Artículo 4

Cuarto. Circular que determina los incentivos del gestor técnico del sistema y la afección a su retribución.

La metodología de cálculo de los indicadores de eficiencia destinados a determinar los incentivos del gestor técnico del sistema debería basarse en el principio de transparencia, empleando información públicamente accesible que permita que el cálculo sea reproducible por terceros.

Los indicadores de eficiencia deberían tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) La óptima operación y gestión técnica del sistema gasista en su conjunto y la correcta coordinación entre las distintas infraestructuras con objeto de maximizar la capacidad ofertada, así como la correcta gestión de las herramientas de balance operativo y la disminución de los costes de operación.

b) La continuidad y seguridad del suministro de gas natural, en cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional y, en particular, del Reglamento 2017/1938/UE, el Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, y las normas de gestión técnica del sistema en materia de seguridad de seguridad de suministro, diferenciando entre la responsabilidad del Gestor Técnico del Sistema y la de otros agentes del sistema.

c) El correcto desarrollo y aplicación de la normativa vigente en relación con los mecanismos de acceso de terceros a las instalaciones del sistema gasista, el óptimo uso de las mismas y la gestión de los procedimientos definidos en la normativa de gestión técnica del sistema, en especial la normativa relacionada con el balance de los usuarios, así como la gestión de los sistemas informáticos que permitan a los usuarios el máximo aprovechamiento de la capacidad disponible de las instalaciones.

Asimismo, se tendrá en cuenta el diseño e implementación de herramientas de apoyo a los usuarios del sistema a través de documentación y herramientas informáticas específicas de formación y simulación, con especial atención a la eliminación de barreras de acceso a los nuevos usuarios.

d) El desarrollo de procedimientos de supervisión y seguimiento para la detección temprana de posibles actuaciones fraudulentas en las instalaciones del sistema y la correcta aplicación de los procedimientos destinados a minimizar el perjuicio económico para el sistema.