Resolución de 28 de abril de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil XIII de Madrid, por la que se rechaza la inscripción de modificación de determinado artículo estatutario.

Fundamentos de Derecho:

“En consecuencia, atribuir en los estatutos tales derechos económicos al acreedor pignoraticio (aun cuando se limite a la hipótesis de inicio de ejecución de la prenda), por su sola condición de tal, queda sin justificación jurídica; supondría una atribución patrimonial sin causa alguna, produciendo un enriquecimiento injusto (recibiría los dividendos y demás derechos económicos por su sola condición de titular de la prenda y, además, mantendría el crédito garantizado en su totalidad), que nuestro Ordenamiento no permite, como ya se ha dicho.” Obvia que las prendas pueden, y tienen en la mayoría de los casos en la práctica del mercado, naturaleza anticrética, lo que implica la extensión de la prenda a los frutos de la cosa pignorada. En el caso de las prendas de acciones o participaciones sociales, el pacto anticrético implica la extensión de la prenda a los dividendos, las restituciones de aportaciones, las cuotas de liquidación y cualesquiera otros bienes o derechos que se atribuyan al propietario de las acciones pignoradas. Por tanto, presuponer una causa ilícita o el riesgo de una causa ilícita para denegar la inscripción, cuando el uso del mercado (al menos en cuanto se refiere a las prendas de acciones o participaciones sociales de sociedades de capital) es precisamente la naturaleza anticrética de las prendas y, en consecuencia, la plena validez de la atribución al acreedor pignoraticio de dichos frutos, desborda, en nuestra opinión, el juicio sobre “la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud, se solicite la inscripción, (…) y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro” (art. 18 LH). Buena prueba de que la moneda común en la práctica mercantil la prenda anticrética que precisamente por eso el artículo 132.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en adelante, “LSC” permite que los estatutos sociales atribuyan al acreedor pignoraticio los derechos del socio. Tanto es así, que el mercado ofrece evidencia palpable de la validez y pleno acceso al registro de la previsión estatutaria rechazada por el Sr. Registrador, como muestra el artículo 9.º bis de los estatutos sociales de otra de las sociedades del grupo, La Gavia Edificio IV, S.L.U. que lee: “En caso de prenda de participaciones, si así lo solicitase el acreedor pignoraticio, corresponderá a éste el ejercicio de los derechos de socio correspondientes a las participaciones pignoradas desde el momento en que se notifique por conducto notarial al pignorante y a la sociedad la existencia de un supuesto de incumplimiento de la obligación garantizada, siempre y cuando (i) se haya admitido a trámite la ejecución judicial de la prenda; o (ii) en el caso de ejecución notarial, se acredite fehacientemente la citación del deudor. En tanto tal notificación no se produzca, el ejercicio de los derechos de socio corresponderá al socio pignorante.” O la de los estatutos sociales de otra de las grandes Socimis del país, Testa Residencial Socimi, S.A., cuyo artículo 8.º bis tiene una redacción igual de próxima, o incluso más, a la cuestionada: “Con carácter general, en caso de prenda sobre las acciones representativas del capital social de la sociedad, corresponderá al propietario de éstas el ejercicio de los derechos de socio. No obstante lo anterior, desde el momento en que se notifique por conducto notarial al deudor pignoraticio y a la sociedad la existencia de un incumplimiento de la obligación garantizada, siempre y cuando se haya admitido a trámite la ejecución judicial de la prenda o, en el caso de ejecución notarial, se acredite fehacientemente la citación del deudor conforme al artículo 1.872 del Código Civil, corresponderán a los acreedores pignoraticios los derechos económicos y, si así lo solicitasen los acreedores pignoraticios, también los derechos políticos correspondientes a las acciones.” Esto así se repite en numerosos casos que atañen a otras Socimis que existen en nuestro país, como bien puede ser el caso de Ktesios Real Estate Socimi, S.A., que contiene una redacción similar en el artículo 8.3 de sus estatutos sociales: “En caso de prenda de acciones, corresponderán al acreedor pignoraticio los derechos económicos y políticos desde el momento en que se notifique por conducto notarial al deudor pignoraticio y a la Sociedad la existencia de un incumplimiento de la obligación garantizada estableciendo el acreedor de manera expresa que desea ejercer los derechos políticos y/o los económicos. En tanto tal notificación no se produzca, los derechos económicos y políticos corresponderán al accionista deudor pignoraticio.” Todas estas están inscritas en el Registro Mercantil de Madrid, pero también se repiten en otros lugares de España, como bien podría ser Quonia Socimi, S.A., inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, cuyo artículo 10 de sus estatutos sociales tiene la siguiente redacción: “En caso de prenda de acciones corresponderá al propietario de estas el ejercicio de los derechos de accionista. El acreedor pignoraticio queda obligado a facilitar el ejercicio de estos derechos. Si el propietario de las acciones incumpliese la obligación de desembolso pendiente, el acreedor pignoraticio podrá cumplir por sí esta obligación o proceder a la realización de la prenda.” Se pueden así encontrar redacciones similares en los estatutos sociales de otras sociedades de similares características, siendo esto una práctica de mercado aceptada por los registros mercantiles sin incidencia o dificultad alguna.

“(…) que toda calificación registral ha de formularse atendiendo a los términos del documento objeto de la misma y a los propios asientos del Registro; y en el reducido marco de este expediente, ni el registrador, ni esta Dirección General, pueden –más que analizar– enjuiciar o conjeturar acerca de intenciones de las partes en aquellos casos en que no exista clara y patente constatación, so capa de una pretendida obligación de impedir el acceso al Registro de títulos en posibles supuestos en los que la constitución de la opción de compra haya podido haber sido pactada en función de garantía del cumplimiento de una obligación pecuniaria (contraviniendo la prohibición de pacto comisorio establecida por los artículos 1859 y 1884 del Código Civil).” Y en el mismo sentido, la resolución de la Dirección General de 22 de junio de 2006 (publicada en el BOE número 172, de 20 de julio de 2006, páginas 27412 a 27415), con cita de otra nada más y nada menos que de 1937: “(…) la declaración sobre una posible simulación negocial debe quedar reservada al ámbito judicial, dado lo limitado de los medios de calificación de que dispone el Registrador (…) (…) como ya se expresara en la Resolución de este Centro Directivo de 12 de septiembre de 1937 “…la simulación, el fraus legis u otro hipotético negocio de los denominados por la doctrina oblicuos o indirectos son posibles en casi todos los actos jurídicos y en su apreciación (el Registrador) excede en este caso de la función calificadora.” Y está vedado al registrador, precisamente porque la calificación no es un expediente de justicia contradictoria en el que el interesado pueda alegar y probar cuanto a su derecho convenga, o se someta a su vez el argumento contrario a la inscripción del registrador al tamiz del juicio del tercero imparcial e independiente (el juez), presuponer o aventurar la existencia de una causa ilícita o la ausencia de causa, especialmente en un caso como el presente en el que es una disposición legal (el art. 132.1 LSC) la que, al permitir que los estatutos de una sociedad de capital puedan, precisamente, atribuir al acreedor pignoraticio los derechos del socio, está habilitando como lícita la causa de un contrato (una prenda anticrética, por ejemplo) por la que se atribuya al acreedor pignoraticio los derechos del propietario de las acciones o participaciones en tanto se mantenga la prenda. No cabe al registrador, en su calificación, prejuzgar si una disposición estatutaria como la acordada por la Sociedad está atribuyendo (1) plena propiedad al acreedor pignoraticio sobre los dividendos, sin amortización o disminución de la obligación garantizada (como el Sr. Registrador parece entender que necesariamente ocurre, imputando en consecuencia un enriquecimiento injusto o sin causa, y denegando de ahí la inscripción), (2) tan sólo la capacidad para apropiárselos para imputarlos al pago de las obligaciones garantizadas, (3) tan sólo la extensión de la prenda a los frutos de las acciones o participaciones pignoradas, para reforzar la seguridad de la garantía en la fase de seguridad. Cualquiera de estas configuraciones sería perfectamente consistente o coherente con la previsión legal que autoriza a los socios, mediante disposición estatutaria, que se atribuya el ejercicio de los derechos del socio al acreedor pignoraticio. Y no sólo cuando empieza la fase de ejecución (como es el caso del art. 10 bis cuya inscripción se rechaza), sino incluso durante toda la fase de seguridad de la garantía pignoraticia.

“Según la reiterada doctrina de esta Dirección General, en caso de calificación sustitutoria, el plazo para la interposición del recurso se debe contar a partir de la fecha de la notificación de la dicha calificación sustitutoria –segunda calificación– (vid. Resoluciones de 23 de julio de 2004, 19 de febrero de 2005, 9 de octubre de 2006, 31 de octubre de 2007, 21 de noviembre de 2009 y 23 de abril de 2014, si bien en esta última se afirma que dicha forma de computar el plazo se aplica sólo para el interesado que la haya pedido –como acontece en el presente caso–).” Por lo expuesto, a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública Solicito, que; teniendo por presentado debidamente este recurso frente a la calificación denegatoria de la inscripción de la modificación de los estatutos sociales de la Sociedad identificado en los expositivos por parte del Sr. Registrador Mercantil de Madrid, en virtud de los artículos 324 y subsiguientes de la Ley Hipotecaria, estime el recurso, y se ordene la inscripción de la modificación estatutaria de la Sociedad». V El registrador Mercantil, tras la oportuna instrucción del expediente, emitió informe ratificándose en su nota de calificación y elevó el expediente a este Centro Directivo. Del expediente resultaba que, notificada la interposición del recurso a la notaria autorizante del título calificado, presentó escrito, de fecha 9 de febrero de 2026, el que indicaba que «nada tengo que alegar o añadir a las consideraciones y fundamentos de hecho y de derecho aportados y suscritos por la parte recurrente». El día 26 de febrero de 2026, el registrador Mercantil notificaba a esta Dirección General que, habiendo sido presentada en el Registro escritura de subsanación en términos acordes con la calificación, se procedió a practicar la inscripción solicitada. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 1283, 1284, 1285, 1857, 1859, 1868, 1869 y 1871 del Código Civil; 90, 91, 93, 104, 106, 121, 132 y 149 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital; la Sentencia del Tribunal Supremo número 770/2011, de 10 noviembre, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 16 de febrero y 4 de junio de 2013.

1. Constituye el objeto de la presente determinar si puede tener acceso al Registro Mercantil un artículo estatutario que atribuye al acreedor pignoraticio los derechos del accionista correspondientes a las acciones pignoradas en caso de ejecución judicial o extrajudicial, en los términos que se han transcrito más arriba.

2. Dispone el artículo 132.1 de la Ley de Sociedades de Capital lo siguiente: «Salvo disposición contraria de los estatutos, en caso de prenda de participaciones o acciones corresponderá al propietario el ejercicio de los derechos de socio. El acreedor pignoraticio queda obligado a facilitar el ejercicio de estos derechos».

Del precepto legal resulta que el gravamen prendario de acciones o participaciones no altera ni la titularidad ni el ejercicio de los derechos que corresponden al socio el cual, en consecuencia, se encuentra plenamente legitimado para su ejercicio en la forma determinada en la ley o en los estatutos sociales. Ahora bien, el precepto permite, en aplicación de la previsión del artículo 28 de la propia Ley de Sociedades de Capital, la modalización de dicha regla general. Dice así el artículo citado: «En la escritura y en los estatutos se podrán incluir, además, todos los pactos y condiciones que los socios fundadores juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores del tipo social elegido». La modificación voluntaria de la regla general no tiene más límites que los generales derivados de la ley o del tipo social que corresponda. De aquí que quepa pactar que el pacto en contrario se refiera a todos los derechos derivados de la condición de socio o solo a alguno o algunos de ellos (vid. supuesto de la Sentencia del Tribunal Supremo número 770/2011, de 10 noviembre), como cabe pactar modalizaciones que condicionen o limiten su ejercicio siempre que con ello no se traspasen los límites mencionados. Del precepto resulta igualmente que el pacto estatutario de modificación del régimen general sólo alcanza al ejercicio de los derechos que correspondan al socio, que continúa siendo su titular. Y es que correspondiendo al socio los derechos legal o estatutariamente previstos (artículos 91 y 93 de la Ley de Sociedades de Capital), su titularidad solo se transmite con la propia condición de socio, lo que sólo puede ocurrir por cualquiera de los medios previstos legalmente (artículos 106 y siguientes de la propia ley). De aquí que cuando exista la disposición en contrario prevista en el artículo 132.1 esta se limite al ejercicio de los derechos correspondientes al socio y exclusivamente mientras persista la situación de prenda prevista en la disposición estatutaria. Resulta evidente que la condición de socio no queda alterada por la prenda de acciones o participaciones sin perjuicio de que el ejercicio de los derechos inherentes a la misma corresponda al acreedor pignoraticio mientras persista el derecho real de prenda y en los términos que comprenda la disposición estatutaria.

3. De conformidad con las consideraciones expuestas no cabe hacer un reproche como el contenido en la calificación negativa pues la cláusula transcrita se acomoda a las exigencias derivadas de la ley. Es cierto que su redacción podía haber sido más acorde con el contenido del artículo 132.1 de la Ley de Sociedades de Capital en la medida que afirma que los derechos derivados de las acciones corresponderán al acreedor pignoraticio cuando, como hemos visto, es el ejercicio de tales derechos lo que cabe atribuir al acreedor. Este reproche, con ser cierto, no puede tener el alcance de rechazar la inscripción si se tiene en cuenta que del conjunto de la disposición estatutaria resulta con claridad que no existe transmisión de la condición de socio ni de ninguno de los derechos inherentes a ella. Como resulta de su lectura, es precisamente la existencia de un procedimiento que puede desembocar en la transmisión de la condición de socio la que determina que desenvuelva sus efectos, lo que implica que no existe transmisión de la condición de socio por el mero hecho de que se produzca el supuesto contemplado. Por el mismo motivo, tampoco cabe deducir que la disposición implique una transmisión de los derechos inherentes a la condición de socio pues tal circunstancia solo es posible con la propia transmisión de tal condición (artículo 93 de la Ley de Sociedades de Capital).

En definitiva, procede la estimación del recurso pues de la cláusula estatutaria cuya inscripción se solicita no resulta ni la transmisión de la condición de socio al acreedor pignoraticio ni la transmisión de derechos inherentes a tal condición por el mero hecho de producirse el supuesto en ella contemplado. Téngase en cuenta que por el mero hecho de la constitución de una garantía prendaria no se transmite el objeto pignorado (artículo 121.1 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 1869 del Código Civil) y que es doctrina de esta Dirección General que las normas estatutarias deben ser interpretadas, sin perjuicio de la posible aplicación de otros criterios (vid. Resoluciones citadas en los «Vistos»), por medio de las normas relativas a la interpretación de los contratos. De acuerdo con dicho criterio no debe interpretarse la cláusula debatida de modo manifiestamente contrario a la ley sin que dicha posibilidad resulte de forma patente de su literalidad de modo que no pueda producir efectos. No resultando de la misma que existe una voluntad social de que en caso de constitución de prenda de acciones se transmita la condición de socio sin un procedimiento del que así resulte, ni resultando que exista voluntad de que se transmita la titularidad de derechos inherentes a la condición de socio por la puesta en marcha de un procedimiento de ejecución judicial o extrajudicial, no cabe sino interpretar que la cláusula se limita a contemplar la legitimación del acreedor prendario para el ejercicio de los derechos inherentes a la condición de socio en sintonía con la previsión del artículo 132.1 de la Ley de Sociedades de Capital. En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la nota de calificación del registrador. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 28 de abril de 2026.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Ester Pérez Jerez. subir Contactar Sobre la sede electrnica Mapa Aviso legal Accesibilidad Proteccin de datos Sistema Interno de Informacin Tutoriales Empleo en la AEBOE Agencia Estatal Boletn Oficial del Estado Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid