Article 5Presentación de solicitudes

1. La presentación de solicitudes se realizará obligatoriamente por vía electrónica, quedando acreditado que las personas interesadas tienen acceso y disponibilidad de los medios técnicos necesarios para ello.

2. La solicitud se cumplimentará electrónicamente conforme al contenido e indicaciones recogidas en el modelo y a las instrucciones que serán publicadas en la sede electrónica asociada del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de un máximo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo ésta establecer un plazo menor.

4. En su solicitud, y conforme el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las personas interesadas deberán aportar los datos y documentos que acrediten la concurrencia de su situación socioeconómica y académica, así como el cumplimiento de los requisitos que establezca la convocatoria. No obstante, cuando esos datos consten en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, el órgano instructor podrá realizar las verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, salvo que la persona interesada se opusiera a ello, en cuyo caso estará obligada, con carácter general, a aportar copia de documentación acreditativa correspondiente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Podrá admitirse la acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria mediante declaración responsable en los supuestos contemplados en el artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

5. La presentación de solicitudes se realizará mediante certificado electrónico, sistema «Cl@ve», o bien por los sistemas de identificación y de firma admitidos para las personas interesadas que se determinen en cada convocatoria, conforme a lo previsto en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

6. La presentación por vía electrónica permitirá la inscripción en línea en el modelo oficial, la presentación de los documentos requeridos en la convocatoria, el registro electrónico de la solicitud, la modificación de la solicitud ya registrada durante el plazo de inscripción, y la subsanación de la misma, cuando proceda, durante el plazo otorgado a estos efectos.

7. Si una incidencia técnica debidamente acreditada imposibilitara el funcionamiento ordinario de los sistemas y aplicaciones, la persona titular de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, podrá aprobar mediante acuerdo la ampliación del plazo de presentación de solicitudes, conforme a lo previsto en el artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

8. La presentación de la solicitud conlleva la aceptación por la persona solicitante de las bases por las que se rige la convocatoria.

9. En el caso de que la solicitud o documentos presentados no reúnan los requisitos exigidos, se abrirá un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación, para que la persona solicitante subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciese, se le tendrá por desistida de su petición, conforme a lo previsto en artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

10. La inexactitud, falsedad u omisión en los datos o manifestaciones que se hagan constar en la solicitud o en la declaración responsable, así como la falta de acreditación de los requisitos exigidos, una vez requerida su subsanación y transcurrido el plazo previsto en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de estos hechos y la iniciación del correspondiente procedimiento para el reintegro, en su caso, de las cantidades cobradas indebidamente.