In vigore Resolución 1 unità

Resolución de 30 de julio de 2026, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional relativa al III Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de Contact Center.

X 17492/boees-x-boe-a-2026-1749210 ago 2026

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Sezione di allegato tercero Apartado tercero. En la reunión de la Comisión Paritaria de Interpretación del III Convenio Colectivo del Contact Center, celebrada el día 12 de julio de 2023, se acordó que «a efectos de los establecido en el art 30.b., se aplicarán los días de permiso establecidos por el ET vigente siendo el modo de disfrute el pactado convencionalmente». Cuarto. El sindicato CGT plantea el 13 de abril de 2026 una consulta a la Comisión Paritaria de Interpretación del III Convenio Colectivo del Contact Center en la que solicita que se aclare si cuando el hecho causante del permiso recogido en el artículo 30.1 b) persiste más allá de los diez días naturales puede hacerse uso del mismo; no alcanzándose un acuerdo en la reunión de la Comisión Paritaria celebrada el día 7 de mayo. Quinto. El día 15 de abril de 2026 el sindicato UGT remite escrito a la Comisión Paritaria de Interpretación del III Convenio Colectivo del Contact Center en el que solicita que el permiso previsto en el artículo 30.1 b) se pueda disfrutar sin sujeción al plazo de diez días a tenor de los pronunciamientos recientes del Tribunal Supremo respecto el día de inicio del cómputo; reunida la Comisión Paritaria el día 7 de mayo de 2026 no se alcanza acuerdo en el seno de la misma. Sexto. El sindicato CC. OO. remite el 15 de abril de 2026 escrito a la Comisión Paritaria de Interpretación del III Convenio Colectivo del Contact Center en el que solicita que el permiso del artículo 30.1 b) solicitando que se elimine las limitaciones de su disfrute consistentes en condicionarlo a su uso continuado y dentro de los diez días siguientes al hecho causante; no alcanzándose un acuerdo en la reunión de la Comisión Paritaria celebrada el día 7 de mayo. Fundamentos de Derecho Primero. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo previsto en los artículos 2 h) y 8.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, los hechos declarados probados se sustentan bien en hechos no controvertidos o pacíficos, bien en cada una de las fuentes de prueba incorporadas a través de los medios de prueba previstos legalmente, tal y como se expresa a continuación: Los Hechos Primero, Segundo son hechos conformes al ser reconocidos por ambas partes. El Hecho Tercero de la fuente de prueba documental obrante en el descriptor 3. El Hecho Cuarto de la fuente de prueba documental obrante en los descriptores 56 y 57. El Hecho Quinto de la fuente de prueba documental obrante en los descriptores 4 y 5. El Hecho Sexto de la fuente de prueba documental obrante en los descriptores 20 y 21. Tercero. El objeto de la presente controversia sometida a la consideración de esta Sala es la determinación de si el inciso del artículo 30.1.b) del III Convenio Colectivo estatal de Contact Center que obliga a disfrutar «de forma continuada dentro de lo diez días naturales, a partir del primer día laborable para la persona trabajadora en que se produzca el hecho causante, inclusive» el permiso en caso de accidente, enfermedad grave sin hospitalización u hospitalización, o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de pariente hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, resulta ilegal por ser contrario a la normativa vigente, concretamente a lo establecido en el artículo 37.3 b) del ET y la jurisprudencia recaída en interpretación del mismo. Para dar respuesta a la presente controversia debemos determinar previamente si la regulación convencional controvertida implica una mejora o no respecto al régimen legal previsto en el artículo 37.3 b) del ET, porque si, efectivamente, se concluye que la configuración convencional mejora la previsión legal, habrá que estar a los términos del convenio a la hora de disfrutar el permiso controvertido, lo que supondría declarar que el inciso del precepto convencional controvertido se encuentra ajustado a Derecho, no existiendo ilegalidad alguna en el mismo. Por el contrario, si el precepto convencional no conlleva una mejora, tendremos que analizar si el contenido del inciso objeto de impugnación es contrario a Derecho. En este sentido, debemos recordar que es jurisprudencia consolidada en torno al papel que tiene la autonomía colectiva que «la regulación convencional no puede ser sino una mejora del régimen de descansos, fiestas y permisos que establece el artículo 37.3 del ET, en cuyo caso, el régimen de cada uno de ellos estará determinado por lo estipulado por los negociadores colectivos» [STSS de 13 de noviembre de 2025 (Rec. 128/2024), 27 de junio de 2024 (Rec. 147/2022), 6 de marzo de 2024 (Rec. 303/2021), 7 de junio de 2023 (280/2021), STS de 20 de diciembre de 2022 (Rec. 104/2021), STS de 18 de octubre de 2022 (Rec. 139/2022), STS 30 de marzo de 2022 (Rec. 136/2020), 11 y 29 de marzo de 2020 (Recs. 188/2018 y 244/2018)]. El III Convenio Colectivo estatal para el Contact Center se publicó en el BOE de 9 de junio de 2023, con entrada en vigor en el momento de su firma tal y como dispone su artículo 5. En la redacción original del artículo 30.1 b) del citado convenio se estableció un permiso de «tres días naturales en caso de accidente, enfermedad grave sin hospitalización u hospitalización, o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de pariente hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que serán disfrutados de forma continuada dentro de los diez días naturales, contados a partir del primer día laborable para la persona trabajadora en que se produzca el hecho causante, inclusive». En ese momento temporal el artículo 37.3 b) del ET preveía para ese mismo hecho causante un permiso de dos días. Por tanto, inicialmente la regulación convencional del artículo 30.1 b) del convenio colectivo mejoraba en un día adicional de permiso el régimen legal establecido y, en consecuencia, a la configuración paccionada del mismo había que estar. Pocos días después de la entrada en vigor del III Convenio Colectivo estatal de Contact Center, el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, publicado en el BOE el 29 de junio y en vigor desde el 30 de junio, modifica el artículo 37.3 b) del ET, configurando un permiso de «cinco días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguineidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja a de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella». Como consecuencia de esta modificación legal, la Comisión Paritaria de Interpretación del III Convenio Colectivo del Contact Center, se reunió el día 12 de julio de 2023 y acordó que «a efectos de los establecido en el art 30.b., se aplicarán los días de permiso establecidos por el ET vigente siendo el modo de disfrute el pactado convencionalmente». Lo que hace la Comisión Paritaria, como no podía ser de otra forma, es reconocer que el permiso se ampliaba de tres a cinco días, si bien mantuvo que el disfrute se haría de acuerdo a lo pactado convencionalmente, lo que suponía que el precepto convencional se modificaba, pasando de tres a cinco días, pero se mantenía que el permiso se debería seguir disfrutando «de forma continuada dentro de lo diez días naturales, a partir del primer día laborable». Llegados a este punto, debemos concluir que la ampliación legal del permiso controvertido a cinco días, que se mantiene en la actualidad, así como la modificación parcial efectuada por la Comisión Paritaria, hizo desaparecer la mejora convencional, pues ahora el número de días concedidos en el convenio era y es el mismo que el previsto en la norma legal. Conclusión a la que también ha llegado la STS de 13 de noviembre de 2025 (Rec. 128/2024), que confirma nuestra sentencia de 20 de enero de 2024 (Prod. 275/2023), en la que la controversia suscitada era si los cinco días de permiso del artículo 30.1 b) del III Convenio Colectivo estatal de Contact Center, al afirmar en su Fundamento Jurídico Tercero, que «la redacción convencional, tras la modificación estatutaria y el Acta de la Comisión Paritaria de 12 de julio de 2023, ofrece el mismo número de días de permiso, de forma que desde un punto de vista cuantitativo no mejora las previsiones del ET, solo las iguala», reiterando que «no se aprecia en la regulación convencional mejora alguna». Por lo tanto, en el momento actual al no apreciarse que el artículo 30.1 b) del III Convenio Colectivo suponga una mejora respecto al artículo 37.3 b) del ET, decae la posibilidad de anclar la legalidad del inciso controvertido en la existencia de una mejora. Nos queda determinar, en segundo lugar, si el inciso del precepto impugnado resulta ajustado a derecho a tenor de la configuración del permiso establecida en el artículo 37.3 b) del ET. Para ello debemos partir de que tres son las previsiones que se contienen en dicho inciso, por un lado, una relativa al momento del inicio del disfrute del permiso cuando señala que éste se producirá «a partir del primer día laborable para la persona trabajadora en que se produzca el hecho causante, inclusive»; por otro lado, en lo relativo al modo de disfrute, éste se producirá «de forma continuada»; y, finalmente, respecto al arco temporal de su disfrute al establecer que será «dentro de lo diez días naturales». En cuanto a la primera de las previsiones, es de plena aplicación lo resuelto por el Tribunal Supremo en su sentencia de 4 de febrero de 2026 (Rec. 251/2024), por cuanto aborda precisamente el momento inicial a partir del cual se puede iniciar el permiso previsto en el artículo 37.3 b) del ET interpretando y concluyendo que el inicio de este permiso a tenor de su configuración no puede vincularse al momento del hecho causante, dado que «de la naturaleza y finalidad del permiso en cuestión, resultaría que una vinculación de su inicio al evento que lo propicia, implicaría a todas luces una devaluación de su potencial protector, al impedir, como ya se ha dicho, una adecuada planificación de la asistencia a la persona necesitada de ella», de suerte que «que los permisos para cuidados de familiares a los que se refiere el artículo 37.3 b) del ET, no pueden administrarse de forma tal que su inicio se vincule necesariamente al evento del que dependen, sin dejar por ello margen para una distribución racional que permita una asistencia planificada y más eficaz de la persona con necesidades en función de las circunstancias concurrentes». En consecuencia, la previsión del artículo 30.1 b) del III Convenio Colectivo estatal de Contact Center al vincular el inicio del disfrute al hecho causante resulta contraria al artículo 37.3 b) del ET y debemos declarar su ilegalidad. En relación a la segunda y tercera de las previsiones que establece el artículo 30.1 b) del III Convenio Colectivo de Contact Center en lo atinente a que debe ser disfrutado de forma continuada en un plazo 10 de días, debemos partir de la constatación de que el artículo 37.3 b) del ET nada dice sobre si el disfrute debe ser continuado o puede ser alternativo y si puede sujetarse a un arco temporal determinado, lo que, ab initio, ya nos conduce a concluir que el precepto convencional está introduciendo dos previsiones que no estando previstas en el artículo 37.3 b) del ET restringen injustificadamente el uso del permiso legal, lo que debe llevarnos a declarar su ilegalidad. No obstante, cabe preguntarse si esas dos previsiones convencionales pudieran tener encaje en la mera interpretación del precepto legal, sin efectuar comparación alguna entre el convenio y la norma legal, o dicho de otra forma, si la cuestión controvertida solo versase sobre la interpretación el artículo 37.3 b del ET. Esta Sala considera que, si bien respecto al arco temporal cabe la aplicación directa de la STS de 4 de febrero de 2026 (Rec. 251/2024), dado que si ya se ha establecido que no se puede vincular el día de inicio a la fecha del hecho causante, las mismas razones expuestas ut supra deben llevar a considerar que no es posible vincular el permiso a un concreto arco temporal, ambos aspectos deben ser interpretados a la luz de los criterios manejados en la antecitada sentencia del Tribunal Supremo. En efecto, el Tribunal Supremo en la interpretación del artículo 37.3 b del ET utiliza dos criterios fundamentales, el finalístico y el contexto sociológico. A tenor del primero considera que «los permisos en cuestión se vinculan a una enfermedad o dolencia y, de manera más precisa, a la asistencia tanto sanitaria (hospitalaria o no), como la personal vinculada a la recuperación del paciente. Como consecuencia de ello, resulta que las necesidades de ayuda, atención o seguimiento de un paciente por parte de sus familiares no se agota en los (5) días del permiso inmediatamente consecutivos al evento considerado y, por el contrario, pueden extenderse durante un periodo indeterminado y mucho más amplio, sin que por ello mengüen o desparezcan aquellas necesidades de asistencia», concluyendo que «que el permiso considerado tiene por finalidad principal la atención al paciente que puede necesitar ayuda y asistencia en un periodo prolongado e indeterminado de tiempo, sometido, según los casos, a diferentes eventos con relevancia médica, como sucede en el concreto caso de la hospitalización». En consideración al segundo, «España se incluye en lo que la doctrina, de manera unánime y generalizada, ha calificado como estado del bienestar de tipo mediterráneo, esto es, aquel que, entre otras notas y por lo que ahora interesa, asienta una parte de su diseño en factores sociales que canalizan a través de la familia la cohesión, la protección y, en definitiva, las necesidades asistenciales y de cuidado de