La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, en su artículo 43.3 establece que, con el objeto de mejorar la calidad de la enseñanza mediante su validación con respecto a sus finalidades, ésta estará sometida a un proceso continuado de evaluación por los procedimientos que reglamentariamente se determinen y que atenderán a los criterios definidos en el sistema educativo general.

Una vez actualizado el marco general para el aseguramiento, evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza en las Fuerzas Armadas a través del Real Decreto 93/2022, de 1 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la calidad de la enseñanza militar y de su evaluación, se hace necesario desarrollarlo elaborando las normas para llevarla a cabo.

La consolidación de la excelencia de la enseñanza militar es un objetivo prioritario, y se alcanzará mediante la evaluación de las competencias profesionales adquiridas y el establecimiento de los respectivos sistemas de aseguramiento de la calidad y su posterior verificación, tanto en los centros docentes militares como en los organismos de gestión de la enseñanza. El compromiso y la participación activa de los órganos que intervienen en el proceso evaluador y en la propia enseñanza, como ha sido hasta este momento, es imprescindible para el buen logro del objetivo.

Corresponde por todo ello, desarrollar el proceso de evaluación, la composición de los órganos que han de gestionar el proceso, fijar el calendario de ejecución, definir los sistemas de aseguramiento de la calidad, y disponer la forma y el contenido de los informes que resulten, para que, de acuerdo con las conclusiones que se obtengan, si se detecta alguna desviación o inadecuación, efectuar las modificaciones que favorezcan la mejora de la enseñanza militar.

La evaluación del sistema de enseñanza militar, en su dimensión general, se sitúa en el ámbito de la Subsecretaría de Defensa, sin perjuicio de las competencias que en esta materia correspondan al Jefe de Estado Mayor de la Defensa y a los Jefes de Estado Mayor de los respectivos Ejércitos y de la Armada.

Esta norma se adecúa a los principios de buena regulación conforme a los cuales deben actuar las Administraciones Públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Desde el punto de vista de los principios de necesidad y eficacia, se trata de un instrumento necesario y adecuado para servir al interés general y a la efectiva ejecución de las políticas públicas del Gobierno en las materias responsabilidad del Ministerio de Defensa. De igual modo, la norma garantiza el principio de proporcionalidad, pues no existe otra alternativa para lograr los objetivos propuestos y el de seguridad jurídica, al ejercerse de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico para generar un marco normativo integrado y estable.

Con respecto al principio de eficiencia, no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y, con respecto al gasto público, cabe señalar que no es precisa la modificación de ninguna partida presupuestaria y, por tanto, que el impacto presupuestario es nulo.

Asimismo, es conforme con las exigencias del principio de transparencia, ya que sus objetivos están claramente definidos. Así, durante su tramitación, esta orden ministerial fue informada por las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y se dio conocimiento de la misma al resto de las asociaciones profesionales inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio. Con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.c) de la citada ley orgánica, fue informada por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. De igual modo, y de conformidad con el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se ha dado trámite de audiencia pública en la sede electrónica del Ministerio de Defensa.

Finalmente, en virtud al artículo 26.5, párrafo primero, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, fueron solicitados sendos informes a los entonces Ministerios de Universidades y de Educación y Formación Profesional.

En su virtud, dispongo:

Orden DEF/196/2024, de 26 de febrero, por la que se aprueban las normas de la calidad de la enseñanza militar y de su evaluación.

Preamble Preámbulo

Article único

Provision adicional única

Provision transitoria única

Provision derogatoria única

Provision final primera

Provision final segunda

CAPÍTULO I

Preamble Preámbulo

Sección 1. Subsección 1

Article 4