Preámbulo Preámbulo
El artículo 1 del Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009173/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural (en adelante, el «Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero»), establece en su apartado primero que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el ámbito de sus competencias de regulación, deberá tener en consideración las prioridades estratégicas establecidas por el Gobierno, que se materializarán en unas orientaciones de política energética adoptadas por orden de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica, referencia que debe entenderse dirigida al actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Estas orientaciones podrán adoptarse en relación con las Circulares de carácter normativo en materia energética que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tenga previsto aprobar y que puedan incidir sobre aspectos y prioridades de política energética en los que el Gobierno ostente la competencia. En concreto, las orientaciones de política energética, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 citado, podrán referirse a aspectos tales como «la seguridad de suministro, la seguridad pública, la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas eléctrico y gasista, la independencia del suministro, la calidad del aire, la lucha contra el cambio climático y respeto al medio ambiente, la gestión óptima y el desarrollo de los recursos nacionales, la gestión de la demanda, la gestión de las elecciones tecnológicas futuras, la utilización racional de la energía, así como cualesquiera otros que guarden relación directa con las competencias del Gobierno en materia energética». Ello, no obstante, este listado no tiene carácter exhaustivo pues como señala el mismo apartado las orientaciones pueden abarcar cualquier aspecto que guarde relación directa con las competencias del Gobierno en materia energética.
A tal efecto, el artículo 1.3 del Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, establece que antes del 1 de octubre de cada año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia enviará al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una previsión de las circulares de carácter normativo en materia de energía cuya tramitación tenga previsto iniciar dicho organismo durante el año siguiente (en adelante, el «Plan Normativo»).
El mismo artículo establece que para aquellas propuestas de circulares de carácter normativo que puedan incidir en los aspectos de política energética, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico podrá adoptar las orientaciones de política energética que deberá tener en cuenta la regulación que apruebe la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
La disposición transitoria primera del citado Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, establece que la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico podrá adoptar y remitir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con al menos un mes de antelación a la fecha prevista para el inicio de la tramitación, aquellas orientaciones de política energética que considere que dicha Comisión debe tener en cuenta en la regulación que contenga la circular de carácter normativo, y ello con objeto de asegurar la coherencia entre la actuación normativa de la Autoridad Reguladora y las prioridades de la política energética del Gobierno.
Sin embargo, el ante citado Plan Normativo de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia para el año 2020 no fue remitido el pasado 1 de octubre de 2019, recibiéndose aquel, por el contrario, el pasado 26 de febrero de 2020 mediante comunicación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al citado Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico bajo el título de «Acuerdo por el que se informa al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico acerca de las circulares de carácter normativo que puedan incidir en los aspectos de política energética cuya tramitación se tiene previsto iniciar en 2020» y que incluye el Plan Normativo al que se refiere el artículo 1.3 del Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero. Igualmente, de manera posterior, el 20 de mayo de 2020, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el «Acuerdo por el que se revisa la información del Acuerdo de 19 de febrero de 2020 por el que se informa al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acerca de las Circulares de carácter normativo que puedan incidir en los aspectos de política energética cuya tramitación se tiene previsto iniciar en 2020».
Con base en lo anterior, considerando que las circulares incluidas en el Plan Normativo notificado y cuya aprobación está prevista para el año 2020 afectan a aspectos y prioridades de política energética de competencia del Gobierno, por economía procesal, se adopta una única orden en la que se incluyen las orientaciones de política energética para todas ellas sin perjuicio de las ulteriores orientaciones de política energética que resultaran necesarias con base en el artículo primero del Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero.
Mediante acuerdo de 2 de julio de 2020, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha autorizado a la Ministra para la Transición Ecológica a dictar esta orden.
En su virtud, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dispongo:
Preámbulo Preámbulo
Primero. Objeto.
El objeto de esta Orden es adoptar las orientaciones de política energética que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo uno del Real Decreto-Ley 1/2019, de 11 de enero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá tener en consideración para la aprobación de las circulares que se especifican en los artículos siguientes y que se contienen en el plan normativo aprobado por su Consejo el 26 de febrero de 2020 y revisado el 19 de mayo de 2020.
Artículo 4
Cuarto. Circular que determina los incentivos del gestor técnico del sistema y la afección a su retribución.
La metodología de cálculo de los indicadores de eficiencia destinados a determinar los incentivos del gestor técnico del sistema debería basarse en el principio de transparencia, empleando información públicamente accesible que permita que el cálculo sea reproducible por terceros.
Los indicadores de eficiencia deberían tener en cuenta los siguientes aspectos:
a) La óptima operación y gestión técnica del sistema gasista en su conjunto y la correcta coordinación entre las distintas infraestructuras con objeto de maximizar la capacidad ofertada, así como la correcta gestión de las herramientas de balance operativo y la disminución de los costes de operación.
b) La continuidad y seguridad del suministro de gas natural, en cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional y, en particular, del Reglamento 2017/1938/UE, el Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, y las normas de gestión técnica del sistema en materia de seguridad de seguridad de suministro, diferenciando entre la responsabilidad del Gestor Técnico del Sistema y la de otros agentes del sistema.
c) El correcto desarrollo y aplicación de la normativa vigente en relación con los mecanismos de acceso de terceros a las instalaciones del sistema gasista, el óptimo uso de las mismas y la gestión de los procedimientos definidos en la normativa de gestión técnica del sistema, en especial la normativa relacionada con el balance de los usuarios, así como la gestión de los sistemas informáticos que permitan a los usuarios el máximo aprovechamiento de la capacidad disponible de las instalaciones.
Asimismo, se tendrá en cuenta el diseño e implementación de herramientas de apoyo a los usuarios del sistema a través de documentación y herramientas informáticas específicas de formación y simulación, con especial atención a la eliminación de barreras de acceso a los nuevos usuarios.
d) El desarrollo de procedimientos de supervisión y seguimiento para la detección temprana de posibles actuaciones fraudulentas en las instalaciones del sistema y la correcta aplicación de los procedimientos destinados a minimizar el perjuicio económico para el sistema.