Orden PJC/917/2026, de 25 de agosto, por la que se aprueba el Contrato de Gestión de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para el período 2026-2029.
Annex UNICO
Contrato de Gestión de la Agencia Estatal «Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo» 2026-2029
1. Misión y visión de la Agencia Estatal AECID
1.1 La misión de la AECID: Objeto, competencias y funciones.
La misión de la Agencia Estatal «Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo» (en adelante, AECID o la Agencia) viene establecida legalmente en el artículo 31.1 de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, que la define como una «…agencia estatal de las previstas en el artículo 84.1.a).3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, responsable del fomento, programación, coordinación operativa, gestión y ejecución de las políticas públicas de la Cooperación española para el desarrollo sostenible, acción humanitaria y educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global». El Estatuto de la AECID, aprobado por Real Decreto 1246/2024, de 10 de diciembre, recoge la previsión legal y concreta la misión en su artículo 2, en el que se establecen su objeto y fines, y en el artículo 5, en el que se señalan las funciones que desarrollará la Agencia para el cumplimiento de sus fines. De acuerdo con ello, la AECID, como piedra angular del sistema de cooperación español, representa y canaliza la solidaridad de la ciudadanía española en alianza con otros actores comprometidos con el desarrollo sostenible e inclusivo. La cooperación realizada por la AECID busca promover el progreso y desarrollo de un mundo más justo, sostenible y próspero, y tiene los siguientes fines:
a) Contribuir a la construcción de sociedades y economías que pongan a las personas en el centro, mediante la reducción de las desigualdades y la lucha contra la pobreza y todo tipo de discriminación, el impulso de la igualdad de género desde un enfoque de cooperación feminista e interseccional, y la promoción del respeto y defensa de los derechos humanos y la diversidad cultural.
b) Apoyar y promover la preservación del planeta mediante el apoyo a los países socios en la lucha contra las grandes crisis globales medioambientales, incluida la del cambio climático, así como una transición ecológica justa que no deje a nadie atrás.
c) Generar oportunidades para un mundo más próspero, impulsando la construcción de economías incluyentes y que generen empleo digno, el acceso igualitario a los medios de vida y a los servicios sanitarios, educativos y culturales, y la promoción de la cultura a través del impulso de la acción y la cooperación cultural para el desarrollo sostenible.
d) Construir y promover la paz, la justicia y la solidaridad global a través del fortalecimiento de los sistemas democráticos y el estado de derecho, la libertad y la seguridad humanas; y la sensibilización y educación para el desarrollo y la ciudadanía global, así como mediante una acción humanitaria basada en los principios humanitarios establecidos internacionalmente y una visión integrada de las dimensiones humanitaria, de desarrollo y de construcción de la paz.
e) Trabajar en alianza, construyendo, manteniendo y fomentando las alianzas multiactor y multinivel con el resto de los actores que contribuyen al desarrollo sostenible a escala global y con los países socios.
f) Constituir una organización flexible y dinámica que proporcione una respuesta adaptada a las necesidades de sus socios, comprometida con el aprendizaje y la innovación y el fomento del desarrollo profesional de su personal.
1.2 La visión de la AECID.
La AECID aspira a ser un actor con influencia global, que construye junto con sus socios un mundo más justo, sostenible y próspero y que sea capaz de responder a sus desafíos, apostando por la excelencia y la innovación, maximizando el impacto de sus acciones y rindiendo cuentas de su actuación a la ciudadanía española y la de nuestros países socios. Desde su identidad propia en el seno de la Cooperación española y europea, la AECID quiere ser reconocida por la excelencia, la fiabilidad, la agilidad y la cercanía a las personas, y por una cultura de comportamiento ético. De acuerdo con el artículo 8 del Estatuto de la AECID, sus principios de actuación serán los de las Administraciones públicas y los recogidos en el artículo 2 de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, y, además, los siguientes:
a) Autonomía y responsabilidad.
b) Transparencia en su actuación, así como rendición de cuentas.
c) Excelencia organizativa, calidad y mejora continua.
d) Cooperación interadministrativa e interinstitucional.
e) Participación y escucha activa.
f) Ética profesional y responsabilidad pública.
g) Deber de cuidado para con todo su personal.
h) Accesibilidad universal.
i) Apropiación, alineamiento y armonización.
j) Sostenibilidad económica, social y medioambiental.
k) Orientación a resultados.
2. Necesidad, objeto y contenido del Contrato de Gestión
En los últimos años se ha producido una transformación de las características del progreso humano, tanto en lo relativo a sus avances cuantitativos como a los patrones que lo rigen, y también en cuanto a la naturaleza y envergadura de los desafíos que debe afrontar. La combinación de crisis superpuestas, incluido un número de conflictos activos en el mundo sin precedentes en las últimas décadas; un mayor nivel de heterogeneidad en el desarrollo de los países, la emergencia de nuevos actores de cooperación y la pérdida del peso relativo de los flujos oficiales en beneficio de los privados, junto a una mayor necesidad de financiación para el desarrollo sostenible, hace necesario, por un lado, diseñar marcos de cooperación más flexibles y, por otro, avanzar en la asociación estratégica entre actores y dar un papel más relevante a modalidades de cooperación, como la cooperación financiera, con mayor capacidad de movilizar recursos, sin olvidar la atención a las necesidades humanitarias, que han experimentado un crecimiento sustancial en los últimos años. Además, la revolución tecnológica actual está transformando la sociedad y va a tener un impacto directo en la manera de hacer cooperación para el desarrollo, en los propios sectores de cooperación, así como en la naturaleza de las organizaciones que se dedican a ello. Bajo la dirección estratégica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Cooperación española, en general, y la AECID, en particular, deben afrontar ahora un desafío de grandes proporciones para dar la respuesta necesaria, por un lado, a las exigencias del contexto actual del desarrollo y de las crisis mundiales y, por otro, a los compromisos derivados de la Agenda 2030, cuyos últimos años de vigencia son precisamente los que abarca este Contrato de Gestión. Ello supone, más que nunca, definir una estrategia de cooperación con identidad propia y con prioridades claras en el marco del vigente Plan Director de la Cooperación española 2024-2027, desarrollar y potenciar nuevos modos de hacer cooperación, apostar por la agilidad y la eficacia, promover la concertación con otros actores para trabajar juntos, apalancar recursos adicionales procedentes de otros sectores menos implicados habitualmente con la cooperación, ampliar la participación en iniciativas globales, y, por supuesto, avanzar en la senda de incrementos presupuestarios con el objetivo, marcado por la ley, de alcanzar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta en el horizonte del año 2030. En este contexto, la Cooperación española y la AECID van a tener que dotarse de nuevas herramientas y capacidades. Por ello, el sistema de cooperación español está inmerso en un proceso de reforma que se basa en tres grandes transformaciones: – Legislativa, con la Ley 1/2023, de 20 de febrero, que pone al día los objetivos, instrumentos y marco institucional de la Cooperación española para ajustarse al contenido de la Agenda 2030, al reto del cambio climático y la preservación del planeta y al nuevo marco europeo consecuencia del Consenso Europeo de Desarrollo. En ella se renueva el diseño institucional y la gobernanza del sistema en su conjunto, a fin de establecer una estructura más integrada y una actuación más coordinada, estratégica y eficaz, asegurando la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. La ley otorga a la AECID un lugar central como piedra angular del sistema, trabajando en estrecha colaboración con el resto de los actores dentro de la dirección política que, de acuerdo con el artículo 25.1 de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, ejerce el del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional sobre la cooperación para el desarrollo sostenible de la Administración General del Estado y organismos dependientes, incluida la propia AECID. – Institucional y profesional, que implica cambios legales –ya llevados a cabo en su totalidad– en otras disposiciones clave, como el nuevo Estatuto de la Agencia (y, consecuentemente, el presente Contrato de Gestión), el Estatuto de las personas cooperantes (aprobado por el Real Decreto 708/2024, de 23 de julio), la reforma de la normativa de subvenciones en materia de cooperación internacional (Real Decreto 188/2025, de 11 de marzo) y la reforma de la cooperación financiera (Real Decreto 810/2025, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES, F.C.P.J.). – Presupuestaria y financiera. El objetivo primordial es que el nuevo sistema de la Cooperación española pueda dedicar el 0,7% de la RNB a Ayuda Oficial al Desarrollo en 2030, alentando la movilización de recursos adicionales conforme a la Agenda de Acción de Addis Abeba y el Compromiso de Sevilla 2025 fruto de la 4.