicas, así como garantizar un adecuado nivel de servicio a sus asociados. Por otra parte, UNESPA es la promotora del «Código de Conducta Regulador del Tratamiento de Datos Personales en los Sistemas Comunes de Información del Sector Asegurador» (en adelante, Código de Conducta), aprobado por la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, «AEPD») y que incluye los siguientes Sistemas de Información: Sistema de Información del Histórico del Automóvil (SISHA), Sistema de Información de Automóviles Pérdida Total, Robo e Incendio (SIAPTRI), anterior Fichero Pérdida Total, Robo e incendio del automóvil (FPTRI) y Sistema de Información de Prevención del Fraude en Seguros Diversos (SIPFSRD), anterior Fichero de Prevención del fraude en seguros diversos. La condición de UNESPA como promotora del Código de Conducta implica que, si bien sí interviene en la gobernanza del Código de Conducta, así como en la elaboración de sus normas de funcionamiento, no tiene ninguna capacidad de decisión sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento de los datos, lo cual corresponde a las corresponsables de los tratamientos, que son las entidades aseguradoras adheridas que aportan información a estos tres Sistemas de Información. Cuarto. Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras (TIREA) es una sociedad anónima cuyos accionistas son entidades aseguradoras, siendo su principal misión prestar servicios de valor añadido al Sector Asegurador a través de aplicaciones y de una red de telecomunicaciones que faciliten el marco normalizador de los procesos de intercambio de información que intervienen en la cadena de valor sectorial. Dentro de esos servicios, TIREA, en su calidad de Encargado del Tratamiento de forma indefinida, gestiona varios Sistemas de Información promovidos por UNESPA, con datos de carácter personal y regulados por el Código de Conducta. Igualmente, atiende por cuenta de las entidades Aseguradoras Adheridas las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento. Por todo ello, en aplicación de los principios de cooperación y colaboración que rigen las relaciones entre las partes, se suscribe el presente convenio y, en virtud de lo expuesto las partes firmantes expresan su voluntad de colaboración mutua, de acuerdo con las siguientes: