Ley del Principado de Asturias 7/2026, de 15 de octubre, para la erradicación de la discriminación y para la igualdad real y efectiva de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales y de sus familias.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley del Principado de Asturias para la erradicación de la discriminación y para la igualdad real y efectiva de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales y de sus familias.

PREÁMBULO

I

1. La presente ley busca garantizar y consolidar los derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (en adelante, LGTBI), al objeto de erradicar las situaciones de discriminación que les afectan, para asegurar que en el Principado de Asturias se puedan vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar con plena libertad, sin que ninguna de estas opciones vitales suponga renunciar al igual disfrute del resto de derechos.

2. Esta ley autonómica viene a incorporarse al conjunto de leyes, normas, acciones y políticas que se han venido impulsando a nivel estatal y autonómico durante las últimas décadas, con la finalidad de garantizar a todas las personas el derecho a la igualdad de trato y el derecho a ser protegidas contra toda forma de discriminación por razón de la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género o las características sexuales.

3. Esta ley define una serie de políticas públicas que buscan remover los obstáculos que impiden a las personas LGTBI ejercer plenamente sus derechos como ciudadanas debido a su situación de vulnerabilidad jurídica, política y social provocada por las condiciones históricas y estructurales de discriminación y desigualdad que las han afectado, así como las constricciones y restricciones a las que las ha sometido el orden jurídico.

II

4. En España, la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, modificada en 1954 por la dictadura franquista para perseguir a las personas homosexuales (en la que se incluía materialmente a las personas gais y transexuales), prescribía el aislamiento en campos de trabajo forzado separados del resto de personas internas (rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a quienes vivían de la mendicidad ajena). Además, se les prohibía retornar a sus municipios y eran sometidas a la vigilancia permanente de los agentes del Gobierno.

5. En el año 1970, la Ley de Peligrosidad Social modificó el castigo por el denominado «tratamiento», que podía incluir lobotomía y descargas eléctricas. Esta última ley no eliminó la mención a «los actos de homosexualidad» hasta diciembre del año 1978 y no fue derogada completamente hasta el 23 de noviembre de 1995. No obstante, se siguió persiguiendo a las personas LGTBI con base en la figura de la ley de escándalo público, que no se modificó hasta el año 1983 y no se derogó hasta 1989.

6. En este contexto legal, las mujeres lesbianas y bisexuales eran sistemáticamente invisibilizadas. A diferencia de la homosexualidad masculina, las lesbianas fueron abordadas con menos claridad por estas leyes y fueron procesadas con mucha menos frecuencia por el delito de homosexualidad. En su caso, los mecanismos de represión se efectuaban a través del control social, religioso y médico, catalogándolas como mujeres de dudosa reputación o enfermas, por lo que debían ser objeto de reeducación.

7. En el Principado de Asturias, la Ley de Vagos y Maleantes fue aplicada por las audiencias territoriales desde 1933 y, a partir de 1958, por los tribunales especiales de vagos y maleantes situados en Madrid y Barcelona. En 1966, se creó el Tribunal Especial de Vagos y Maleantes de León, con competencia, entre otras, en la provincia de Asturias. La Ley de Peligrosidad se promulgó en 1970, aunque no comenzó a aplicarse en Asturias hasta mediados de 1971.

8. La legislación represiva se sumaba al control comunitario –a veces incluso por parte de las propias familias–, lo que propiciaba que muchas de las personas LGTBI asturianas emprendieran proyectos de migración sexual hacia las grandes capitales, como Barcelona, Madrid o Bilbao, o a localidades costeras receptoras de turismo internacional, como Valencia o Málaga. Por otro lado, en Asturias, las redes de sociabilidad –las «segundas familias»– eran escasas, lo que contribuía a una tremenda (auto)censura de estas realidades no normativas en el espacio público. El clima represivo trascendía así la mera legislación, lo que sin duda contribuía a la escasísima visibilidad de las personas LGTBI asturianas, mucho menor que la que podemos rastrear en otros territorios.

9. Ante esta situación de sistemática vulneración jurídica, en el año 1970 se creó en España la primera asociación en defensa de los derechos de las personas LGTBI, llamada el Movimiento Español de Liberación Homosexual. El 26 de junio de 1977 se llevó a cabo en Barcelona la primera manifestación LGTBI pidiendo la derogación de la Ley de Peligrosidad Social. Esta reivindicación fue marcada por la represión policial y censurada por algunos medios de comunicación. El colectivo LGTBI volvió a salir a la calle. Sevilla, Madrid y Bilbao se unieron a la causa. El 26 de diciembre de 1978 ganaron la batalla y consiguieron la suspensión de los artículos de esa ley que perseguían a las personas LGTBI.

10. En el marco de la transición democrática, el movimiento alcanzó un alto grado de visibilización mediática y de aceptación social, obteniendo un importante apoyo por parte de organismos sindicales y partidos políticos. En 1980 el Front d’Alliberament Gai de Catalunya se convierte en la primera asociación LGTBI en alcanzar su estatuto legal. Durante esa década se legalizaron numerosas asociaciones a lo largo y ancho de toda España hasta la fundación de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), creada en el año 1992.

11. Ese mismo año el Principado de Asturias se incorpora al activismo LGTBI español con la aparición del Colectivo de Feministes Llesbianes y de XEGA (Xente Gai Astur), fundados en el año 1992. El 28 de junio de 1993 ambas agrupaciones LGTBI asturianas se manifestaron por las calles ovetenses en una primera convocatoria del Orgullo bajo la consigna «¡Ama como quieras!». Desde entonces y hasta la actualidad, han surgido más de una decena de asociaciones que no han abandonado la lucha por la visibilidad de las realidades de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales y otras identidades como vía para la normalización social.

12. Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, el activismo asturiano realizó una labor de intervención socioeducativa destacada a nivel nacional, a través de actividades pioneras que abrieron espacios para la diversidad entre la población adolescente, juvenil y mayor en los ámbitos escolar, deportivos y de salud, entre otros. Asimismo, en los últimos años se ha conseguido reconocimiento institucional, y en el seno de las instituciones del Gobierno autonómico se han establecido órganos con competencias en materia de derechos de las personas LGTBI.

13. Fue así como, mediante el Decreto 6/2020, de 23 de junio, de segunda modificación parcial del Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, se otorgó a la Consejería de Presidencia las competencias relativas a diversidad sexual y derechos LGTBI. A su vez, el Decreto 79/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Presidencia, modificado por el Decreto 35/2020, de 2 de julio, dispuso que a la Dirección General de Juventud, Diversidad Sexual y Derechos LGTBI le corresponden las funciones relativas a la consecución del principio de igualdad y de eliminación de cualquier tipo de discriminación del colectivo LGTBI.

14. En este marco se creó el Observatorio Asturiano contra la LGTBI-fobia, que esta ley sustituye por el Conseyu de Participación LGTBI, como órgano de consulta y participación, con el objetivo de prestar asesoramiento y colaboración institucional a la Administración del Principado de Asturias en materia de discriminación sobre personas LGTBI.

15. En la actualidad, de acuerdo con el Decreto 75/2023, de 18 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, corresponden a la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI las funciones relativas a la ejecución de medidas para eliminar toda discriminación por motivo de orientación sexual o identidad sexual que impida la igualdad de derechos de los homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales en la sociedad asturiana, fomentando el respeto a la diversidad afectivo-sexual para crear una sociedad libre de todo prejuicio y estereotipo, erradicando la intolerancia.

16. A pesar de todas estas acciones, la homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia e interfobia siguen estando presentes en nuestros días, tal y como constatan informes y estudios realizados a niveles autonómico, estatal y europeo. Los datos sobre la situación de la diversidad sexual en los entornos educativo y laboral, por ejemplo, nos devuelven una realidad preocupante en torno al acoso escolar y laboral y al riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes LGTBI.

17. Las discriminaciones que sufren las personas LGTBI siguen siendo notables. Según el estudio sobre decisiones judiciales del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) «Análisis de casos y sentencias en materia de racismo, xenofobia, LGTBIfobia y otras formas de intolerancia», uno de cada cinco delitos de odio cometidos en España entre 2002 y 2021 tuvo como objetivo la orientación y la identidad sexual de las víctimas, lo que sitúa estos factores como la primera motivación discriminatoria en tales delitos, por delante, incluso, del origen racial o étnico.

18. En el caso de las personas trans, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea señaló en su informe de 2024 sobre igualdad LGTBI que las personas intersexuales, trans, no binarias y con diversidad de género sufren más discriminación, acoso y violencia. Es más probable que sufran problemas de salud mental y tengan pensamientos suicidas. También tienen más probabilidades de quedarse sin hogar y de tener dificultades para acceder a la atención médica. Lo mismo ocurre con las personas LGBTI con discapacidad, con dificultades económicas o miembros de grupos étnicos u otros grupos considerados minoritarios.

19. A pesar de que comienzan a aparecer estos primeros indicadores oficiales sobre la discriminación hacia las personas LGTBI, las estadísticas con las que se cuenta son todavía escasas, sobre todo en el Principado de Asturias. Por ello, uno de los objetivos de esta ley es promover estudios que aporten datos sobre la realidad de las personas LGTBI que sirvan de fundamento y orientación para el desarrollo de políticas públicas efectivas.

20. En definitiva, esta ley recoge la reivindicación histórica de los colectivos LGTBI asturianos, que en los últimos años han alcanzado el reconocimiento social y político que se les ha negado históricamente y cuyo derecho a la igualdad y no discriminación aún está lejos de estar plenamente garantizado.

21. Desde una perspectiva histórica, esta ley supone un importante avance en el camino recorrido hacia la igualdad y la justicia social que permite consolidar el cambio de concepción social sobre las personas LGTBI en el Principado de Asturias. Ello pasa por crear referentes positivos, por entender la diversidad como un valor, por asegurar la cohesión social promoviendo los valores de igualdad y respeto y por extender la cultura de la no discriminación frente a la del odio y el prejuicio.

III

22. El derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación constituyen principios jurídicos universales proclamados en diferentes textos internacionales sobre derechos humanos, y reconocidos como un derecho fundamental en nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos declara que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

23. En el ámbito de la Organización de Naciones Unidas, se han adoptado diferentes documentos y recomendaciones que han contribuido a elevar los estándares internacionales de respeto y protección del derecho a la integridad y a la no discriminación de las personas LGTBI. A este respecto, pueden mencionarse varias resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, como la resolución adoptada el 17 de junio de 2011 (A/HRC/RES/17/19), «Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género»; la resolución adoptada el 26 de septiembre de 2014 (A/HRC/RES/27/32), «Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género»; o la resolución adoptada el 30 de junio de 2016 (A/HRC/RES/32/2), «Protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género». También el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre la cuestión de la discriminación y la violencia que sufre este colectivo, como en su informe A/HRC/29/23, de 4 de mayo de 2015, y ha establecido una serie de recomendaciones para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI que han inspirado a muchos Estados en sus respectivas políticas y legislaciones.

24. En lo relativo a las personas trans, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, en su undécima revisión (CIE 11), de 2018, eliminó la transexualidad del capítulo sobre trastornos mentales y del comportamiento, trasladándola al de «condiciones relativas a la salud sexual», lo que supone el aval a la despatologización de las personas trans.

25. En el ámbito del Consejo de Europa, se han aprobado diferentes resoluciones relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género, destacando la «Recomendación CM/Rec(2010)5 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre las medidas para combatir la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género», de 31 de marzo de 2010, y la Resolución 2048 (2015) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 22 de abril de 2015, sobre Discriminación Contra las Personas Transgénero en Europa. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a partir del Caso Goodwin vs. Reino Unido, ha acogido el derecho al cambio de sexo registral, en el marco del derecho a la privacidad, protegida por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y su jurisprudencia evoluciona hacia el reconocimiento de la autodeterminación de género de acuerdo con el principio de autonomía personal.

26. En el ámbito de la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea establece en su artículo 2 el principio de no discriminación como uno de los principales valores de la Unión. Asimismo, el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea habilita al Consejo a adoptar acciones adecuadas para luchar, entre otros motivos, contra la discriminación por razón de orientación sexual. Por último, el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe la discriminación por razón de orientación sexual.

27. En 2015, la Comisión Europea presentó una lista de medidas para promover la igualdad de las personas LGBTIQ. En 2020, la Comisión Europea aprobó la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025, que recuerda que la discriminación contra las personas LGBTIQ persiste en diversas partes de la UE. Es por ello por lo que el primero de sus pilares es la lucha contra la discriminación hacia las personas LGBTIQ.

28. Dicha estrategia señala de manera expresa que «acabar con la desigualdad en la UE es una responsabilidad compartida que requiere esfuerzos conjuntos y la actuación en todos los niveles. Las instituciones y agencias de la UE, los Estados miembros –incluidas las autoridades regionales y locales–, los organismos para la igualdad, la sociedad civil y las empresas deben reforzar su compromiso para alcanzar los objetivos de la estrategia».

29. En el ámbito nacional, el artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Gracias a la cláusula de apertura de este artículo, las leyes se han ido adaptando para expulsar de sus normas previsiones que, poco a poco, la sensibilidad de la sociedad ha pasado a considerar diferencias de trato inadmisibles y, en consecuencia, discriminatorias.

30. Dentro de este recorrido legal, con la aprobación del Código Penal por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, se incluyó por primera vez como circunstancia agravante la discriminación por la orientación sexual de la víctima. Posteriormente, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al transponer la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al Establecimiento de un Marco General para la Igualdad de Trato en el Empleo y la Ocupación, hizo igualmente mención expresa a la discriminación realizada por razón de orientación sexual.

31. Hito fundamental de este camino fue la aprobación de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de Derecho a Contraer Matrimonio, que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo, equiparándolo al matrimonio entre personas de diferente sexo.

32. Posteriormente, la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la Rectificación Registral de la Mención Relativa al Sexo de las Personas, reconoció a las personas trans mayores de edad y de nacionalidad española la posibilidad de modificar la asignación registral de su sexo, sin necesidad de someterse a un procedimiento quirúrgico de reasignación de sexo y sin procedimiento judicial previo, aunque manteniendo la necesidad de disponer de un diagnóstico de disforia de género. A través de esta misma ley, se modificó la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, reconociendo por vez primera la doble maternidad en el seno de matrimonios de mujeres.

33. Del mismo modo, en los ámbitos de las fuerzas armadas, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las instituciones penitenciarias se han producido avances normativos encaminados a actuar con pleno respeto y no discriminación al colectivo LGTBI, especialmente en el caso de las personas trans en situación de privación de libertad, en virtud de la Instrucción 7/2006 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, sobre Integración Penitenciaria de Personas Transexuales.

34. El reconocimiento del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación son expresión de los principios de dignidad de la persona y libre desarrollo de la personalidad, que, conforme al artículo 10 de la Constitución, son fundamentos del orden político y de la paz social. Sobre la base de tales principios, la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, ha reconocido que el derecho al cambio registral de la mención al sexo da efectividad al principio de libre desarrollo de la personalidad y constituye igualmente una proyección del derecho fundamental a la intimidad personal, consagrado en artículo 18.1 de la Constitución. En tal sentido, la referida Ley 4/2023, de 28 de febrero, deroga la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la Rectificación Registral de la Mención Relativa al Sexo de las Personas, estableciendo un nuevo régimen para la rectificación registral de la mención relativa al sexo, en línea con la doctrina constitucional.

35. A este respecto, el Tribunal Constitucional, en su STC 99/2019, de 18 de julio, estableció que con la habilitación a la persona mayor transexual a rectificar la mención registral de su sexo, y correlativamente a cambiar la constancia registral de su nombre, se «está permitiendo a la persona adoptar decisiones con eficacia jurídica sobre su identidad. La propia identidad, dentro de la cual se inscriben aspectos como el nombre y el sexo, es una cualidad principal de la persona humana. Establecer la propia identidad no es un acto más de la persona, sino una decisión vital, en el sentido que coloca al sujeto en posición de poder desenvolver su propia personalidad». De ahí que el fallo de dicha sentencia declarase inconstitucional el artículo 1.1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la Rectificación Registral de la Mención Relativa al Sexo de las Personas, en la medida en que no incluía entre los legitimados a las personas menores de edad con «suficiente madurez» y que se encontrasen en una «situación estable de transexualidad». Por su parte, también en nuestro país, el Tribunal Supremo, en su Sentencia número 685/2019, de 17 de diciembre de 2019, se ha pronunciado en el mismo sentido.

