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Resolución de 14 de julio de 2026, de la Dirección General de Derechos de la Infancia y Adolescencia, por la que se publica el Convenio con la Universidad de Salamanca, para la creación de la Cátedra «Educación, Infancia y Juventud».

X 15931/boees-x-boe-a-2026-15931Jul 21, 2026

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  1. Annex UNICO
  2. Annex section primero Apartado primero. El Ministerio de Juventud e Infancia es el departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de juventud y de protección de las personas menores de edad, conforme al Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. Por su parte, el artículo 2 del Real Decreto 211/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Juventud e Infancia, a este departamento, a través de la Secretaría de Estado de Juventud e Infancia, corresponde la especial protección de la infancia y la prevención de situaciones de necesidad en las que puedan incurrir las personas menores de edad, dentro del ámbito de las competencias constitucionalmente reservadas al Estado. Asimismo, promueve el fomento de políticas de juventud, con especial atención a la participación libre y eficaz de los jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural del país, y fomenta las relaciones de colaboración y cooperación con otras Administraciones territoriales en las materias de su competencia. Entre sus funciones se encuentran el impulso de la coordinación institucional en esta materia y de las relaciones de colaboración y cooperación con otras Administraciones en las materias objeto de su competencia. Entre sus líneas de actuación, el Ministerio impulsa la creación de políticas de apoyo a la infancia y la juventud; colabora con otros países para mejorar el bienestar de niños, niñas y adolescentes; desarrolla normativa para garantizar la seguridad de los y las menores de edad en el entorno digital; y trabaja junto con las comunidades autónomas para optimizar la acogida de niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo, incluyendo a los menores migrantes no acompañados. Comprometido con todas las realidades sociales de la infancia y la juventud, el Ministerio trabaja para garantizar su bienestar, desarrollo integral e igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad. Asimismo, y consciente de la importancia de la acción coordinada entre las distintas administraciones públicas y organismos internacionales, el Ministerio considera esencial promover mecanismos de cooperación con instituciones académicas y organizaciones de reconocido prestigio en el ámbito de la educación, la infancia y la juventud. Segundo. El marco normativo y estratégico actual en materia de infancia y juventud exigen la colaboración entre los diferentes actores para mejorar la investigación y el conocimiento en esta materia. La Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia recoge en su parte expositiva que los poderes públicos tienen la obligación de desarrollar actuaciones de sensibilización, prevención, asistencia y protección frente a cualquier forma de violencia, así como de establecer aquellos procedimientos necesarios para asegurar la coordinación entre las administraciones públicas. Asimismo, dedica su título III a la sensibilización, prevención y detección precoz incluyendo los principios del sistema educativo y la implicación de la Educación Superior en la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia estableciendo de manera especial que los centros de Educación Superior promoverán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en derechos de la infancia y adolescencia en general y en la lucha contra la violencia ejercida sobre los mismos en particular. De manera específica, la Estrategia Estatal de derechos de la infancia y la adolescencia (2023-2030) recoge entre sus fines el de garantizar un conocimiento profundo de la realidad de la violencia contra la infancia y adolescencia, de acuerdo con las observaciones generales del Comité de Derechos del niño que mandata a los Estados a colaborar con el ámbito de investigación para lograr estudios en la materia. Por su parte, la Estrategia de Juventud 2030 recoge entre sus objetivos, el de mejorar la transferencia de conocimientos entre los campos de la investigación, la política y la práctica y profundizar el conocimiento sobre la realidad juvenil mediante la alianza de equipos y organismos de investigación y potenciando la investigación multidisciplinar sobre juventud. Recoge como desafíos cooperar para elaborar políticas relativas a la juventud sobre la base de la investigación e impulsar las iniciativas de investigación de y sobre juventud y detectar los temas prioritarios en el campo de las investigaciones en esta materia. En particular, establece líneas de actuación concretas de apoyo a estudios e investigaciones realizados por otras entidades y de impulso a la actividad investigadora en áreas complementarias de interés, mediante la colaboración con la comunidad académica para la promoción y difusión de la investigación relacionada con la temática juvenil. Tercero. Que la Universidad de Salamanca (en adelante, USAL) es una institución de derecho público, con personalidad jurídica propia, a la que le corresponde la gestión del servicio público de la educación superior mediante las actividades de docencia, estudio y la investigación. La USAL goza de autonomía en cuanto a su organización y funcionamiento interno, académica, financiera, económica, de gestión y gobierno en el ejercicio de sus competencias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.10 de la Constitución Española y demás disposiciones generales que resulten aplicables. Se trata de una Universidad pública, comprometida con la sociedad, al servicio de su progreso intelectual y material, que responde con calidad, innovación, agilidad y flexibilidad a los retos emergentes en los diferentes campos de las ciencias, la tecnología, la cultura y las artes. De conformidad con sus estatutos, aprobados por Acuerdo 19/2003, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y León, entre sus fines se contempla:
  3. Annex section cuarto Apartado cuarto. El Ministerio de Juventud e Infancia y la USAL reconocen que la firma del presente convenio constituye el instrumento idóneo para la creación de la cátedra «Educación, Infancia y Juventud», adscrita al Centro de Transferencia Socioeducativa (CETES) de la Universidad de Salamanca. La creación de la cátedra, en colaboración con la USAL, se concibe como un espacio de conocimiento, investigación y transferencia orientado a fortalecer las políticas públicas y las prácticas sociales que promueven el bienestar y el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes. En concreto, la cátedra tiene como finalidad fomentar la investigación, la formación, la innovación y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la educación y de las políticas orientadas a la atención integral de la infancia y la adolescencia, desde un enfoque basado en las garantías de sus derechos y con una mirada transversal e interdisciplinar. Asimismo, las partes coinciden en la importancia de impulsar la promoción, el intercambio y la cooperación entre instituciones académicas, organismos públicos y entidades sociales, con el propósito de fortalecer el diálogo y la acción conjunta en torno a los desafíos educativos y sociales que afectan a la infancia, la adolescencia y la juventud. Quinto. Las partes manifiestan recíprocamente que quedan sometidas al régimen jurídico de los convenios conforme a lo dispuesto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP). Sexto. Que el presente convenio satisface los requisitos establecidos en el artículo 48.3 de la LRJSP, en cuanto que tiene por objeto mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumple con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Séptimo. Que las partes tienen fines comunes y/o complementarios y competencia para fundamentar su actuación por medio de este convenio y que, por tanto, es su voluntad desarrollar una colaboración que, de modo continuado, contribuya al mejor desarrollo de sus funciones y que, en consecuencia, es deseo de las partes intervinientes suscribir el presente convenio para establecer un marco jurídico e institucional que regule y concrete sus respectivos compromisos adquiridos para la creación de una cátedra. Por todo ello, todas las partes consideran de mutuo interés suscribir el presente convenio que se regirá por las siguientes