MODIFICA LA LEY DE ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NUMERO 10.336; EL DECRETO CON FUERZA DE LEY NUMERO 338, DE 1960, Y LAS LEYES NUMEROS 10.223 Y 10.343

"Artículo 1.o Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley de Organizacíon y Atribuciones de la Contraloría General de la República, N.o 10.336, de 29 de Mayo de 1952: A) Reenplázase el inciso final del artículo 2.o por el siguiente: "No obstante, el Contralor General tendrá facultad para suprimir o fusionar algunos de estos subdepartamentos o Secciones o crear otros con el personal de la Contraloría, fijándoles su dependencia y asignándoles aquellas atribuciones de este organismo que correspondan a la naturaleza del respectivo Subdepartamento o Sección. En ningún caso el ejercicio de esta facultad podrá producir supresión de personal." B) Agrégase al inciso primero del artículo 13.o, después de las palabras "decretos supremos", la siguiente frase: "y de las resoluciones de los jefes de Servicios que deben tramitarse por la Contraloría". Agréganse al mismo artículo 13.o los siguientes incisos nuevos: "No obstante el Contralor General podrá eximir a uno o más Ministerios o Servicios del trámite de la toma de razón de los decretos supremos o resoluciones que concedan licencias, feriados, y permisos con goce de sueldos o que se refieran a otras materias, que no considere esenciales. Tratándose de decretos supremos la exención sólo podrá referirse a decretos firmados "por orden del Presidente de la República". Esta exención podrá ser concedida por plazos determinados y dejada sin efecto por el Contralor, de oficio o a petición del Presidente de la República, según sea el uso que se haga de tal liberalidad. La resolución del Contralor deberá ser fundada y en ella se fijarán las modalidades por las cuales se fiscalice la legalidad de dichos decretos o resoluciones y, además, deberá dar cuenta a la Cámara de Diputados, cada vez que haga uso de esta facultad, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 39°, atribución 1a., letra c) de la Constitución Política del Estado. El Presidente de la República podrá determinar que algunos decretos tengan trámite extraordinario de urgencia, cuando se trate de medidas que perderían su oportunidad o estarían expuestas a desvirtuarse si no se aplicaran inmediantamente, debiendo expresarse así en el mismo decreto. En tales casos, el Contralor deberá emitir su pronunciamiento dentro de quince días y la ejecución se hará efectiva después de su publicacíon en el "Diario Oficial". La disposicíon del inciso anterior se aplicará especialmente cuando se trate de decretos o resoluciones que versen sobre las materias que se indican a continuación, en cuyo caso el plazo para el pronunciamiento del Contralor será de cinco días: 1) Reanudación de faenas, y 2) Fijación de excedentes exportables. Los decretos y resoluciones que se refieren a las materias que se señalan a continuación, podrán ejecutarse aun antes de su toma de razón, debiendo ser enviados a la Contraloría dentro de los treinta días de dispuesta la medida: 1.o Fijación de tarifas o de precios o modalidades de importación o venta de artículos de primera necesidad o de uso o consumo habitual, cuando se encuentren sometidos a este régimen de control, y 2.o Cambios internacionales. Las suplencias o interinato en Servicios de Urgencia y Hospitalarios, en la Enseñanza Pública y en las Oficinas Unipersonales, podrán efectuarse aun antes de expedirse el respectivo decreto o resolución, pero, en todo caso, dicho decreto o resolución, deberá dictarse y enviarse a la Contraloría dentro de los treinta días siguientes de dispuesta la medida. Si en los casos indicados en los dos incisos precedentes la Contraloría no da curso al decreto o resolución, podrá perseguir la responsabilidad administrativa del jefe que lo dictó o pondrá el hecho en conocimiento del Presidente de la República y de la Cámara de Diputados cuando se tratare de decreto supremo. Todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades que fueren pertinentes y de la facultad para insistir a que se refiere el inciso primero de este artículo. De todos los decretos o resoluciones que fueren observados por errores de forma, se dará cuenta a la Secretaría General de Gobierno pará los efectos que ésta los ponga en conocimiento del Presidente de la República. El Secretario General de Gobierno deberá hacer las representaciones que procedan a los respectivos Ministerios o Servicios, a fin de que las faltas cometidas se consideren en los antecedentes del funcionario a que le fueren imputables y se le apliquen las medidas disciplinarias que correspondan, en su caso." C) Reemplázase el artículo 49.o por el siguiente: "Artículo 49.o Los jefes y subjefes de Departamentos y los jefes de Subdepartamentos podrán firmar por "orden del Contralor" la parte del despacho del Contralor General que éste señale por resolución escrita, pudiendo incluir en ella los pronunciamientos sobre la toma de razón de los decretos y resoluciones respecto de determinadas materias, sin perjuicio de la responsabilidad constitucional del Contralor. El Contralor General podrá constituir dependencias de la Contraloría en las zonas del país que él determine, con el objeto de facilitar y hacer más eficaz el control que la ley le encomienda, fijando por resolución la jurisdicción territorial de dichas oficinas, sus atribuciones y el personal de este organismo que las atenderá dentro de la competencia general de la Contraloría. Para los efectos de un adecuado ejercicio de las facultades fiscalizadoras, el personal de estas dependencias no podrá permanecer en una misma zona por más de dos años." D) Agréganse a continuación del inciso único del artículo 127.o, los siguientes incisos: "El Contralor podrá ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios de los organismos y servicios que controla, en las condiciones que determine y adoptando los resguardos necesarios, las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente. Estos descuentos podrán hacerse efectivos también sobre el desahucio y las pensiones de jubilación, retiro y montepío. Si recaen sobre remuneraciones mensuales no podrán exceder del cincuenta por ciento de las mismas. Asimismo, el Contralor podrá ordenar que se descuenten, en las condiciones ya indicadas, de las remuneraciones de los funcionarios a que se refiere el inciso anterior, las sumas que el Fisco u otra institución estatal deba pagar a terceros en virtud de sentencia judicial, cuando se haga efectiva la responsabilidad civil por actos realizados en el ejercicio de las funciones respectivas. Las oficinas pagadoras deberán remitir a la Contraloría el comprobante de ingreso respectivo, dentro del mes siguiente a aquel en que se haya ordenado el descuento. Salvo el caso de que la obligación derive de una sentencia judicial, el Contralor podrá, por resolución fundada, liberar total o parcialmente de la restitución o del pago de las indemnizaciones a que se alude en los incisos anteriores, cuando, a su juicio, hubiere habido buena fe o justa causa de error."

Artículo 2° El Presidente de la República a proposición del Contraler General dictará dentro del plazo de seis meses, contados desde la vigencia de esta ley, las disposiciones necesarias para dar otra estructura y contenido al juicio de cuentas, regulado en los Capítulos IV y V de la ley N° 10.336, de modo que este juicio quede configurado como un proceso judicial en sus diferentes etapas, señalándose la competencia, los procedimientos y las demás modalidades que constituyan tal juicio. Las disposiciones que dicte el Presidente de la República deberán contener las materias que, como bases generales, se indican a continuación: a) Examen de las cuentas, su finiquito o reparo; b) Notificación y emplazamiento del cuentadante; c) Contestación del cuentadante y prueba; d) Sentencia de primera y segunda instancia y sus requisitos; e) Facultad de aplicar sanción administrativa cuando no fuere procedente condenar pecuniariamente al reintegro; f) Recurso de apelación y revisión; y g) Efectos de la sentencia definitiva, cosa juzgada y mérito ejecutivo. Al dictar tales disposiciones el Presidente de la República no podrá extender la actual competencia del Tribunal de Cuentas hacia otras personas o entidades que las señaladas en la ley N° 10.336, ni dictar disposiciones que modifiquen la competencia del Poder Judicial o de los Tribunales que de él dependan, o modificar las responsabilidades civiles o penales establecidas por las leyes. En la misma fecha de vigencia de las disposiciones que se dicten en conformidad a este artículo, quedarán derogados los Capítulos IV y V de la ley N° 10.336.

Artículo 3° El Presidente de la República, a propuesta del Contralor General, fijará el texto refundido de la ley número 10.336 y sus modificaciones posteriores, debiendo contener las que la presente ley introduce y las que se deriven de la facultad a que se refiere el artículo anterior. Al fijar dicho texto, que llevará el número de ley 10.336, el Presidente de la República podrá coordinar y sistematizar la titulación y el articulado de la ley, y dar la ubicación más conveniente a sus disposiciones, pero sin alterar su contenido.

Artículo 4° Después de 30 días de la vigencia de la presente ley, los desahucios afectos al Fondo de Seguro Social que contempla el Estatuto del Personal de la Administración Civil del Estado, se pagarán directamente por Tesorería, mediante órdenes de pago emitidas por el Tesorero General, con cargo al mencionado Fondo y sobre la base de la liquidación que debe practicar la Contraloría General de la República. Derógase la frase final de la letra a) del artículo 107 del DFL. N° 338, de 6 de Abril de 1960, que dice: "este descuento se suspenderá después de treinta años de imposiciones al Fondo de Seguro Social".

Artículo 5° Todas las materias que se relacionen con el personal de los Ministerios, salvo los nombramientos, las comisiones de servicio y la expiración de funciones, serán objeto de resolución que firmará el Subsecretario correspondientes El Subsecretario podrá delegar en los funcionarios de su Ministerio que designe la firma de las providencias de mero trámite.

Artículo 6° Las pensiones de jubilación, retiro y montepío que actualmente son de la competencia del Ministerio de Hacienda, serán concedidas mediante resolución que firmará el Subsecretario. Las pensiones de la misma naturaleza y cuya concesión corresponda a la competencia de otro Ministerio, serán, también, objeto de resolución que firmará el Subsecretario respectivo. Los reajustes generales de las pensiones ya concedidas se pagarán directamente por Tesorería. La Contraloría fiscalizará su legalidad por el examen de las planillas que correspondan.

Artículo 7.o Reemplázase el artículo 136 de la ley N.o 10.336, por el siguiente: Los decretos o resoluciones de pago de créditos con cargo al Fisco deberán acompañar todos los antecedentes y comprobantes que los justifiquen. La Contraloría General, al examinar su legalidad, analizará su origen y se pronunciará sobre la procedencia de su pago, o sobre la responsabilidad de los funcionarios que los hubieren cursado, con arreglo al Estatuto Administrativo. Los giros que los Servicios emitan para pagar cuentas pendientes con cargo a decretos supremos que pongan fondos a disposición de aquéllos, serán previamente revisados por la Contraloría y cumplirán con todos los requisitos que se indican en el inciso anterior.".

Artículo 8.o- Derógase el artículo 46 de la ley N.o 10.223 y el artículo 177 de la ley N.o 10.343.

Artículo 9.o Agrégase, al final del inciso segundo del artículo 3.o de la ley N.o 10.336, reemplazando el punto por una coma, la siguiente frase: "quien resolverá, además, sobre todas las medidas y, normas que se refieran a su personal, de acuerdo con el Estatuto Administrativo.".

Artículo 10. La Contraloría General de la República fiscalizará la correcta inversión de los fondos fiscales que cualesquiera persona o instituciones de carácter privado perciban por leyes permanentes a título de subvención o aporte del Estado para una finalidad específica y determinada. Esta fiscalización tendrá solamente por objeto establecer si se ha dado cumplimiento a dicha finalidad.

Artículo 11. La Caja de Ahorros de Empleados Públicos quedará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República.

Artículo 12.- Introdúcense al decreto con fuerza de ley N° 42, de 26 de Noviembre de 1959, que declaró en reorganización y fijó la Planta y remuneraciones del personal de la Contraloría General de la República, las modificaciones que se indican a continuación: A) Agrégase al artículo 6°, el siguiente inciso final: "Podrán omitirse estos requisitos para llenar los cargos de Inspectores y Jefes de Sección, siempre que se provean por ascensos del personal de la misma Contraloría o por nombramientos que recaigan en funcionarios de la Administración Pública." B) Derógase el inciso primero del artículo 1° transitorio. El Contralor hará en su Presupuesto los traspasos necesarios para dar cumplimiento a la presente disposición.

Artículo 13. El personal encasillado en las Plantas de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda, por decreto de ese Ministerio N° 2.721, de 6 de Abril de 1960, proveniente de otras reparticiones, continuará gozando, a contar desde dicha fecha, del derecho a que se refiere el artículo 59 del Estatuto Administrativo vigente, D.F.L. N° 338, de 1960, de que disfrutaba en su servicio de origen con anterioridad al mencionado encasillamiento.

Artículo 14. Agrégase al artículo 1.o de la ley N.o 10.336, de 29 de Mayo de 1952, el siguiente inciso: "La Contraloría estará obligada a ejercer en forma preferente las atribuciones señaladas en el inciso anterior, en los casos de denuncias hechas o investigaciones solicitadas en virtud de un acuerdo de la Cámara de Diputados.".

Artículos transitorios {Arts. 1-2} Artículo 1° El Contralor General podrá descargar por una sola vez de la Cuenta "Deudores Varios" o de los Libros de Contabilidad aquellas anotaciones originadas en reparos que no hayan significado enriquecimiento indebido del cuentadante.

Artículo 2° A los funcionarios que actualmente se desempeñen a contrata en la Contraloría General de la República, no se exigirán los requisitos a que se refiere el inciso cuarto del artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 42, de 26 de Noviembre de 1959."