36. El marco normativo estatal sobre protección jurídica de las personas LGTBI fue perfeccionado recientemente por la sanción de la Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (ley antidiscriminatoria) y de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI (ley trans y LGTBI).

37. Por su parte, 15 de las 17 comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos competenciales, han aprobado leyes para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI. Se trata de la Comunidad Foral de Navarra (2009-2017), País Vasco (2012), Andalucía (2014), Galicia (2014), Catalunya (2014), Canarias (2014–2021), Extremadura (2015), Madrid (2016), Murcia (2016), Illes Balears (2016), València (2017), Aragón (2018), Cantabria (2020), La Rioja (2022) y Castilla-La Mancha (2022).

38. En lo que concierne al Principado de Asturias, el Estatuto de Autonomía (en adelante, EA) señala en su artículo 9 que los derechos y deberes fundamentales de la ciudadanía de Asturias son los establecidos en la Constitución española y que las instituciones de la Comunidad Autónoma de Asturias, dentro del marco de sus competencias, velarán especialmente por garantizar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de cuantos residen en el territorio del Principado; procurarán la adopción de medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales; y facilitarán la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de Asturias.

IV

39. La presente ley se estructura en cuatro títulos, a los que antecede un título preliminar, que establece el objeto, el ámbito subjetivo de aplicación y varias definiciones relacionadas con las políticas públicas establecidas en el título II. El título I recoge los principios generales de actuación de la Administración autonómica y las Administraciones locales.

40. El título II es el más amplio y en él se recogen las distintas políticas públicas impulsadas para erradicar la discriminación y para la garantía de la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. Se estructura internamente en diez capítulos: el primero contiene disposiciones generales, en tanto que los nueve restantes se dedican a diversos ámbitos materiales sobre los que el Principado de Asturias dispone de competencias, ya sean exclusivas, de desarrollo legislativo o de ejecución.

41. Así, se impulsan medidas en el ámbito educativo (artículo 18.1 del EA); de la sanidad (artículos 11.2 y 12.13 del EA); del empleo (artículo 12.10 del EA); de la cultura (artículos 10.1.17, 10.1.18 y 10.1.20 del EA), el turismo (artículo 10.1.22 del EA), el ocio y el deporte (artículo 10.1.23 del EA); de los medios de comunicación social e internet (artículo 17 del EA); de los servicios y bienestar social (artículo 10.1.24 del EA); del régimen local (artículo 11.10 del EA), con especial atención a las zonas rurales; y en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo.

42. El título III desarrolla medidas en el ámbito policial y judicial de protección frente a la discriminación por razones LGTBI-fóbicas. Por último, el título IV recoge el catálogo de infracciones y sanciones, que complementa el marco estatal regulado por las Leyes 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, y 4/2023, de 28 de febrero, para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI.

V

43. Esta ley se ajusta a los principios de actuación previstos en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, siendo particularmente exigente con la necesidad de colaboración mutua y lealtad entre Administraciones para lograr una eficaz aplicación de sus disposiciones y la participación de los distintos colectivos y la sociedad en general durante las fases previas y posteriores a la elaboración del texto.

44. En lo que se refiere a los principios de necesidad y eficacia, la ley se justifica en la necesidad de establecer las políticas públicas necesarias para erradicar las conductas discriminatorias y garantizar el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, dando cumplimiento a las obligaciones internacionales en materia de no discriminación y, más en particular, a las obligaciones derivadas de la normativa antidiscriminatoria general española, por un lado, y, por otro, a la legislación para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

45. Respecto al principio de proporcionalidad, la ley contiene la regulación indispensable para atender las necesidades descritas. Para cumplir con el principio de eficiencia, se ha evitado que la ley introduzca nuevas cargas administrativas y se ha velado en todo momento por la racionalización en la gestión de los recursos públicos. En aplicación del principio de transparencia, se ha posibilitado que las personas destinatarias tengan una participación activa en la elaboración de la ley mediante la conformación del grupo de trabajo para la elaboración de la ley LGTBI de Asturias.

46. Por último, la iniciativa normativa se ha ejercido de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional, autonómico, de la Unión Europea e internacional, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones por parte de las personas físicas y jurídicas destinatarias. Se garantiza de este modo el principio de seguridad jurídica.

Artículo 1. Objeto.

1. Esta ley tiene por finalidad regular, en el marco de las obligaciones y competencias de la Administración del Principado de Asturias, los principios, medidas y procedimientos destinados a garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (en adelante, LGTBI) y de sus familiares, así como establecer políticas destinadas a erradicar su discriminación.

2. Con relación a las personas trans, la presente ley tiene asimismo por finalidad establecer un marco normativo autonómico adecuado que posibilite la efectividad del derecho a la identidad sexual y expresión de género reconocido a nivel estatal, a partir del paradigma de una atención integral y adecuada a las necesidades de cada persona.

3. Con relación a las personas intersexuales, la presente ley tiene, además, por finalidad establecer un marco normativo autonómico adecuado para que puedan recibir de los poderes públicos del Principado de Asturias, en el ámbito de sus competencias, una atención integral y adecuada a sus necesidades, que las proteja de la violencia sanitaria y las prácticas médicas nocivas sobre sus características sexuales.

4. A estos efectos, la ley establece los principios de actuación de los poderes públicos autonómicos y locales, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas específicas destinadas a la prevención, corrección y eliminación de toda forma de discriminación por razones de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, en los ámbitos público y privado del Principado de Asturias. Asimismo, establece medidas de fomento de la participación de las personas LGTBI en todos los ámbitos de la vida social y política y de superación de los estereotipos sociales que les afectan negativamente.

5. Lo dispuesto en la presente ley se entenderá sin perjuicio de las previsiones específicas más favorables que puedan ser establecidas en la normativa estatal antidiscriminatoria, así como en la ley de derechos para las personas LGTBI.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

1. Esta ley reconoce derechos a las personas físicas que residen o se encuentran en el territorio del Principado de Asturias, cualquiera que fuera su nacionalidad, origen racial o étnico, religión, convicción u opinión, lengua, domicilio, residencia, edad, estado civil o situación administrativa, enfermedad o condición de salud, estado serológico o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, en los términos y con el alcance que se contemplan en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

2. Las obligaciones establecidas en la presente ley vinculan al sector público, así como a todos aquellos organismos que, al margen de su naturaleza pública o privada y de su concreta denominación, sean dependientes de una Administración pública, estén mayoritariamente financiados por dinero público o realicen una función o un servicio público derivado de un contrato, convenio, subvención o relación asimilable a las anteriores con una Administración pública.

3. En todo caso, a los efectos del apartado anterior, se entenderá comprendido en el sector público del Principado de Asturias:

a) La Administración del Principado de Asturias y su sector público autonómico en los términos fijados en el artículo 4 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

b) Las entidades que integran la Administración local del Principado de Asturias, así como las entidades u organismos vinculados o dependientes de su sector público.

Artículo 3. Definiciones.

1. A los efectos de esta ley, se tendrán en cuenta las definiciones de orientación sexual, identidad sexual, persona trans, expresión de género, intersexualidad, familia LGTBI, LGTBI-fobia, discriminación múltiple, interseccional y por asociación y acción positiva establecidas por la Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI.

2. Se entenderán por derechos LGTBI los derechos a la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

3. Se entenderá por memoria histórica y democrática LGTBI la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del colectivo LGTBI asturiano por sus derechos y libertades frente a la persecución y exclusión de las personas LGTBI durante el golpe militar, la dictadura franquista, la transición democrática y la historia reciente.

Artículo 4. Transversalidad de la actuación de los poderes públicos.

La promoción de la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, la defensa de sus derechos y la protección frente a la discriminación deben guiar la actuación de todo el personal al servicio de la Administración autonómica y estar presente en las políticas públicas impulsadas desde cualquiera de las consejerías que integran la Administración autonómica.

Artículo 5. Coordinación y cooperación de la actuación administrativa.

Los poderes públicos autonómicos deben cumplir sus obligaciones trabajando de manera coordinada y cooperando de manera leal para conseguir los objetivos y finalidades previstas en la ley.

Artículo 6. Deber de protección.

La Administración del Principado de Asturias, a través de las consejerías competentes, desarrollará las medidas necesarias para reconocer, proteger y promover el efectivo disfrute de los derechos reconocidos en la normativa estatal y autonómica, sin discriminación alguna por razón de orientación e identidad sexual y expresión de género o características sexuales de las personas LGTBI y sus familias.

Artículo 7. Trato respetuoso de la diversidad sexual personal y familiar y expresión de género.

Los poderes públicos autonómicos y locales, en cualquiera de sus ámbitos competenciales y de actuación, así como el personal que desempeñe funciones o proporcione servicios públicos, obrarán en todo caso de manera respetuosa con la diversidad sexual y expresión de género de las personas. En particular, se respetará la identidad sexual y expresión de género que pueda haberse establecido en cualquiera de los ámbitos de actuación regulados por la presente ley, además de la que resulta del cambio registral previsto en la legislación estatal, así como la orientación sexual de las personas y la diversidad familiar resultante de cualquiera de los factores protegidos por la presente ley.

Artículo 8. Formación del personal al servicio de las Administraciones públicas.

1. La Administración del Principado de Asturias asegurará la existencia de cursos de formación en materia de derechos LGTBI en la oferta formativa del Instituto Asturiano de Administración Pública.

2. La Administración del Principado de Asturias, a través de la consejería con competencias en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI, impulsará la realización de convenios con las Administraciones locales al objeto de facilitar la formación del personal a su servicio.

3. La Administración autonómica y las Administraciones locales deben velar especialmente por que el personal adscrito al sector público, así como al sector privado que realice servicios públicos, en el marco de las tareas de prevención, detección, atención, asistencia y recuperación en los ámbitos de la salud, la educación, el empleo, los servicios sociales, la justicia y los cuerpos de seguridad, tenga la formación y sensibilización adecuada respecto de los derechos de las personas LGTBI.

Artículo 9. Contratación pública.

1. En el marco de la contratación administrativa, la Administración del Principado de Asturias y su sector público incorporarán la promoción de la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, siempre que exista vinculación con el objeto del contrato. A tal fin y en cumplimiento de la normativa aplicable, las cláusulas sociales de los pliegos de cláusulas administrativas particulares tendrán en cuenta el compromiso con la igualdad de derechos de las personas LGTBI, expresado a través de planes o estrategias de igualdad y diversidad, así como de las medidas efectivas que hayan implementado.

2. En el marco de la contratación administrativa, la Administración del Principado de Asturias y su sector público verificarán el cumplimiento de la obligación de disponer de un plan LGTBI en los casos en que, conforme al marco estatal, resulte obligatorio.

3. La Administración autonómica del Principado de Asturias y su sector público, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, no podrán celebrar contratos con personas incursas en prohibición para contratar por infracción grave o muy grave en materia de igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

Artículo 10. Subvenciones.

1. La Administración autonómica, las Administraciones locales y el sector público asturiano podrán incorporar a las bases reguladoras de las subvenciones como aspectos a valorar positivamente la existencia de planes, estrategias o medidas de garantía de la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual y expresión de género, así como de promoción de la diversidad LGTBI. En todo caso, se asegurarán, antes de adjudicar subvenciones, de que las empresas o entidades solicitantes cumplen las obligaciones relacionadas con los planes LGTBI, en los casos en que, conforme al marco estatal, resulte obligatorio.

2. No se podrán otorgar subvenciones por la Administración del Principado de Asturias y su sector público, de conformidad con la normativa básica de subvenciones, a las personas o entidades que hayan sido sancionadas mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtenerlas conforme a la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI de la presente ley.

Artículo 11. Divulgación y sensibilización.

La Administración del Principado de Asturias, a través de las consejerías competentes, promoverá campañas de sensibilización, divulgación y fomento del respeto a la diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales y a la diversidad familiar, dirigidas a toda la sociedad y, en especial, en los ámbitos donde la discriminación afecte a sectores de población más vulnerables.

Artículo 12. Conseyu de Participación LGTBI.

1. Se crea el Conseyu de Participación LGTBI, que asume las funciones del Observatorio Asturiano contra la LGTBI-fobia.

2. El Conseyu de Participación LGTBI se constituirá como el espacio de participación ciudadana superior en materia de derechos de las personas LGTBI y como órgano consultivo de la Administración autonómica y las Administraciones locales, sin perjuicio de las funciones y las competencias de otros órganos o entes que la legislación establezca.

3. El Conseyu de Participación LGTBI se adscribe a la consejería competente en diversidad sexual y derechos LGTBI. Sus funciones y composición se concretarán por vía reglamentaria, que en todo caso deberá otorgar mayor peso a la representación de las asociaciones que trabajen principalmente a favor de los derechos de las personas LGTBI y las personas que hayan destacado por su trabajo y su calidad de expertas en este ámbito.

4. El Conseyu de Participación LGTBI elaborará un informe anual sobre la situación del colectivo LGTBI en el Principado de Asturias en el que, asimismo, se evaluará el grado de cumplimiento de la presente ley y el impacto social de la misma. El informe anual será presentado públicamente y será remitido a la Junta General del Principado de Asturias.

Artículo 13. Estrategia autonómica para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI.

1. La estrategia para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI es el instrumento principal de colaboración territorial para el impulso y desarrollo de las políticas y los objetivos establecidos en esta ley.

2. Su elaboración corresponde a la consejería con competencias en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI, con la participación de las consejerías cuyas actuaciones incidan especialmente en las personas LGTBI y del Conseyu de Participación LGTBI.

3. La estrategia tendrá carácter cuatrienal. Se procederá a su evaluación a los dos años de su aprobación, así como una vez finalizada. De manera extraordinaria, se podrá modificar cuando se produzcan circunstancias sobrevenidas que así lo aconsejen.

Artículo 14. Adaptación de los formularios administrativos.

1. La Administración autonómica, así como las Administraciones locales, en el ámbito de sus competencias en las áreas contempladas en la presente ley y atendiendo a las disponibilidades técnicas y a los procesos de coordinación interadministrativa que sean necesarios, facilitará las medidas y mecanismos necesarios para que la documentación administrativa sea adecuada a la heterogeneidad del hecho familiar y las circunstancias de las personas LGTBI, cuando estos datos se reflejen en dicha documentación.

2. En el caso de las personas trans, se procurará que no afecte a la identidad jurídica de la persona interesada en tanto no se produzca la rectificación registral conforme a la normativa estatal.

3. Las Administraciones velarán en todo momento por el respeto a la confidencialidad de los datos personales, con especial cuidado en lo que respecta a la identidad sexual de las personas trans.

Artículo 15. Estadísticas y estudios.

1. La Administración del Principado de Asturias, en el ámbito de sus competencias, impulsará la realización de estudios relativos a la situación de las personas LGTBI que permitan profundizar en sus condiciones de vida y en la naturaleza y el alcance de las principales situaciones de discriminación que les afectan y registrar su evolución a lo largo del tiempo.

2. En todo caso, se respetarán las obligaciones europeas y estatales relativas a la protección de datos, poniendo particular diligencia en el caso de la información perteneciente a categorías especiales de datos.

3. En particular, se velará por la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal y, cuando proceda, se anonimizarán o seudonimizarán los datos recabados.

Artículo 16. Medidas de acción positiva.

1. Sobre la base de los diagnósticos que puedan derivarse del artículo anterior, la Administración autonómica, las Administraciones locales y el sector público adoptarán las medidas de acción positiva por razón de la orientación sexual, la identidad sexual, expresión de género, características sexuales o pertenencia a grupo familiar LGTBI que resulten necesarias a los efectos de remover los obstáculos que dificultan el disfrute real y efectivo de los derechos en igualdad de oportunidades.

2. Asimismo, impulsará políticas de fomento de la igualdad de trato de las personas LGTBI en las relaciones entre particulares.

Artículo 17. Participación de las personas LGTBI y sus familias.

1. La Administración autonómica y las Administraciones locales facilitarán la participación de las personas LGTBI y sus familiares en el diseño de sus políticas públicas.

2. La Administración autonómica y las Administraciones locales, en el ámbito de sus competencias, desarrollarán políticas activas de apoyo y visibilización de las asociaciones y organizaciones LGTBI legalmente constituidas.

Artículo 18. Visibilización.

1. La Administración del Principado de Asturias adoptará las medidas necesarias para poner en valor la diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales y la diversidad familiar, contribuyendo a la visibilidad, la igualdad, la no discriminación y la participación, en todos los ámbitos de la vida, de las personas LGTBI.

2. La Administración del Principado de Asturias fomentará el reconocimiento institucional y la participación en los actos conmemorativos de la lucha por la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI.

Artículo 19. Garantía de los derechos de las personas LGTBI.

1. La Administración del Principado de Asturias velará por que el sistema educativo sea un espacio inclusivo libre de toda presión, agresión o discriminación por razones de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual o pertenencia a familias o asociaciones de personas LGTBI.

2. Los y las agentes que componen el sistema educativo autonómico deben colaborar al objeto de dar cumplimiento a las previsiones establecidas en esta ley. En particular, la Administración pública debe responder con diligencia aquellas solicitudes de información, apoyo o cooperación remitidas desde los centros. Por su parte, el personal de los centros docentes debe aplicar el contenido de la ley en el marco de sus competencias, tanto en lo relativo a las medidas para eliminar roles y estereotipos relacionados con la orientación, la identidad sexual y la expresión de género como en lo relativo a la protección de la identidad y el principio del libre desarrollo de la personalidad y la garantía de los derechos, con particular atención a la prevención y la respuesta frente al acoso y la violencia LGTBI-fóbica.

3. La consejería con competencias en educación y los centros docentes velarán por que los miembros de la comunidad educativa conozcan los derechos previstos en la presente ley, promoviendo un acceso fácil y comprensible a su contenido, que deberá adaptarse a un lenguaje claro y accesible ajustado a su madurez o a las necesidades específicas de aprendizaje, para favorecer su comprensión.

4. Las personas con discapacidad intelectual y todas aquellas con dificultades de comprensión lectora que así lo requieran tienen derecho a que la Administración educativa les facilite dicho contenido en lectura fácil.

5. A los efectos del presente capítulo, se entenderá por sistema educativo el conjunto de administraciones educativas, profesionales de la educación y otros agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación de servicios para el ejercicio del derecho a la educación en el Principado de Asturias, así como los titulares de este derecho.

Artículo 20. Interés superior de las personas menores de edad.

1. Todas las actuaciones relativas a las personas menores de edad que se adopten en el marco educativo con relación a su orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales deben estar guiadas por el principio del interés superior del menor.

2. Todos los actores del sistema educativo han de respetar a las personas menores de edad de acuerdo con el principio constitucional del libre desarrollo de la personalidad, conforme a su orientación e identidad sexual y expresión de género.

Artículo 21. Objetivos de la educación y derechos de las personas LGTBI.

La presente ley tiene como finalidad establecer las medidas necesarias para hacer efectivos los siguientes objetivos educativos:

a) La interiorización del respeto de los derechos humanos y del pluralismo propios de las sociedades democráticas.

b) El conocimiento y comprensión del derecho a la igualdad y no discriminación por razón de orientación o identidad sexual.

c) El respeto y valoración de la sexualidad en toda su diversidad como un aspecto esencial más de la dimensión humana.

Artículo 22. Abandono escolar.

Para evitar y reducir el abandono escolar por causa de LGTBI-fobia, así como para impedir que este sea irreversible, y garantizar la integración del alumnado en todos los niveles, atendiendo al principio de equidad, la Administración del Principado de Asturias adoptará las siguientes medidas:

a) Desarrollo de programas conducentes a velar por la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, durante el proceso educativo y en los resultados educativos.

b) Garantía y defensa de la educación inclusiva, atendiendo la diversidad de todo el alumnado, en todos sus aspectos.

c) Acompañamiento y orientación, así como prevención y detección temprana de las dificultades de aprendizaje, poniendo en marcha mecanismos de refuerzo tan pronto como las dificultades sean detectadas.

d) Atención a través de medios telemáticos para favorecer la reincorporación al sistema educativo, así como sistemas semipresenciales o a distancia en el caso de alumnado mayor de dieciséis años.

e) Formación y sensibilización de alumnado y profesorado en materia de diversidad sexual y familiar y expresión de género, y en materia de prevención y atención a colectivos vulnerables con mayor índice de abandono escolar.

f) Fomento del respeto a la diversidad LGTBI es los procesos de enseñanza.

Artículo 23. Educación no formal.

La consejería con competencias en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI promoverá la formación sobre las realidades de las personas y familias LGTBI en el ámbito de educación no formal.

Artículo 24. Derecho a la identidad personal y a la protección de datos.

1. Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser tratados conforme a su identidad sexual. En particular, el alumnado tiene derecho a utilizar, en el marco de su centro docente, el nombre elegido conforme a su identidad sexual en todas las actividades docentes y extraescolares que se realicen en el centro escolar, incluyendo los exámenes, sin perjuicio de asegurar en todo caso la adecuada identificación de la persona a través de la correspondiente documentación oficial.

2. Las solicitudes de cambio de nombre se dirigirán al equipo directivo, que dará las indicaciones oportunas en dicho sentido al personal docente y no docente del centro. Las solicitudes realizadas por alumnado menor de dieciséis años deberán contar con el consentimiento previo de sus representantes legales. Las solicitudes solo podrán rechazarse, comunicándose por escrito y de manera justificada, en caso de que existan razones fundadas para creer que se realizan en fraude de ley.

3. Se adecuará la documentación administrativa destinada a la exposición pública y la que pueda dirigirse al conjunto o a parte del alumnado, haciendo figurar en dicha documentación el nombre elegido, y evitando que aparezca de forma distinta a la utilizada para el resto del alumnado. Se exceptúan los expedientes académicos y titulaciones oficiales, y toda aquella documentación que deba producir efectos oficiales, en tanto no se produzca el cambio registral.

4. Los datos relativos a la identidad sexual de las personas se enmarcan en las categorías especiales de datos personales a efectos de su tratamiento reguladas por el derecho de la Unión Europea. Todas las personas, ya sea en el marco de la actuación de las Administraciones públicas, o de los centros educativos de titularidad pública o privada, deberán observar el deber de sigilo y de confidencialidad de la información a la que accedan por razón del ejercicio de las funciones educativas.

Artículo 25. Derecho a la elección de uniforme.

1. Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a la libre expresión de género y al respeto de su imagen física.

2. Si en el centro se estableciera el uso de uniformes, ya sea de manera obligatoria u opcional, se reconocerá el derecho del alumnado a elegir y vestir cualquiera de los modelos implantados.

Artículo 26. Derecho a la intimidad.

1. Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a la intimidad respecto de su orientación e identidad sexual y, en su caso, de las situaciones de transición que puedan estar realizando.

2. En el caso de que los centros educativos tengan espacios diferenciados por sexo, quienes hayan hecho uso de la solicitud prevista en el artículo 24, tendrán derecho de acceso y uso de las instalaciones del centro de acuerdo con la identidad sexual manifestada conforme a dicho artículo, incluyendo los aseos y los vestuarios. Los centros educativos procurarán que el diseño y la distribución de las instalaciones favorezcan el uso individual cuando ello resulte técnica y funcionalmente posible. Las instalaciones de estas características y de nueva construcción deberán ajustarse a las necesidades expresadas en los artículos 24 y 25.

Artículo 27. Derecho a la igualdad y la no discriminación.

1. Toda persona tiene derecho a una educación basada en la igualdad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales, sin discriminación alguna por su orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual o pertenencia a familias o asociaciones de personas LGTBI.

2. En ningún caso el alumnado podrá ser marginado o segregado por razón de su identidad sexual, características sexuales, expresión de género o pertenencia a familia LGTBI.

3. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a recibir atención y apoyo cuando sean objeto de discriminación por razón de su orientación sexual, identidad sexual y expresión de género en el ámbito educativo. Dicha protección incluirá en todo caso la información sobre los mecanismos de denuncias existentes en el ordenamiento jurídico y sobre los recursos institucionales existentes en los ámbitos local y autonómico.

Artículo 28. Derecho a la integridad física y moral.

1. Las personas LGTBI tienen derecho a la protección de su integridad física y moral en el entorno educativo y en la relación con el resto de los miembros de la comunidad educativa.

2. Se dará al alumnado y al personal docente y de administración y servicios la protección adecuada contra todas las formas de exclusión social y violencia LGTBI-fóbicas, incluyendo el acoso, el ciberacoso y el hostigamiento dentro del ámbito escolar, así como en las relaciones entre miembros de la comunidad educativa, en la medida en que el centro tenga constancia de su existencia.

3. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a conocer las medidas existentes en los protocolos contra el acoso por razones de LGTBI-fobia y a comprender su contenido, que deberá adaptarse a un lenguaje claro y accesible ajustado a su madurez o a las necesidades específicas de aprendizaje, para favorecer su comprensión.

4. Los centros realizarán acompañamiento psicopedagógico al alumnado implicado durante el tiempo en que esté abierta una investigación por posible acoso en el centro. Una vez que el proceso se cierre, las personas responsables de su aplicación, y, en particular, los servicios de orientación educativa, deberán valorar la necesidad de que una o varias de las personas implicadas reciban acompañamiento psicológico para, en ese caso, comunicarlo a sus representantes legales.

Artículo 29. Derecho a la información clara, libre y plural.

1. El alumnado tiene derecho a acceder a una información libre y plural, adaptada a su etapa educativa y madurez, en materia de diversidad sexual y familiar y expresión de género, como parte de su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho puede hacerse efectivo a través de contenido curricular, actividades complementarias y material audiovisual y bibliográfico.

2. El alumnado tiene derecho a estar informado de los derechos reconocidos en el ámbito educativo, así como de aquellos mecanismos de protección en el caso de que se considere inquietado en sus derechos. La información se expondrá de manera pública en el centro educativo, de manera clara y accesible, adaptada a las diferentes etapas educativas y necesidades de aprendizaje.

Artículo 30. Derecho del alumnado escolarizado en centros de Educación Especial.

1. Los centros de Educación Especial deberán comunicar los derechos reconocidos por esta ley a todo el alumnado de manera clara, accesible y universal, a través de los medios de apoyo necesarios: lectura fácil, sistemas aumentativos y alternativos, de comunicación, lengua de signos y formatos accesibles digitales.

2. Los centros que así lo soliciten contarán con la colaboración del departamento competente en materia de equidad educativa de la Consejería de Educación para la implantación de los medios de apoyo referidos en el apartado anterior.

3. Los centros que así lo soliciten dispondrán un documento explicativo de los derechos del alumnado en lectura fácil.

Artículo 31. Promoción de los derechos de las personas LGTBI.

1. La Administración del Principado de Asturias, a través de las consejerías competentes, y en el marco de lo dispuesto en la Constitución española, la legislación de educación y la normativa antidiscriminatoria:

a) Incluirá en el protocolo contra el acoso escolar la prevención y la protección frente al acoso por razón de orientación sexual, identidad sexual y expresión de género.

b) Colaborará con los centros educativos en las acciones dirigidas a fomentar el respeto a la expresión de género, diversidad sexual y familiar de las personas LGTBI.

c) Promoverá la aplicación de programas de información y planes de prevención dirigidos al alumnado, a sus familias y al personal de los centros educativos con el objetivo de divulgar las distintas realidades sexoafectivas y familiares y combatir la discriminación de las personas LGTBI por las causas previstas en esta ley, con especial atención a la realidad de las personas trans e intersexuales. Estos programas y planes se realizarán en colaboración con las organizaciones asturianas representativas de los intereses de las personas LGTBI, así como con la comunidad educativa.

2. La consejería con competencias en materia de educación remitirá un informe anual al Conseyu de Participación LGTBI sobre los problemas u obstáculos que se hayan detectado en la aplicación de la ley.

Artículo 32. Pruebas de acceso a los cuerpos docentes y selección de la dirección de los centros.

1. Al objeto de hacer efectivas las obligaciones contenidas en garantía de los derechos LGTBI, la administración educativa del Principado de Asturias favorecerá la inclusión y aplicación de contenidos relativos al tratamiento de la expresión de género, diversidad sexual y familiar de las personas LGTBI en las pruebas que se realicen en los procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades correspondientes a los cuerpos docentes establecidos por la normativa estatal, en el marco establecido en la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI.

2. Asimismo, se fomentará y valorará positivamente la inclusión de aspectos relacionados con la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en el proyecto de dirección exigido para la selección de la dirección del centro en los centros públicos.

Artículo 33. Formación inicial y permanente del profesorado.

1. La administración educativa del Principado de Asturias, en el ejercicio de sus competencias, colaborará con la Universidad de Oviedo y con cualquier otra institución de educación superior que pudiera establecerse en el territorio de la comunidad autónoma para promover que las titulaciones académicas incorporen contenidos dirigidos a la formación en materia de expresión de género y diversidad sexual y familiar de las personas LGTBI. Se prestará especial atención a los grados y posgrados orientados a la formación inicial del profesorado no universitario.

2. La administración educativa del Principado de Asturias, en el ejercicio de sus competencias en materia de formación permanente del profesorado, incorporará contenidos dirigidos a la formación en materia de expresión de género, diversidad sexual y familiar de las personas LGTBI con el fin de capacitarlo para:

a) Fomentar el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI.

b) Abordar en el aula la diversidad sexual y expresión de género, al objeto de eliminar actitudes y prácticas con prejuicio o discriminatorias dentro del sistema educativo, basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual, identidad sexual o expresión de género.

c) Detectar precozmente entre el alumnado los indicadores de maltrato en el ámbito familiar por motivos de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales.

d) Conocer las especiales circunstancias del acoso y la violencia escolar LGTBI-fóbicos, sus consecuencias, prevención, detección y formas de actuación, con especial atención al ciberacoso.

e) Conocer el funcionamiento de los protocolos existentes en el sistema educativo del Principado de Asturias dirigidos a la prevención, detección e intervención ante las conductas que atenten contra la orientación sexual y la diversidad sexual en el ámbito educativo.

Artículo 34. Obligaciones relativas al desarrollo del currículo.

En el marco de sus competencias, la administración educativa del Principado de Asturias incluirá en el desarrollo del currículo de todas las etapas educativas aspectos relativos al principio de igualdad de trato y no discriminación por las causas previstas en esta ley, al objeto de proveer entre el alumnado el conocimiento y respeto de la orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales y diversidad familiar de las personas LGTBI. Se tendrán especialmente en cuenta las realidades de las personas intersexuales y transexuales.

Artículo 35. Selección de materiales.

1. La administración educativa del Principado de Asturias facilitará el conocimiento y acceso por parte de los centros educativos a materiales escolares libres de sesgos y estereotipos sexuales y de género, que fomenten el respeto a la expresión de género y diversidad sexual y familiar en los materiales didácticos.

2. Asimismo, facilitará la introducción de referentes positivos LGTBI en todos los niveles de estudios y de acuerdo con las materias y edades, a través de la elaboración de guías y materiales apropiados, en colaboración con la consejería competente en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI.

Artículo 36. Protocolo de acoso por razones de orientación sexual y/o de identidad sexual.

En el marco de los protocolos contra el acoso y el ciberacoso escolar, la administración educativa del Principado de Asturias incorporará medidas de prevención, detección e intervención ante las conductas que atenten contra la orientación sexual, identidad sexual y expresión de género en los centros docentes. Asimismo, promoverá su revisión periódica y las actualizaciones que fueren necesarias.

Artículo 37. Obligaciones relativas al Servicio de Inspección Educativa.

El Servicio de Inspección Educativa de la consejería competente en materia de educación velará por el cumplimiento y aplicación de los principios, valores, derechos y obligaciones establecidos en la presente ley, así como aquellos regulados en la normativa estatal y autonómica en materia de educación y en la normativa antidiscriminatoria relacionada con los derechos de las personas LGTBI en el sistema educativo e incluirá la supervisión de dicha medida en el correspondiente plan de actuación.

Artículo 38. Obligaciones del personal docente y no docente.

1. En el marco de las funciones relativas al establecimiento de la programación docente o didáctica en las materias que tenga asignadas, el profesorado incorporará los aspectos que correspondan al principio de igualdad de trato y no discriminación por las causas previstas en esta ley al objeto de hacer efectiva la educación para el respeto de los derechos de las personas LGTBI y la diversidad sexual.

2. Los contenidos del material educativo empleado en la formación del alumnado, cualquiera que sea la forma y soporte en que se presente, promoverán el respeto y la protección del derecho a la identidad sexual, expresión de género y a la diversidad sexual. Se introducirán referentes positivos LGTBI en los mismos, de manera natural, respetuosa y transversal, en todos los niveles de estudios y de acuerdo con las materias y edades.

3. Los contenidos relacionados con el respeto a los derechos LGTBI serán impartidos por el profesorado del centro con formación en la materia, sin perjuicio de las colaboraciones que se puedan establecer con las asociaciones de derechos LGTBI, al objeto de conocer testimonios, la historia de las reivindicaciones de derechos LGTBI, su tejido asociativo, la realidad de la discriminación por razón de orientación sexual e identidad sexual, los discursos de odio LGTBI-fóbicos y los recursos disponibles en la comunidad autónoma frente a ellos, así como cualquier otra cuestión que forme parte de la actividad habitual de las asociaciones.

4. A los efectos del párrafo anterior, el profesorado de las distintas etapas formativas dispondrá de formación correspondiente en el marco de los programas de formación inicial y permanente del profesorado.

5. La consejería con competencias en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI, con la colaboración de la consejería con competencias en materia educativa, pondrá a disposición del profesorado información relativa a los recursos y materiales que puedan servir de referencia y utilidad para el desarrollo curricular en las distintas etapas educativas. Igualmente, facilitará la colaboración entre las comunidades educativas y el movimiento asociativo por los derechos LGTBI.

6. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospecha fundada de que un alumno o alumna puede estar sufriendo una situación de abuso, maltrato, acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, violencia en el ámbito de la familia, autolesiones o ideación autolítica o suicida, así como cualquier otra manifestación de violencia a efectos de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, por razón de su orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, debe comunicarlo de manera inmediata a la persona responsable de iniciar el respectivo protocolo o, en su defecto, a la dirección del centro.

Artículo 39. Obligaciones de los equipos directivos.

1. En el marco de la normativa estatal, el proyecto educativo del centro incluirá las medidas a desarrollar para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas, incluyendo la educación para la eliminación de la violencia y la promoción del respeto por la diversidad sexual y expresión de género.

2. Las personas que ostenten la dirección o titularidad de los centros educativos se responsabilizarán de que la comunidad educativa esté informada de los protocolos de actuación existentes, así como de la ejecución y el seguimiento de las actuaciones previstas en los mismos en caso de violencia o acoso por razón de la orientación y la identidad sexual, o la expresión de género.

3. Se llevarán a cabo actuaciones de difusión de los protocolos elaborados, así como de acciones formativas especializadas para los profesionales que deban intervenir en dichas situaciones.

4. Las normas de organización y funcionamiento y el plan de convivencia del centro reflejarán los derechos de las personas LGTBI en el ámbito educativo, así como las medidas correctoras frente a conductas que impliquen discriminación o acoso por razones de orientación sexual y/o identidad sexual y expresión de género. En el plan de convivencia se detallarán las acciones concretas que se planifiquen al objeto de prevenir la violencia LGTBI-fóbica.

5. El plan de convivencia se expondrá de manera pública en el centro educativo. La información debe ser clara y adaptada a las distintas etapas educativas.

6. Al menos uno de los miembros del equipo directivo deberá poseer formación específica, o comprometerse a recibir esta formación durante el curso en el que se produce su nombramiento, en materia de diversidad afectivo-sexual.

7. Las consejerías con competencias en sanidad, educación y diversidad sexual y derechos LGTBI diseñarán e implementarán, en colaboración con los centros, programas de educación sexual y afectiva plurales y respetuosos de la diversidad sexual y de expresión de género de la población.

8. Las bibliotecas de los centros docentes deberán incluir materiales que reflejen la expresión de género y diversidad sexual y familiar, adaptados a las diferentes etapas educativas.

9. La dirección del centro programará, en el marco de su plan de convivencia, acciones de fomento del respeto y la no discriminación de las personas por motivo de identidad sexual y expresión de género en los centros educativos, en especial entre el personal docente y no docente del centro y las familias.

10. En el caso de que no existiese, se creará un espacio o canal de participación a través del cual los miembros de la comunidad educativa puedan trasladar dudas, inquietudes y propuestas de acciones formativas y de sensibilización sobre los derechos de las personas LGTBI.

11. Se promoverá el conocimiento de la realidad LGTBI en los centros educativos. En particular, la administración educativa dará a conocer a los miembros de la comunidad educativa el Programa de Atención a Víctimas de LGTBI-fobia del Conseyu de Participación LGTBI.

Artículo 40. Garantía de los derechos en el ámbito universitario.

1. La Universidad de Oviedo, y cualquier otra que pudiera establecerse en el territorio de la comunidad autónoma, velará por el respeto y la protección del derecho a la igualdad y no discriminación del alumnado, personal docente, personal técnico, de gestión y administración de servicios, así como de cualquier persona que, de manera temporal o permanente, preste servicios en el ámbito universitario, por razón de su orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales o pertenencia a familia LGTBI.

2. La Universidad de Oviedo, y cualquier otra que pudiera establecerse en el territorio de la comunidad autónoma, en el marco del derecho antidiscriminatorio y de las obligaciones relativas a la convivencia pacífica en la universidad, prestará atención y apoyo a cualquier persona de la comunidad universitaria que sea objeto de violencia, discriminación o acoso por razón de su orientación sexual, características sexuales, identidad sexual o expresión de género en el seno de la comunidad educativa.

3. La unidad de diversidad de la Universidad de Oviedo, y cualquier otra que pudiera establecerse en el territorio de la comunidad autónoma, incorporará a su plan de igualdad o estrategia general antidiscriminatoria las medidas específicas que considere idóneas para promover la igualdad de trato y hacer efectivo el derecho a la no discriminación por razones de orientación sexual, identidad sexual y expresión de género para todos los miembros de la comunidad universitaria. En el caso de que no se desarrolle un plan o estrategia general, se aprobará una específica al objeto de promover y proteger los derechos de las personas LGTBI en el ámbito universitario.

4. La Universidad de Oviedo, y cualquier otra que pudiera establecerse en el territorio de la comunidad autónoma, adoptará las medidas necesarias para que, dentro del marco legal, los miembros de la comunidad universitaria sean tratados conforme a su identidad sexual y expresión de género.

Artículo 41. Obligaciones de la administración universitaria.

1. En el marco de la legislación sobre igualdad, no discriminación y derechos de las personas LGTBI, y sin perjuicio de su autonomía universitaria, la Universidad de Oviedo, y cualquier otra que pudiera establecerse en el territorio de la comunidad autónoma:

a) Colaborará con la consejería competente en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI en la elaboración de un diagnóstico que permita conocer la realidad de la discriminación y el acoso LGTBI-fóbicos en el contexto universitario.

b) Promoverá la formación del personal docente y administrativo a su cargo en materia de respeto a los derechos y libertades fundamentales y de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI.

2. La persona que ostente la dirección de la unidad de diversidad de la Universidad de Oviedo, o persona en quien delegue con formación en la materia, formará parte del Conseyu de Participación LGTBI, al objeto de dar a conocer la situación de los derechos LGTBI en la Universidad, así como de colaborar en las funciones del Conseyu.

Artículo 42. Formación y docencia en la Universidad de Oviedo.

En el marco de la normativa estatal y autonómica para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, la Administración autonómica colaborará con la Universidad de Oviedo, y cualquier otra que pudiera establecerse en el territorio de la comunidad autónoma, al objeto de impulsar la incorporación de contenidos que permitan abordar la diversidad sexual y familiar y expresión de género en los grados y posgrados universitarios, especialmente en los títulos que habilitan para el ejercicio de profesiones docentes, sanitarias, sociales y jurídicas. En particular:

a) La consejería con competencias en materia de educación trabajará de manera coordinada con la administración universitaria para introducir en los currículos de las profesiones docentes contenidos relacionados con los derechos de las personas LGTBI y la discriminación y los estereotipos que afectan a las personas con VIH.

b) La consejería con competencias en materia de sanidad trabajará de manera coordinada con la administración universitaria para introducir en los currículos de las profesiones sanitarias contenidos relacionados con la salud de las personas LGTBI, así como relativos a la discriminación y los estereotipos que afectan a las personas con VIH y sus necesidades.

c) Las consejerías con competencias en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI y Administración de Justicia trabajarán de manera coordinada con la administración universitaria para introducir en los currículos de las profesiones jurídicas contenidos relacionados con los derechos y la protección jurídica de las personas LGTBI.

d) Las consejerías con competencia en materia de derechos sociales y bienestar trabajarán de manera coordinada con la administración universitaria para introducir en los currículos de las profesiones vinculadas al trabajo social contenidos vinculados a la asistencia y protección de las personas LGTBI frente a la violencia basada en la LGTBI-fobia.

Artículo 43. Investigación en la Universidad de Oviedo.

En el marco de la normativa estatal y autonómica para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, la Administración autonómica colaborará con la Universidad de Oviedo para promover la investigación científica sobre las realidades de las personas LGTBI. A tal efecto, la consejería competente en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI:

a) Aprobará una convocatoria anual de financiación de actividades académicas universitarias relacionadas con los derechos LGTBI.

b) Fomentará medidas de apoyo a la realización de estudios y proyectos de investigación sobre la realidad de las personas trans e intersexuales, con particular atención a aquellos ámbitos de conocimiento que mayor contacto tienen con ellas en su actividad profesional.

c) Impulsará la realización de investigaciones relacionadas con la salud de las personas LGTBI.

Artículo 44. Cátedra Interdisciplinar de la Diversidad Sexual y los Derechos LGTBI.

La consejería competente en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI, en colaboración con la Universidad de Oviedo, impulsará la creación de una cátedra universitaria interdisciplinar orientada a profundizar y difundir el conocimiento de la diversidad sexual y expresión de género, el impacto de la discriminación de las personas gais, lesbianas, bisexuales, intersexuales, trans y, en general, todas las cuestiones relacionadas con el respeto, promoción y garantía de sus derechos en todos los ámbitos comprendidos en la presente ley.

Artículo 45. Garantía de los derechos de las personas LGTBI en el ámbito de la salud.

1. La Administración del Principado de Asturias, a través de la consejería competente en materia de sanidad, velará por que el sistema de atención sanitaria sea un espacio respetuoso de los derechos de las personas LGTBI garantizados por la Constitución, la legislación estatal y la autonómica.

2. La consejería con competencias en sanidad y los centros, servicios y establecimientos sanitarios velarán por que las personas usuarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias conozcan los derechos previstos en la presente ley, facilitando el acceso de manera comprensible a su contenido. En concreto, se incluirán en el portal web de salud del Principado de Asturias y se realizarán campañas de difusión en los centros sanitarios.

3. El sistema de salud del Principado de Asturias colaborará, de conformidad con la legislación estatal sobre protección del menor, en la identificación de las eventuales situaciones de riesgo que puedan afectar a las personas menores de edad con relación a los derechos recogidos en la presente ley.

Artículo 46. Transversalidad.

La Administración del Principado de Asturias, a través de la consejería competente, y en el marco de lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución, la legislación estatal relativa a la sanidad, la salud pública y los derechos de las personas LGTBI, así como la normativa autonómica en materia de salud:

a) Incluirá en todas las estrategias, planes, programas y actuaciones que desarrollen en el ámbito de las políticas sanitarias las necesidades específicas de las personas LGTBI.

b) Establecerá un protocolo para la detección y comunicación a las autoridades competentes de las situaciones de violencia o acoso en el ámbito sanitario, incluida la ejercida contra una persona por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales.

Artículo 47. Prohibición de terapias de conversión.

La Administración del Principado de Asturias velará por el estricto cumplimiento en el territorio autonómico de la prohibición relativa al uso de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, en el marco de lo establecido por la legislación estatal. En el caso de que cualquier miembro del sistema de salud tenga conocimiento de la oferta o realización de dichas terapias, lo pondrá en conocimiento de la persona que, dentro de la Administración autonómica, tenga responsabilidad en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI.

Artículo 48. Adaptación de documentación, bases de datos y programas informáticos en el ámbito sanitario.

La Administración del Principado de Asturias, en el marco de sus competencias y en coordinación con las restantes Administraciones públicas, adaptará la documentación sanitaria, los documentos administrativos del sistema de salud, así como las bases de datos y programas informáticos, a la diversidad de sexual y expresión de género de la población asturiana, teniendo en cuenta la orientación sexual, la identidad sexual, las características sexuales y la diversidad familiar, a los efectos de hacer efectivo el disfrute de los derechos previstos por el ordenamiento en el marco del sistema de salud.

Artículo 49. Campañas de prevención.

En las campañas de prevención que se realicen, se prestará particular atención a la situación de las personas trans e intersexuales, al objeto de que sean informadas de manera correcta en atención a sus características sexuales.

Artículo 50. Derecho a la identidad sexual y expresión de género.

1. Las personas usuarias del sistema sanitario del Principado de Asturias, incluidas las personas menores, tienen derecho a ser tratadas conforme al nombre y la identidad sexual y expresión de género que manifiesten.

2. Las personas menores de edad tienen derecho a desarrollarse física, mental y socialmente de forma saludable y adecuada a su desarrollo evolutivo, en condiciones de libertad y dignidad, conforme a su identidad sexual y expresión de género. Ello incluye la determinación y el desarrollo evolutivo de su propia identidad sexual y expresión de género. Las solicitudes realizadas por personas menores de dieciséis años deberán contar con el consentimiento previo de sus representantes legales y solo podrán rechazarse, comunicándose por escrito y de manera justificada, en caso de que existan razones fundadas para creer que se realizan en fraude de ley.

Artículo 51. Derecho a la salud sexual y reproductiva.

Las iniciativas, campañas y estrategias en materia de salud sexual y reproductiva tendrán en cuenta la especificidad de las personas LGTBI.

Artículo 52. Derecho al asesoramiento.

1. Las personas usuarias del sistema de salud tienen derecho a una atención sanitaria realizado por un equipo multidisciplinar con conocimientos en materia de salud y derechos de las personas LGTBI.

2. La administración sanitaria facilitará el derecho de las personas LGTBI a un proceso de información y valoración individualizado que facilite la toma de decisiones informadas respecto a todos los tratamientos que les afecten, realizadas por un equipo multidisciplinar con profesionales con conocimientos en materia de salud y derechos de la población LGTBI.

3. En particular, las personas trans menores de edad tienen derecho a recibir la atención sanitaria necesaria para posibilitar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad sexual, con especial atención a la etapa de la pubertad.

Artículo 53. Derecho a los tratamientos ofertados en la cartera de servicios.

1. Las personas LGTBI tienen derecho a acceder a los tratamientos ofertados dentro de la cartera de servicios que les fueran de aplicación. Ningún tratamiento podrá ser aplicado sin obtener previamente el correspondiente consentimiento informado, debiendo este ser libre y voluntariamente aceptado conforme a la legislación vigente.

2. El acceso a las técnicas de reproducción humana asistida a mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y mujeres sin pareja, así como a las personas trans e intersexuales con capacidad de gestar, deberá ser igualitario, sin discriminación por motivos de identidad sexual.

Artículo 54. Derechos específicos de las personas intersexuales.

1. Las intervenciones solo podrán realizarse cuando las personas hayan alcanzado la suficiente madurez para decidir de manera libre e informada.

2. Se procurará conservar las gónadas con el fin de preservar un futuro aporte hormonal no inducido, incluyendo en los controles los marcadores tumorales.

3. No se podrán realizar prácticas de modificación genital en personas menores de doce años, salvo en los casos de indicación médica por razones de salud.

4. En el caso de personas menores, en edad comprendida entre los doce y los dieciséis años, solo se permitirán prácticas de modificación genital cuando lo solicite la persona menor de edad con capacidad intelectual y emocional para consentir de manera informada y, en todo caso, contando con la autorización de sus representantes legales, siguiendo lo previsto en la legislación estatal sobre consentimiento informado.

5. No se realizará ningún proceso de hormonación inducida hasta que la propia persona o sus representantes legales, en caso de minoría de edad, así lo requieran en función del desarrollo sexual.

6. Se ofrecerán para las personas intersexuales los servicios descritos en el artículo 55 para personas trans, a través de los mismos canales y en las mismas condiciones.

Artículo 55. Derechos específicos de las personas trans.

1. Se reconoce el derecho de las personas trans a beneficiarse de los tratamientos más acordes a sus necesidades en el ámbito de la salud, y a recibir una atención integral que facilite el pleno reconocimiento de su identidad en el marco del principio del libre desarrollo de la personalidad.

2. Se reconoce el derecho de las personas trans a participar en la formulación de los tratamientos que les afecten, desde el reconocimiento de autonomía, sin discriminación y con pleno respeto por la misma.

3. Se reconoce el derecho de las personas trans a que los procedimientos, como terapias hormonales o cirugías, sean proporcionados en el momento oportuno y acordados de forma mutua entre el personal profesional interviniente y la persona usuaria, y no podrán ser negados o retrasados de forma innecesaria. Las personas trans tienen derecho a ser informadas y consultadas sobre el proceso de las diferentes terapias.

4. En particular, las personas trans menores de edad tendrán derecho:

a) A recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, situación que se determinará utilizando aquellas medidas que objetivamente sean aplicables, bajo prescripción médica y según marque la evidencia científica, para evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados.

b) A recibir tratamiento hormonal de reafirmación de género, que se determinará utilizando aquellas medidas que objetivamente sean aplicables, bajo prescripción médica y según marque la evidencia científica, en el momento adecuado de la pubertad para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad, a fin de propiciar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios deseados.

c) A recibir la información sobre los tratamientos, beneficios, riesgos y alternativas disponibles de manera clara y ajustada a su edad y madurez, a los efectos de asegurar un consentimiento informado.

5. Para los tratamientos mencionados en este artículo, en el caso de menores de dieciséis años será necesaria la autorización de sus representantes legales.

Artículo 56. Derecho a la protección de datos.

Los datos relativos a la identidad sexual y expresión de género de las personas se enmarcan en las categorías especiales de datos personales a efectos de su tratamiento reguladas por el derecho de la Unión Europea. Todas las personas que, en el marco de la prestación de servicios de salud, accedan a estos datos deben respetar la obligación de confidencialidad al respecto.

Artículo 57. Derecho de participación.

Las consejerías competentes en materia de sanidad y de diversidad sexual y derechos LGTBI establecerán los procedimientos para facilitar que las organizaciones o entidades representativas del colectivo LGTBI registradas en el Principado de Asturias participen de manera activa en todas aquellas políticas públicas del ámbito de la salud que tengan incidencia en los derechos de las personas LGTBI.

Artículo 58. Obligaciones relativas a la formación específica del personal.

La Administración del Principado de Asturias, a través de la consejería competente:

a) Orientará la formación del personal y profesionales de la sanidad al conocimiento y respeto de la orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, así como de las necesidades sanitarias específicas de las personas LGTBI. Se prestará especial consideración a la formación en el sistema de atención primaria para asegurar la adecuada derivación de las personas trans a los recursos correspondientes.

b) Implementará cursos especializados en salud de la población LGTBI dentro de la oferta formativa anual destinada al personal sanitario.

c) Promoverá la realización de cursos y campañas dirigidos a todo el personal del sistema sanitario, al objeto de formar en materia de derechos LGTBI y prevenir la LGTBI-fobia.

Artículo 59. Obligaciones relativas a la salud sexual.

1. La Administración del Principado de Asturias creará las unidades de salud sexual, con las siguientes características:

a) Habrá una unidad en cada área sanitaria, siendo su número y la dotación de profesionales proporcional a la población atendida y a la cartera de servicios actual.

b) En su actuación, el personal de las unidades de salud sexual respetará siempre el derecho de las personas a no ser estigmatizadas por su condición o prácticas sexuales, absteniéndose de emitir juicios de valor al respecto.

c) Se valorará que el personal de las unidades de salud sexual tenga formación en salud sexual y reproductiva. La formación de posgrado especializada en materia de salud sexual y reproductiva se tendrá en cuenta a la hora de elegir este destino.

2. La consejería competente en materia de sanidad:

a) Impulsará la realización de campañas de educación sexual y reproductiva, y de prevención y detección precoz de infecciones de transmisión sexual, que tendrán en cuenta las necesidades específicas de las personas LGTBI, evitando cualquier tipo de estigmatización o discriminación.

b) Promoverá programas de educación sexual y reproductiva y de prevención de infecciones de transmisión sexual, con especial consideración al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en las relaciones sexuales, así como campañas de desestigmatización de personas con VIH y contra la serofobia. Asimismo, se realizarán campañas de información de profilaxis, especialmente entre la población juvenil.

3. En el marco del derecho a la salud sexual y reproductiva, el personal al servicio del sistema de salud tendrá en cuenta la diversidad familiar por razones de orientación sexual, identidad sexual y expresión de género. La Administración del Principado de Asturias formará e informará a su personal a este respecto.

Artículo 60. Evaluación e investigación.

1. La administración sanitaria del Principado de Asturias realizará un seguimiento sanitario de las personas LGTBI, al objeto de elaborar un análisis estadístico relativo a los tratamientos e intervenciones que se lleven a cabo, que tengan en cuenta los tiempos de espera, las técnicas empleadas y, en su caso, reclamaciones. La recogida de los datos anteriores con fines estadísticos se ajustará a los principios de confidencialidad, transparencia, especialidad y proporcionalidad y en los términos de la legislación que regula la protección de datos personales.

2. La consejería con competencias en materia de sanidad, en coordinación con la consejería con competencias en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI, impulsará el estudio y la investigación de las necesidades sanitarias específicas de las personas LGTBI e incorporará, en las investigaciones desarrolladas en el ámbito sanitario, la variable de la realidad de las personas LGTBI.

Artículo 61. Prevención del suicidio.

La consejería competente en materia de sanidad desarrollará campañas de prevención del suicidio, en el marco de los planes y estrategias estatales, prestando especial atención a la situación de las personas LGTBI y, en particular, a la juventud trans, dada su especial vulnerabilidad. Estas actuaciones se desarrollarán en coordinación con las estrategias y planes autonómicos en materia de salud mental y prevención del suicidio.

Artículo 62. Atención sanitaria a las personas trans.

1. La atención sanitaria a las personas trans se ajustará a los siguientes principios y medidas:

a) Se crearán las unidades multidisciplinares de atención a las personas trans (UMAP), que serán unidades de referencia, en el ámbito hospitalario, dentro de los servicios asistenciales y en un número que posibilite la atención en función de la población y las necesidades asistenciales. Dichas unidades no estarán enmarcadas en el ámbito de la salud mental.

b) La administración sanitaria velará, en el marco de sus competencias, por el suficiente abastecimiento de los medicamentos más comúnmente empleados en los tratamientos hormonales y supervisará su suministro, a fin de evitar episodios recurrentes de desabastecimiento.

c) Se proporcionará, en el menor plazo posible, la atención especializada por un equipo multidisciplinar, entre otros profesionales, de Endocrinología, Ginecología, Urología, Psicología y Logopedia, Pediatría, Trabajo Social, Otorrinolaringología, Psiquiatría, con conocimientos en las características y necesidades de la población trans, siguiendo los principios de voluntariedad, no segregación y cercanía recogidos en la presente ley.

d) En el caso de las cirugías específicas en el campo de la cirugía plástica y reconstructiva, urología, ginecología y otorrinolaringología, se formarán profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias para abordarlas o se derivarán a personal profesional especializado.

2. El acceso a los servicios descritos en el apartado anterior podrá materializarse a través de los centros de salud de atención primaria o de los servicios de atención hospitalaria. El Servicio de Salud del Principado de Asturias desarrollará vías de derivaciones adecuadas, rápidas y eficaces a dichos servicios, para poder concretar las demandas y necesidades de cada persona. Se deberá poder contactar por medios telemáticos y telefónicos en las mismas condiciones que otros servicios.

3. Las prestaciones de servicios de atención hospitalaria referidas en este apartado estarán reguladas reglamentariamente y se incluirán en la cartera básica de servicios, así como en la cartera complementaria ofertada por el Servicio de Salud del Principado de Asturias. Para ello, la Administración autonómica llevará a cabo la formación específica de los y las profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

4. La atención sanitaria no hospitalaria que se requiera en el marco de las transiciones acordadas se prestará a través de servicios de proximidad o atención primaria.

5. Se elaborará una guía para la atención de la población trans asturiana en el ámbito de la salud. En dicha guía se incluirá sensibilización básica e información específica sobre las necesidades sanitarias de la población trans y sus derechos, así como los protocolos sanitarios referentes a ella, promoviendo su conocimiento por todo el personal sanitario.

Artículo 63. Atención sanitaria a las personas intersexuales.

1. La atención a la salud de las personas intersexuales se realizará conforme a los principios de no patologización, autonomía, decisión y consentimiento informados, no discriminación, asistencia integral, calidad, especialización, proximidad y no segregación. Se asegurará, en todo caso, el respeto de su intimidad y la confidencialidad sobre sus características físicas, evitando las exploraciones innecesarias y su exposición sin un objetivo diagnóstico o terapéutico directamente relacionado.

2. El Servicio de Salud del Principado de Asturias velará por la erradicación de la mutilación genital intersexual, entendiendo por tal las prácticas de modificación genital que se realizan en las personas recién nacidas atendiendo únicamente a criterios de morfología genital, con la salvedad de los criterios médicos basados en la protección de la salud integral de la persona recién nacida y con la autorización legal correspondiente.

3. Se formará al personal sanitario en todos aquellos aspectos regulados por la presente ley que favorezcan un mejor desempeño profesional, haciendo hincapié en la corrección de trato, la privacidad y el respeto a la intimidad de las personas intersexuales.

4. La consejería competente en materia de sanidad impulsará un protocolo de actuación sanitaria específico para las personas intersexuales, que deberá incluir la participación de las personas menores de edad en el proceso de adopción de decisiones, así como la prestación de asesoramiento y apoyo, incluido el psicológico, a las personas menores de edad intersexuales y sus familias. Dicho protocolo recogerá, igualmente, medidas para la erradicación de la intersexfobia.

Artículo 64. Atención prioritaria en las políticas de empleo.

1. Las personas LGTBI serán consideradas colectivo de atención prioritaria en los términos establecidos por la normativa estatal en materia de empleo.

2. Asimismo, se considerará que las personas trans tienen, por razón de la discriminación estructural que sufren, necesidades específicas de inserción laboral. Dicha consideración se tendrá en cuenta en el diseño e implementación de las políticas públicas de empleo y protección social por parte de la Administración del Principado de Asturias.

Artículo 65. Empleo público.

La Administración del Principado de Asturias, en el ámbito de sus competencias, velará por el respeto de los derechos reconocidos en esta ley para el conjunto del personal a su servicio y facilitará medidas para la promoción y defensa de la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI en el acceso al empleo público y carrera profesional, previa negociación con las organizaciones sindicales de conformidad con la normativa aplicable.

Artículo 66. Derecho a la no discriminación e igualdad de trato en el empleo.

1. La decisión de excluir a una persona del acceso al empleo o aquellas relacionadas con la promoción, la retribución y la extinción de la relación laboral, basadas en la identidad sexual, expresión de género, la orientación sexual o las características sexuales de la persona trabajadora, serán consideradas discriminatorias conforme al marco normativo estatal.

2. La Administración autonómica, las Administraciones locales, las empresas públicas, así como aquellos entes y organismos dependientes de una Administración pública, mantendrán una política de tolerancia cero frente a los casos de discriminación por razones LGTBI.

3. La Administración del Principado de Asturias velará por la efectividad de la prohibición de discriminar por motivos de orientación sexual, identidad sexual y expresión de género.

Artículo 67. Planes LGTBI en el empleo público.

La Administración del Principado de Asturias aprobará un plan LGTBI para velar por la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, aplicable al ámbito de la Administración del Principado de Asturias, sus empresas públicas y organismos dependientes, a partir de cincuenta trabajadores, de forma negociada con la representación legal de los trabajadores.

Artículo 68. Igualdad de trato y de oportunidades de las personas LGTBI en el ámbito laboral.

1. La Administración del Principado de Asturias, en el ámbito de sus competencias en materia de políticas de empleo, integrará el principio de igualdad de trato y oportunidades de las personas LGTBI, incorporando medidas adecuadas y eficaces que tendrán por objeto:

a) Promover la igualdad de trato y de oportunidades y prevenir, corregir y eliminar toda forma de discriminación por razón de las causas previstas en esta ley en materia de acceso al empleo, afiliación y participación en organizaciones sindicales y empresariales, condiciones de trabajo, promoción profesional, acceso a la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional, y de incorporación y participación en cualquier organización cuyos miembros desempeñen una profesión concreta.

b) Incorporar en los temarios y en las pruebas selectivas de acceso al empleo público del Principado de Asturias contenidos relacionados con el derecho a la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI.

c) Promover, en el ámbito de la formación para el empleo, contenidos relacionados con el respeto a los derechos de igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación de las personas LGTBI.

d) Informar a las empresas de las obligaciones en materia de derechos LGTBI derivados de la normativa estatal y autonómica.

e) Apoyar la realización de campañas divulgativas sobre la igualdad de trato y de oportunidades y la no discriminación de las personas LGTBI por parte de los agentes sociales.

f) Impulsar, a través de los agentes sociales y la negociación colectiva, la inclusión en los convenios colectivos de cláusulas de promoción de la diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales y de la diversidad familiar y de prevención, eliminación y corrección de toda forma de discriminación de las personas LGTBI, así como de procedimientos para dar cauce a las denuncias por discriminación. Igualmente, se atenderá a la inclusión de la perspectiva de diversidad sexual y expresión de género en los acuerdos y las comunicaciones de las empresas.

g) Velar por el cumplimiento efectivo de los derechos a la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales de las personas trabajadoras LGTBI, en el ámbito laboral, a través de los órganos competentes. En particular, se procurará la disponibilidad de formación especializada para el personal de inspección.

h) Impulsar y supervisar la elaboración de protocolos de actuación en las Administraciones públicas y sus organismos dependientes, en las empresas públicas y privadas, que aborden los casos de discriminación por razón de las causas previstas en esta ley.

2. La Administración del Principado de Asturias, en colaboración con el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos laborales y con el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, llevará a cabo formación específica relacionada con la prevención de riesgos laborales, en contenidos relativos a las discriminaciones que puedan sufrir las personas LGTBI en el empleo por razón de orientación sexual e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

3. La Administración del Principado de Asturias implementará indicadores de igualdad que tengan en cuenta la realidad de las personas LGTBI en el empleo tanto en el sector público como en el privado.

4. La consejería con competencias en diversidad sexual y derechos LGTBI creará un distintivo que permita reconocer a las empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI.

5. A través del Conseyu de Participación LGTBI se divulgarán las buenas prácticas realizadas por las empresas en materia de inclusión y de promoción y garantía de igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

Artículo 69. Fomento del empleo e integración sociolaboral de las personas trans.

La Administración del Principado de Asturias, considerando las líneas de actuación de la estrategia estatal y autonómica para la inclusión social de las personas trans, diseñará medidas de acción positiva para la mejora de la empleabilidad de las personas trans y planes específicos para el fomento del empleo de este colectivo. A estos efectos:

a) Desarrollará programas de intermediación, formación y contratación entre empresas y personas trans, priorizando la contratación de mujeres trans en situación de vulnerabilidad y exclusión social.

b) Promoverá medidas para el fomento de la igualdad de trato y de oportunidades de las personas trans en las convocatorias de subvenciones de fomento del empleo.

c) Implementará medidas para que, tanto las Administraciones públicas como los entes y organismos de ellas dependientes y las empresas públicas y privadas, favorezcan la integración e inserción laboral de las personas trans.

d) Monitorizará, junto con los agentes sociales, la evolución de la situación laboral de las personas trans en el territorio del Principado de Asturias.

e) Incentivará la contratación de personas trans en situación de desempleo.

f) Atenderá a la diversidad familiar en las convocatorias de ayuda para la conciliación de la vida laboral y familiar.

Artículo 70. Medidas planificadas y recursos para la igualdad de las personas LGTBI en las empresas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras deben dotarse de un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI de manera negociada. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social informará anualmente del grado de cumplimiento de estas medidas según los instrumentos de colaboración suscritos entre el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la consejería con competencias en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI.

Artículo 71. Protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI en las empresas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, todas las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras ubicadas dentro del territorio autonómico deberán contar con un protocolo de actuación frente al acoso y la violencia contra las personas LGTBI. La estructura y el contenido del protocolo ante situaciones de acoso por orientación e identidad sexual y expresión de género se ajustarán a los principios establecidos en la normativa estatal, sin perjuicio de la posibilidad de darles mayor concreción y desarrollo a través del diálogo social de las entidades presentes en el territorio del Principado de Asturias.

Artículo 72. Planes para la cultura, ocio, turismo y deporte inclusivos de la diversidad LGTBI.

1. La consejería con competencias en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI diseñará e implementará cuantas medidas sean necesarias para hacer efectiva la inclusión de las realidades de las personas LGTBI y sus familias en las actividades deportivas, culturales, de turismo y de ocio que impulse o apoye el Principado de Asturias, así como en las de las entidades y organismos autónomos dependientes del sector público.

2. Los concejos con más de 20 000 habitantes deberán diseñar e implementar cuantas medidas sean necesarias para hacer efectiva la inclusión de las realidades de las personas LGTBI y sus familias en las actividades deportivas, culturales y de ocio. Las consejerías con competencias en materia de deporte, cultura y ocio apoyarán a los concejos de menos de 20 000 habitantes para que puedan desarrollar igualmente un plan estratégico en estos ámbitos.

3. La consejería con competencias en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI enviará una copia de las estrategias que se aprueben al Conseyu de Participación LGTBI, que podrá trasladar las valoraciones y sugerencias que considere oportunas.

Artículo 73. Apoyo a iniciativas de promoción de la igualdad real y la no discriminación.

La Administración del Principado de Asturias apoyará aquellas iniciativas del ámbito de la cultura, turismo, ocio y deporte que:

a) Contribuyan a la creación de un imaginario ético y estético positivo para las personas LGTBI y sus familias.

b) Contribuyan a la inclusión social de las personas LGTBI y sus familias en una sociedad de plenos derechos para todas las personas que la conforman.

c) Luchen contra los discursos de odio contra las personas LGTBI y sus familias.

Artículo 74. Premios, distinciones, subvenciones y equipamientos públicos.

La Administración del Principado de Asturias, las Administraciones locales y el sector público dependiente de estas Administraciones, en el ámbito de sus competencias en materia de cultura, turismo, ocio y deporte, podrán:

a) Crear premios y distinciones que sirvan para honrar la memoria, reconocer a personas o destacar iniciativas que supongan un hito en la defensa de los derechos LGTBI.

b) No otorgar subvenciones, patrocinios o cualquier tipo de apoyo económico o en especie a iniciativas que fomenten discursos de odio contra las personas LGTBI y sus familias.

c) Denegar el permiso para la utilización de instalaciones y equipamientos públicos para aquellas actividades que, de manera ostensible, fomenten la propagación de discursos de odio contra las personas LGTBI y sus familias.

Artículo 75. Igualdad de trato.

La Administración del Principado de Asturias y las Administraciones locales, así como las entidades, instituciones, fundaciones y empresas del sector público dependientes de estas Administraciones:

a) Velarán por el cumplimiento del derecho a la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI en el ámbito del disfrute de la cultura y el ocio.

b) Fomentarán el conocimiento y correcta aplicación del derecho de admisión para que las condiciones de acceso y permanencia en los establecimientos abiertos al público, así como el uso y disfrute de los servicios que en ellos se prestan, en ningún caso puedan restringirse por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

Artículo 76. Fondos documentales LGTBI.

La Administración del Principado de Asturias impulsará la creación de fondos documentales de temática LGTBI que fomenten el respeto de la diversidad e identidad sexual, expresión de género y características sexuales, así como de la diversidad familiar. En particular, se implementará:

a) En el Archivo Histórico del Principado de Asturias una sección específica relacionada con la memoria histórica y democrática LGTBI y el movimiento activista LGTBI de Asturias.

b) La existencia de fondos bibliográficos LGTBI de naturaleza literaria, ensayística, científica, legal, familiar, infantil y juvenil, que sean accesibles a la ciudadanía, en todas las bibliotecas públicas establecidas en núcleos de población de más de 5000 habitantes. El Conseyu de Participación LGTBI y las asociaciones y entidades que lo conformen trasladarán las sugerencias oportunas sobre estos fondos a través de la consejería con competencias en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI.

Artículo 77. Memoria histórica y democrática y visibilización de las personas LGTBI.

La Administración del Principado de Asturias adoptará las medidas necesarias para apoyar y fomentar las iniciativas y expresiones artísticas, culturales, patrimoniales y recreativas que visibilicen la diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales y la diversidad familiar de las personas LGTBI. En particular, se impulsarán y apoyarán:

a) Las iniciativas que permitan recuperar la memoria histórica y democrática LGTBI a través de cualquier disciplina artística y creativa, con especial atención a las artes escénicas y musicales, las bellas artes, el sector audiovisual y la ilustración, el diseño y el sector editorial.

b) Las propuestas que permitan dar visibilidad a las personas LGTBI y sus familias en el ámbito las diversas disciplinas artísticas y creativas.

c) En el sector del videojuego, las iniciativas que cuenten con espacios seguros para la comunidad LGTBI, así como aquellos certámenes que incorporen programación específica orientada a dar visibilidad a la realidad de las personas LGTBI y sus familias.

Artículo 78. Respeto a la diversidad LGTBI en la promoción turística.

La Administración del Principado de Asturias, las Administraciones locales, así como el sector público dependiente de las mismas, serán las encargadas de comprobar:

a) Que los planes estratégicos que se impulsen en el ámbito del turismo tengan en cuenta la diversidad LGTBI.

b) Que las campañas turísticas sean inclusivas y no discriminatorias ni vejatorias hacia el colectivo LGTBI.

c) Que las campañas turísticas, tanto las generales como las específicas orientadas al público LGTBI, muestren la diversidad del colectivo sin caer en estereotipos estigmatizantes.

d) Que el personal que atienda las oficinas de información turística y cualquier otro servicio turístico ofrecido por el sector público tenga acceso a formación sobre la realidad del colectivo LGTBI y la obligación de trato no discriminatorio.

Artículo 79. Turismo y derechos de las personas LGTBI.

La Administración del Principado de Asturias, las Administraciones locales y el resto de las entidades obligadas por la presente ley, en el marco de sus competencias y planes estratégicos relativos al turismo:

a) Apoyarán los actos del Orgullo LGTBI, al objeto de reforzar la imagen de Asturias como una tierra de igualdad, equidad, libertad, pluralidad y plenos derechos para toda la ciudadanía.

b) Desarrollarán y apoyarán planes de formación para las empresas vinculadas al sector turístico con el fin de mejorar la acogida, recepción y trato hacia el colectivo LGTBI.

c) Desarrollarán un sello de turismo de calidad que permita identificar como «entidades aliadas con el colectivo LGTBI» aquellos negocios turísticos especialmente comprometidos con el colectivo LGTBI.

d) Exigirán que las actividades, eventos e iniciativas turísticas que se quieran subvencionar, apoyar o patrocinar estén comprometidas con el desarrollo de los fines de la presente ley.

Artículo 80. Protocolos contra la LGTBI-fobia en los espectáculos.

Los eventos culturales, deportivos, turísticos o de ocio y las marcas comerciales que quieran asociarse con los logos y eslóganes utilizados por el Principado de Asturias en la promoción de Asturias como destino turístico deberán suscribir el protocolo contra la LGTBI-fobia que elabore la consejería competente en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI, el cual incluirá tanto las medidas destinadas a la protección de derechos del personal contratado y, en su caso, voluntario, como aquellas relacionadas con el desarrollo de los propios eventos.

Artículo 81. Fiestas de interés turístico.

1. Las fiestas de interés turístico nacional o autonómico celebradas en el Principado de Asturias contarán con atención e información en materia LGTBI prestada por personal formado en la materia, para prevenir y afrontar los incidentes que puedan producirse durante su desarrollo.

2. La consejería con competencias en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI, con el asesoramiento del Conseyu de Participación LGTBI, elaborará un protocolo marco para la prevención y atención de los casos de LGTBI-fobia que se puedan producir en los eventos descritos.

Artículo 82. Derechos de las personas LGTBI en el ámbito de la actividad física y el deporte.

1. Todas las personas tienen derecho a disfrutar de la práctica deportiva sin discriminación alguna por razón de sexo, características sexuales, orientación e identidad sexual y expresión de género.

2. En los eventos deportivos y competiciones organizadas, patrocinadas o financiadas por el Principado de Asturias, ayuntamientos o cualquier otra entidad del sector público, se adoptarán las medidas necesarias para que las mismas se desarrollen de manera respetuosa con las personas LGTBI. En el caso de que se prevea el acceso a zonas de aseo y vestuarios, se respetará el derecho de las personas transexuales a acceder al que corresponde con su sexo legal. En todo caso, se garantizará la existencia de espacios individuales que aseguren la intimidad de cualquier persona usuaria que así lo solicite.

3. En el caso de las actividades deportivas extraescolares, así como en los Juegos Deportivos del Principado, las personas participantes menores de edad tienen derecho a ser tratadas conforme al nombre y la identidad sexual y expresión de género que, en su caso, hubieran solicitado en su centro educativo, conforme a las disposiciones de la presente ley.

Artículo 83. Instalaciones deportivas.

1. La construcción de nuevos espacios deportivos o la rehabilitación y reparación de los ya existentes se realizará con base en el criterio de la funcionalidad y accesibilidad de las instalaciones higiénicas de uso público, teniendo en cuenta si se trata de aseos, duchas o vestuarios. En todo caso, si las condiciones lo permiten, se contará en dichos espacios con cabinas de uso individual a disposición de cualquier persona que desee utilizarlas.

2. Las consejerías con competencias en materia de deporte y en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI impulsarán la convocatoria de ayudas para la adaptación de las instalaciones, favoreciendo particularmente la de aquellos espacios no diferenciados por sexo y la creación de cabinas de uso individual a disposición de cualquier persona que desee utilizarlas.

Artículo 84. Promoción y garantía de la diversidad en el deporte.

Las consejerías con competencias en materia de deporte y en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI trabajarán de manera coordinada para:

a) Elaborar una guía de orientaciones y criterios para una práctica deportiva inclusiva de la diversidad LGTBI.

b) Aprobar un protocolo de actuación frente a la violencia, la discriminación y el acoso a las personas LGTBI en el deporte y las actividades deportivas.

c) Impulsar campañas de sensibilización contra la discriminación de las personas LGTBI en el deporte, así como campañas de concienciación y visibilidad de las personas LGTBI en el deporte.

d) Implementar la oferta de contenidos contra la LGTBI-fobia en el marco de la formación del personal técnico y arbitral, de acuerdo con lo previsto por la normativa autonómica.

e) Incluir, entre los criterios a tener en cuenta en el marco de las convocatorias de ayudas públicas y patrocinios de la práctica deportiva y la competición, que las entidades deportivas cuenten con el «sello de deporte inclusivo con las personas LGTBI» o, en su defecto, que las entidades hayan incorporado y estén aplicando medidas específicas destinadas a hacer frente a la LGTBI-fobia en las entidades deportivas y las federaciones.

f) Realizar un informe diagnóstico sobre la LGTBI-fobia en el deporte asturiano.

Artículo 85. Principios de actuación en el ámbito de la comunicación social e internet.

Los medios públicos de comunicación dependientes de la Administración autonómica y de aquellos que perciban subvenciones públicas actuarán de acuerdo con los siguientes principios y obligaciones:

a) El respeto de la diversidad sexual y expresión de género en el tratamiento de la información, la elaboración de contenidos y en su programación, como forma de promoción de la convivencia pacífica protegida por la Constitución y el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.

b) El respeto a la vida privada de las personas LGTBI y a sus modelos familiares.

c) La separación entre información y opinión en los contenidos relacionados con la identidad y la orientación sexual, en atención a lo dispuesto por el artículo 20.4 de la Constitución y por la Ley 4/2023, de 28 de febrero.

d) Facilitar el acceso a los medios de comunicación de los grupos sociales y políticos representativos de las personas LGTBI, en el marco del pluralismo político, social y cultural de la sociedad asturiana.

e) La promoción del respeto a la diversidad sexual y expresión de género, a los efectos de sensibilizar y formar en materia de derechos de las personas LGTBI.

f) La protección de la juventud y la infancia LGTBI.

g) La contratación de publicidad institucional tendrá en cuenta las obligaciones que, según la normativa específica, prohíben promover o contratar publicidad institucional que incluya mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los valores y derechos constitucionales.

Artículo 86. Igualdad de trato y no discriminación en la publicidad y en los medios de comunicación social.

1. Los medios de comunicación social que operen en el territorio autonómico, sea cual sea su naturaleza, están obligados a respetar el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI, evitando toda forma de discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género y características sexuales en el tratamiento de la información, en sus contenidos y en su programación.

2. La Administración del Principado de Asturias velará por que los medios de titularidad privada transmitan una imagen igualitaria y no discriminatoria de las personas LGTBI.

Artículo 87. Eliminación de contenido LGTBI-fóbico.

La Administración del Principado de Asturias adoptará, en los medios de titularidad pública y en los que perciban subvenciones públicas, las medidas oportunas para la eliminación de los contenidos que puedan incitar al odio, la discriminación o la violencia contra las personas LGTBI o sus familiares. En el caso de que la dirección general con competencias en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI, o, en su defecto, la consejería responsable en la materia, tenga conocimiento de que se haya difundido contenido con las características descritas, lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía para que valore la posible comisión de un delito de odio.

Artículo 88. Fomento de campañas de concienciación y visibilización de las realidades LGTBI.

La Administración del Principado de Asturias impulsará, en los medios de titularidad pública y en los que perciban subvenciones públicas, la concienciación, divulgación y transmisión de la inclusión social y el respeto a la diversidad sexual, a través de publicidad, campañas y contenidos que contribuyan a una percepción del colectivo libre de estereotipos, así como al mejor conocimiento de las realidades y las necesidades de la población LGTBI y sus modelos familiares.

Artículo 89. Códigos deontológicos.

1. La Administración del Principado de Asturias velará para que los medios de comunicación adopten, con la participación de los medios de comunicación, sindicatos y asociaciones de personas LGTBI, códigos deontológicos que incorporen el respeto a la igualdad y la prohibición de discriminación por motivos de orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales o pertenencia a familia LGTBI, tanto en contenidos informativos y de publicidad como en el lenguaje empleado. Esta disposición afectará a todos los medios, incluidos aquellos propiciados por las nuevas tecnologías.

2. La sociedad de Radiotelevisión del Principado de Asturias, SAU, en el marco de los principios de promoción de convivencia y solidaridad establecidos por la Ley 8/2014, de 17 de julio, de Segunda Reestructuración del Sector Público Autonómico y la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, debe:

a) Elaborar recomendaciones sobre los usos, prácticas y modos lingüísticos y el tratamiento de las imágenes en relación con la identidad sexual y expresión de género.

b) Velar por que los contenidos y la publicidad sean respetuosos hacia las personas LGTBI.

c) Velar por que se muestren y se traten con normalidad la diversidad de opciones afectivas y sexuales y los modelos diversos de familia, orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, de modo que se favorezca la visibilidad de referentes positivos.

Artículo 90. Fomento de la autorregulación de los medios de comunicación social de titularidad privada.

La Administración del Principado de Asturias promoverá la formación en materia de diversidad sexual destinada a profesionales de los medios de comunicación social e impulsará pactos de autorregulación en los medios de comunicación de titularidad privada para que incorporen el respeto a la igualdad y la prohibición de discriminación por motivos de orientación e identidad sexual, expresión de género o desarrollo sexual, tanto en contenidos informativos y de publicidad como en el lenguaje empleado. Para ello, la consejería competente elaborará recomendaciones y asesorará en el desarrollo de códigos deontológicos, de buenas prácticas y manuales de estilo para un tratamiento informativo plural e igualitario de las personas LGTBI.

Artículo 91. Medidas de protección contra el ciberacoso.

1. La Administración del Principado de Asturias adoptará las medidas necesarias para prevenir y erradicar el ciberacoso por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género y características sexuales, así como para sensibilizar sobre el mismo, prestando especial atención a los casos de ciberacoso en redes sociales a las personas menores de edad y jóvenes LGTBI.

2. En particular, la consejería con competencias en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI desarrollará campañas de concienciación en materia de ciberseguridad y prevención del ciberacoso, así como protocolos especiales de atención en casos de ciberacoso a las personas menores de edad y jóvenes LGTBI.

Artículo 92. Principios de actuación.

La actuación de la Administración del Principado de Asturias se inspirará en los siguientes principios:

a) Reconocimiento y protección de la diversidad familiar. La presente ley otorga reconocimiento y protección frente a cualquier tipo de discriminación en la unión de personas LGTBI, ya sea de hecho o de derecho, en la relación de parentesco, ya sea por consanguinidad o afinidad, así como en las familias monoparentales con personas a su cargo.

b) Interés superior de las personas menores LGTBI. La presente ley otorga protección contra la discriminación a las personas menores de edad LGTBI o que vivan en el seno de una familia LGTBI, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica de protección de las personas menores. Asimismo, las personas LGTBI menores gozarán de protección y acompañamiento en el caso de que su orientación sexual o su identidad sexual o expresión de género sea motivo de rechazo familiar.

c) Desarrollo integral de personas jóvenes LGTBI. La presente ley tiene como objetivo la integración familiar y social de las personas jóvenes LGTBI, así como la promoción de su desarrollo integral, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley del Principado de Asturias 6/2019, de 29 de marzo, de Participación y Promoción Juvenil.

d) Autonomía personal y envejecimiento activo y saludable de las personas mayores LGTBI. La presente ley otorga protección contra la discriminación de las personas adultas mayores LGTBI y busca la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo que les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e individual, así como acceder a una atención gerontológica adecuada a sus necesidades en el ámbito sanitario, social y asistencial.

e) Accesibilidad y lenguaje claro. Se elaborarán y difundirán materiales formativos, en formato y lenguaje claro y accesible en términos sensoriales y cognitivos, dirigidos al ejercicio positivo de las responsabilidades parentales o tutelares. Estos materiales contendrán formación en materia de derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, e incluirán contenidos específicos referidos a combatir roles y estereotipos de género que sitúan a las niñas en plano de desigualdad, contenidos sobre la diversidad sexual y expresión de género, como medida de prevención de conductas discriminatorias y violentas hacia los niños, niñas y adolescentes.

f) Atención a la discapacidad. Se adoptarán las medidas necesarias para la protección de los derechos y la no discriminación de personas LGTBI con discapacidad, ya sea tanto en su individualidad como en sus relaciones sexuales y afectivas.

Artículo 93. Derechos de los niños, niñas y adolescentes.

1. De conformidad con la Constitución española y la normativa internacional, estatal y autonómica de protección y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, todas las actuaciones relativas a las personas menores de edad deben estar guiadas por el principio del interés superior del menor. En particular, se tendrá en cuenta que:

a) La identidad constituye un elemento central de la persona, y se vincula con los principios constitucionales de dignidad y de libre desarrollo de la personalidad, conforme a su orientación e identidad sexual y expresión de género.

b) Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que su identidad sexual y expresión de género sean respetadas en todos los entornos de vida, así como a recibir el apoyo y asistencia precisos cuando sean víctimas de discriminación o violencia por tal motivo.

c) Durante la minoría de edad, las personas progenitoras o quienes ostenten la representación legal colaborarán con las Administraciones públicas a fin de respetar los derechos de los y las menores establecidos en esta ley. Las personas menores de edad serán oídas teniendo en cuenta los principios de aptitud y capacidad progresiva.

d) En los casos en que se tenga constancia de que quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento están realizando prácticas discriminatorias relacionadas con la no aceptación de la orientación e identidad sexual, expresión de género o las características sexuales de la persona menor de edad que conlleven un perjuicio para su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos, la consejería con competencias en materia de infancia y adolescencia valorará la existencia de riesgo de desprotección de la persona menor de edad, al objeto de adoptar las medidas de protección que resulten necesarias.

2. La Administración del Principado de Asturias aprobará un protocolo de coordinación entre los sistemas educativo, sanitario y social, así como con los cuerpos y fuerzas de seguridad y la Fiscalía de Menores cuando resulte procedente. Dicho protocolo estará especialmente orientado a la detección y a la intervención ante situaciones de riesgo que pongan en peligro el desarrollo integral de las personas menores de edad trans o con orientaciones sexuales diversas.

Artículo 94. Derechos de las personas mayores LGTBI.

1. Las personas LGTBI mayores tienen derecho a que los recursos públicos o privados que las acojan, ya sean centros de día, recursos sociales o residenciales, respeten su individualidad, intimidad, su identidad sexual y expresión de género, su orientación sexual y sus características sexuales, reconociendo su especial vulnerabilidad en entornos institucionales y residenciales y adoptando medidas específicas para asegurar su bienestar, dignidad y no discriminación.

2. Las Administraciones públicas deberán prevenir situaciones de aislamiento efectivo, social o emocional, que obliguen a personas mayores LGTBI a abandonar sus recursos residenciales, centros de día o entornos de vida por motivos de discriminación.

Artículo 95. Protección de las familias e infancias LGTBI.

La Administración del Principado de Asturias:

a) Promoverá políticas activas de equiparación de derechos, de apoyo, de sensibilización y de visibilización de la diversidad familiar, acentuando la necesidad de reconocer y proteger a las familias homoparentales y a aquellas en las que cualesquiera de sus integrantes sean personas LGTBI.

b) Realizará estudios estadísticos e informes sobre la situación de las familias LGTBI que permitan profundizar en la naturaleza y el alcance de las situaciones de discriminación que les afectan.

c) Elaborará y difundirá materiales formativos dirigidos al ejercicio positivo de las responsabilidades parentales que incluyan contenidos sobre la diversidad sexual y expresión de género como medida de prevención de los conflictos y la violencia en el ámbito familiar por motivos de orientación sexual, la identidad sexual, expresión de género y las características sexuales.

Artículo 96. Adopción y acogimiento.

1. Se reconoce el derecho a la no discriminación de familias adoptantes y acogedoras, en el proceso de valoración, por motivo de orientación e identidad sexual o expresión de género. Además, se impartirá la formación adecuada de las personas que intervienen en la valoración de la idoneidad en los procesos de adopción y acogimiento familiar al objeto de que no exista dicha discriminación.

2. En los centros de acogimiento residencial de menores, se trabajará la diversidad familiar con el fin de que las personas menores que sean susceptibles de ser adoptadas o acogidas sean conocedoras de la diversidad familiar por razón de la diversidad sexual.

Artículo 97. Centros de acogimiento residencial de menores.

La Administración del Principado de Asturias:

a) Adoptará las medidas oportunas para la protección de menores de edad LGTBI cuando se encuentren bajo su tutela, durante su estancia en los centros de acogimiento residencial de menores del sistema de protección o en los centros de responsabilidad penal de menores, respetando su orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

b) Desarrollará medidas de formación y sensibilización dirigidas a las personas trabajadoras de centros de acogimiento residencial de menores y centros de responsabilidad penal de menores de edad que atiendan a personas LGTBI menores de edad.

c) Adoptará las medidas oportunas para prevenir las agresiones que puedan sufrir las personas LGTBI menores de edad por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género y características sexuales en los centros de acogimiento residencial.

Artículo 98. Personas menores de edad en familias LGTBI.

Las Administraciones públicas velarán por el respeto a la intimidad familiar, así como a la protección frente a la discriminación por asociación, que puedan sufrir las personas menores de edad que vivan en el seno de una familia LGTBI.

Artículo 99. Asociacionismo de familias LGTBI.

La Administración del Principado de Asturias, en el ámbito de sus competencias, desarrollará políticas activas de apoyo y visibilización de las asociaciones y organizaciones de familias LGTBI legalmente constituidas que realicen actividades de promoción de la diversidad de las familias y el respeto a las familias homoparentales.

Artículo 100. Protección de la juventud LGTBI.

1. La consejería competente en materia de juventud promoverá acciones de sensibilización, información y asesoramiento e impulsará el respeto de la diversidad sexual y expresión de género, difundiendo las buenas prácticas realizadas.

2. El Instituto Asturiano de la Juventud fomentará la igualdad de las personas jóvenes LGTBI, promoviendo el asociacionismo juvenil como herramienta para su inclusión y defensa de sus derechos, a la vez que asesorará en la materia desde la perspectiva juvenil a las Administraciones públicas y entidades que trabajen en el ámbito de juventud en el Principado de Asturias.

3. En los cursos para personas mediadoras, monitoras y formadoras juveniles, así como en los organizados por el Instituto Asturiano de la Juventud, se incluirá formación sobre orientación e identidad sexual y expresión de género que permita fomentar el respeto y proteger los derechos de las personas LGTBI en su trabajo habitual con adolescentes y jóvenes del Principado de Asturias.

4. El personal que trabaje o realice voluntariado en entidades en contacto con personas jóvenes prestará especial atención a procurar la igualdad de las personas LGTBI en todas las actividades que desarrollen.

5. Las consejerías competentes en materia de derechos sociales y vivienda, en coordinación con la consejería competente en materia de juventud, diseñarán e implementarán las siguientes acciones:

a) Un plan específico de actuación para jóvenes LGTBI expulsados de sus hogares por motivo de su orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

b) Una red de alojamiento de urgencia para el colectivo LGTBI.

c) Los programas de transición a la vida adulta del sistema de protección tendrán en cuenta la realidad del colectivo LGTBI.

Artículo 101. Plan Integral de la Juventud del Principado de Asturias.

La consejería competente en materia de juventud incluirá en el diseño del Plan Integral de la Juventud del Principado de Asturias:

a) El diagnóstico y análisis de la situación de la juventud LGTBI de Asturias con el fin de proponer soluciones a sus principales problemas y necesidades.

b) El diseño de programas de promoción de la autoestima y el autorreconocimiento de las personas adolescentes LGTBI, así como la prevención de la LGTBI-fobia en las actividades juveniles y asociativas de tiempo libre.

c) El mapa de servicios de apoyo y orientación a jóvenes LGTBI en centros juveniles de tiempo libre.

Artículo 102. Protección de las personas LGTBI mayores.

1. Las consejerías y las instituciones y agentes específicos en materia de protección de las personas mayores procurarán a las personas LGTBI:

a) Que la protección y atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e individual, conforme a su identidad sexual, expresión de género, orientación sexual y características sexuales.

b) El acceso a una atención gerontológica adecuada a sus necesidades, en el ámbito sanitario, social, asistencial y psicológico conforme a su identidad sexual, expresión de género, orientación sexual y características sexuales.

c) El derecho a recibir un trato que respete su individualidad, intimidad, identidad sexual, expresión de género, su orientación sexual y características sexuales.

d) La identificación de la persona residente trans por parte del personal del centro, a los demás residentes o a terceros, aun cuando esta no haya procedido a la rectificación en el Registro Civil de la mención de sexo, habrá de respetar su identidad sexual, con independencia del nombre y sexo reflejado en su expediente.

2. Tanto los recursos residenciales como los recursos de día y de atención domiciliaria respetarán el derecho a la no discriminación de personas en atención a su identidad sexual o expresión de género, su orientación sexual y características sexuales, ya sea en su individualidad como en su relación sentimental.

3. La consejería competente en materia de servicios sociales impulsará la formación del personal profesional de los recursos de atención a mayores, al objeto de facilitarles preparación y conocimientos sobre identidad sexual, expresión de género, orientación sexual, características sexuales y realidades de las personas LGTBI, así como de las especiales dificultades que afrontan durante el envejecimiento.

Artículo 103. Red de concejos orgullosos.

1. La consejería con competencias en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI, en colaboración con la Federación Asturiana de Concejos, creará una red de concejos orgullosos para generar sinergias con las Administraciones locales en la realización de campañas a favor de los derechos de las personas LGTBI y generar recursos materiales y personales, creando un sello con compromisos bianuales.

2. La red aprobará un protocolo de funcionamiento para materializar su funcionamiento, en el que se establezcan las actividades a desarrollar, y que tendrán por objeto la protección frente a la violencia y la discriminación en el territorio, así como la sensibilización y la visibilización del compromiso de los concejos con la igualdad a través de actividades artísticas, culturales, deportivas y de ocio, tanto para público adulto como infantil.

3. La red será un espacio de intercambio de buenas prácticas en materia de promoción de derechos LGTBI en el ámbito local.

Artículo 104. Actividades culturales y artísticas.

Se incorporarán a la agenda cultural y artística de las entidades locales actividades que fomenten el respeto a la diversidad sexual o expresión de género. Se prestará especial atención y apoyo a los concejos con menos recursos y a los que se encuentren en zonas rurales.

Artículo 105. Igualdad y no discriminación en el ámbito rural.

1. En el desarrollo de sus políticas públicas, la Administración autonómica y las Administraciones locales deben tener en cuenta las situaciones de discriminación múltiple e interseccional que sufren las personas LGTBI en el medio rural.

2. La consejería con competencias en el ámbito rural, en colaboración con la consejería competente en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI, impulsará las políticas públicas necesarias para procurar:

a) El respeto, la promoción y la visibilidad de la diversidad en materia de orientación e identidad sexual, expresión de género y de la diversidad familiar en el ámbito rural.

b) La igualdad efectiva en el acceso a los recursos y servicios dirigidos a las personas y familias LGTBI en el ámbito rural, en las mismas condiciones que las personas y familias residentes en entornos urbanos.

c) Que los concejos favorezcan la participación de las organizaciones defensoras de los intereses de las personas LGTBI que trabajan en sus concejos, especialmente en el ámbito rural.

3. En el marco de los planes LGTBI, se promoverá:

a) El establecimiento de medidas para adaptar al medio rural los contenidos de esta ley.

b) La adecuación de las medidas de prevención de la violencia y acciones discriminatorias por LGTBI-fobia o pertenencia a familias LGTBI a las circunstancias específicas del medio rural.

Artículo 106. Cooperación con otras Administraciones y entidades.

1. Se impulsará la realización de convenios con los ayuntamientos ubicados en las zonas rurales con el fin de colaborar en la formación de los cuerpos de Policía Local en materias relacionadas con delitos de odio por LGTBI-fobia y, en particular, en el reconocimiento adecuado de su comisión y la atención especializada a sus víctimas.

2. Se trabajará para sensibilizar al comercio local de los concejos de las zonas rurales respecto de la importancia de generar espacios libres de LGTBI-fobia, que sean visibles para la comunidad.

Artículo 107. Cooperación internacional para el desarrollo.

1. En el marco de las políticas de cooperación y fomento de la paz y de los derechos humanos desarrolladas por la Administración del Principado de Asturias y la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, se impulsarán proyectos cuyo objetivo sea la protección de los derechos humanos de las personas LGTBI en aquellos países en que estos derechos sean negados o se encuentren en riesgo, ya sea en el ámbito legal, institucional o social.

2. Los concejos que destinen parte de su presupuesto a realizar acciones o subvencionar proyectos en el ámbito de la cooperación internacional tendrán igualmente en cuenta la obligación de protección de los derechos LGTBI.

3. En la valoración de los proyectos y acciones de cooperación, a efectos de subvenciones, se podrá tener en cuenta:

a) La integración del concepto de diversidad sexual.

b) El apoyo a las iniciativas locales que promuevan la inclusión y el respeto de los derechos humanos de las personas LGTBI.

4. Se capacitará y sensibilizará al personal involucrado en proyectos de cooperación para el desarrollo sobre los principios, derechos y obligaciones que se prevén en esta ley y las formas de abordar las necesidades específicas de las personas LGTBI.

Artículo 108. Personas extranjeras y derechos LGTBI.

1. Se velará por el derecho de las personas trans e intersexuales migrantes que se encuentren en territorio asturiano a la libre determinación de la identidad sexual, expresión de género o de sus características sexuales según lo dispuesto en la presente ley, independientemente de la situación administrativa en la que se encuentren. En ningún caso se exigirán pruebas que atenten contra los derechos fundamentales de la persona interesada.

2. En la gestión de los servicios y programas específicamente destinados a las personas solicitantes de asilo, en coordinación y cooperación con la Administración General del Estado, y en los ámbitos sanitario, educativo y social, la Administración de la comunidad autónoma, en el ámbito de sus competencias, facilitará el acceso de las personas interesadas, independientemente de la situación administrativa en la que se encuentren, a los recursos sociales y las diferentes organizaciones de atención especializada en lo relativo a la identidad sexual, expresión de género y diversidad sexual.

3. La Administración del Principado de Asturias, en el ámbito de sus competencias, velará por que las personas LGTBI que se encuentren en territorio asturiano, con independencia de su situación administrativa, disfruten del ejercicio del derecho a la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género y características sexuales, en las mismas condiciones que a las personas de nacionalidad española en los términos recogidos en esta ley y atendiendo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.

Artículo 109. Prevención de la discriminación en el ámbito de los servicios sociales.

1. La consejería competente en materia de derechos sociales, conjuntamente con la consejería con competencias en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI, elaborará e implementará un protocolo de prevención de las actitudes y comportamientos que impliquen prejuicios y discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o pertenencia a familia LGTBI, en el marco del sistema asturiano público de servicios sociales, tanto generales como especializados.

2. Asimismo, contemplará medidas de protección ante cualquier actuación contraria al derecho de igualdad y la no discriminación de las personas usuarias de los servicios, personal trabajador y demás personas que presten asistencia en cualquier ámbito del sistema de servicios sociales. Dicha protección incluirá la información sobre los mecanismos de denuncia existentes en el ordenamiento jurídico.

3. En el caso de que una Administración pública encomiende, contrate o concierte servicios con otra, con una entidad del tercer sector o empresa, estarán obligadas igualmente a contar con un protocolo de prevención y protección del derecho a la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o pertenencia a familia LGTBI.

Artículo 110. Deber de denuncia e intervención.

El personal que desempeñe sus funciones en el ámbito de los servicios sociales que tenga conocimiento de una situación de riesgo o sospecha fundada de violencia por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales o pertenencia a grupo familiar LGTBI tiene el deber de comunicarlo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o autoridad judicial competente. A tales efectos, se elaborará un protocolo específico de actuación.

Artículo 111. Formación del personal de los servicios sociales.

Con el fin de lograr que las personas LGTBI usuarias de servicios sociales reciban una información y atención adecuadas, la Administración del Principado de Asturias promoverá la formación de su personal, así como del personal de entidades públicas o privadas.

Artículo 112. Observatorio de la Infancia y la Adolescencia.

El Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias incorporará, entre sus funciones de recogida y análisis de información sobre la infancia, medidas relativas al estudio, información, formación y divulgación relativa a la infancia LGTBI.

Artículo 113. Comité de Ética en Intervención Social.

La Administración del Principado de Asturias velará por la igualdad de trato y la erradicación de la LGTBI-fobia en los procesos de asesoramiento interdisciplinar que se lleven a cabo por parte del Comité de Ética en Intervención Social.

Artículo 114. Asistencia integral y especializada a las víctimas de violencia LGTBI-fóbica.

La Administración del Principado de Asturias y su sector público, en el ámbito de sus competencias, facilitarán atención integral y especializada a las personas víctimas de violencia basada en la LGTBI-fobia. Esto incluirá como mínimo:

a) Información y orientación accesibles sobre sus derechos, así como sobre los recursos disponibles.

b) Asistencia psicológica y orientación jurídica.

c) Atención a las necesidades laborales y sociales que en su caso presente la víctima.

d) Servicios de traducción e interpretación, incluidos los servicios de interpretación o videointerpretación en lengua de signos, de guía interpretación, de mediación comunicativa, subtitulación, guías intérpretes, y la asistencia de otro personal especializado de apoyo para la comunicación, así como los medios de apoyo a la comunicación oral que requiera cada persona.

Artículo 115. Protección frente a la violencia en el ámbito familiar.

1. Se reconocerá como violencia en el ámbito familiar, y se adoptarán medidas de prevención, apoyo, mediación y protección, cualquier forma de violencia que se ejerza en el ámbito familiar por causa de la orientación e identidad sexual de cualquiera de sus miembros. A tal fin, se establecerán servicios de orientación social, psicológica y jurídica especializados.

2. Existiendo una sentencia condenatoria por un delito de violencia en el ámbito familiar, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar en favor de la víctima, esta podrá solicitar la reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica y el cambio de centro de trabajo a sus empleadores, que deberán atender la solicitud en la medida de sus posibilidades organizativas.

3. Se promoverán acciones de visibilización, prevención y lucha contra la violencia en el ámbito familiar por causa de la orientación e identidad sexual de cualquiera de sus miembros.

4. En lo relativo al acceso de las personas que rectifiquen su mención registral del sexo a las medidas de acción positiva adoptadas en favor de las mujeres, se estará a lo dispuesto por la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI.

Artículo 116. Campañas de información y sensibilización.

La Administración del Principado de Asturias y su sector público, a través de la consejería competente en diversidad sexual y derechos LGTBI, y en colaboración con la consejería competente en materia de Administración de Justicia, fomentarán campañas de información y sensibilización acerca de los discursos e incitación a la violencia y los delitos de odio hacia las personas LGTBI en razón de su orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

Artículo 117. Formación y protocolo de atención policial.

La Administración del Principado de Asturias y su sector público, en el ámbito de sus competencias de coordinación de las policías locales, impulsarán:

a) La formación de los cuerpos de Policía Local en el respeto al principio de igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

b) La elaboración de un protocolo de atención policial a las personas LGTBI, en especial cuando sean víctimas de agresiones, acoso o coacciones tanto físicas como realizadas por medios virtuales, por razón de su identidad sexual, expresión de género, orientación sexual o características sexuales.

Artículo 118. Formación y protocolo de atención judicial.

La Administración del Principado de Asturias y su sector público, a través de la consejería competente en materia de justicia, pondrán en marcha un programa de capacitación y sensibilización sobre los principios de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI por razón de su identidad sexual, expresión de género, orientación sexual o características sexuales, dirigido a los empleados públicos que desempeñen sus funciones en el territorio del Principado de Asturias y en el que podrán participar, de manera voluntaria, jueces, magistrados y fiscales.

Artículo 119. Infracciones.

Además de las infracciones y sanciones previstas en el título IV de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, se tendrán en cuenta las establecidas en el presente título.

1. Se considerarán infracciones leves:

a) La falta de exposición pública de los derechos del alumnado en el ámbito educativo y de los mecanismos para su protección, prevista en el artículo 29, así como del plan de convivencia previsto en el artículo 39.

b) La negativa a realizar los ajustes necesarios para facilitar al alumnado la información relativa a sus derechos en un formato que le resulte comprensible.

c) El incumplimiento de las obligaciones relativas al profesorado previstas en el artículo 38.

d) El incumplimiento de las obligaciones relativas a los equipos de dirección previstas en el artículo 39, excepto las del artículo 39.9.

e) La carencia de protocolos contra el acoso y/o LGTBI-fobia en los centros educativos una vez transcurrido un año tras la entrada en vigor de la ley.

f) La realización de juicios de valor que impliquen tratos vejatorios o denigrantes relativos a la condición sexual o las prácticas sexuales de las personas usuarias de las unidades de salud sexual.

g) No tratar a las personas de acuerdo con la identidad sexual manifestada en cualquiera de los ámbitos previstos por la presente ley, de manera intencionada.

2. Se considerarán infracciones graves:

a) La denegación, sin justificación alguna, de la solicitud de cambio de nombre prevista en el artículo 24.

b) La falta de programación de acciones de fomento del respeto y la no discriminación de las personas por motivo de identidad sexual y de género prevista en el artículo 39.9.

c) El incumplimiento doloso y reiterado en más de un curso académico de las obligaciones relativas al profesorado previstas en el artículo 38.

d) El incumplimiento doloso y reiterado en más de un curso académico de las obligaciones relativas a los equipos de dirección previstas en el artículo 39.

e) No tratar a las personas de acuerdo con la identidad sexual manifestada en cualquiera de los ámbitos previstos por la presente ley, de manera intencionada, cuando sea una empleada o empleado público quien realiza la conducta.

f) La reiteración en la negativa a tratar a las personas conforme a su identidad sexual.

g) La carencia de protocolos contra el acoso y/o LGTBI-fobia en los centros educativos una vez transcurridos dos años tras la entrada en vigor de la ley.

3. Se considerarán infracciones muy graves:

a) El incumplimiento reiterado e intencional de la obligación de respeto al nombre y la identidad sexual prevista en los ámbitos de aplicación de la ley.

b) La vulneración del derecho a la libre expresión de género, incluido el derecho a la utilización del uniforme que corresponda a la identidad sexual manifestada, en caso de que según la normativa del centro se establezca una vestimenta diferenciada por razón de sexo.

c) La carencia de protocolos contra el acoso y/o LGTBI-fobia en los centros educativos una vez transcurridos tres años tras la entrada en vigor de la ley.

d) La vulneración del derecho de acceso a las instalaciones de aseo, duchas y vestuario de los centros educativos que se correspondan con la identidad manifestada por la persona, una vez que, en caso necesario, se hayan habilitado los espacios individuales que faciliten la intimidad de todas las personas usuarias; así como la vulneración del derecho de acceso a las zonas de aseo y vestuarios correspondientes al sexo legal de la persona en el marco de la realización de pruebas deportivas.

e) La marginación o segregación de cualquier miembro de la comunidad educativa debido a su orientación sexual, identidad sexual o expresión de género.

f) Impedir u obstaculizar el acceso del alumnado a la información plural en materia de diversidad sexual y expresión de género.

g) El incumplimiento de la obligación de comunicar las sospechas de abuso, maltrato, acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, violencia doméstica, autolesiones o ideación autolítica o suicida, así como cualquier otra manifestación de violencia a efectos de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, previstas en la presente ley.

h) Convocar espectáculos públicos o actividades recreativas en el territorio del Principado de Asturias que tengan como objeto la incitación al odio, la violencia o la discriminación de las personas LGTBI, cuando no sean constitutivos de delito.

4. Las infracciones leves prescriben a los nueve meses; las graves, a los dos años, y las muy graves, a los tres años.

Artículo 120. Sanciones.

1. La cuantía de las sanciones se determinará, dentro de cada categoría, atendiendo a la cuantía y los criterios establecidos por la normativa estatal en materia de derechos LGTBI.

2. En el caso de las infracciones graves y muy graves, además de la sanción económica establecida por la normativa estatal, en función de la infracción que se haya cometido, podrá acordarse como sanción accesoria:

a) La inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas de la Administración del Principado de Asturias y su sector público por un periodo máximo de un año, en el caso de las graves, o de dos años, en el caso de las muy graves.

b) La rescisión del convenio entre la Administración pública y su sector público y la persona, empresa o entidad sancionada.

c) La revocación o el reintegro de las subvenciones o ayudas públicas que hubiera obtenido de las Administración del Principado de Asturias y su sector público con destino a las actividades en las que se hubiera cometido infracción.

3. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán a los seis meses; las graves, al año, y las muy graves, a los dos años.

Artículo 121. Procedimiento y órganos competentes.

1. Las denuncias relativas a la comisión de un hecho que, según lo previsto en esta ley, pueda ser constitutivo de infracción se podrán poner en conocimiento de la dirección general con competencias en materia de derechos LGTBI. La Administración está obligada a confirmar la recepción de la denuncia en un plazo máximo de quince días.

2. En el caso de que los hechos descritos pudieran ser constitutivos de infracción, la persona titular de la dirección general competente en materia de derechos LGTBI dispondrá el inicio de oficio del procedimiento sancionador.

No obstante, cuando existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos, la iniciación del procedimiento sancionador será dispuesta por quien ostente la competencia para resolver el procedimiento con imposición de la sanción correspondiente.

3. Serán competentes para la imposición de sanciones los siguientes órganos:

a) La persona titular de la dirección general con competencias en materia de derechos LGTBI, en el caso de infracciones leves.

b) La persona titular de la consejería con competencias en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI, en el caso de infracciones graves.

c) El Consejo de Gobierno, en el caso de infracciones muy graves.

4. En la tramitación del procedimiento sancionador respecto de hechos motivados en un ámbito en el que sea competente una consejería diferente a la que ostente las competencias en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI, se comunicará a dicha consejería la apertura del procedimiento y los hechos que lo motivan y se le solicitará informe respecto de los mismos, que no tendrá carácter vinculante.

Disposición adicional primera. Supresión del Observatorio Asturiano contra la LGTBI-fobia.

Queda suprimido el Observatorio Asturiano contra la LGTBI-fobia. Las referencias del ordenamiento jurídico a dicho órgano se entenderán realizadas al Conseyu de Participación LGTBI.

Disposición adicional segunda. Plazos para ejecutar las medidas previstas en la ley.

1. Se establece el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley para llevar a cabo las siguientes medidas:

a) Adoptar las modificaciones necesarias en la documentación administrativa previstas en el artículo 14.1.

b) Contar con el documento explicativo de los derechos del alumnado en lectura fácil previsto en el artículo 30.3.

c) Realizar el diagnóstico sobre la realidad de la discriminación y el acoso LGTBI-fóbicos en el contexto universitario del artículo 41.1.

d) Elaborar el protocolo para la detección y comunicación a las autoridades competentes de las situaciones de violencia o acoso en el ámbito sanitario previsto en el artículo 46.

e) Implementar los indicadores de igualdad en el empleo previstos en el artículo 68.3.

f) Crear el distintivo previsto en el artículo 68.4.

g) Aprobar el protocolo de coordinación ante situaciones que pongan en peligro el desarrollo de personas menores de edad trans o con orientaciones sexuales diversas previsto en el artículo 93.2.

2. Se establece el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la ley para llevar a cabo las siguientes medidas:

a) Incluir en el plan de actuación del Servicio de Inspección Educativa la supervisión de las medidas del artículo 37.

b) Adaptar la documentación, bases de datos y programas informáticos en el ámbito sanitario, según lo previsto en el artículo 48.

c) Aprobar el plan LGTBI en el empleo público previsto en el artículo 67.

d) Realizar las medidas del ámbito deportivo previstas en el artículo 84.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango emanadas de los órganos de la comunidad autónoma que se opongan o contradigan lo dispuesto en la presente ley.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario del Conseyu de Participación LGTBI.

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobará, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, el reglamento de organización y funcionamiento del Conseyu de Participación LGTBI.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias».