Anexo UNICO
Convenio entre el Consell Insular de Mallorca y la Autoridad Portuaria de Baleares en materia de prevención y extinción de incendios, salvamento y protección civil Palma, 24 de julio de 2026.
REUNIDOS
Por una parte, el Sr. Llorenç Sebastià Galmés Verger, presidente del Consell Insular de Mallorca, en virtud del acuerdo de pleno de 8 de julio de 2023, que actúa en nombre y representación de la Corporación. Y por la otra, el señor José Javier Sanz Fernández, presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, en virtud de nombramiento efectuado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears, el 1 de septiembre de 2023 («Boletín Oficial del Estado» núm. 220, de 14 de septiembre de 2023, según Orden TMA/1020/2023, de 10 de septiembre), en ejercicio de las funciones atribuidas por el artículo 31.2.a) del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Las partes nos reconocemos mutuamente la capacidad legal necesaria para formalizar este convenio de acuerdo con los siguientes
ANTECEDENTES
1. El Consell de Mallorca es, de acuerdo con los artículos 36.1.c) y 41.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), la administración competente para la prestación de los servicios públicos de carácter supramunicipal y, en particular, del servicio de prevención y extinción de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, cuando estos no los presten. De hecho, el artículo 11 de la Ley 2/1998, de 13 de marzo, de ordenación de emergencias de las Illes Balears, incluye los servicios insulares de prevención y extinción de incendios y de salvamentos de los consejos insulares como uno de los servicios públicos de prevención y extinción de incendios y de salvamentos existentes dentro del ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
2. Asimismo, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 3/2006, de 30 de marzo, de gestión de emergencias de las Illes Balears, el Consell de Mallorca desarrolla determinadas potestades en materia de protección civil, como la prestación de ayuda, asistencia y cooperación a los municipios en materia de protección civil o la de asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio insular de los servicios de urgencia, emergencia y protección civil, en el marco de lo dispuesto en la propia LRBRL y el resto de la normativa vigente relacionada con la materia. La Autoridad Portuaria de Baleares (en adelante, APB) es, de acuerdo con los artículos 24 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (de ahora en adelante, TRLPEMM), un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene plena capacidad de obrar, el cual, desde la entrada en vigor del Real Decreto 1590/1992, de 23 de diciembre, se encarga de la gestión de cinco puertos de las Illes Balears, entre los que se encuentra el de Alcudia. Dentro de sus funciones se incluye, en el artículo 26.1.j) del TRLPEMM, «Controlar, en el ámbito portuario, el cumplimiento de la normativa que afecte a la admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas, al igual que los sistemas de seguridad y de protección ante acciones terroristas y antisociales, contra incendios y de prevención y control de emergencias en los términos establecidos por la normativa sobre protección civil […], sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos de las Administraciones Públicas, así como colaborar con las Administraciones competentes sobre protección civil, prevención y extinción de incendios, salvamento y lucha contra la contaminación». El mismo TRLPEMM establece en su artículo 106.g) que son servicios generales del puerto aquellos necesarios para el cumplimiento de las funciones de las autoridades portuarias, entre otros, «Los servicios de prevención y control de emergencias, en los términos establecidos por la normativa sobre protección civil, en colaboración con las Administraciones competentes sobre protección civil, prevención y extinción de incendios, salvamento y lucha contra la contaminación». Por tanto, quedan claras las funciones y servicios que debe prestar la APB en los puertos de su responsabilidad.
3. El Consell de Mallorca y la APB están de acuerdo en llevar a cabo una acción coordinada de ambos organismos en las materias de prevención y extinción de incendios, salvamento y protección civil con el fin de aprovechar los recursos disponibles y los medios de que dispone cada uno, ya que la parte terrestre de la zona de servicio del puerto de Alcúdia se encuentra dentro del término municipal de Alcúdia.
4. En su vocación de servicio público el Consell de Mallorca está dispuesto, dentro de sus posibilidades, a colaborar con la APB mediante la asesoría técnica por parte del Servicio Insular de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Mallorca (en adelante, BdM) en aquellos casos en que, en materia de prevención y extinción de incendios, protección civil, control de emergencias y salvamento, la Dirección de la APB se lo solicite.
5. La APB elaboró el Estudio de seguridad y Plan de Autoprotección Unificado del Puerto de Alcúdia, en el que se considera a los BdM del Consell de Mallorca como Grupo de Intervención.