ª Conferencia Internacional de Financiación del Desarrollo. En este sentido, en 2022 y 2023 los Presupuestos Generales del Estado han incrementado el presupuesto de la AECID en torno a un 100% (de aproximadamente 360 millones de euros en 2021 a más de 700 en 2023). Al mismo tiempo, se introduce un compromiso para que la acción humanitaria de la Cooperación española alcance el 10% de nuestra AOD. Además de estos cambios regulatorios y estructurales, es necesario implantar en la AECID una nueva cultura de trabajo, basada en el aprendizaje y la innovación, apoyada en un moderno y audaz enfoque tecnológico, con capacidad de adaptación a los cambios futuros y abierta a la colaboración entre actores y a los requerimientos de las poblaciones con las que trabaja. Asimismo, debe aplicar un exigente código ético en su actuación y mejorar la política de transparencia que le permita rendir cuentas adecuadamente. Para ello sería necesario disponer de estructuras más flexibles, procedimientos ágiles y esquemas abiertos de diálogo hacia sus socios y resto de actores, así como de objetivos claros e indicadores para guiar las transformaciones que la AECID necesita para cumplir su mandato y asegurar así la necesaria rendición de cuentas sobre su implementación efectiva. Desde 2021 y en paralelo al desarrollo legislativo y reglamentario, la AECID ya ha dado pasos muy significativos en su proceso de reforma bajo las orientaciones y prioridades de los Planes de Acción 2022-2023, 2024 y 2025, que han reforzado su naturaleza estratégica e incorporado indicadores de desempeño, sirviendo así para orientar la transformación de la AECID mientras esta no se dotaba de un nuevo Estatuto y Contrato de Gestión. Así, la AECID ha introducido nuevos programas de cooperación estratégicos (como el Programa Democracia en América Latina y Caribe, nuevos programas regionales para el Mundo Árabe y África, o programas globales en materia de salud, igualdad de género y transición ecológica); adoptado un nuevo y ambicioso Plan de Transformación Tecnológica; mejorado las condiciones de trabajo y la seguridad de su personal desplazado mediante el pago de los costes de vivienda en más de 20 destinos; reforzado sus estructuras en sede con personal funcionario de nuevo ingreso; lanzado una nueva convocatoria de responsables de proyectos en sede y terreno; completado su red exterior con una nueva Oficina de Cooperación Española en Túnez y Centros Culturales de España plenamente inscritos en la red de la AECID en Guatemala y Panamá; o renovado su imagen corporativa y su estrategia de comunicación.
2.1 El Contrato de Gestión como instrumento imprescindible para la reforma de la Agencia.
La Ley 1/2023, de 20 de febrero, propone un cambio profundo en el sistema de Cooperación española y sitúa a la AECID como uno de los ejes de dicho cambio, imprescindible para dar respuesta a los desafíos actuales de la cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria. En esa misma línea, el Estatuto de la AECID determina una nueva estructura orgánica y establece las bases para una renovación de los procedimientos de trabajo y la cultura organizativa. Como organismo público estatal, la AECID se inserta en los procesos de la Administración pública española de modernización organizativa, transformación digital y de innovación, mejora de la transparencia en su actuación, así como la rendición de cuentas, la calidad y la eficiencia en la gestión de los servicios y políticas públicas. Como actor del sistema de cooperación español presenta una serie de características singulares que requieren de medidas específicas: la mayor parte de su actuación se localiza fuera del territorio nacional, tiene líneas de financiación no solo nacionales, articula alianzas con múltiples actores, debe contar con personal experto en múltiples campos y disponer de procedimientos ágiles para dar respuesta rápida a los escenarios tan cambiantes del desarrollo y la acción humanitaria. El Estatuto mantiene la autonomía de gestión y flexibilidad presupuestaria de la AECID como agencia estatal, para que sea más ágil, efectiva y orientada a la gestión por objetivos y resultados, y dota a la Agencia de un nuevo organigrama funcional que le permitirá una mejor integración de sus funciones de fomento, programación, coordinación operativa, gestión y ejecución, y de los servicios comunes o de apoyo al resto de los actores de la Cooperación española. Pero, para hacer efectiva esta transformación, la AECID debe emprender un intenso cambio de cultura organizativa que permita a la Agencia evolucionar de manera continua, así como ser capaz de adaptarse y dar respuesta a los nuevos desafíos y futuros planteamientos de la cooperación. En primer lugar, será necesario afrontar una transformación del modelo de cooperación actual para responder a los nuevos mandatos y funciones que la Ley 1/2023, de 20 de febrero, otorga a la AECID, atender a las orientaciones temáticas y geográficas del Plan Director 2024-2027, aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de julio de 2024, y acompañar los crecimientos presupuestarios previstos en la senda del 0,7% con el refuerzo de las capacidades de gestión de ese aumento presupuestario. En este sentido, para 2029 la AECID debería ser capaz de gestionar al menos un porcentaje cercano al 25% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española (frente al actual 15% o el 9% en el que se encontraba en el año 2021). Aquí se incluirían no solo incrementos del presupuesto de la propia AECID sino también una mayor aportación de los instrumentos reembolsables del Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES), gestionado por la AECID, a la AOD española. En segundo lugar, la Agencia deberá llevar a cabo una intensa reforma de su estructura y procedimientos para impulsar ese nuevo modelo de cooperación y gestionar los recursos presupuestarios adicionales con eficacia y eficiencia. Así pues, este Contrato de Gestión (en adelante, CG) tiene por objeto regular la actividad de la AECID para los próximos cuatro años, estableciendo los objetivos estratégicos, planes, líneas estratégicas y medidas que permitan cumplir con su misión y la acerquen al cumplimiento de su visión, así como los indicadores que servirán para evaluar el avance en la consecución de dichos objetivos, ajustándose a lo dispuesto en el artículo 108 ter de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en los artículos 33 y 34 del Estatuto de la AECID. En él se recogen aquellos aspectos de reforma institucional necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, y del Estatuto de la AECID, tanto en lo relativo a su estructura orgánica y la regulación de sus recursos humanos, como en lo relativo a un perfil de actuación renovado y cambios en su cultura organizativa. Por otra parte, el CG recoge una estimación de los recursos personales, materiales y presupuestarios que serán necesarios para el cumplimiento de los objetivos previstos. Al constituir el Contrato de Gestión un compromiso firme entre la AECID y los Ministerios que tutelan su misión y la gestión de sus recursos, funciona también como herramienta de seguimiento y control. Tanto el Gobierno de España, como la propia AECID, deben contribuir al establecimiento de las condiciones necesarias para que la Agencia funcione como un actor de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global eficaz, eficiente y responsable. Además, a través del cumplimiento de sus funciones y obligaciones, la AECID debe evaluar periódicamente sus objetivos para asegurarse de que funciona del modo más adecuado para contribuir a canalizar la ayuda oficial al desarrollo (en adelante, AOD) española y otros recursos públicos en el ámbito de sus competencias. En línea con lo que establece el artículo 35 del Estatuto de la AECID, los planes de acción anuales que se elaboren durante su vigencia definirán la aplicación operativa de este CG, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 ter.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. El Plan de Acción incluirá para cada objetivo del Contrato de Gestión, las actividades orientadas a su logro, tanto a nivel general como para cada una de las distintas unidades de la AECID, trasladando las líneas estratégicas y las medidas contempladas en los planes de este CG a los objetivos operativos y acciones de los planes de acción anuales. Tal y como exige el artículo 108 ter.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este CG recoge también las implicaciones del grado de cumplimiento de los objetivos; los procedimientos a seguir para la cobertura del déficit que pueda producirse; así como los mecanismos de seguimiento de la ejecución y cumplimiento del CG y para la introducción de las modificaciones o adaptaciones que, en su caso, procedan durante su vigencia. En el siguiente apartado se detalla el contenido de los objetivos estratégicos en torno a los que se vertebra este CG. A su vez, estos objetivos estratégicos se concretan en siete planes de actuación, que se explican en el anexo II. En el anexo I se detallan los indicadores que se han diseñado para evaluar el cumplimiento del Contrato de Gestión y los valores que tienen que alcanzar en cada uno de los años de su vigencia, así como la composición del Índice de cumplimiento del Contrato de Gestión de la AECID (ICG).
2.2 Retos, objetivos estratégicos, planes y líneas estratégicas.
Para definir las líneas maestras del proceso de reforma institucional de la AECID, se realizó un amplio proceso de diagnóstico que ha incluido la participación del personal de la organización, mediante una consulta interna realizada a lo largo del último semestre del año 2021. Por otro lado, también se llevó a cabo una consulta a los órganos de diálogo social de la AECID y sendas discusiones en el seno del Consejo Rector de la Agencia en 2022 y 2026. Además, se han tenido en cuenta los distintos informes y documentos de diagnóstico y las recomendaciones realizadas por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE mediante su revisión entre pares realizada en 2021 y la revisión a medio término de 2024, así como por el Consejo Superior de Cooperación (anteriormente, Consejo de Cooperación) desde 2020, incluyendo las aportaciones de diferentes actores a través de los trámites de consulta pública y de audiencia e información pública del proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global y el Dictamen del Consejo de Cooperación sobre el borrador del nuevo Estatuto de la AECID. Las principales conclusiones de este proceso de diagnóstico se centran en los siguientes retos que el presente Contrato de Gestión pretende abordar para hacer efectiva la visión de la AECID enunciada más arriba.
2.2.1 Reto 1: Estrategia.
De acuerdo con el artículo 31.3 de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, la AECID participará activamente en la planificación estratégica de la Cooperación española en el marco del artículo 6, en la definición de sus prioridades y en la elaboración de los instrumentos mencionados en dicho artículo, bajo la dirección política de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (…). El hecho de que la AECID solo haya podido contar con un Contrato de Gestión (cuya vigencia finalizó en 2010) ha hecho más difícil su adaptación ágil a la evolución del contexto internacional de la cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria. Por ello, uno de los aspectos clave de la reforma en marcha es dotar a la AECID de un itinerario estratégico de medio-largo plazo, que facilite la toma de decisiones y permita establecer para ese periodo cuáles van a ser sus prioridades y cómo hacerlas realidad. La puesta en marcha de la Subdirección de Estrategia, Seguimiento y Calidad, creada en el nuevo Estatuto de la AECID y encargada de aplicar la inteligencia estratégica a la organización, será muy importante en este proceso. Otro aspecto que se ha destacado en el diagnóstico es la necesidad de acortar la distancia entre, de un lado, los marcos estratégicos y, de otro lado, el marco operativo y el impacto sobre el trabajo diario de cooperación realizado por la AECID. Se percibe que, aun cuando existe algún tipo de directrices que orientan la actuación de la AECID (los sucesivos Planes Directores, en esencia), se hace necesario concretar muchas de estas prioridades en la gestión diaria de la agencia. Es preciso igualmente reforzar la capacidad técnica y analítica de la organización, que dedica mucho tiempo y recursos a tramitar y resolver los procedimientos administrativos, en muchos casos en detrimento del análisis, la reflexión y la participación en debates nacionales e internacionales claves para el desarrollo sostenible y el papel de las agencias de cooperación. Además, tanto la imagen pública de la AECID como su capacidad de respuesta a los problemas actuales del desarrollo no han podido acompasarse adecuadamente a la evolución de la última década y eso guarda una relación directa con su cultura de trabajo, excesivamente rígida y compartimentada y, en algunos aspectos, todavía obsoleta a pesar de los progresos de los últimos años. El abordaje que se propone para dar respuesta a este reto se estructura sobre dos objetivos estratégicos: el primero, impulsar una cooperación más estratégica para un mundo más justo, sostenible y próspero en el marco de la triple transición social, ecológica y económica descrita en el Plan Director 2024-2027 y, el segundo, diseñar y desarrollar una organización más estratégica y eficaz basada en la innovación y la excelencia. Objetivo estratégico 1: Impulsar una cooperación más estratégica para un mundo más justo, sostenible y próspero en el marco de la triple transición. Este objetivo aspira a incrementar la relevancia de la actuación de la AECID, tanto a nivel nacional como internacional y conecta directamente con la visión de la AECID que apuesta por ser un actor con influencia global que trabaja en alianza con sus socios. A su vez, y partiendo de las orientaciones y prioridades temáticas y geográficas fijadas por el Plan Director de la Cooperación española 2024-2027, este CG dispone de su aplicación definiendo las líneas estratégicas y medidas que guiarán la actuación de cooperación de la AECID para su periodo de vigencia, tal como establece el artículo 34.1.d) de su Estatuto. Las orientaciones recogidas en el nuevo Plan Director 2024-2027 están alineadas con la agenda europea e internacional de desarrollo sostenible para abordar la triple transición social, económica y ecológica que se considera imprescindible llevar a cabo en los próximos años, con el fin de contribuir a la preservación del planeta y a generar nuevas oportunidades para todas las personas, incluyendo el enfoque feminista y de género. Esta alineación facilita la contribución de la Cooperación española y europea al marco multilateral, y ayudará a la creación y el refuerzo de alianzas con múltiples actores, una de las características más apreciadas de nuestro sistema de cooperación. La AECID debe contribuir a ello mediante la puesta en marcha de iniciativas y marcos de colaboración para dar cuerpo a dichas alianzas para el desarrollo. Para alcanzar este objetivo estratégico, la AECID ha diseñado el Plan Cooperamos en Alianza (ver anexo II). Objetivo estratégico 2: Diseñar y desarrollar una organización más estratégica y eficaz basada en la innovación y la excelencia. En las últimas décadas se ha avanzado en un nuevo modelo de Administración pública centrado en la calidad, la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, el aprendizaje y la mejora, la transparencia en su actuación, así como en la rendición de cuentas, y en el que destaca el uso de las herramientas tecnológicas y las nuevas oportunidades que ofrece el mundo digital. Este segundo objetivo se centra en los aspectos de estrategia organizativa orientados al cambio en la cultura de trabajo. Por un lado, con la mejora del modelo organizativo, profundizando en la gestión por objetivos a todos los niveles de la estructura, promoviendo medidas de coordinación interna y trabajo colaborativo y apostando por la gestión del conocimiento y la innovación, como herramientas de aprendizaje institucional. Por otro lado, impulsando una mayor proyección de la organización hacia la ciudadanía, mediante el aumento de la transparencia y la rendición de cuentas y promoviendo el compromiso de la sociedad española con el desarrollo sostenible y la acción humanitaria. Por último, este segundo objetivo se centra en la elaboración y puesta en marcha del nuevo Plan de Transformación Digital de la AECID, instrumento previsto en el nuevo Estatuto de la AECID y que da continuidad a su primera versión, que cubrió el periodo 2022-2025. Para alcanzar este objetivo estratégico, la AECID ha diseñado los siguientes tres planes: el Plan de Modernización y Desarrollo de un Nuevo Modelo Organizativo, el Plan de Proyección a la Ciudadanía y el Plan de Transformación Digital 2026-2029 (ver anexo II).
2.2.2 Reto 2: Estructura y Procesos.
La Ley 1/2023, de 20 de febrero, establece que la AECID contará con autonomía de gestión y flexibilidad presupuestaria para que sea más ágil y efectiva, y que se orientará a la gestión por objetivos y resultados, con un nuevo organigrama funcional que le permita una mejor integración de sus funciones. En este sentido, tanto los Exámenes de Pares del CAD como los informes y dictámenes del Consejo de Cooperación, así como el proceso de diagnóstico que ha inspirado la reforma de la Agencia, coinciden en que la estructura de la AECID, tanto organizativa como de recursos humanos, deben ser revisadas en profundidad para dar una adecuada respuesta a las nuevas necesidades y a los nuevos planteamientos de la cooperación para el desarrollo sostenible. Esta necesidad ya ha sido iniciada, en particular a través de la creación de una nueva estructura para la Agencia en el Estatuto de la AECID, aprobado por Real Decreto 1246/2024, de 10 de diciembre. En cuanto a la estructura orgánica, este diagnóstico confirmaba que la organización debe desarrollar una clara división de tareas entre las unidades de la sede y entre la sede y la estructura exterior, así como reequilibrar el peso de lo geográfico y lo sectorial o temático, generando a su vez procesos de trabajo conjunto y colaborativo entre unidades y derribando silos entre equipos. En lo relativo a la situación de los recursos humanos, la AECID necesita reforzar su limitada dotación de personal técnico, apostar decididamente por la evaluación del rendimiento, mejorar las condiciones de trabajo de todo el personal, favorecer la movilidad de personas en el seno de la organización (especialmente entre la sede y el terreno en ambas direcciones) y construir una carrera profesional estructurada y motivadora, apoyada en una estrategia formativa adecuada, que permitan, entre otras cosas, atraer, promover y retener el talento y lograr así una mejor cobertura de puestos. Las medidas recogidas en este Contrato de Gestión reconocerán el valor añadido que aporta los instrumentos de movilidad para el personal funcionario y personal laboral y tendrán presente la importancia de estos instrumentos para la captación y retención del talento, fomentando la carrera profesional y la especialización dentro de la Agencia, que permita tanto al personal laboral como al funcionario acceder a puestos que requieran experiencia y especialización tanto en sede como en terreno dentro de las funciones de cada puesto. En todo caso, el acceso se regirá por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Resulta inevitable que cualquier proceso de reforma institucional pase obligatoriamente por la resolución de estas limitaciones como condición previa para cualquier avance en otros aspectos, desde la mejora de la estrategia de actuación de la AECID hasta el cambio en su cultura organizativa. Si bien el Estatuto ha definido una nueva estructura orgánica para la Agencia que se orienta hacia estos objetivos y se han dado pasos importantes para reforzar los equipos responsables de actividades clave de la organización (alianzas, acción humanitaria, cooperación financiera, entre otras), aún es necesario culminar el cambio organizativo en dos dimensiones: la progresiva adecuación de la plantilla a la nueva estructura administrativa de direcciones y subdirecciones y la adopción de nuevas medidas que mejoren las condiciones de trabajo del personal al servicio de la AECID. Por otro lado, el proceso de diagnóstico evidenció la necesidad de reconvertir y redefinir los procesos y procedimientos internos para lograr una mejor gestión. Partiendo de los conceptos de buena gobernanza o buen gobierno ligados a la eficiencia, a la eficacia y a la generación de valor público, es necesario que los procedimientos y protocolos empleados conduzcan a los resultados e impactos necesarios, utilizando de la mejor forma posible los recursos de los que se dispone e introduciendo la gestión de riesgos como herramienta que ayude no solo a la toma de decisiones, sino a una gestión más eficaz. Para dar respuesta a este reto, la AECID tiene un tercer objetivo estratégico que consiste en adecuar la estructura, los recursos humanos y los procesos y procedimientos a la reforma institucional de la Agencia promovida por la Ley 1/2023, de 20 de febrero y por el nuevo Estatuto de la AECID. Objetivo estratégico 3: Adecuar, la estructura, los recursos humanos y los procesos a la reforma institucional de la Agencia promovida por la Ley 1/2023, de 20 de febrero, y el Estatuto de la AECID. La gestión de los recursos humanos es una función estratégica de cualquier organización y es esencial para el cumplimiento de la misión y objetivos de ésta. La Ley 1/2023, de 20 de febrero, establece que la política de recursos humanos de la AECID estará orientada a la atracción, retención, capacitación, especialización y promoción de personal, que tendrá derecho a una carrera profesional, en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, con oportunidades de movilidad entre territorio español y exterior. Además, incorpora el deber de cuidado de la Administración General del Estado, a través de las Misiones y Representaciones de España y de las Oficinas de la Cooperación Española, hacia todas las personas que trabajen en el exterior, incluidos los empleados y empleadas de la AECID. El Estatuto de la AECID, aprobado mediante Real Decreto 1246/2024, de 10 de diciembre, propone una nueva estructura orgánica que pretende resolver varios de los problemas existentes, con un perfil más equilibrado entre lo estratégico, lo geográfico y las actuaciones horizontales, con un marco competencial más claro, un esquema sede-OCE mejor perfilado y un mayor énfasis en el trabajo colaborativo y la coordinación, tanto interna como del conjunto de actores de la Cooperación española dentro del mandato que la AECID ostenta respecto a la coordinación operativa del sistema. Este Contrato de Gestión es, además, el instrumento para aplicar y desarrollar las disposiciones del Estatuto de la AECID en materia de órganos de gobierno y en la estructura administrativa. En cuanto a la estructura de los recursos humanos, se establece el mandato de promover una carrera profesional para todo su personal, la existencia de puestos que pueden ser desempeñados tanto por personal funcionario como por personal laboral, de conformidad con el artículo 43.3 de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, y de acuerdo con lo recogido en el artículo 44.3 del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 1246/2024, de 10 de diciembre, la existencia de un sistema de evaluación de desempeño individual y por unidades, la posibilidad del intercambio de personal con otras organizaciones y la introducción de un convenio colectivo propio para el personal laboral. Además, el Estatuto de las personas cooperantes, aprobado mediante el Real Decreto 708/2024, de 23 de julio, fija entre otros aspectos, los derechos y obligaciones de este colectivo, la formación, las oportunidades de carrera profesional, la homologación de los servicios que prestan, previsión social y régimen de incompatibilidades. Las disposiciones recogidas en esta norma implican directamente a la AECID, tanto en lo relativo a su propio personal cooperante como en lo relativo a las competencias que se le atribuyen sobre el colectivo del personal cooperante. Por otro lado, en línea con la Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones públicas para alcanzar un servicio de calidad, resulta necesario la reducción y simplificación de las cargas administrativas, fomentando la atención integral y multicanal, optimizando las oportunidades tecnológicas para la mejora de la calidad del servicio y desarrollando las medidas oportunas para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En lo que respecta a la AECID, se constata que la Agencia ha venido soportando procedimientos muy burocratizados, poco armonizados, lentos y complejos, con amplio margen de mejora en su eficiencia, lo que supone un lastre para las capacidades de la organización para el análisis técnico y la reflexión, y la planificación estratégica. Aunque se considera que la adopción de nuevas tecnologías puede solucionar en parte estos problemas, la innovación tecnológica debe ir acompañada, e incluso, precedida, de la implementación de nuevos modelos de organización y del análisis y la mejora de los procesos y procedimientos. En este sentido, es necesario identificar los procesos de la Agencia y la relación entre ellos con el fin de mejorar su eficiencia y establecer procedimientos válidos para toda la AECID, a la vez que se avanza hacia un sistema de gestión de calidad que incluya entre sus elementos clave la gestión de riesgos. En consecuencia, para alcanzar este tercer objetivo estratégico, la AECID ha diseñado tres planes con un alcance temporal igual al del CG. Cada uno de estos planes se despliega a su vez en varias líneas estratégicas: Plan de Gobernanza Institucional, Plan de Mejora de los Recursos Humanos y Plan Simplifica (ver anexo II).
2.3 Índice de cumplimiento del Contrato de Gestión.
El Índice de Cumplimiento del Contrato de Gestión (en adelante, ICG) se calculará anualmente mediante la suma ponderada de los porcentajes de cumplimiento alcanzados en el ejercicio cerrado para los indicadores que se incluyen en el anexo I. Dichos porcentajes de cumplimiento de cada indicador se obtendrán multiplicando por 100 los cocientes entre cada valor registrado y el respectivo valor de la meta para el año correspondiente. Los porcentajes de cumplimiento de cada indicador se multiplicarán por el peso que cada uno tiene en el ICG (Columna «Porcentaje del ICG» del anexo I) y de la suma de los valores resultantes se obtendrá el ICG. De este modo, el valor del ICG estará siempre en el rango de cero a cien y no puede tener valores negativos ni superiores a cien. Si durante la vigencia del Contrato de Gestión, se constatara la necesidad de reajustar las metas de un indicador o de eliminar o incluir algún indicador adicional en el Contrato de Gestión y en la valoración del ICG y así fuera apreciado mediante Acuerdo del Consejo Rector, se revisarán, en su caso, las metas del indicador o la composición del ICG y la contribución de los indicadores al mismo. Estos cambios deberán ser aprobados por el Consejo Rector, previo informe de los Ministerios de Hacienda y para la Transformación Digital y de la Función Pública, que tendrá carácter vinculante. El valor obtenido del ICG para cada año cerrado de vigencia del CG determinará el grado de cumplimiento de los objetivos del citado Contrato y será la referencia para el cálculo de la productividad asociada al cumplimiento de dichos objetivos para el año siguiente al de certificación de los valores de los indicadores, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 3.3 de este texto. A la mayor brevedad tras el cierre de cada ejercicio, la AECID deberá certificar anualmente al Ministerio de Hacienda los valores alcanzados en los indicadores de cumplimiento de objetivos y del ICG en el ejercicio anual anterior cerrado, con el fin de proceder a la autorización del montante de productividad asociado. Así mismo, con el fin de modular la cantidad de productividad finalmente autorizada, la AECID deberá certificar ante el Ministerio de Hacienda el porcentaje de plazas ocupadas en su RPT en el momento de remitir el certificado.
3. Planificación de los recursos humanos
3.1 Marco de actuación en materia de gestión de recursos humanos y previsiones máximas de plantilla de personal.
En un contexto de refuerzo presupuestario y de compromiso político con la reforma de la Cooperación española, la AECID debe contar con los medios humanos necesarios para gestionar de forma eficiente y eficaz los recursos a su cargo y lograr un impacto efectivo en el desarrollo sostenible de los países socios. La consecución de los objetivos previstos en este Contrato de Gestión requiere de una gestión de los recursos humanos de la Agencia eficaz, innovadora, que atraiga y retenga talento, que ofrezca una carrera profesional adecuada a su personal y que logre perfiles profesionales adecuados para la organización. Para ello, resulta imprescindible contar con un Contrato de Gestión que permita y potencie un modelo de recursos humanos moderno acorde a las necesidades actuales de la AECID y de la cooperación internacional. Con el fin de garantizar la ejecución y efectividad de la actividad de la AECID durante la vigencia del Contrato de Gestión, asegurando el logro de los retos globales y los objetivos y planes estratégicos durante el período 2026-29, se hace imprescindible contar con los recursos humanos necesarios. A tal efecto es imperativo contar con una adecuada planificación de las personas que trabajan al servicio de la institución. En este sentido, el Contrato de Gestión pretende acometer importantes reformas estructurales mediante el ejercicio responsable de determinadas competencias operativas en materia de gestión de recursos humanos que la AECID tiene reconocidas como Agencia Estatal en la normativa vigente, y que se consolidan en virtud de este Contrato de Gestión. Este Contrato de Gestión se configura como el mecanismo orientador de la planificación de los recursos humanos de la AECID, sin perjuicio de la necesaria coordinación con la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, dentro del marco de la política general definida en esta materia por los ministerios competentes. En este contexto, la planificación y ordenación de los recursos humanos que corresponden al Consejo Rector y a la Dirección de la AECID deben articularse, siempre conforme a la normativa vigente, en torno a dos instrumentos de ordenación de sus recursos humanos, para lograr su adecuada gestión. En primer lugar, la Oferta de Empleo Público (OEP) y los procesos selectivos, en los términos previstos en el artículo 108 quater.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. A estos efectos se incorporan las previsiones máximas de plantilla de personal con que será necesario contar para lograr los retos y objetivos estratégicos, ya que para que la AECID pueda cumplir con su misión, las Administraciones públicas deben realizar dotaciones de personal previsibles y en una cantidad adecuada a sus necesidades. Dichas previsiones no vinculan al órgano con competencias para la elaboración y aprobación de la Oferta de Empleo Público. En segundo lugar, por lo que se refiere a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), en aplicación del artículo 108 quater.7 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, con las condiciones específicas que establezca el órgano con competencias en materia de función pública, en el marco de este Contrato de Gestión, se autoriza al Consejo Rector de la AECID –que podrá delegarlo en la Dirección de la Agencia cuando no afecte al personal directivo– a realizar modificaciones en la RPT, siempre que la resultante mantenga su coste dentro de los créditos iniciales de personal para cada año. En el Plan de Acción Anual de la AECID se detallarán los criterios de la política de recursos humanos para el ejercicio, con informe favorable de la Secretaría de Estado de Función Pública. La Agencia podrá modificar, crear o suprimir puestos con arreglo a la tipología de puestos de trabajo, excepto en los siguientes supuestos: – Creación de puestos que no se ajusten a la tipología de puestos de trabajo. – Modificación de puestos que no se ajusten a la tipología de puestos de trabajo. – Creación de puestos de nivel 30. En todo caso, la AECID no podrá efectuar modificaciones que impliquen la creación de puestos de nivel 30 o incremento de su complemento específico por encima de lo que haya determinado el órgano con competencias en materia de función pública y deberá enviar información puntual de las modificaciones efectuadas con carácter cuatrimestral dicho órgano. Además, estas potestades se llevarán a cabo en línea con los criterios en materia de recursos humanos fijados por el Ministerio de Hacienda y por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, de acuerdo, asimismo, con las directrices señaladas cada año por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La previsión indicativa máxima de la plantilla de la AECID, que ha de enmarcarse en lo dispuesto por la correspondiente Oferta de Empleo Público y por los créditos iniciales de personal para cada año, para el periodo de vigencia del CG es la siguiente: 2026 2027 2028 2029 Personal funcionario directivo en sede. 23 23 23 23 Personal de alta dirección en sede. 7 9 9 9 Personal funcionario no directivo en sede. 570 595 618 642 Personal laboral en sede. 84 91 91 96 Personal de alta dirección en el exterior. 52 52 52 52 Personal funcionario en el exterior. 3 9 12 15 Personal laboral en el exterior. 235 263 273 298 Personal local. 345 379 416 457
3.2 Otras disposiciones en materia de personal.
De acuerdo con el Estatuto de la AECID, el Contrato de Gestión de la Agencia debe determinar algunas cuestiones relativas al régimen de personal de la AECID: – Contratos de alta dirección (artículo 47.2 del Estatuto de la AECID): Durante la vigencia de presente Contrato de Gestión, podrán cubrirse mediante contratos en régimen laboral de alta dirección los siguientes órganos directivos que desarrollan unas funciones cuyas características exigen que las persona titulares de dichos órganos incluyan en sus perfiles un conocimiento especializado y experiencia en las diversas temáticas relativas a la cooperación para el desarrollo sostenible y la acción humanitaria, en el ámbito nacional e internacional, en sede y en terreno, en las Administraciones públicas y en actores de cooperación de diverso tipo (otras agencias similares a la AECID, ONGD, organismos multilaterales, actores de sector privado); lo que hace aconsejable contemplar la posibilidad de que no tenga necesariamente que ostentar la condición de persona funcionaria de carrera del Grupo A, subgrupo A1, norma general establecida en el artículo 47.2 del Estatuto: ● Dirección de Cooperación Sectorial, Europea y Multilateral. ● Dirección de Alianzas para el Desarrollo Sostenible e Innovación. ● Dirección de Acción Humanitaria. ● Subdirección de Cooperación Europea y Multilateral. ● Subdirección de Cooperación Feminista, Desarrollo Económico y Humano y Gobernanza. ● Subdirección de Alianzas, Innovación y Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global. ● Subdirección de Cooperación y Acción Cultural para el Desarrollo Sostenible. ● Subdirección de Emergencias Humanitarias. ● Subdirección de Estrategia, Seguimiento y Calidad. – Puestos para ser ocupados por personal funcionario o laboral de forma indistinta, tal y como se establece en el artículo 43.3 de la Ley 1/2023, de 20 de febrero y en el artículo 44.3 del Estatuto de la AECID. Esta disposición posibilita habilitar «pasarelas» entre sede y terreno para el personal laboral de la AECID especialista en materia de cooperación y acción humanitaria (actuales responsables de programas y proyectos y personal laboral en sede). Sin perjuicio de la concreción que realice la RPT de la Agencia y el futuro convenio colectivo, se trata de niveles de responsabilidad equivalentes a las desempeñadas por personal funcionario con niveles N28 y N26 en sede (jefes de área, consejeros/as técnicos/as, jefes de sección en las distintas direcciones y subdirecciones de la agencia), que podrán ser desempeñadas por personal laboral de la AECID (actuales responsables de programas y de proyectos) mientras estén destinados en sede. Del mismo modo, se posibilitará la existencia de mecanismos de movilidad entre sede y terreno para el personal funcionario. En cualquier caso, las funciones del personal laboral y del personal funcionario en España estarán diferenciadas. – Posibilidad de establecer mecanismos de colaboración con organismos internacionales y otras agencias de cooperación, españolas o extranjeras, para favorecer tanto la recepción de personal de dichos organismos y agencias en estancias temporales en la AECID, como la participación de personal de la AECID en estancias temporales en dichos organismos y agencias (artículo 41.6 del Estatuto de la AECID): Durante la vigencia del presente Contrato de Gestión se pondrán en marcha dichos mecanismos.
3.3 Complemento de productividad y criterios para la determinación de la retribución variable individual en función del cumplimiento de objetivos.
El modelo de productividad por objetivos de la AECID supone que la totalidad de la productividad asignada a la Agencia se incluye en el cálculo previsto en este Contrato de Gestión, incluidos los eventuales aumentos de productividad a autorizar por incremento de efectivos. Por ello, el vigente «Plan Especial de Mejora del Seguimiento y Control de las Justificaciones de Subvenciones Concedidas por AECID» quedará subsumido por el mecanismo de productividad por objetivos del presente CG. La productividad por cumplimiento de objetivos retribuye de manera objetiva la participación de cada empleado/a público/a, tanto funcionario como laboral sujeto a la normativa española, de la AECID que perciba sus retribuciones a través del capítulo I del presupuesto de la Agencia en la consecución y cumplimiento de los objetivos. El futuro convenio colectivo de la AECID regulará las condiciones retributivas del personal laboral de la AECID sujeto a movilidad entre sede y terreno – los responsables de proyecto y los actuales responsables de programa. En el marco de las disponibilidades presupuestarias y respetando las cuantías globales autorizadas por los órganos competentes para cada colectivo de empleados públicos, se tenderá a la equiparación de las cuantías asignadas individualmente al personal funcionario y laboral que ocupen puestos en grupos profesionales análogos. El montante máximo del crédito de productividad (Pmáx) que el Ministerio de Hacienda autorizará anualmente a la Agencia se determinará en función de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los compromisos recogidos en el Contrato de Gestión, medidos a través del Índice de Cumplimiento del Contrato de Gestión de la AECID (ICG) del año anterior, con arreglo a la siguiente expresión: Esta cantidad Pmáx se tomará en los ejercicios futuros como límite para próximas autorizaciones anuales, en virtud de las limitaciones a los incrementos retributivos establecidas en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Una vez obtenido el valor de Pmáx para el ejercicio en cuestión, la autorización final de productividad se obtendrá minorando dicho valor si el grado de cobertura de la RPT de la Agencia fuese inferior al 100%. Tal y como se estableció en el apartado 2.3 del presente Contrato, el grado porcentual de cobertura de la RPT (%RPT) ha de ser certificado anualmente por la AECID. En base a este porcentaje, la productividad final a autorizar en el año t (Pt) por parte del Ministerio de Hacienda se obtendrá mediante la expresión: Tanto la cantidad Pmáx calculada cada año como el límite fijado según las limitaciones a los incrementos de retribuciones que se hayan establecido en la Ley de Presupuestos Generales que sea de aplicación, deberán modificarse aplicando los sucesivos incrementos generales de retribuciones que se hayan establecido en las Leyes de Presupuestos y disposiciones análogas habidas a partir del año de aprobación del presente CG. El índice de cumplimiento de objetivos para cada año de vigencia del Contrato de Gestión será aprobado por el Consejo Rector, a propuesta de la Dirección de la Agencia, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, los recursos puestos a disposición y, ponderando en su caso, otras circunstancias que hayan condicionado la ejecución de los respectivos proyectos o programas. Anualmente, en el marco del correspondiente Plan de Acción, cada unidad elaborará su plan de actuación, en el que se reflejará su contribución a los Planes del Contrato de Gestión. El Plan de Acción así elaborado deberá ser aprobado por el Consejo Rector. Al finalizar el correspondiente ejercicio, se llevará a cabo la revisión de la ejecución de los planes de cada unidad y se analizará su grado de cumplimiento. Para determinar la retribución variable individual del personal funcionario y del personal laboral se establecerán criterios que tengan en cuenta el cumplimiento de objetivos y la evaluación del desempeño, que serán fijados por resolución de la Secretaría General. En el marco de las disponibilidades presupuestarias y respetando las cuantías globales autorizadas por los órganos competentes para cada colectivo de empleados públicos, se tenderá a la equiparación de las cuantías asignadas individualmente al personal funcionario y laboral que ocupen puestos en grupos profesionales análogos. El procedimiento a seguir para la asignación de las cantidades correspondientes a las dotaciones económicas establecidas para cada uno de los grupos de personal se fundamentará en el resultado de la evaluación que cada unidad haya obtenido, una vez analizado el cumplimiento de objetivos de cada una de ellas en función de los indicadores fijados de acuerdo con su plan de actuación. En el caso de que no se hubieran prestado servicios efectivos durante todo el periodo, la cuantía de la retribución será proporcional al tiempo de servicios prestados durante el período de referencia. Se exceptúan de esta regla los periodos originados por permisos por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento –tanto temporal como permanente– y lactancia, así como los periodos de incapacidad temporal en supuestos de embarazo o riesgo de embarazo.
3.4 Criterios y mecanismos para la exigencia de responsabilidad al personal directivo.
Cuando el grado de cumplimiento de los objetivos sea inferior al estándar del 50%, el Consejo Rector, a iniciativa propia o a propuesta de la Dirección de la Agencia, podrá apercibir formalmente al directivo/a responsable, tras darle audiencia. Si este apercibimiento tuviese lugar durante dos ejercicios consecutivos, la persona titular de la Dirección de la Agencia propondría su cese, sin perjuicio de las competencias ordinarias de nombramiento y cese establecidas en el Estatuto de la AECID, así como de la posible exigencia de otro tipo de responsabilidades.
4. Planificación de los recursos financieros y presupuestarios
El régimen económico-financiero, presupuestario, de contabilidad, control y tesorería de la AECID se rige por lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, su Estatuto y demás normativa vigente de aplicación. Asimismo, para la fijación de los límites de contratación de obligaciones plurianuales será de aplicación lo previsto en la Ley General Presupuestaria.
4.1 Previsión de ingresos.
La AECID no cuenta con ingresos propios ajenos a las transferencias previstas en los Presupuestos Generales del Estado. Las transferencias del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación que harían falta para soportar el escenario de gasto mostrado en este Contrato de Gestión se presentan a continuación: – Escenario a enero de 2026 con prórroga presupuestaria: 2026 2027 2028 2029 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 15.160.490,00 17.160.490,00 19.160.490,00 21.160.490,00 Transferencias corrientes. 644.495.600,00 894.152.420,00 1.005.712.980,00 1.161.456.450,00 Transferencias de capital. 44.680.460,00 35.152.140,00 44.643.220,00 58.036.180,00 Activos financieros. 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 Total. 704.422.550,00 946.551.050,00 1.069.602.690,00 1.240.739.110,00 En todo caso será de aplicación la previsión contenida en el artículo 1.6 de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, que condiciona la financiación de cualquier gasto a las disponibilidades presupuestarias.
4.2 Previsión de gastos.
De acuerdo con el artículo 1.6 de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, «en cumplimiento de los compromisos multilaterales y de los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea, España destinará, al menos, el 0,7 % de la renta nacional bruta (en adelante, RNB) a la AOD, conforme a los criterios contables acordados en el seno de la OCDE, en el horizonte del año 2030, con objetivos intermedios fijados a través de los Planes Directores de la Cooperación española». Dicho precepto, añade que para alcanzar ese objetivo se contemplarán, a través de una planificación indicativa plurianual, las asignaciones necesarias en los Presupuestos Generales del Estado basadas en las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio. A continuación, se detallan las previsiones de gastos para los años de vigencia del Contrato de Gestión, en la trayectoria que señala el Plan Director de la Cooperación española para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global 2024-2027 y que permite gestionar a la Agencia un volumen de Ayuda Oficial al Desarrollo acorde con su naturaleza y competencias. De este modo, en las previsiones que se presentan, con carácter estimativo, todos los capítulos presupuestarios de la AECID crecen paulatinamente durante los próximos ejercicios hasta alcanzar el volumen de gestión presupuestaria que se estima adecuado para cumplir con las previsiones de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, lo que provoca un aumento generalizado en todos los capítulos. No obstante, cabe destacar la evolución de los capítulos 1 y 4 del presupuesto de la AECID, dada su relevancia. Así, en primer lugar, el capítulo 1 de la Agencia experimenta un leve crecimiento cada ejercicio como consecuencia de la puesta en marcha de la nueva estructura prevista en el Estatuto de la AECID y de las medidas contenidas en el Plan de Mejora de los recursos humanos, que conlleva la creación de distintas direcciones y subdirecciones, así como el replanteamiento de la estructura organizativa de las Oficinas de la Cooperación Española en el exterior. Además, en el marco de dicho Plan, otras partidas incluidas en este capítulo (productividad, formación, etc.) deben necesariamente crecer junto a las de las retribuciones en sentido estricto, con el objetivo de mejorar la capacidad de gestión de la Agencia de los recursos presupuestarios contemplados en otros capítulos. En segundo lugar, debe señalarse que el capítulo 4 de la Agencia es el que financia la mayor parte de actuaciones de cooperación para el desarrollo sostenible y la acción humanitaria que esta lleva a cabo, especialmente cuando se realizan otorgando subvenciones de cooperación internacional, por lo que, al gestionar un volumen de Ayuda Oficial al Desarrollo mucho más elevado en cada ejercicio, aquel debe crecer necesariamente de la manera prevista, siempre con carácter aproximado y en función de las disponibilidades presupuestarias para cada ejercicio. A continuación, se incluye una tabla con dicha previsión, con desglose por capítulos y ejercicios para el presupuesto nacional: – Escenario a enero de 2026 con prórroga presupuestaria: Evolución de la previsión de los programas de gasto de la AECID en miles de euros (2026-2029) 2026 2027 2028 2029 Capítulo 1. Gastos de personal. 51.305,56 59.266,13 66.970,73 77.686,04 Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. 42.654,22 50.008,33 56.509,41 65.550,92 Capítulo 3. Gastos financieros. 44,70 134,70 152,21 176,56 Capítulo 4. Transferencias corrientes. 557.919,90 790.148,60 892.867,92 1.035.726,78 Capítulo 6. Inversiones reales. 7.255,15 11.755,15 13.283,32 15.408,65 Capítulo 7. Transferencias de capital. 45.157,02 35.152,14 39.721,92 46.077,43 Capítulo 8. Activos financieros. 86,00 86,00 97,18 112,73 704.422,55 946.551,05 1.069.602,69 1.240.739,11 Durante la vigencia del presente Contrato de Gestión, la AECID continuará gestionando fondos de cooperación delegada de la Unión Europea (Programa 143A). La previsión indicativa de dicho programa de gasto, que está sujeta a la suscripción de los correspondientes acuerdos de delegación y al calendario de desembolsos previsto en los mismos, es la siguiente: Fondos previstos para su ejecución a través de la Cooperación Delegada 2026 2027 2028 2029 75.790.970 79.580.520 83.559.540 87.737.520
4.3 Procedimiento para la cobertura de hipotéticos déficits.
En caso de que la Comisión de Control constate que se haya producido déficit derivado del incumplimiento de las estimaciones de ingresos, se compensará a través de un Plan de Contingencia, en función de las circunstancias y necesidades de cada momento, mediante la aplicación de remanente de tesorería no afectado, debidamente acreditado, o mediante la minoración de los créditos presupuestarios de gastos de la Agencia (excluido el capítulo I) que la Presidencia considere más adecuados en función de las necesidades de ejecución presupuestaria, por el importe que corresponda. Si resultara necesario, la cobertura podrá realizarse mediante una variación presupuestaria por el importe del déficit de que se trate con arreglo a lo establecido en el artículo 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
5. Seguimiento de la ejecución y cumplimiento del Contrato de Gestión
5.1 Mecanismos de seguimiento y cumplimiento.
El artículo 35 del Estatuto de la AECID, señala que el Plan de Acción Anual es el documento que define la aplicación operativa del Contrato de Gestión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 ter.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. El plan debe incluir, para cada objetivo del Contrato de Gestión, las actividades orientadas a su logro, tanto a nivel general como para cada una de las distintas unidades de la AECID. Podrá incluir actuaciones que requieran un periodo de ejecución superior a un año, en cuyo caso deberá establecerse un calendario de ejecución por fases anuales. La persona titular de la Dirección de la AECID elaborará la propuesta de Plan de Acción Anual que elevará para su aprobación por el Consejo Rector. Por otro lado, el artículo 34.3 del Estatuto de la AECID dispone que, anualmente, se elaborará un informe de seguimiento del Contrato de Gestión, que recogerá la evolución de sus indicadores, la valoración del cumplimiento de sus objetivos y un resumen de la ejecución de las actividades programadas en el plan de acción correspondiente. Este informe se presentará al Consejo Rector en el primer semestre del año siguiente al que se refiera, tras ser informado por la Comisión de Control. Corresponde a la Subdirección de Estrategia, Seguimiento y Calidad, dependiente directamente de la Dirección de la AECID, dirigir y coordinar los procesos de planificación y seguimiento generales de la AECID, particularmente en lo relativo al Contrato de Gestión y los Planes de Acción. Esta unidad será la responsable de asesorar a la Dirección de la AECID en la elaboración del Contrato de Gestión y de los planes de acción anuales, así como de llevar a cabo su seguimiento. De acuerdo con el artículo 11.6 del Estatuto de la AECID, corresponde al Consejo Rector de la Agencia la aprobación de la propuesta de los planes de acción anuales y del Contrato de Gestión de la AECID, así como de los correspondientes informes de seguimiento del Contrato de Gestión. De conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 del Estatuto de la AECID, la Comisión de Control conocerá e informará al Consejo Rector sobre la ejecución del Contrato de Gestión. El Consejo Rector de la AECID, a través de la persona titular de la Presidencia, informará al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y al Ministerio de Hacienda acerca de la ejecución y cumplimientos de los objetivos previstos en el Contrato de Gestión. A tal efecto, la Presidencia, previo estudio e informe del Consejo Rector, elevará los informes anuales de seguimiento del Contrato de Gestión, incluyendo un análisis de la ejecución y cumplimiento de los objetivos fijados en dicho Contrato, a estos ministerios. Además, de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el Estatuto de la AECID, el control de eficacia y económico financiero, para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos asignados, se realizará mediante el seguimiento del Contrato de Gestión, a través de los órganos y mecanismos siguientes, de acuerdo con su normativa específica:
a) Las Cortes Generales.
b) Tribunal de Cuentas.
c) El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
d) El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
e) El Ministerio de Hacienda.
f) Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
g) Intervención General de la Administración del Estado.
h) La AECID.
5.2 Procedimiento para la introducción de modificaciones o adaptaciones del Contrato de Gestión.
Las modificaciones o ajustes para corregir eventuales desviaciones entre lo planeado y lo ejecutado, siempre que no afecten a la estructura del Contrato de Gestión, se incorporarán a través de la propuesta del plan de acción anual que presenta la persona titular de la Dirección de la Agencia para su aprobación por el Consejo Rector, una vez analizadas por la Comisión de Control, acompañadas del informe previo de los Ministerios competentes por razón de la materia, que tendrá carácter vinculante, en los casos siguientes:
a) Para adecuar sus previsiones presupuestarias a las contenidas en los Presupuestos Generales del Estado, una vez aprobados.
b) Para adecuar la oferta de empleo público prevista en el Contrato a la aprobada en el real decreto de oferta de empleo público.
c) Para adecuar el cuadro de puestos de trabajo tipo, las dotaciones máximas de personal o las retribuciones promedio a las previsiones sobre incrementos de retribuciones contenidas en los Presupuestos Generales del Estado o a las decisiones de carácter general aprobadas por el Gobierno, los ministerios competentes en esta materia o derivadas de acuerdos generales firmados con los sindicatos o cualquier otra causa.
d) Cuando las modificaciones a introducir puedan afectar a la masa de productividad que recibe la Agencia.
Si, por motivos de oportunidad, cambios normativos o cualquier otra circunstancia, hubieran de modificarse aspectos esenciales de la estructura del Contrato de Gestión, tales como los objetivos estratégicos, alteraciones significativas en los planes de actuación o modificaciones en la cuantía de los recursos disponibles que comprometan la consecución de los objetivos previstos u otras similares, el Consejo Rector, a propuesta de la persona titular de la Dirección de la Agencia, decidirá sobre la necesidad de modificar el Contrato de Gestión y los términos de dicha modificación, elevando la propuesta correspondiente a los Ministerios competentes para su informe y, en su caso, su aprobación mediante orden ministerial conjunta.
6. Vigencia y desarrollo del Contrato de Gestión
Este Contrato de Gestión tiene una vigencia cuatrienal, abarcando, en consecuencia, los años 2026 al 2029. Finalizado su periodo de vigencia, sin haberse aprobado el Contrato de Gestión que haya de regir el periodo siguiente, el Consejo Rector podrá proponer a los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de Hacienda y para la Transformación Digital y de la Función Pública la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado del siguiente ejercicio, de una dotación condicionada a la aprobación del nuevo contrato.