Una administración de calidad debe tener un buen sistema de empleo público, y para ello es necesario abordar las transformaciones oportunas para poder continuar atrayendo talento a la Administración y garantizar a la ciudadanía la prestación de unos servicios públicos de calidad.

A tal efecto, la Administración está inmersa en un proceso de actualización de los procesos selectivos de la Administración General del Estado y de su adaptación a las nuevas circunstancias de relevo generacional y a las necesidades de talento que requiere la gestión pública del siglo XXI.

En el marco de este proceso, producido al amparo del Plan de captación de talento en la Administración General del Estado, se realizaron durante 2021 debates públicos con personas expertas en la materia provenientes de las universidades, asociaciones, sindicatos, comunidades autónomas, organizaciones internacionales y del propio cuerpo opositor, para reflexionar conjuntamente sobre los grandes retos en selección.

A partir de las múltiples aportaciones, se publicó el documento Orientaciones para el cambio en materia de selección en la Administración General del Estado. En el mismo están las claves para acometer el objetivo de crear un modelo propio de selección que se ajuste a las demandas del siglo XXI, y que continúe garantizando el derecho a acceder en condiciones de igualdad y de acuerdo con los principios de mérito y capacidad al empleo público.

Entre los elementos que se han de afrontar para ello se encuentran los órganos de selección, pues la mejora de los procesos selectivos también requiere avanzar en la profesionalización y cualificación técnica de los órganos de selección, alcanzar un mayor nivel de transparencia en la designación de los tribunales examinadores y generar las estructuras adecuadas para poder afrontar las pruebas selectivas de los procesos con mayor agilidad.

Es en este contexto donde surge la necesidad de afrontar una transformación de la Comisión Permanente de Selección (CPS), órgano adscrito al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) por el artículo 8 de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 464/2011, de 1 de abril.

La CPS, regulada por la Orden TFP/516/2019, de 30 de abril, por la que se determina la composición y funcionamiento de la Comisión Permanente de Selección, es el órgano encargado en la actualidad de los procesos selectivos de acceso a cinco Cuerpos de la Administración General del Estado: los cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado, de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, General Administrativo de la Administración del Estado, Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado y General Auxiliar de la Administración del Estado.

En los últimos años, los procesos selectivos para el acceso a estos cuerpos han visto cómo se incrementaba el número de plazas y de solicitudes, imponiendo un aumento de la carga de trabajo en su gestión para la Comisión Permanente de Selección, que ha de asumir además tareas en relación con la revisión de los procesos de promoción interna acordada en la Mesa General de Negociación de la AGE sobre la OEP para 2022.

Con dicho aumento se ha intensificado uno de los principales problemas de nuestro modelo de selección: la falta de acompasamiento entre el momento en el que se aprueba la OEP y el momento en el que se ejecuta a través de la convocatoria del proceso selectivo, su posterior resolución y el nombramiento final del personal funcionario de carrera. Un aspecto que la Administración General del Estado se ha comprometido a abordar en el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la AGE sobre la OEP para 2022, acordando con los sindicatos tomar medidas para agilizar los procesos selectivos. Así se ha plasmado en el Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público (OEP) para el año 2022, estableciendo además en su disposición adicional quinta que, en aras de esa agilidad buscada, los procesos selectivos derivados de la oferta deberán publicarse antes del 31 de diciembre de 2022, y en ellos deberán acumularse las plazas correspondientes a ofertas de empleo público de 2020 y 2021 que aún no hubieran sido convocadas.

Si bien los plazos se están acortando ya a través del uso del pleno potencial de las tecnologías de la información y comunicaciones, así como de la reducción del número de ejercicios unificando las pruebas que sean compatibles, es necesario también afrontar un refuerzo de la CPS a nivel orgánico.

Esta orden dota así de una nueva estructura al órgano, con el objetivo de proveerle de los medios personales adecuados para poder gestionar estos procesos con mayor agilidad y eficacia, potenciando su labor como órgano central en la selección y atracción de talento de la Administración.

