España
Vigente Orden 2 unidades
Incendios forestales.-Resoluci�n de 2 de septiembre de 2026, de la Consejera, por la que se ordena la publicaci�n en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se declara como zona de actuaci�n urgente la superficie afectada por el incendio iniciado el d�a 18 de agosto de 2026 en el municipio de Pinofranqueado y que ha afectado adem�s a varios municipios de la Comarca de Las Hurdes, y la utilidad p�blica de los trabajos de emergencia a realizar en los terrenos forestales comprendidos en ella.
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- Apartado de anexo primero Apartado primero. Considerando la importancia de los efectos negativos del incendio es imprescindible intervenir lo m�s r�pidamente posible para paliar sus consecuencias sobre el medio natural afectado. En ese contexto, el art�culo 274.1 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura (en lo sucesivo, LAEx), prev� que Son zonas de actuaci�n urgente aquellas en las que sea preciso adoptar medidas de conservaci�n o de restauraci�n inmediata despu�s de haber sufrido una cat�strofe o desastre natural. En particular, podr�n ser declarados como tales los siguientes terrenos forestales:
- Apartado de anexo primero Apartado primero. Declarar como Zona de Actuaci�n Urgente (ZAU) los terrenos forestales afectados por el incendio forestal originado el 18 de agosto de 2026 en el municipio de Pinofranqueado (C�ceres) y que afecta, adem�s, a los municipios de la comarca de Las Hurdes siguientes: Pinofranqueado (2.224,96 ha), Nu�omoral (1.588,99 ha), Caminomorisco (11,12 ha) y Casares de las Hurdes (8,04 ha). Segundo. Aprobar la realizaci�n, con cargo a los fondos propios de la Consejer�a de Industria, Energ�a, Ciencia y Territorio, de las actuaciones que se contemplan en el Plan de Actuaci�n que se adjunta como Anexo, conforme a las disponibilidades presupuestarias existentes. Tercero. Disponer la contrataci�n de emergencia de las actuaciones para la restauraci�n de la cubierta vegetal contempladas en el Plan de Actuaci�n que deban llevarse a cabo por la Consejer�a de Industria, Energ�a, Ciencia y Territorio y/o por cualquier otro �rgano de la Administraci�n auton�mica que colabore en su ejecuci�n, al amparo de lo previsto en el art�culo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P�blico. Cuarto. Declarar la utilidad p�blica de las obras y trabajos contemplados en el Plan de Actuaci�n. Como consecuencia de esta declaraci�n, los terrenos sobre los que hayan de realizarse dichas tareas, con independencia de su titularidad p�blica o privada y de que est�n o no gestionados por la Direcci�n General competente en materia de montes, podr�n ser ocupados por el personal encargado de su ejecuci�n, por lo que debe habilitar para la entrada y permanencia en los terrenos en donde hayan de realizarse las actuaciones a los operarios encargados de su ejecuci�n, bien hayan sido estas promovidas por los �rganos forestal y/o medioambiental auton�micos, o bien por cualquier �rgano o entidad integrante del sector p�blico institucional estatal, en desarrollo de la colaboraci�n que, en su caso, preste en los trabajos de restauraci�n. La ocupaci�n de los terrenos debe entenderse �nicamente a efectos de llevar a cabo las actuaciones descritas en el Plan de Actuaci�n. Esta declaraci�n de utilidad p�blica se entiende sin perjuicio de la obligaci�n de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten exigibles conforme a la normativa vigente para la ejecuci�n material de las actuaciones proyectadas. Quinto. Autorizar a los titulares de los terrenos para la corta y extracci�n de la madera afectada por el incendio, y establecer que los mismos dispondr�n de un plazo de seis meses a contar desde el d�a siguiente a la publicaci�n del Acuerdo del Consejo de Gobierno en el Diario Oficial de Extremadura, para realizar esos trabajos, si lo consideran oportuno. En el caso de que la madera no sea retirada en el citado plazo la Administraci�n incluir� su extracci�n entre los trabajos para la ejecuci�n del Plan de Actuaci�n, sin contrapartida para el titular de los terrenos que no la haya sacado. De la misma forma, proceder� autorizar que los Ayuntamientos titulares de Montes de Utilidad P�blica puedan proceder a la contrataci�n de emergencia del aprovechamiento de la madera, debiendo completarse su retirada en un plazo de seis meses, prorrogable en otros tres si el contrato no pudiera ejecutarse por causas ajenas al contratista, y en todo caso antes de que se inicien los trabajos incluidos en el plan de actuaci�n en la zona concreta del aprovechamiento. Sexto. Autorizar el pastoreo en las zonas en las que actualmente se est� llevando a cabo, siempre con cargas ganaderas iguales o inferiores a las actuales. S�ptimo. Ordenar la publicaci�n de este Acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura y su notificaci�n a los Ayuntamientos de los municipios afectados, para que sea tambi�n publicado en sus respectivos tablones de anuncios, con el objeto de darle la mayor difusi�n posible, para conocimiento de las personas que pudieran tener inter�s en su contenido. Contra este Acuerdo, que pone fin a la v�a administrativa, conforme a lo establecido en el art�culo 103.1.a) de la 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administraci�n de la Comunidad Aut�noma de Extremadura, las personas interesadas podr�n interponer recurso potestativo de reposici�n ante el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en el plazo de un mes a contar desde el d�a siguiente al de su publicaci�n o notificaci�n, de acuerdo con lo establecido en los art�culos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com�n de las Administraciones P�blicas, o bien impugnarlo directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses contados desde el d�a siguiente al de su notificaci�n o publicaci�n, seg�n lo dispuesto en los art�culos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci�n Contencioso-administrativa. En el caso de que se interponga recurso de reposici�n, no se podr� interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimaci�n presunta de aquel. Todo lo anterior deber� entenderse sin perjuicio de la interposici�n de otros recursos que las personas o entidades interesadas estimen procedentes. La Consejera de Industria, Energ�a, Ciencia y Territorio,