6. Es necesario continuar con la colaboración recíproca entre ambas administraciones en todos los temas que afectan a la protección civil y, en especial, en el servicio de prevención de incendios y salvamento, con la finalidad de elevar los niveles de seguridad de la zona de servicio del puerto de Alcúdia, como ya se estableció con la firma del Convenio del 1 de junio de 2021.
7. Este convenio se establece dentro del marco legislativo determinado por el artículo 47.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil; la Ley 2/1998, de 13 de marzo, de ordenación de emergencias de las Illes Balears; el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre); la Ley 3/2006, de 30 de marzo, de gestión de emergencias de las Illes Balears, y cualquier otra legislación que, sobre este asunto, las desarrolle, complemente o sustituya.
8. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP), en su disposición adicional octava establece la necesidad de adaptar los convenios vigentes a lo previsto en dicha ley, dentro del plazo de tres años desde su entrada en vigor, es decir, antes del 2 de octubre de 2019.
9. Debe procederse a acordar entre las partes y dar trámite al presente convenio, de forma ajustada y adaptada a los criterios que establece la mencionada LRJSP 40/2015.
De acuerdo con estos antecedentes, suscribimos este convenio con sujeción a las siguientes
CLÁUSULAS
Cláusula preliminar. Objetivos.
a) Intensificar la colaboración técnica entre la APB y el Consell de Mallorca, a través de BdM, con el fin de elevar los niveles de prevención y seguridad en el puerto de Alcúdia.
b) Prestar, por parte de BdM, un servicio especializado en materia de prevención y extinción de incendios, protección civil, control de emergencias y salvamento en riesgo en las actividades que se desarrollen en el puerto de Alcúdia, como dispone el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
c) Atender, por parte de BdM, todas las emergencias que se produzcan en el puerto de Alcúdia y realizar todas las funciones encomendadas al Grupo de Intervención de la APB en el Plan de Emergencia Interior del Puerto, de manera que queden cubiertas todas las funcionas referidas al mencionado grupo.
d) Llevar a cabo, por parte de BdM, dentro del ámbito del puerto de Alcúdia, las tareas de prevención de riesgos que le solicite la APB a través del Consell de Mallorca.
e) Hacerse cargo, por parte del Consell de Mallorca, del mantenimiento de los medios materiales que le entregue la APB.
Primera. Objeto del convenio. El objeto de este convenio es establecer los compromisos asumidos por las partes firmantes para la consecución de los objetivos señalados anteriormente, según se ha expuesto en los antecedentes. Segunda. Ámbito de actuación. El ámbito de actuación de este convenio son las superficies de tierra y de agua incluidas en las zonas de servicio de los puertos de la APB, donde los BdM prestarán los servicios de prevención y asesoramiento, y del puerto de Alcúdia en particular, donde los BdM asumirán las intervenciones en materia de extinción de incendios, protección civil, control de emergencias, salvamento y prevención de riesgos. Tercera. Compromisos que asumen las partes.
3.1 Compromisos del Consell de Mallorca. El Consell de Mallorca se compromete a que los BdM actúen como Grupo de Intervención propio de la APB, actuando bajo su mando en el dominio público portuario como servicio general del puerto, cumpliendo lo establecido por el TRLPEMM en su artículo 106.g) que establece que son servicios generales del puerto aquellos necesarios para el cumplimiento de las funciones de las autoridades portuarias, entre otros, «los servicios de prevención y control de emergencias, en los términos establecidos por la normativa sobre protección civil, en colaboración con las Administraciones competentes sobre protección civil, prevención y extinción de incendios, salvamento y lucha contra la contaminación».
Igualmente, el Consell de Mallorca se compromete a que los BdM lleven a cabo, de acuerdo con las disponibilidades del servicio, las siguientes funciones:
a) La extinción de incendios en siniestros o emergencias en tierra y, en su caso, en barcos, actuando con la finalidad de minimizar los daños personales y materiales.
b) La intervención en las operaciones de protección civil, y en las previstas en el plan de autoprotección del puerto de Alcúdia, como miembros del Grupo de Intervención, asumiendo las funciones asignadas a este grupo, incluyendo las señales marítimas en toda la isla de Mallorca a excepción de las del término municipal de Palma.
c) La intervención en tareas de evacuación de edificios, barcos e instalaciones.
d) Las operaciones de salvamento terrestre y, de acuerdo con sus posibilidades, la complementación y colaboración en el salvamento marítimo.
e) La investigación y análisis de los siniestros con el fin de informar sobre las causas, las consecuencias y los daños ocasionados.
f) La participación en simulacros, ejercicios y prácticas que sean organizados por la Dirección de la APB, con independencia de las actividades que organicen los propios BdM para la formación y el adiestramiento de sus efectivos.
g) BdM, a solicitud de la Dirección de la APB o del consignatario del barco, se harán cargo de llevar a cabo actividades de prevención que tiendan a evitar o disminuir los riesgos de accidente, como:
– Carga/descarga y otras operaciones con mercancías peligrosas. – Actividades con riesgo. – La presencia de los BdM del Consell de Mallorca en las operaciones de carga, descarga o con manipulación de explosivos dentro de la zona del puerto de Alcúdia bastará que sea solicitada directamente por el consignatario del barco al Consell de Mallorca, que podrá establecer las tasas que correspondan, sin menoscabo de respetar en cualquier momento el orden de competencias establecido en el vigente Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, y en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. La emisión de un informe destinado a la APB sobre cada una de las intervenciones de emergencia que efectúe en la zona de servicio del puerto, en el plazo de diez días desde su ocurrencia. En dicho informe se detallarán, como mínimo, el motivo de la intervención, los datos de localización de la emergencia, la hora de inicio y finalización de la actuación, los medios humanos y materiales utilizados, los daños aparentes ocasionados por la emergencia y cualquier otro dato que se considere relevante. La emisión de los informes que, en materia de condiciones de intervención, le solicite la APB sobre los proyectos de obras y reformas, así como de actividades portuarias. La inspección de sistemas de protección contra incendios de las instalaciones, tanto las propias de la APB como las de sus usuarios y concesionarios, remitiendo el oportuno informe a la APB en un plazo de diez días. La realización de actividades formativas e informativas para la comunidad portuaria cuando le sean solicitadas. La adopción de las medidas de protección del medio ambiente que requiera la situación de emergencia. La formación permanente del personal en el Consell de Mallorca de las zonas de servicio del puerto de Alcúdia, así como en el Consell de Mallorca de sus riesgos, de acuerdo con la actividad que se desarrolla y las mercancías que se manipulan o que se almacenan. La realización de todos los trabajos y tareas necesarios para mantener en estado operativo el material cedido por la APB. La realización habitual de actividades de prevención, inspección y supervisión de la zona de servicio y de las instalaciones del puerto de Alcúdia y de asesoramiento en emergencias en todo el dominio público gestionado por la APB, incluyendo las señales marítimas. El Consell de Mallorca, para el cumplimiento del convenio, aportará todos los medios personales y materiales que durante la vigencia del convenio tengan los BdM, así como todos aquellos que en una situación de emergencia pueda movilizar, y dispondrá de un Grupo de Intervención organizado que actuará como Grupo de Intervención inmediata. Igualmente, el Consell de Mallorca se compromete a que los BdM lleven a cabo sesiones informativas específicas cuando así le sea solicitado para el personal de la APB.
3.2 Compromisos de la APB. La APB facilitará en todo momento su colaboración en las tareas que lleven a cabo los BdM y asesorará a la Dirección de BdM en todos los aspectos que sean de su competencia.
La APB aportará efectivos humanos para el desarrollo de las actividades de vigilancia en la zona de servicio del puerto de Alcúdia, según la disponibilidad de cada momento. La APB pondrá a disposición los medios del Centro de Control de la APB y los del puerto de Alcúdia, dotados de un CCTV con una cobertura actual de la mayor parte de la zona de servicio del puerto, y equipado con diferentes sistemas informáticos y de comunicación, a utilizar exclusivamente por el personal de la APB. Para la adecuada prestación, mantenimiento y disponibilidad del servicio, las partes consideran necesario abordar, entre otros aspectos, la adquisición de material y un programa de formación específica del personal perteneciente a BdM. Tanto la adquisición de material como la propuesta, gestión y contratación de la formación específica serán tratadas y aprobadas por la Comisión de Seguimiento (cuyas funciones y atribuciones se detallan en la cláusula cuarta). Asimismo, dicha comisión determinará en cada momento si el abono será asumido directamente por la APB o bien pondrá a disposición los fondos necesarios para que el Consell de Mallorca (directamente o a través de BdM) lleve a cabo los abonos correspondientes. En cualquier caso, la aportación máxima de fondos por parte de la APB será de acuerdo al siguiente desglose: Año
a) Importe máximo. Partida Formación
– Euros
b) Importe máximo.
