Resolución de 14 de abril de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra el contenido de una certificación de nota de despacho emitida por el registrador de la propiedad de Santa María de Guía de Gran Canaria, en la que consta la negativa a la práctica de la inscripción de una condición resolutoria explícita de una compraventa de un asiento anterior, haciendo modificación de los asientos registrales posteriores.
Article 17Ley Hipotecaria: […]
El principio de prioridad ordena el despacho de documentos válidos, pero no permite mantener cargas carentes de soporte subjetivo; y es que no puede utilizarse para hacer subsistir un embargo, cuando el presupuesto esencial del mismo (la titularidad del deudor) ha desaparecido jurídicamente. X. Vulneración del principio de especialidad y legitimación registral: La anotación preventiva de embargo carece de adecuación subjetiva, puesto que no se apoya en una titularidad vigente, convirtiendo al Registro de la Propiedad en un instrumento de ejecución impropia; puesto que el Registro publica derechos, no los reconstruye artificialmente para facilitar apremios administrativos. De la propia calificación resulta que la inscripción de la compraventa se practica exclusivamente para permitir la anotación de embargo administrativo, lo que constituye una utilización del Registro como instrumento de ejecución, ajena a su función constitucional de publicidad jurídica. XI. Inexistencia de causa vigente: El artículo 33 de la Ley Hipotecaria exige, como presupuesto esencial de la inscripción, la existencia de un derecho real válido y vigente. En el presente caso: – el contrato de compraventa ya estaba resuelto, la condición resolutoria se había consumado, – y existía título extintivo presentado con prioridad. Un contrato resuelto carece de eficacia jurídica real y no puede acceder al Registro, ni siquiera de forma instrumental. La inscripción practicada carece, por tanto, de causa, resultando, contraria al artículo 33 LH. La negativa registral se apoya en una pretendida extinción/caducidad de la facultad resolutoria. Sin embargo, el propio pacto contractual condiciona dicha extinción a un presupuesto inexistente en caso de impago: el plazo de tres meses se computa “a contar desde la fecha de pago del último de los abonos”. En un supuesto de falta de pago no existe “fecha de pago del último abono” que pueda operar como dies a quo, por lo que es improcedente construir una caducidad sobre un presupuesto fáctico no concurrente. El título define con precisión el modo de ejercicio de la condición: requerimiento fehaciente notarial con concesión de 15 días naturales, sin que la no recogida o la falta de persona en el domicilio impidan su efectividad, siendo suficiente el acta notarial donde así se constate. Por tanto, el “ejercicio” se produce por el requerimiento notarial (y, en su caso, la ulterior acción), sin que el pacto imponga como requisito constitutivo la previa presentación en el Registro del propio requerimiento.» IV Mediante escrito, de fecha de 5 de febrero de 2026, el registrador de la Propiedad emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo. Notificada la interposición del recurso a la notaria autorizante de la escritura, no se ha producido alegación alguna. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 1.3.º, 2, 17, 18, 24, 32, 40, 65, 66 y 248 de la Ley Hipotecaria; 629 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 33, 105, 140, 416, 417, 418, 420, 421 y 423 y concordantes del Reglamento Hipotecario; la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1998, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 7 de febrero de 1959, 2 de marzo de 1962, 18 de marzo de 1972, 25 de marzo de 1988, 3 de junio de 1991, 12 de mayo de 1992, 24 de octubre de 1998, 5 de abril de 1999, 23 y 24 de octubre y 13 de noviembre de 2001, 9 de abril, 3 de junio y 19 de julio de 2003, 6 de julio y 3 de agosto de 2004, 22 de julio de 2009, 12 de noviembre de 2010, 12 de enero de 2011, 5 de junio de 2012, 28 de mayo de 2013 y 7 y 8 de marzo y 12 de abril de 2016, entre otras, y, en cuanto a la rectificación de los asientos del Registro, los artículos 1.3.º, 3, 9, 18, 38 y 40 de la Ley Hipotecaria; 17 bis de la Ley del Notariado; 92, 94 y 96 del Reglamento Hipotecario, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 7 de abril y 5 de mayo de 1978, 8 de mayo y 6 de noviembre de 1980, 4 de febrero de 1999, 6 de junio de 2001, 23 de marzo de 2004, 13 de septiembre de 2005, 4 de abril y 15 de diciembre de 2006, 1 de octubre de 2007, 12 y 23 de agosto de 2011, 14 de mayo de 2013, 7 de julio de 2015 y 2 de marzo y 30 de junio de 2016.
1. El relato de hechos relevantes para la resolución de este expediente es el siguiente:
– mediante escritura de fecha 29 de enero de 2021, se otorga compraventa de una finca a favor de la entidad «Canarobra, SL», por un precio de 415.000 euros, del cual se aplaza la totalidad para el pago del mismo en cuotas mensuales, y se garantiza con condición resolutoria por la que: «Las partes conceden a la falta de pago de todo, de dos cuotas consecutivas o alternativas o de la última de las referidas cuotas, del precio aplazado dentro del plazo establecido, el carácter de condición resolutoria expresa, en los términos de los artículos mil quinientos cuatro del Código civil, once de la Ley Hipotecaria y cincuenta y nueve de su reglamento. Por lo tanto, la falta de pago del precio aplazado en los plazos convenidos en la forma reseñada, dará lugar de pleno derecho a la resolución de esta compraventa (en su caso, con pérdida para la parte compradora de todas las cantidades pagadas a cuenta hasta ese momento), sin embargo, para que tenga lugar la resolución será preciso que la parte vendedora requiera fehacientemente de pago a la compradora por acta notarial en el siguiente domicilio […] con concesión de nuevo plazo de quince días naturales, transcurrido el cual, si no consta el pago en la misma acta, se entenderá resuelta la compraventa». – mediante acta de fecha 11 de noviembre de 2024, se requirió por los vendedores a la compradora «Canarobra, SL», para el pago íntegro de las cantidades correspondientes a las mensualidades de «julio, agosto, octubre y noviembre de 2024», e igualmente la de diciembre de 2024 y enero de 2025, siendo la cantidad adeudada en ese momento, de 310.000 euros. – en procedimiento de juicio ordinario, se insta por los vendedores, frente a las entidades «Canarobra, SL» y «Galdarobra, SL», resolución de la compraventa por el impago del precio. En atención al impago esencial del precio, las partes acuerdan la resolución del contrato de compraventa poniendo fin al citado procedimiento. – mediante escritura de fecha 15 de octubre de 2025, se otorga por vendedores y causahabientes de estos, y la entidad compradora, la resolución de la citada compraventa, y reinscripción de la finca vendida a favor de la parte vendedora, reteniendo los vendedores las cantidades percibidas y liberando del pago de otras a la compradora, y restituyendo la posesión física y jurídica de la finca a la vendedora. En dicha escritura se expresa lo siguiente: «Canarobra SL no ha inscrito nunca su derecho en el Registro de la Propiedad, manteniéndose la titularidad registral a nombre de los vendedores y la compraventa ha sido resuelta por incumplimiento, renunciando expresamente a presentar a inscripción la escritura de 29 de enero de 2021 antes reseñada ni título derivado ni a transmitir o gravar la finca por este título, facultando al notario para notificar al Registro». – en el historial registral de la finca constan los siguientes asientos sobre la citada finca: – inscripción 4.ª, de 2 de marzo de 2021, relativa al título de adquisición de los vendedores reseñados, que lo fue por disolución de comunidad. – inscripción 5.ª, de 14 de enero de 2025, relativa a apertura de folio real electrónico, y cancelación por caducidad de las limitaciones de la junta de compensación. – inscripción 6.ª, de 3 de diciembre de 2025, relativa a la inscripción de la escritura de compraventa citada de 29 de enero de 2021, en la que consta sobre la condición resolutoria lo siguiente: «No se inscribe la condición resolutoria en garantía del pago del precio aplazado porque: primero, el eventual asiento de condición resolutoria debería cancelarse, de conformidad con el párrafo segundo artículo 82 de la Ley Hipotecaria, toda vez que han transcurrido tres meses desde la fecha del último pago, sin que se haya hecho constar en el Registro, en dicho plazo, el ejercicio de la facultad resolutoria; y segundo, de conformidad con la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de abril de 2016, el documento presentado en el Diario en primer lugar gana prioridad no sólo para sí, sino también para los documentos presentados con posterioridad cuando éstos sean necesarios para su despacho, razón por la cual el embargo presentado bajo el asiento 2611 del diario 2025 debe tener rango preferente a la condición resolutoria que se documenta en el título que motiva este asiento, presentado bajo el asiento 4024 del diario 2025, toda vez que fue presentado antes, siendo necesaria para su anotación la previa inscripción de la compraventa que ahora se practica, no así de la condición resolutoria, resultando además que se ha consumado la condición resolutoria con la resolución del contrato de compraventa, según consta del título presentado bajo el asiento 3600 del diario 2025, presentado también con posterioridad al embargo citado». – presentado a las 9:00 horas del 3 de diciembre de 2025, anotación preventiva de embargo de 4 de abril de 2025, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, en reclamación de 414.091,46 euros, que había sido anteriormente presentado el día 14 de agosto de 2025, y el asiento prorrogado; presentada de nuevo en fechas sucesivas, suspendiéndose la inscripción por no aparecer la finca inscrita a nombre de la sociedad embargada; ahora, a la presentación de la citada escritura de compraventa de fecha 3 de diciembre de 2025, con esta misma fecha, se practica anotación preventiva del embargo citado con letra A. – inscripción 7.ª, de fecha 10 de diciembre de 2025, por la que, en virtud de la escritura de fecha 15 de octubre de 2025, subsanada por diligencia de fecha 4 de diciembre de 2025 –relativa a subsanación del juicio de suficiencia–, de resolución de la compraventa, se cancela la inscripción 6.ª y declara vigente la 4.ª, volviendo la titularidad de la finca a nombre de los originarios vendedores. Esta escritura de resolución de compraventa, había sido presentada a las 14:25 horas del día 15 de octubre de 2025, y posteriormente completada con la diligencia que se presenta el mismo día 4 de diciembre de 2025. Solicitada nota de despacho con certificación de la inscripción de la finca, relativo a la condición resolutoria consta lo siguiente: «No se inscribe la condición resolutoria en garantía del pago del precio aplazado porque: primero, el eventual asiento de condición resolutoria debería cancelarse, de conformidad con el párrafo segundo artículo 82 de la Ley Hipotecaria, toda vez que han transcurrido tres meses desde la fecha del último pago, sin que se haya hecho constar en el Registro, en dicho plazo, el ejercicio de la facultad resolutoria; y segundo, de conformidad con la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de abril de 2016, el documento presentado en el Diario en primer lugar gana prioridad no sólo para sí, sino también para los documentos presentados con posterioridad cuando éstos sean necesarios para su despacho, razón por la cual el embargo presentado bajo el asiento 2611 del diario 2025 debe tener rango preferente a la condición resolutoria que se documenta en el título que motiva este asiento, presentado bajo el asiento 4024 del diario 2025, toda vez que fue presentado antes, siendo necesaria para su anotación la previa inscripción de la compraventa que ahora se practica, no así de la condición resolutoria, resultando además que se ha consumado la condición resolutoria con la resolución del contrato de compraventa, según consta del título presentado bajo el asiento 3600 del diario 2025, presentado también con posterioridad al embargo citado». Los recurrentes alegan lo siguiente: que respecto a la inscripción, tiene carácter esencial la de la condición resolutoria explícita, ya que la garantía del precio aplazado es un pacto con trascendencia real y acceso registral, precisamente para desplegar efectos frente a terceros; que no existe obstáculo de especialidad que justifique su denegación; que no procede mutilar el contenido del título por razones de prioridad; que el principio de prioridad y la doctrina de «documentos necesarios para el despacho» ordena el rango y el orden de despacho, pero no habilita para practicar una inscripción del dominio separada de un pacto esencial del mismo título (condición resolutoria explícita) cuando tal pacto es inscribible y solicitado; que si el registrador entiende que existe colisión de rangos con la anotación de embargo, el tratamiento correcto, en su caso, sería inscribir la condición con el rango que proceda, o reflejar su subordinación, pero no excluirla del folio, porque ello altera la extensión del derecho inscrito y perjudica la exactitud del Registro; que el artículo 82 de la Ley Hipotecaria regula la cancelación de asientos, no la denegación de inscripción de un pacto inscribible; que en particular, su párrafo segundo solo permite cancelar «sin dichos requisitos» cuando el derecho quede extinguido por declaración de la Ley o resulte así del mismo título, pero en ningún caso es una habilitación para no practicar la inscripción de una condición resolutoria explícita válidamente pactada y determinada; que la decisión de no inscribir la condición resolutoria no es neutra, sino que altera la extensión del derecho publicado; que de haberse inscrito la condición resolutoria explícita –pacto real plenamente determinado y reconocido en el propio literal del despacho– el folio real habría reflejado que el adquirente ostentaba un dominio resoluble; que cualquier anotación de embargo solo podría recaer sobre el derecho del deudor en la medida y con los límites en que resultaba publicado (derecho sujeto a resolución), evitando que el embargo se apoyase en una apariencia de dominio más amplia que la realmente transmitida; que la denegación impugnada vulnera la función de exactitud y completitud de la publicidad registral, al practicar una inscripción «amputada» del título que desnaturaliza el contenido real del derecho inscrito y proyecta efectos perjudiciales frente a terceros; que la caducidad que pretende el registrador se apoya en un cómputo que, en este caso, no se sostiene, ya que si la cláusula sitúa el «dies a quo» en la «fecha de pago del último abono», cuando existe impago no hay «fecha de pago» que pueda iniciar el plazo; que en términos estrictos, no puede construirse una caducidad sobre un hecho (último pago) que no ha ocurrido; que en todo caso, concurre un elemento decisivo, que es que consta el ejercicio fehaciente de la facultad resolutoria, lo que excluye cualquier argumento de inactividad; que si el registrador entendiera que la condición resolutoria debía cancelarse por un mecanismo de caducidad/cancelación registral, ese juicio exige sujetarse estrictamente a los presupuestos legales, sin que resulte admisible convertir ese eventual juicio cancelatorio en causa para denegar la inscripción de la condición al tiempo de inscribir el dominio; que la cláusula de condición resolutoria aportada evidencia que nos hallamos ante un pacto con trascendencia real, plenamente determinado (supuestos de impago, requerimiento fehaciente notarial, plazo de 15 días y efecto resolutorio), cuyo acceso registral procede, en cuanto define la extensión del derecho transmitido (dominio resoluble); que la decisión registral de no inscribir la condición resolutoria supone una inscripción parcial que publica un derecho más amplio del que resulta del propio título y vulnera la función de exactitud de la publicidad registral; que, aunque el principio de prioridad ordene el rango de los asientos, no autoriza a «amputar» el contenido real del título, ya que si el Registro inscribe la compraventa para completar el tracto, debe hacerlo reflejando el derecho tal como nace del título (dominio sujeto a condición resolutoria), quedando la discusión de rangos y efectos frente a terceros en el plano propio, pero no mediante la exclusión del pacto inscribible; El principio de prioridad ordena el despacho de documentos válidos, pero no permite mantener cargas carentes de soporte subjetivo; y es que no puede utilizarse para hacer subsistir un embargo, cuando el presupuesto esencial del mismo (la titularidad del deudor) ha desaparecido jurídicamente; que la anotación preventiva de embargo carece de adecuación subjetiva, puesto que no se apoya en una titularidad vigente, convirtiendo al Registro de la Propiedad en un instrumento de ejecución impropia, puesto que el Registro publica derechos, no los reconstruye artificialmente para facilitar apremios administrativos; que de la propia calificación resulta que la inscripción de la compraventa se practica exclusivamente para permitir la anotación de embargo administrativo, lo que constituye una utilización del Registro como instrumento de ejecución, ajena a su función constitucional de publicidad jurídica; que el contrato de compraventa ya estaba resuelto, la condición resolutoria se había consumado, y existía título extintivo presentado con prioridad; que un contrato resuelto carece de eficacia jurídica real y no puede acceder al Registro, ni siquiera de forma instrumental; que la negativa registral se apoya en una pretendida extinción/caducidad de la facultad resolutoria y, sin embargo, el propio pacto contractual condiciona dicha extinción a un presupuesto inexistente en caso de impago y el plazo de tres meses se computa «a contar desde la fecha de pago del último de los abonos»; que en un supuesto de falta de pago no existe «fecha de pago del último abono» que pueda operar como «dies a quo», por lo que es improcedente construir una caducidad sobre un presupuesto fáctico no concurrente; que el título define con precisión el modo de ejercicio de la condición, esto es, requerimiento fehaciente notarial con concesión de 15 días naturales, sin que la no recogida o la falta de persona en el domicilio impidan su efectividad, siendo suficiente el acta notarial donde así se constate; que por tanto, el ejercicio se produce por el requerimiento notarial (y, en su caso, la ulterior acción), sin que el pacto imponga como requisito constitutivo la previa presentación en el Registro del propio requerimiento.
2. El presente recurso tiene por objeto la revocación de una calificación registral que concluye en una inscripción, –la 6.ª de la finca registral–, la cual está practicada, y, por tanto, se solicita la modificación de un asiento del Registro.
Se debe recordar que como señaló la Resolución de 19 de octubre de 2016 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (doctrina reiterada): «Toda la doctrina elaborada a través de los preceptos de la Ley y del Reglamento Hipotecarios y de las Resoluciones de este Centro Directivo relativa a la rectificación del Registro parte del principio esencial que afirma que los asientos registrales están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud (artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria). Por ello, como ha reiterado este Centro Directivo (cfr., por todas, las Resoluciones de 2 de febrero de 2005, 19 de diciembre de 2006, 19 de junio de 2010, 23 de agosto de 2011 y 5 y 20 de febrero y 27 de marzo de 2015), la rectificación de los asientos exige, bien el consentimiento del titular registral y de todos aquellos a los que el asiento atribuya algún derecho –lógicamente siempre que se trate de materia no sustraída al ámbito de autonomía de la voluntad–, bien la oportuna resolución judicial recaída en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún derecho. La rectificación registral se practica conforme indica el artículo 40 de la Ley Hipotecaria, que contempla diversos supuestos que pueden originar la inexactitud del Registro que debe repararse; estos supuestos son: a) no haber tenido acceso al Registro alguna relación jurídica inmobiliaria; b) haberse extinguido algún derecho que conste inscrito o anotado; c) la nulidad o error de algún asiento, y d) la falsedad, nulidad o defecto del título que hubiere motivado el asiento y en general de cualquier otra causa no especificadas en la Ley: en este último supuesto, la rectificación precisará del consentimiento del titular o, en su defecto, resolución judicial». Por tanto, para la rectificación de los asientos practicados es preciso el consentimiento de todos los interesados o en su defecto una resolución judicial.
3. En cuanto a la prioridad y procedencia de los asientos practicados, como ya precisaron las Resoluciones de 23 de octubre de 1998, 5 de abril de 1999, 23 de octubre y 13 de noviembre de 2001, dado el alcance del principio de prioridad, básico en un sistema registral de fincas (cfr. artículos 17, 24, 32 y 248 de la Ley Hipotecaria), la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte del mismo y de la situación tabular existente en el momento de su presentación en el Registro (cfr. artículos 24 y 25), sin que puedan obstaculizar su inscripción otros títulos, aunque sean incompatibles, presentados con posterioridad. Por tanto, confiriendo dicho principio preferencia al título primeramente ingresado al Registro sobre los posteriores, tal preferencia exige lógicamente, en principio, que los registradores despachen los documentos referentes a una misma finca por riguroso orden cronológico de su presentación en el Diario, salvo que sean compatibles entre sí.
Ahora bien, igualmente impone la Ley, y así lo ha declarado este Centro Directivo también de forma reiterada, que para realizar el despacho de los títulos es necesario que por el registrador se proceda a su previa calificación en virtud del principio de legalidad, siendo una de las circunstancias esenciales que deberá comprobar ineludiblemente al hacer tal calificación la de la previa inscripción del derecho de que se trate a favor de la persona disponente o la que haya de perjudicar la inscripción a practicar, debiendo denegar ésta cuando resulte inscrito aquel derecho a favor de persona distinta, doctrina general que establece el artículo 20, párrafos primero y segundo de la Ley Hipotecaria y que se adapta y reitera en cuanto a las anotaciones de embargo en el artículo 140, regla primera, del Reglamento Hipotecario.
4. La cuestión planteada en el presente caso debe resolverse conforme a la doctrina de esta Dirección General expresada en la Resolución de 12 de noviembre de 2010, según la cual la alternativa más lógica y congruente con una aplicación ponderada de todos los principios e intereses en juego, y también con las normas hipotecarias vigentes, es la de entender que el documento presentado en el Diario en primer lugar (mandamiento de anotación de embargo) gana prioridad no sólo para sí, sino también para los documentos presentados con posterioridad cuando éstos sean necesarios para su despacho a fin de subsanar el concreto defecto de falta de tracto sucesivo que impedía su inscripción, siempre que el disponente del primer documento presentado sea causahabiente del titular registral, y ello aunque tal atribución de prioridad suponga dotar al documento subsanatorio (reconstructor del tracto) de preferencia sobre el intermedio contradictorio que se presentó antes, pero después del subsanado. Así lo confirman las siguientes consideraciones.
En primer lugar, hay que recordar que, como ha declarado este Centro Directivo (cfr. Resolución de 18 de marzo de 1972), la rígida aplicación de cualquier principio hipotecario no puede llegar a limitar la facultad y el deber de los registradores de examinar los documentos pendientes de despacho relativos a una misma finca, aun presentados posteriormente, para de esta forma procurar el mayor acierto en la calificación, no efectuar inscripciones inútiles e ineficaces, evitar litigios y conseguir una justa concordancia entre los asientos y los derechos de los interesados. Ciertamente también ha precisado este Centro Directivo que de esta facultad y deber no puede deducirse que los registradores puedan o estén obligados a alterar por sí, y sin la intervención de los interesados legitimados para ello, el orden de despacho de los documentos cuando ello carezca de apoyo legal, base legal que, como vamos a ver, existe en este supuesto. En segundo lugar, en los casos de falta de tracto sucesivo por falta de inscripción del título del disponente, siendo este causahabiente del titular registral, quedan modalizados los principios hipotecarios de tracto sucesivo y de prioridad. En efecto, en cuanto al principio del tracto sucesivo, frente a la rotundidad del párrafo segundo del artículo 20 de la Ley Hipotecaria, que prevé la denegación de la inscripción solicitada en caso de que el derecho resulte inscrito «a favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o el gravamen», el artículo 105 del Reglamento Hipotecario modaliza la regla anterior al prescribir que «no obstante lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 20 de la Ley, los Registradores podrán suspender la inscripción de los documentos en los que se declare, transfiera, grave, modifique o extinga el dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles en el caso de que la persona que otorgue el acto o contrato alegase en el documento presentado ser causahabiente del titular inscrito o resultare tal circunstancia del Registro y del referido documento, y a solicitud del presentante extenderá anotación preventiva por defecto subsanable». Este artículo, introducido por el Decreto de 14 de febrero de 1947 (con el número 103 del Reglamento Hipotecario, que posteriormente con la reforma operada mediante el Real Decreto de 12 de noviembre de 1982 pasó a su numeración actual), vino a recuperar un criterio de flexibilidad que inspiraba la regulación que de esta materia hacía la Ley Hipotecaria de 1909 al prever la doble posibilidad de la denegación y de la suspensión, y que posteriormente el texto refundido de la Ley de 1946 suprimió al eliminar la referencia a la suspensión. La reforma reglamentaria de 1947, finalmente, no sólo vuelve al criterio de la Ley de 1909, sino que fija, además, las reglas de discriminación entre las alternativas de la denegación y la suspensión, al señalar que procederá ésta y no aquélla cuando el disponente alegue en el título ser causahabiente del titular registral.
5. Este precepto es esencial para la resolución del conflicto examinado en el presente recurso, ya que califica como subsanable el defecto consistente en la falta de previa inscripción a favor del transferente en el caso de que el mismo alegue en el documento presentado ser causahabiente del titular inscrito o resulte tal circunstancia del Registro y del referido documento, por lo cual en tales casos procede la suspensión del despacho del documento y no su denegación.
Por ello, esta misma norma implica también una modalización del principio de prioridad en su vertiente formal del despacho de los documentos por el riguroso orden de su presentación, ya que, al ser calificado el defecto como subsanable, la fecha del asiento de presentación del título presentado primeramente (escritura de compraventa) determina la prioridad del mismo y también la del que fue presentado posteriormente con objeto de acreditar aquella cualidad de causahabiente (escritura de compraventa por la que adquirió el actual vendedor), permitiendo con ello reconstruir el tracto, de tal manera que los efectos de la subsanación del defecto de la falta de tracto se retrotraerán a la fecha del asiento de presentación del título subsanado. Así resulta del hecho de que la distinción entre un tipo de faltas o defectos y otros (subsanables e insubsanables) radica precisamente en si permiten o no el mantenimiento del rango o prioridad registral más allá de la duración del asiento de presentación, pudiendo en caso afirmativo ser subsanados con efecto retroactivo a la fecha del propio acceso del título al Registro mediante su asiento en el Diario. Por tanto, en el caso del artículo 105 del Reglamento Hipotecario, al permitir la suspensión del título, sin imponer su denegación, y la anotación preventiva por defecto subsanable, está permitiendo que la subsanación atribuya a la inscripción que a sus resultas se practique una eficacia retroactiva a la fecha del asiento de presentación practicado por el título subsanado, lo que supone necesariamente que el título intermedio entre el subsanado y el subsanador (en este caso la escritura de aportación social) pasa a quedar definitivamente postergado en su rango respecto del primeramente presentado. No cabe alegar en contra de lo señalado que el título subsanador no podrá ser despachado por impedirlo el intermedio contradictorio, pues ello supondría vaciar de contenido el artículo 105 del Reglamento Hipotecario en el sentido de que su aplicación tan sólo sería posible cuando dicha aplicación careciese por completo de toda utilidad, es decir, cuando no existan títulos intermedios entre el título subsanado y el subsanador (a falta de título contradictorio intermedio, resulta indiferente que el primer título conserve su prioridad o no, o que sea calificado el defecto como subsanable o insubsanable). Y no es sólo que el artículo 105 del Reglamento Hipotecario no excluya de su ámbito de aplicación los supuestos de defectos cuya subsanación requiera una titulación susceptible de presentación y despacho autónomo (y no documentación meramente complementaria en el sentido del artículo 33 del Reglamento Hipotecario, que no es objeto de asiento de presentación propio), sino que precisamente contempla ese supuesto y sólo ese, ya que el defecto cuya subsanabilidad prevé es justa y precisamente la falta de tracto, cuya subsanación presupone la presentación de un título material traslativo de los previstos en el artículo 2 de la Ley Hipotecaria, por cualquiera de las vías formales contemplados en el artículo 3 de la misma ley, y en el que «funde inmediatamente su derecho» el disponente, es decir, un título independiente que tiene su acceso al Registro con posterioridad. A tal conclusión es indiferente el hecho de que respecto del primer título presentado se haya tomado anotación preventiva de suspensión o no, pues ésta produce como único efecto el de prologar la duración del asiento de presentación y, por ello, el hecho de que no se haya practicado no puede conducir a un destino registral distinto al título presentado después si se presentó y despachó durante la vigencia del asiento de presentación del primer título presentado al que subsana. Todo ello lleva a la conclusión de que en los casos en que existan títulos intermedios presentados entre los dos previstos en el artículo 105 del Reglamento Hipotecario (el subsanable y el subsanador) –fuera de los casos de convalidación–, tales títulos intermedios quedan perjudicados en favor de aquellos con base en la preferencia o prioridad ganada mediante el primer asiento de presentación practicado, preferencia que se comunica al título que reconstruye el tracto del primero.
6. Además, el criterio por el que se califica como subsanable el defecto de falta de tracto cuando el disponente trae causa del titular registral y así lo alega en el título que presenta primero en el Registro, que establece el artículo 105 del Reglamento Hipotecario, y que encuentra su equivalente en relación con las anotaciones preventivas de embargo en el artículo 140, número 1, del Reglamento Hipotecario, ha sido sancionado mediante norma de rango legal a través del artículo 629, número 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, el cual, en relación con el embargo de bienes inmuebles, establece que «si el bien no estuviere inmatriculado, o si estuviere inscrito en favor de persona distinta del ejecutado, pero de la que traiga causa el derecho de éste, podrá tomarse anotación preventiva de suspensión de la anotación del embargo, en la forma y con los efectos previstos en la legislación hipotecaria».
En definitiva, en los casos en que la finca aparezca inscrita a favor de persona distinta del disponente, o del ejecutado en el caso de los embargos, pero de la que traiga causa el derecho de éste, constando tal cualidad de causahabiente en el propio Registro (en otras fincas registrales) o alegándose tal cualidad en el propio título presentado, ha de entenderse que se ha configurado legalmente una suerte de reserva de rango a través del asiento de presentación del título con defecto formal de tracto a favor del título que falta para completar o reconstruir el tracto, a cuyo favor se produce un trasvase de la prioridad del título al que subsana. Ello, además, es congruente con el artículo 24 de la Ley Hipotecaria, pues si a consecuencia de la suspensión respecto de la compraventa se despachase primero la aportación (bajo el presupuesto de concurrir los presupuestos necesarios), esta decisión supondría inscribir antes un título contradictorio presentado después, y esto sí que supondría violentar el principio de prioridad. Naturalmente, la aplicación del artículo 105 del Reglamento Hipotecario exige que el título presentado posteriormente, no adoleciendo de defectos o habiendo sido estos subsanados, llegue a inscribirse. Así lo ha interpretado también un importante sector de la doctrina moderna más autorizada.
7. En el concreto supuesto de este expediente, la finalidad de la solicitud de emisión de la nota de despacho es que se declare que procedía la inscripción de la condición resolutoria pactada en el título de compraventa de 26 de noviembre de 2021, la cual no se inscribe por los motivos que se expresan en la certificación de despacho y en la inscripción que son los siguientes: a) que el eventual asiento de condición resolutoria debería cancelarse, toda vez que han transcurrido tres meses desde la fecha del último pago, sin que se haya hecho constar en el Registro, en dicho plazo, el ejercicio de la facultad resolutoria, y b) que el documento presentado en el Diario en primer lugar gana prioridad no sólo para sí, sino también para los documentos presentados con posterioridad cuando éstos sean necesarios para su despacho, razón por la cual el embargo presentado bajo el asiento 2.611 del Diario 2025 debe tener rango preferente a la condición resolutoria que se documenta en el título que motiva este asiento, presentado bajo el asiento 4.024 del Diario 2025, toda vez que el mandamiento de embargo fue presentado antes, siendo necesaria para su anotación la previa inscripción de la compraventa que ahora se practica, no así de la condición resolutoria, resultando además que se ha consumado la condición resolutoria con la resolución del contrato de compraventa, según consta del título presentado bajo el asiento 3.600 del Diario 2025, presentado también con posterioridad al embargo citado.
En definitiva, no procedía la inscripción de la citada condición resolutoria por haber transcurrido el plazo convencional de caducidad del eventual asiento de suerte que, de haberse practicado, sería procedente su cancelación, al objeto de evitar la extensión de asientos superfluos (Resolución de 22 de octubre de 1952). Pero además, por otra parte, conforme el historial registral de la finca, antes de su caducidad, cuando se procede a su despacho, se encontraban presentados en el Registro tres títulos, por el siguiente orden de presentación: mandamiento de anotación de embargo –14 de agosto de 2025, prorrogada y de nuevo presentada a las 9 horas del 3 de diciembre de 2025–, resolución de compraventa –14:25 horas del día 15 de octubre de 2025 y subsanada el 4 de diciembre de 2025– y compraventa con condición resolutoria en garantía del pago del precio aplazado –14:02 del 3 de diciembre de 2025 e inscrita ese día– (título cuya certificación de despacho es objeto de recurso), siendo contradictorios el primero y el segundo y subsanados ambos por el tercero. Conforme a la Resolución de 12 de abril de 2016, lo procedente era la inscripción de la compra, a los solos efectos de posibilitar la anotación del embargo (que es el título primeramente presentado), respetando el rango de dicha anotación, con carácter preferente a la condición resolutoria (cuya inscripción no era imprescindible para anotar el embargo), por lo que estando ya presentada la escritura de resolución, la inscripción de la condición resolutoria es igualmente superflua. Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la calificación. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 14 de abril de 2026.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Ester Pérez Jerez. subir Contactar Sobre la sede electrnica Mapa Aviso legal Accesibilidad Proteccin de datos Sistema Interno de Informacin Tutoriales Empleo en la AEBOE Agencia Estatal Boletn Oficial del Estado Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid