Article 3Entidades beneficiarias

1. Podrán tener la condición de beneficiarias al amparo de esta orden las empresas, entendiendo como tales a todas aquellas entidades que ejerzan una actividad económica, independientemente de su forma jurídica y de su financiación. Asimismo, deberán tener personalidad jurídica propia, estar válidamente constituidas y tener domicilio fiscal en España.

2. No obstante, a efectos de la presente orden y de las convocatorias asociadas, no tendrán la consideración de empresas:

a. Personas físicas, trabajadores autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles o sociedades colectivas. b. Agrupaciones de interés económico, UTES, sociedades de inversión mobiliarias y patrimoniales. c. Asociaciones, fundaciones, congregaciones e instituciones religiosas y otras entidades sin ánimo de lucro, aunque tuviesen actividad económica. d. Organismos de investigación, universidades, centros de formación y otros centros públicos o privados de I+D+I, cualquiera que sea la forma que adopten. e. Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal que estén inscritos en el registro de centros creado por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el Registro de tales Centros.

3. Las convocatorias podrán precisar las condiciones que deberán cumplir las entidades para ser consideradas como beneficiarias, en los términos establecidos en las mismas y siempre que cumplan los requisitos exigidos en cada caso.

4. En todo caso, no podrán adquirir la condición de beneficiarias:

a. Las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 13.2, 3 y que incumplan de acuerdo con lo previsto en el apartado 3. Bis del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004 del 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. b. Las entidades que tengan deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, o estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común. c. Las entidades que, teniendo obligaciones de depósito de cuentas anuales en registro oficial, no se hallen al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda o fecha que determine la convocatoria. d. Las empresas en crisis, conforme a la definición del anexo I de la orden y del artículo 2, apartado 18 del Reglamento (UE) núm. 651/2014, de 17 de junio de 2014. El análisis sobre la consideración de empresa en crisis se realizará atendiendo a las últimas cuentas que figuren depositadas en el Registro Mercantil o registro equivalente, o excepcionalmente a las cuentas auditadas por auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. En el caso de que la empresa pertenezca a un grupo, con carácter general se tendrá en cuenta la situación del grupo, siempre que consten cuentas consolidadas debidamente depositadas. e. Las entidades del sector público enumeradas en el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como aquellas sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, del sector público sea superior al 50 por 100, o en los casos en que sin superar ese porcentaje, se encuentre respecto de las referidas entidades en el supuesto previsto en el artículo 42 del Código de Comercio.