Partida Material – Euros Primero. 90.000 200.000 Segundo. 91.000 Tercero. 92.000 Cuarto. 93.000 Tal como se detalla en el cuadro anterior, la aportación económica del presente convenio quedará dotada de dos partidas diferenciadas. Una partida anual, cuya aportación máxima se incrementará en 1.000 € (mil euros) cada año, incluyendo las posibles prórrogas a este convenio que pudieran acordarse. Esta partida presupuestaria podrá compensarse entre dos periodos anuales consecutivos si las necesidades formativas así lo requieren. De esta manera si en un periodo anual no se gasta todo el importe disponible, el sobrante de ese periodo anual podrá pasar a incrementar el límite del periodo siguiente, pudiéndose gastar únicamente en ese siguiente periodo, no pudiéndose arrastrar más de un periodo consecutivo. Se establece que se destinará como mínimo un 80 % de esta aportación económica al Plan de Formación destinado a los BdM. Una partida, que contemplará el periodo de vigencia del presente convenio, y cuya aportación máxima quedará fijada, según queda recogido en la tabla anterior, en 200.000 euros. Se establece que se destinará el 100 % de esta aportación económica a la adquisición de equipamiento y material para intervenciones en emergencia por parte de los BdM. Dicho material será acordado y aprobado en la Comisión de Seguimiento del convenio, y será adquirido por la APB y cedido al Consell de Mallorca para su uso y utilización a su criterio. En el caso de formalizarse una posible prórroga del presente convenio, la aportación económica de la partida a) quedará automáticamente renovada con el importe correspondiente a la última anualidad del presente convenio más un incremento anual de 1.000 euros. La partida b) quedará extinguida. Por parte de la APB se mantendrá la cesión de los vehículos y equipos mecánicos que se describen a continuación: Motobomba remolcable SIDES 15.15 (1.500 1 a 15 atm) y equipo complementario de mangueras. Una unidad de autobomba urbana ligera con equipamiento para intervenciones en presencia de riesgo químico (BUL-Q), de matrícula 7205-GTW. El Consell mantendrá este equipamiento y se hará cargo de los gastos de impuestos de circulación y seguros, así como de las reparaciones que sean necesarias para su correcto funcionamiento y servicio. Cuarta. Comisión de Seguimiento. Las partes constituirán una Comisión mixta de Seguimiento, que coordinará el desarrollo de este convenio y estará integrada por tres miembros de cada una de las partes designadas por el presidente del Consell de Mallorca y por el presidente de la APB. Dado el carácter técnico y especializado de los servicios a prestar por ambas partes de acuerdo a este convenio, la Comisión de Seguimiento deberá estar compuesta por personal técnico por ambas partes. La comisión estará presidida por uno de los representantes del Consell de Mallorca y el secretario será uno de los representantes de la APB. La comisión mencionada resolverá los problemas de interpretación y de cumplimiento que puedan plantearse. Pueden incorporarse a la Comisión de Seguimiento, a petición de alguno de sus miembros, las personas que se requieran para temas específicos. La comisión, además de coordinar el desarrollo del convenio, tiene las siguientes tareas, que se realizarán sobre la base de las propuestas que elabore BdM: Aprobación del Plan de Formación Específica Anual acordado, al que tendrá acceso todo el personal de BdM. Definición de los cursos y sesiones informativas en materia de prevención y extinción de incendios que los BdM impartan al personal de la APB. Aprobación de la propuesta de adquisición de material de la partida b). Realización del control y el seguimiento del convenio. Definición, en su caso, de los detalles de los procedimientos de actuación. Elevación de los informes que le soliciten las administraciones firmantes de este convenio. Propuestas de modificaciones adecuadas de este convenio, en su caso. Resolución de cualquier cuestión o discrepancia que pueda surgir entre las partes. Visto bueno de las liquidaciones de gastos y las formas de abono correspondientes que se contemplan en este convenio. En cuanto al Plan de Formación Específica, toda vez que se trata de una formación con un alto grado de especialización, se deberá llevar a cabo en un campo de fuego para bomberos profesionales. La Comisión de Seguimiento se integrará en la Comisión Técnica que evalúe la parte correspondiente del proceso que se siga para la contratación del centro de formación, dentro de los procedimientos que contempla la legislación correspondiente. El centro de formación deberá tener como mínimo las siguientes instalaciones, equipos y servicios: Edificios de 3 o más alturas para hacer los ejercicios de ventilación, intervención y rescate en edificios. Ropa y equipos para bomberos disponibles en el mismo centro de formación. Áreas formativas en zona limpia y zona sucia. Incluirá el servicio de transporte, traslados, logística y hospedaje si así lo decide la comisión. Quinta. Aprobación, eficacia y vigencia del convenio. Una vez sea aprobado tanto por el Consejo Ejecutivo del Consell de Mallorca como por el Consejo de Administración de la APB y se complete la tramitación correspondiente, el presente convenio se perfeccionará con la firma de las partes y tendrá validez y eficacia desde la fecha de su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Además, será publicado en el «Boletín Oficial del Estado». Sexta. Duración del convenio. El convenio tendrá una duración máxima de cuatro años de acuerdo al artículo 49.h) de la LRJSP 40/2015. Dicha duración se contabilizará a partir de la eficacia definitiva del convenio, es decir, desde la fecha de su inscripción en el REOICO. Antes de la finalización del plazo previsto, el convenio podrá ser objeto de prórroga, por acuerdo unánime de los firmantes y por un periodo que no podrá ser superior al establecido en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, mediante la tramitación de la adenda de conformidad con los requisitos previstos legalmente y ésta surtirá efectos con su inscripción en REOICO antes de la fecha extinción del convenio. Asimismo, será publicada en el «Boletín Oficial del Estado». Séptima. Modificaciones del convenio. La modificación de este convenio tendrá que seguir el mismo procedimiento y requisitos establecidos para su aprobación. Preferentemente, se tratarán las modificaciones en la Comisión de Seguimiento, con la debida antelación. El presente convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de las partes firmantes del mismo, mediante la aprobación de una adenda que se tramitará en los términos legalmente previstos. Octava. Extinción y resolución del convenio. El convenio vigente se extinguirá en el momento en que se cumplan las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. Serán causas de resolución las contempladas en el artículo 51 de la Ley 40/2015 (LRJSP), a saber, el transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo, o una vez finalizado el plazo de la prórroga que eventualmente se hubiera aprobado unánimemente por las partes, el incumplimiento de las obligaciones y compromisos por alguna de las partes, por acuerdo unánime entre las mismas, por decisión judicial que declare nulo el convenio o por cualquier otra causa prevista en las leyes oportunas. En el caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de alguno de los firmantes, cualquiera de las partes podrá notificar a la otra un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con los compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a los responsables de la otra parte de la Comisión de Seguimiento. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. El incumplimiento de las obligaciones del presente convenio no conlleva ningún tipo de indemnización de las partes, sin perjuicio de lo establecido en el siguiente párrafo. En cuanto a los efectos de una resolución anticipada, se deberá tener en cuenta lo indicado por el artículo 52 de la Ley 40/2015 (LRJSP) y proceder a la correspondiente liquidación de la aportación de ambas partes en función de las tareas y funciones que se hayan desarrollado en el ejercicio en vigor cuando se resuelva. En este caso, la Comisión de Seguimiento establecerá las obligaciones que queden pendientes por cada una de las partes y si es el caso, el saldo correspondiente si hubiera alguna aportación económica pendiente o que se deba reintegrar. Novena. Naturaleza jurídica. La naturaleza de este convenio es la administrativa, y, en caso de litigio entre las partes, las cuestiones en controversia serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. No obstante lo anterior, las controversias que puedan plantearse sobre la interpretación ejecución o desarrollo de este convenio se dirimirán con carácter previo en el seno de la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula cuarta y que se constituirá, entre otros, a tal efecto. Décima. Régimen jurídico. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el resto de normativa sectorial que resulte de aplicación. Y en prueba de conformidad firman este documento por duplicado, en Palma, en la fecha y el lugar que correspondan.–Por el Consell de Mallorca, el Presidente, Llorenç Sebastià Galmés Verger.–Por la Autoridad Portuaria de Baleares, el Presidente, José Javier Sanz Fernández. subir Contactar Sobre la sede electrnica Mapa Aviso legal Accesibilidad Proteccin de datos Sistema Interno de Informacin Tutoriales Empleo en la AEBOE Agencia Estatal Boletn Oficial del Estado Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid