CFT/DE/087/26 - YOUTALL CAPITAL III S.L. / RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U. -CALA BLAVA 66 KV-
seccion preambuloseccion preambulo
1 de 13 RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO DE ACCESO A LA RED DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLANTEADO POR YOUTALL CAPITAL III, S.L. CON MOTIVO DE LA DECLARACIÓN DE CADUCIDAD COMUNICADA POR RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. DE LOS PERMISOS DE ACCESO Y CONEXIÓN EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “PSF CALABLAVA 4” DE 35 MW. Expediente CFT/DE/087/26 CONSEJO. SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA Presidente D. Ángel García Castillejo Consejeros D.ª María Jesús Martín Martínez D. Enrique Monasterio Beñaran D.ª Marina Echebarría Sáenz D. Joan Capdevila i Esteve Secretario D. Miguel Bordiu García-Ovies En Madrid, a 8 de octubre de 2026 Visto el expediente relativo a los conflictos presentados por YOUTALL CAPITAL III, S.L., en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 12.1.b) de la Ley 3/2013 y el artículo 14 del Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado por el Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, la Sala de Supervisión Regulatoria aprueba la siguiente Resolución:
seccion Iseccion I. ANTECEDENTES
ANTECEDENTES PRIMERO. Interposición del conflicto Con fecha 27 de marzo de 2026 tuvo entrada en el Registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) escrito de la representación legal de YOUTALL CAPITAL III, S.L. (en adelante YOUTALL) por el que plantea 2 de 13 conflicto de acceso a la red de transporte propiedad de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A., (en adelante REE) en relación con la comunicación del Operador del Sistema de 20 de marzo de 2026 por la que considera que se ha producido la caducidad automática de los permisos de acceso y conexión, en relación con el proyecto de planta solar fotovoltaica “PSF Calablava 4” de 35 MW de potencia instalada, por no haber acreditado el cumplimiento del segundo hito administrativo establecido por el artículo 1.1 del Real Decreto Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica (RDl 23/2020), esto es, obtención de la declaración de impacto ambiental favorable en el plazo de 31 meses computados desde la fecha de obtención de los permisos de acceso y conexión. La representación legal de YOUTALL exponía en su escrito los siguientes hechos y fundamentos de derecho: El proyecto de planta solar fotovoltaica “PSF Calablava 4” de 35 MW de potencia instalada en las islas Baleares obtuvo los permisos de acceso y conexión en el nudo Cala Blava 66 kV el 23 de junio de 2023. El 19 de febrero de 2026 la Directora General d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental del Gobierno de Baleares emite resolución por la que se formula la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable del proyecto “PSF Calablava 4”, y la DIA favorable reconoce expresamente que su eficacia se retrotrae al 23 de enero de 2026. REE indica mediante correo de 4 de marzo de 2026 y en comunicación posterior confirmada mediante escrito firmado electrónicamente el 20 de marzo de 2026, que "al no haber acreditado ante el gestor de la red de transporte el cumplimiento del hito de la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable en tiempo y forma en 31 meses desde la fecha de obtención del permiso de acceso y suponer este hecho la caducidad automática de los permisos de acceso y conexión, se ha producido dicha caducidad automática de los permisos de acceso y conexión de la instalación". A juicio de YOUTALL, la interpretación de la falta de acreditación del segundo hito administrativo realizada por REE y la consecuente comunicación de la caducidad automática de los permisos de acceso y conexión del Proyecto resultan contrarias a Derecho, ya que ha acreditado convenientemente el cumplimiento del segundo hito administrativo establecido por el Real Decreto-Ley 23/2020, aportando al citado gestor de red la Declaración de Impacto Ambiental favorable emitida para el Proyecto, en tiempo y forma, pues los efectos de la DIA Favorable despliegan su eficacia desde el 23 de enero de 2026, ya que se ha otorgado con efectos desde la fecha correspondiente al plazo máximo para cumplir el hito administrativo. La interpretación de REE 3 de 13 sobre la falta de acreditación del cumplimiento del segundo hito administrativo del RDl 23/2020 por parte de la Sociedad, y de la exigencia normativa de disponer en "tiempo y forma" de la declaración de impacto ambiental es contraria a Derecho al no aceptar una DIA retroactiva. Además, considera que la actuación de REE es contraria a la doctrina de la CNMC en relación con las resoluciones dotadas de eficacia retroactiva respecto de su idoneidad para el cumplimiento de los hitos administrativos del artículo 1 del RDl 23/2020. Los anteriores hechos se sustentan en la documentación que se acompaña al escrito y que se da por reproducida en el presente expediente. Por lo expuesto, solicita que (i) se estime el presente conflicto de acceso a la red de transporte; (ii) se deje sin efecto la declaración de caducidad o cancelación del permiso de acceso y conexión del proyecto remitida el 20 de marzo de 2026; (iii) declare que, a los efectos del cumplimiento de los hitos administrativos 3º a 5º indicados en el artículo 1.1.b) del RDl 23/2020, la fecha para el cómputo de los plazos se cuenta desde la notificación de la presente resolución a REE y (iv) se comunique la Resolución que se dicte a la Dirección General de Economía circular, Transición Energética y cambio climático de la Conselleria d,Empresa, Ocupació i Energia de las lslas Baleares y a los interesados SEGUNDO. Comunicación de inicio del procedimiento A la vista de la solicitud, la Directora de Energía de la CNMC concluye con la existencia de un conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica y se procedió mediante escrito de 8 de mayo de 2026 de la Directora de Energía de la CNMC a comunicar a YOUTALL y REE el inicio del correspondiente procedimiento administrativo en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, se dio traslado a REE del escrito presentado por la solicitante, concediéndosele un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones y aportar los documentos que estimasen convenientes en relación con el objeto del conflicto. TERCERO. Alegaciones de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. Haciendo uso de la facultad conferida en el artículo 73.1 de la Ley 39/2015, REE presentó escrito en fecha 3 de junio de 2026, en el que manifiesta que: El 23 de junio de 2023 REE remitió a YOUTALL los permisos de acceso y conexión en la ST Cala Blava 66 kV, para la instalación fotovoltaica “PSF Calablava 4”. Siendo de aplicación para el proyecto los plazos dispuestos en el apartado b) del artículo 1 del RDL 23/20201, se concluye que las instalaciones disponían de 31 meses para el cumplimiento del hito 2 objeto del presente conflicto, esto es, la Obtención de la declaración de 4 de 13 impacto ambiental favorable. Dicho plazo es computado desde el 23 de junio de 2023, al haberse emitido el permiso de acceso en fecha posterior a la entrada en vigor del RDL 23/2020, siendo así la fecha límite para su acreditación el 23 de enero de 2026 para el Proyecto. En fecha 24 de febrero de 2026, habiendo superado la fecha límite para su obtención (23/01/2026), la Solicitante remite a REE el cumplimiento del hito 2 (Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable) para su instalación denominada “PSF Calablava 4”. En la resolución aportada el órgano competente resuelve otorgar la Declaración de impacto ambiental favorable con efectos de fecha 23 de enero de 2026”, al amparo del artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según recoge en el punto octavo de sus fundamentos de derecho. En fecha 23 de marzo de 2026, REE procede a remitir a la Solicitante la comunicación relativa a la caducidad automática de los permisos de acceso y conexión a la red de transporte por incumplimiento del segundo hito administrativo del RDL 23/2020, A juicio de REE su actuación ha sido correcta en las comunicaciones de caducidad de los permisos de acceso al no haberse cumplido el hito dentro del plazo establecido por la normativa aplicable (antes del 23/01/2026) para la instalación objeto del presente conflicto, pues la fecha de obtención de la DIA es el 19 de febrero de 2026, posterior a la fecha límite anteriormente indicada. A su juicio, la comunicación de caducidad de los permisos de acceso y conexión es correcta, puesto que la regulación específica del RD-l 23/2020 debe prevalecer sobre la norma general de la Ley 39/2015 y, por tanto, todos aquellos promotores que no hayan acreditado ante REE que la declaración de impacto ambiental se obtuvo antes del vencimiento del hito previsto en el artículo 1 del RD-l 23/2020 verán sus permisos caducados de forma automática. Finalmente aporta respuesta a una consulta por parte del titular de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (en adelante, DGPEM), según la cual los plazos fijados por una norma con rango de ley -como lo es el RD-l 23/2020- tienen carácter básico para todas las Administraciones, impidiendo su modificación por legislación autonómica, y deben ser aplicados automáticamente tal y como dicta la ley. Los anteriores hechos se sustentan en la documentación que se acompaña al escrito y que se da por reproducida en el presente expediente. Por lo expuesto, solicita que se dicte resolución por la que se desestime el conflicto de acceso y se confirmen las actuaciones de REE. CUARTO. Trámite de audiencia Una vez instruido el procedimiento, mediante escritos de la Directora de Energía de 18 de junio de 2026, se puso de manifiesto a las partes interesadas para que, 5 de 13 de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, pudieran examinar el mismo, presentar los documentos y justificaciones que estimaran oportunos y formular las alegaciones que convinieran a su derecho. El 29 de junio de 2026 ha tenido entrada en el Registro de la CNMC escrito de YOUTALL en el que rebate las alegaciones de REE y reproduce sus alegaciones previas realizadas en el presente conflicto, solicitando la estimación del presente conflicto y el reconocimiento de su derecho de acceso. Con fecha 3 de julio de 2026 ha tenido entrada en el Registro de la CNMC escrito de REE, en el que se ratifica en sus alegaciones. QUINTO. Informe de la Sala de Competencia Al amparo de lo dispuesto en el artículo 21.2 a) de la Ley 3/2013 y del artículo 14.2.i) del Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado por el Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, la Sala de Competencia de la CNMC ha emitido informe en este procedimiento.
seccion IIseccion II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO. Existencia de conflicto de acceso a la red de transporte. Del relato fáctico que se ha realizado en los antecedentes de hecho, se deduce claramente la naturaleza del presente conflicto como de acceso a la red de transporte de energía eléctrica. Asimismo, en toda la tramitación del presente procedimiento no ha habido debate alguno en relación con la naturaleza de conflicto de acceso del presente expediente. SEGUNDO. Competencia de la CNMC para resolver el conflicto. La presente Resolución se dicta en ejercicio de la función de resolución de conflictos planteados respecto a los contratos relativos al acceso de terceros a las redes de transporte y distribución que se atribuye a la CNMC en el artículo 12.1.b) 1º de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC (en adelante Ley 3/2013). En sentido coincidente, el artículo 33.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico dispone que “La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá a petición de cualquiera de las partes afectadas los posibles conflictos que pudieran plantearse en relación con el permiso de acceso a las redes de transporte y distribución, así como con las denegaciones del 6 de 13 mismo emitidas por el gestor de la red de transporte y el gestor de la red de distribución”. Dentro de la CNMC, corresponde a su Consejo aprobar esta Resolución, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 14 de la citada Ley 3/2013, que dispone que “El Consejo es el órgano colegiado de decisión en relación con las funciones… de resolución de conflictos atribuidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sin perjuicio de las delegaciones que pueda acordar”. En particular, esta competencia recae en la Sala de Supervisión Regulatoria, de conformidad con el artículo 21.2 de la citada Ley 3/2013, previo informe de la Sala de Competencia (de acuerdo con el artículo 14.2.i) del Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado por el Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto). TERCERO. Sobre la posibilidad del reconocimiento de efecto retroactivo por parte de la Administración competente de los actos administrativos en relación con el cumplimiento de los hitos administrativos previstos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020. El presente conflicto se circunscribe a si es posible entender cumplido cualquiera de los hitos administrativos previsto en el artículo 1 del RD-l 23/20201 cuando la Administración competente dicta el mismo fuera del plazo previsto en dicha norma, pero reconociendo de forma expresa y motivada el carácter retroactivo del acto, por cumplir con los requisitos previstos en el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, al único objeto de que se pueda entender como cumplido el citado hito administrativo en tiempo y forma. El artículo 1 del RD-l 23/2020 establece que los permisos de acceso y conexión caducarán automáticamente si en un determinado plazo no se han cumplido una serie de hitos. Dichos hitos se tildan, por la propia norma, de administrativos porque, en efecto, todos ellos exigen que la Administración competente dicte un acto administrativo, aunque de distinta naturaleza, puesto que se incluyen actos de trámite -como la admisión de solicitudes- y actos de indudable naturaleza resolutoria como la autorización administrativa de explotación definitiva. Por tanto, el requisito principal para que no se produzca la caducidad de los permisos es que la Administración competente dicte en tiempo y forma el acto administrativo favorable en que consiste el correspondiente hito. No hay debate en cuanto a que el cumplimiento formal exige que el acto sea dictado por el órgano competente siguiendo el procedimiento establecido y que el acto debe ser favorable y expreso. Así mismo la norma exige que se acredite el cumplimiento en tiempo, estableciendo un plazo a computar en meses, bien desde la entrada en vigor del 1 Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. 