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Resolución de 5 de agosto de 2026, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el Consorcio de Compensación de Seguros y la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, para la atención de la asistencia sanitaria futura derivada de accidentes de tráfico en el ámbito de la sanidad pública para los ejercicios 2026-2029.

Sezione di allegato primeroApartado primero. Que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 1 del Texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, el conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por los hechos de la circulación de tales vehículos, de los daños causados a las personas o en los bienes como consecuencia de esos hechos. Cuando se producen daños personales en accidentes de circulación, de acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, dentro del ámbito del aseguramiento obligatorio y con cargo al seguro de suscripción obligatoria, la entidad aseguradora habrá de satisfacer al perjudicado el importe de los daños sufridos en su persona. Siendo la entidad aseguradora del vehículo responsable del accidente la que ha de abonar los gastos. La Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, que en su artículo único modifica el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, establece un nuevo baremo con la finalidad de indemnizar los daños y perjuicios de la víctima de un accidente de circulación, de modo que su posición sea lo más parecida posible a la que tendría de no haberse producido el accidente. Para ello, se introducen nuevos conceptos resarcitorios que no estaban recogidos en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre. Uno de los aspectos más importantes de la citada reforma es el de la inclusión del resarcimiento de gastos previsibles de asistencia sanitaria futura, en el caso de secuelas, que se abonan directamente a los servicios públicos de salud. De conformidad con el artículo 113 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, el gasto de asistencia sanitaria futura compensa, respecto de las secuelas a que se refieren los apartados 3, 4 y 5, de dicho artículo, el valor económico de las prestaciones sanitarias en el ámbito hospitalario y ambulatorio que precise el lesionado de forma vitalicia después de que se produzca la estabilización de las lesiones. Para compensar el gasto de asistencia sanitaria futura al INGESA, las entidades aseguradoras adheridas al convenio, le abonarán las tarifas recogidas en el anexo I de este convenio una vez se produzca la estabilización de las lesiones, del lesionado en accidente de tráfico. En el año 2022 se suscribió un convenio con las entidades UNESPA y el CCS, con el objeto de regular la prestación de la asistencia sanitaria futura y su contraprestación económica, habiendo finalizado la vigencia de dicho convenio el 31 de diciembre de 2025. Segundo. Que los Estatutos de UNESPA, aprobados en Asamblea General extraordinaria del 14 de diciembre de 2005, y modificados por la Asamblea General Ordinaria del día 4 de mayo de 2023, establecen que es una asociación profesional de empresarios sin ánimo de lucro, órgano con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, rigiéndose por estos Estatutos y lo dispuesto con carácter general en la Ley 19/1977, de 1 de abril. De acuerdo con el artículo 5.a) de los citados Estatutos, a UNESPA le corresponde «Representar, gestionar y defender los intereses profesionales, económicos y sociales comunes a las entidades asociadas ante toda clase de personas, organismos y organizaciones públicas o privadas, nacionales e internacionales, con pleno respeto a los principios de libertad de empresa y libre competencia». Tercero. Que el CCS es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones; que tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, y su específico marco de actuación viene determinado por su Estatuto Legal aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Legal del CCS, y desempeña funciones en el ámbito del seguro, destacando entre otras, en lo que se refiere a este convenio, las que se señalan en el artículo 6 relacionadas con la cobertura de los riesgos extraordinarios sobre los daños de las personas en relación con el seguro obligatorio de automóviles. Al CCS le corresponde, entre otras, las siguientes funciones, de acuerdo con el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre: indemnizar a quienes hubieran sufrido daños en su persona, por siniestros ocurridos en España, en aquellos casos en que el vehículo a motor causante sea desconocido, en caso de accidentes ocasionados por cualquier vehículo a motor no asegurado que circule a pesar de no disponer de autorización para hacerlo, por estar dado de baja temporal o definitivamente en el registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico, indemnizar los daños a las personas ocasionados por un vehículo a motor que esté asegurado y haya sido objeto de robo o robo de uso, e indemnizar por daños a las personas en los supuestos en los que surja controversia entre el CCS y la entidad aseguradora acerca de quién debe indemnizar al perjudicado. Cuarto. Que el INGESA surge a raíz del Real Decreto 840/2002, de 2 de agosto, por el que se modifica y desarrolla la estructura básica del Ministerio de Sanidad y Consumo. Mediante dicha norma, el Instituto Nacional de la Salud pasa a denominarse Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), conservando el régimen jurídico, económico, presupuestario y patrimonial y la misma personalidad jurídica y naturaleza de Entidad Gestora de la Seguridad Social. El Real Decreto 718/2024, de 23 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad establece en el artículo 2.4 que el INGESA se adscribe a la Secretaría de Estado de Sanidad. La actual organización y funcionamiento del INGESA se encuentra regulada en el Real Decreto 118/2023, de 21 de febrero, y establece entre las competencias del artículo 2, la gestión de las prestaciones sanitarias en el ámbito de las ciudades de Ceuta y Melilla, así como la realización de cuantas otras actividades sean necesarias para el normal funcionamiento de sus servicios. Quinto. Que UNESPA y el CCS, al no contar con los medios técnicos, ni los profesionales necesarios para prestar la asistencia sanitaria futura que precisen los lesionados por hechos de la circulación, han acordado con el INGESA realizar un convenio, de conformidad con el artículo 114.2 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre. De acuerdo con lo anterior UNESPA, el CCS y el INGESA han establecido el acuerdo correspondiente por el que se articulan las prestaciones a realizar y los pagos correspondientes a dichas prestaciones sanitarias derivadas de accidentes de tráfico, siendo este instrumento jurídico, establecido para conseguir dicho fin común, el más adecuado. El INGESA de conformidad con lo señalado en el artículo 83 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en la disposición adicional décima del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como en el artículo 2.7 y en el apartado 4 b) del anexo IX, del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, reclamará a los terceros obligados al pago el importe de las atenciones o prestaciones sanitarias facilitadas directamente a las personas, en los supuestos de existencia de seguro obligatorio de vehículos de motor. Asimismo, el apartado 5) del citado anexo IX establece que, en los convenios o conciertos con otros organismos o entidades, se reclamará el importe de la asistencia prestada, de acuerdo con los términos del convenio o concierto correspondiente. Sexto. Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 8.3 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, para agilizar la asistencia a los lesionados de tráfico, el asegurador podrá adherirse a los convenios sectoriales de asistencia sanitaria para lesionados por accidentes de circulación. Tal y como se ha venido señalando y al no disponer las entidades aseguradoras y el CCS de los medios técnicos ni personales necesarios para prestar asistencia sanitaria a lesionados en accidentes de circulación, medios de los que el INGESA sí dispone, se ha alcanzado un acuerdo de colaboración lo que justifica como instrumento jurídico el presente convenio de conformidad con lo señalado en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En virtud de lo expuesto, las partes se reconocen capacidad suficiente para obligarse en las respectivas representaciones que ostentan y de común acuerdo convienen las siguientes

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Citenza

Intelligenza giuridica con fonti verificabili, di Datons.

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