las personas», de ahí que diga que «nuestra valoración se asienta de manera fundamental, no solo en la consideración del derecho de la persona trabajadora afectada, sino también y de manera determinante, en el interés de la persona necesitada de los cuidados, con respecto a la cual el permiso que ahora nos ocupa constituye, con independencia de la opinión que ello merezca, una pieza más de las posibilidades asistenciales». Atendiendo a los anteriores criterios interpretativos, consideramos que establecer tanto un arco temporal para el disfrute del permiso como un modo de disfrute continuado puede afectar a la finalidad perseguida con el permiso, que no es otra que el cuidado del familiar, así como obviar el interés de la persona necesita de cuidados, por cuanto esta necesidad de cuidado bien puede prolongarse durante un tiempo superior a los diez días establecidos, de suerte que manteniéndose el hecho causante se limita el disfrute de forma rígida a un plazo determinado sin que se vislumbre razón empresarial alguna que justifique esta restrictiva configuración del disfrute, o bien puede que requiera ser atendida de forma alterna y no continuada, de suerte que la imposición de un modo continuado puede erigirse en un obstáculo insalvable para una real y eficaz planificación de la atención y cuidado de la persona que da lugar al hecho causante del permiso. Estamos, por tanto, ante dos previsiones que desde la estricta óptica del plano legal, el artículo 37.3 b) del ET, son contrarias a derecho. Señala el sindicato USO en su demanda que debe también aplicarse el criterio de interpretación de la perspectiva de género. En este punto esta Sala debe hacer suyo el criterio establecido en la STS de 4 de febrero de 2026 (Rec. 251/2024), En efecto, se dice en la sentencia, que «aunque es también obvio que tales responsabilidades de cuidado a familiares se han asumido tradicionalmente por las mujeres en mayor medida que por lo hombres, entendemos que no resulta decisiva en el caso la interpretación con perspectiva de género a la que se alude en la sentencia de la Salade instancia. En numerosas ocasiones hemos aplicado criterios interpretativos con perspectiva de género (SSTS de 26septiembre 2018 –rcud. 1352/2017–, de 13 de noviembre de 2019 –rcud. 75/2018–, 576/2022 de 23 de junio –rec.646/2021–, 997/2022 de 21 de diciembre –rcud. 3763/2019–, 747/2022, de 20 de septiembre –rcud. 3353/2019–,entre otras muchas). Ello significa hacer posible en la mayor medida posible el principio general contenido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, acuyo tenor «La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas». Y, en definitiva, aplicar criterios hermenéuticos que se ajusten en la mayor medida posible a ese principio informador del ordenamiento jurídico, con objeto de garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Ahora bien, también hemos dicho que «No tiene sentido la invocación de la perspectiva de género cuando la norma a interpretar afecta exactamente por igual y sin distinción alguna a mujeres y hombres, de forma que carezca de cualquier incidencia en la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades, Bien al contrario, la indebida apelación a esa herramienta supone sin duda una cierta devaluación de tan relevante mecanismo legal para la interpretación de las leyes…» (STS 562/2025 de 10 de junio –rec. 3047/2023–). Pues bien, en el supuesto ahora considerado, la interpretación con perspectiva de género no parece decisiva en el caso, dado que la manera en que pueda utilizarse temporalmente un permiso resulta neutro en el ámbito de la protección de los derechos de la mujer. Y ello porque, siendo el objetivo principal del permiso considerado hacer posible la asistencia y protección de la persona con necesidades dentro del ámbito familiar, cualquier persona trabajadora, hombre o mujer, debe tener la oportunidad de utilizar el permiso considerado, no solo para proveer las necesidades de la persona objeto de atención, sino también para hacerlo en los mejores términos de organización, ya sea en solitario, ya sea en coordinación con otras personas del ámbito familiar que también contribuyen a dispensar la asistencia». Por tanto, esta Sala considera que en la presente controversia no resulta determinante, adicionar a los criterios finalista y de contexto social, la interpretación desde la perspectiva de género. Cuarto. Contra esta sentencia, sin perjuicio de su ejecutividad, cabe recurso ordinario de casación conforme el artículo 206.1 LRJS. En virtud de lo expuesto y vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación