Orden IGD/911/2026, de 26 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas al desarrollo de planes de atención integral y la inserción sociolaboral de personas en situación de prostitución.
Articolo 3Requisitos de las entidades beneficiarias
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las entidades de naturaleza jurídico-privada, sin ánimo de lucro con implantación estatal o supraautonómica y que vengan desarrollando Planes de Atención Integral dirigidos a personas en situación de prostitución en al menos dos comunidades autónomas.
2. Además de lo especificado en el apartado anterior, deberán cumplir con los siguientes requisitos en el momento de la publicación de la convocatoria:
a) Estar legalmente constituidas, tener personalidad jurídica propia, capacidad de obrar, carecer de ánimo de lucro y estar debidamente inscritas en el correspondiente registro público.
La inscripción en el registro público será comprobada por el órgano instructor mediante consulta a registros electrónicos u otros sistemas habilitados al efecto por los Ministerios competentes, siempre que dicha consulta resulte posible, salvo oposición expresa de la entidad solicitante. En caso de oposición expresa a la consulta, de estar inscrito en varios registros autonómicos o cuando, excepcionalmente, no fuera posible recabar dicha información por medios electrónicos, se requerirá a la entidad solicitante para que aporte la certificación acreditativa de su inscripción en el registro público correspondiente, en los términos previstos para la subsanación de solicitudes. Asimismo, la entidad solicitante deberá aportar los estatutos de la entidad o, en su caso, la modificación de estos debidamente legalizados.
b) No estar incursas en las prohibiciones previstas en los artículos 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización de la entidad solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social a través de certificados telemáticos, por lo que no será necesario la aportación de las correspondientes certificaciones. No obstante, la entidad solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo, en este caso, aportar las certificaciones. Las entidades manifestarán que cumplen el resto de los requisitos a los que se refiere el artículo 13 mediante la aportación de declaración responsable, usando para ello el modelo que se anexará a la correspondiente convocatoria.
c) Tener, entre sus fines estatutarios, el desarrollo de actividades relacionadas con la atención y/o protección de personas en situación de prostitución, el desarrollo de planes encaminados a la inserción sociolaboral de estas personas, y contemplar la prevención y erradicación de la violencia de género u otras formas de violencia hacia las mujeres, incluidas la prostitución y la explotación sexual. En caso de que en sus estatutos no esté contemplado, las entidades solicitantes podrán acreditarlo fehacientemente, por cualquier medio admitido en derecho sobre su experiencia o actividades realizadas.
d) Contar con los recursos humanos y materiales suficientes para llevar a cabo el plan presentado o acreditar la capacidad para su contratación. Este requisito se acreditará mediante declaración responsable, la ficha que se incluirá junto con el Plan de Atención Integral y documentación acreditativa, según el caso.
Entre los recursos humanos de la entidad solicitante que participen en el desarrollo del Plan de Atención Integral, siempre deberá contar con, al menos, personal cualificado en las siguientes áreas: 1.º Trabajo social: personal encargado de la gestión del caso, del acompañamiento social, de la identificación de necesidades, de las ayudas públicas que se puedan percibir, y de la coordinación con los servicios públicos, entidades colaboradoras y de las relaciones con el ámbito privado. 2.º Atención psicológica: personal capacitado para el acompañamiento emocional, la intervención terapéutica y la atención de las posibles secuelas derivadas de las experiencias de violencia o vulnerabilidad vividas, durante el periodo de ejecución del plan presentado. 3.º Asistencia jurídica: personal especializado en asesoría jurídica, para la gestión de todos los trámites legales necesarios a lo largo de todas las etapas. 4.º Mediación sociocomunitaria: personal encargado de facilitar la comunicación, la confianza y el acceso seguro a los recursos del programa, mediante intervenciones basadas en la escucha activa, la construcción de vínculos, la comprensión del entorno social y la identificación de necesidades emergentes. 5.º Orientación, intermediación y prospección laboral: personal técnico encargado de la orientación laboral individualizada, el acompañamiento en los itinerarios de inserción, la intermediación con empresas y recursos formativos, así como de la prospección e identificación de oportunidades de empleo adecuadas al perfil de las personas destinatarias.
e) Tener experiencia demostrable en la realización de planes de atención integral durante al menos los tres últimos años. Este requisito se acreditará a través del apartado correspondiente dentro del Plan de Atención Integral y de documentación acreditativa.
f) Presentar un Plan de Atención Integral que considere la prostitución una forma de violencia estructural contra las mujeres y persiga su protección, promoviendo cambios culturales y alternativas sociales de salida del sistema prostitucional. Este requisito se acreditará mediante declaración responsable de acuerdo con el modelo de la convocatoria.
g) Contar con un Plan de Igualdad inscrito en el registro pertinente, en los casos que les sea de aplicación, de acuerdo con el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. El cumplimiento de esta obligación será comprobado de oficio por el órgano concedente mediante consulta al Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad (REGCON), adscrito a la Dirección General de Trabajo, u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. A estos efectos, la entidad solicitante deberá facilitar los datos necesarios para realizar la consulta, incluido, en su caso, el código de acuerdo o localizador correspondiente al Plan de Igualdad.
En caso de oposición expresa a dicha consulta, la entidad solicitante deberá aportar el justificante de inscripción del plan de igualdad en el registro correspondiente.
h) Cualesquiera otros requisitos que se establezcan en las convocatorias.
3. No podrán ser beneficiarias de las ayudas las entidades que tengan deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, o estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.