Refuerza, además, la igualdad del mismo, promoviendo la inclusión en su estructura de personas con discapacidad, en particular para su participación en los procesos en los que exista turno de reserva para este colectivo, en la línea de lo establecido en la OEP para el año 2022, en su artículo 3.12.

De esta forma, su estructura pasa de 15 a 47 integrantes, además de articular un nuevo modelo de funcionamiento por el que la CPS se subdividirá en unidades de evaluación. Las unidades de evaluación tendrán asignados distintos procesos selectivos, con el objetivo de poder simultanear las convocatorias y ejecución de las mismos y agilizar los plazos.

Al mismo tiempo, la reforma quiere también avanzar en la profesionalización y cualificación técnica de los órganos de selección, en la línea del documento de Orientaciones para el cambio en materia de selección, y dotar de mayor transparencia la designación de la CPS.

En este sentido, un elemento de mejora en relación a los órganos de selección consiste en la designación de sus miembros, que no se realiza a través de procesos abiertos, públicos o concurrenciales.

Para ello, en esta orden se crea una bolsa de personal funcionario interesado en participar en los órganos de selección, con el objetivo de que se convierta en el método de elección de los miembros de la CPS. Se trata de un paso hacia un modelo en el que impere la transparencia en la composición de los órganos de selección.

Junto a ello, se establece, por un lado, un sistema de rotación que contribuya a eliminar sesgos y dotar de mayor dinamismo al órgano. Por otro lado, se introduce un mandato a la Presidencia de la CPS para que, para facilitar esa eliminación de sesgos, se impulse capacitación específica en igualdad de género y formación específica en materia de discapacidad y particularmente en lo relativo a la accesibilidad y elementos o recursos de apoyo que garanticen dicha igualdad de trato. Además, se facilita que el órgano pueda estar auxiliado por personas colaboradoras especializadas en estos ámbitos.

Por último, para dotar de mayor transparencia al órgano, se prevé la publicación en la web de un breve currículo profesional de las personas que formen parte mismo, comprensivo de sus titulaciones académicas y formación profesional más relevante, su destino actual y su experiencia profesional previa, previsto tanto en el documento de Orientaciones para el cambio en materia de selección como en la OEP para el año 2022 en su artículo 3.14.

Con todo ello, se articula un nuevo modelo de la CPS con el que afrontar los procesos selectivos a su cargo de una forma más ágil, eficaz, eficiente y profesionalizada. Además, se incluye una referencia explícita a que los procesos selectivos se realizarán en el territorio, contribuyendo con ello a la democratización en el acceso a la función pública en la línea de lo establecido en el documento de Orientaciones para el cambio en materia de selección y en la OEP para el año 2022 como principio orientador.

Esta orden se adecua a los principios de buena regulación del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, se cumplen los principios de necesidad y eficacia, al justificarse su contenido por razones de interés general, como es la de tener un órgano de selección de los procesos masivos de los cuerpos generalistas de la Administración General del Estado capaz de afrontarlos de forma simultánea y con agilidad, en el marco de los principios de acceso al empleo público de igualdad, mérito y capacidad, tal y como reclama la ciudadanía. Además, se cumple también el principio de proporcionalidad, pues como puede inferirse del análisis de su contenido se establece la regulación imprescindible para alcanzar estrictamente los objetivos perseguidos. Todo ello con pleno respeto al principio de seguridad jurídica, al regularse por el rango normativo correspondiente y resultar coherente con el ordenamiento jurídico. Por último, en relación con el principio de eficiencia, garantiza el uso eficiente de los recursos públicos dado que la membresía al órgano no supone retribuciones, siendo estas las devengadas por las asistencias reguladas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, que dependen de los procesos selectivos y no de la composición de la Comisión Permanente de Selección.

De igual modo, se adecua a las previsiones establecidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en materia de organización y funcionamiento de los órganos colegiados.

En su virtud, dispongo:

Orden HFP/266/2023, de 12 de marzo, por la que se determina la composición y funcionamiento de la Comisión Permanente de Selección.

Preamble Preámbulo