7 de 13 propio RD-l 23/2020, bien desde la obtención del permiso de acceso para los posteriores al 25 de junio de 2020. Expuesto el contenido del artículo 1 del RD-l 23/2020 y antes de entrar en la resolución del presente conflicto es preciso tener en cuenta algunas cuestiones previas. En primer término, el cumplimiento de cualquier hito exige una actuación que no depende del promotor, sino de una Administración pública, de ámbito territorial estatal o autonómica, de conformidad con lo previsto en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (en adelante, LSE). Es decir, los actos administrativos que configuran los hitos pueden proceder tanto de la Administración General del Estado como de las Comunidades Autónomas, y dependiendo del hito puede ser competente el órgano sustantivo o los correspondientes órganos ambientales. La intervención de una Administración pública supone, por definición, que todos sus actos se presumen válidos y despliegan su eficacia desde el momento en que se dictan, salvo que la propia Administración autora del acto module el ámbito temporal del acto tanto hacia el futuro, demorando el efecto o dotando al mismo de carácter retroactivo, generando efectos antes de que el acto se haya dictado formalmente. Dicha posibilidad está expresamente contemplada en el artículo 39.3 de la Ley 39/2015. Dicho apartado considera que tal posibilidad es excepcional y establece una serie de requisitos que tendrá que valorar si concurren o no la propia Administración. Es obvio que la Ley 39/2015 es la normativa básica que establece el procedimiento administrativo común y que el artículo 39 es la configuración normativa de la potestad de autotutela declarativa que es intrínseca a la propia existencia de una Administración de base territorial, constitucionalmente garantizada. En segundo término, resulta relevante que el promotor, aun desplegando la máxima diligencia posible, puede ver caducado su permiso de acceso y conexión por la no resolución en plazo por parte de la Administración competente, lo cual podría en determinados y concretos supuestos ser contrario a los principios de eficacia, buena fe y confianza legítima. En este sentido, y aunque se trata de un supuesto de hecho diferente, ha de tenerse en cuenta la asentada jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas, Sentencia 2781/2017, de 7 de julio de 2017, CENDOJ 28079130032017100283) sobre las cancelaciones de las inscripciones en el Registro de preasignación de retribución por la exclusiva falta de actuación de la Administración competente. En dicha Sentencia se indica lo siguiente: No cabe duda que una interpretación del artículo 8. 1 y 2 del RD 1578/2008 , que hiciera depender la cancelación de la inscripción en el Registro de preasignacion de retribución, con la consecuencia desfavorable de pérdida del régimen retributivo de que gozaba la instalación, no ya de la actuación del interesado que ha cumplido con diligencia todas las obligaciones del artículo 8.1 del RD 1578/2008 en el 8 de 13 plazo señalado por el precepto, sino exclusivamente de la fecha de la resolución del órgano administrativo competente que acuerde la inscripción, es decir, de la ágil o retardada actuación de la Administración competente, resultaría contraria a los principios de eficacia, buena fe y confianza legítima, derivado este último del principio de seguridad jurídica, consagrados en el artículo 3 de la Ley 30/1992” Como tercera consideración previa hay que recordar que, como señala la Resolución de esta Sala de 30 de noviembre de 2021 (en el expediente CFT/DE/100/21), la caducidad de los permisos de acceso y conexión supone, por naturaleza, una restricción de los derechos de los promotores al acceso a las redes y, aunque establecida por norma con rango de Ley al objeto de evitar la permanencia de permisos de acceso y conexión de instalaciones que no se van a desarrollar, no es posible una interpretación extensiva de la misma. Finalmente, no puede obviarse que la finalidad de la norma que establece la caducidad por incumplimiento de determinados hitos administrativos como señala la exposición de motivos del propio RD-l 23/2020 no es otra que evitar que se retrase o paralice un elevado número de proyectos solventes por culpa de otros que no fueran firmes o viables y que no hubieran avanzado en su tramitación. Es decir, pretende remover aquellos permisos de acceso y conexión que corresponden a instalaciones no maduras, esto es, en las que el promotor no ha procedido de forma diligente para cumplir con sus obligaciones de desarrollo, circunstancia que se dio especialmente antes de la introducción de la caducidad de los permisos en la disposición transitoria octava de la LSE, cuando se podía entender que los permisos de acceso y conexión tenían una vigencia temporal indefinida. Teniendo en cuenta estas consideraciones previas y centrándonos en el presente conflicto, los antecedentes de hecho relevantes y que no son objeto de debate son los siguientes. La instalación de YOUTALL que contaba con permiso de acceso el 23 de junio de 2023 obtuvo la declaración de impacto favorable en una fecha posterior al hito de caducidad (23 de enero de 2026). La DIA Favorable adoptada en Resolución de 19 de febrero de 2026 de la Directora general d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental del Gobierno de Baleares retrotrae de forma expresa su eficacia al 23 de enero de 2026, y ello sobre la base del artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que faculta al órgano que dicta el acto administrativo para dotar, con carácter excepcional, de retroactividad al mismo, si se cumplen ciertos requisitos indicados en el propio precepto. La DIA favorable reconoce expresamente que su eficacia se retrotrae al 23 de enero de 2026. Así, el apartado sexto de la Sección 7 (Conclusiones) de la DIA Favorable dispone lo siguiente: 9 de 13 Sexto. Esta declaración de impacto ambiental tendrá eficacia retroactiva a fecha 23 de enero de 2026 en base al artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, dado que los supuestos de hecho necesarios existían ya en la fecha a la que se retrotrae la eficacia de este acto y dadas las circunstancias excepcionales consideradas en el informe del 6 de febrero de 2026. Por tanto, no cabe duda alguna de que se trata de un acto dictado por el órgano competente en el que se reconoce que el mismo, aun dictado el día 19 de febrero de 2026, produce efectos desde el día 23 de enero de 2026 al cumplirse los requisitos exigidos por el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, para que se pueda entender cumplido el hito administrativo establecido por el RD-l 23/2020. Frente a ello, REE se limita a indicar que no se ha acreditado el cumplimiento del hito y, por tanto, procede simplemente a informar de la caducidad de los permisos de acceso y conexión. Asimismo, REE planteó consulta al titular de la DGPEM sobre la interpretación normativa del Real Decreto-ley 23/2020 en relación con la no validez de documentación con efectos retroactivos (el subrayado es nuestro). En fecha 18 de mayo de 2023, el titular de la DGPEM evacuó consulta -que no tiene la consideración de informe-, afirmando, en lo que aquí importa, que la fijación del plazo se encuentra en una norma básica con rango de Ley y que, por tanto, las actuaciones realizadas fuera del plazo fijado ex lege no serán válidas. En conclusión: A juicio de esta Dirección General, estas consecuencias se derivan del rango normativo e impedirían reconocer validez a actuación alguna acordada fuera de esos plazos legales, en aras de la seguridad jurídica, por lo que no se debería admitir ninguna fórmula que, en la práctica, hiciesen sobrepasar esos plazos señalados como máximos. En cuanto a la posibilidad de que se emitan actos administrativos con eficacia retroactiva una vez transcurrido el plazo máximo señalado por la norma con rango de ley con el fin de entender el hito cumplido, esta Dirección General entiende que tal posibilidad no está contemplada en la normativa. La eficacia retroactiva de un acto administrativo supone que sus efectos se retrotraen a un momento anterior al de la fecha en el que es dictado, por lo que al vencimiento del plazo máximo del real decreto ley ese acto no existe. Pues bien, teniendo en cuenta las consideraciones previas indicadas no se pueden compartir los argumentos esgrimidos por REE al respecto de la falta de cumplimiento del hito administrativo cuando existe, como en el presente caso, 10 de 13 una declaración de impacto ambiental expresa y favorable a la que el órgano competente otorga efectos retroactivos a los efectos de dar por cumplido el correspondiente hito administrativo. En concreto, la interpretación de REE no tiene en cuenta que, como se ha indicado, el RD-l 23/2020 desde el mismo momento en que hace depender el mantenimiento de los permisos de acceso y caducidad del hecho de que se produzca una determinada actuación administrativa y no de la actuación del promotor traslada, con todas sus consecuencias, al ámbito propio de la competencia de cada Administración la resolución correspondiente, bien sea la admisión de una solicitud o la declaración de impacto ambiental o las autorizaciones sectoriales. Ello conlleva que dicha Administración dispone en el ejercicio de las mismas de todas sus potestades y prerrogativas, entre ellas, la de la autotutela declarativa que despliega, como veremos, sus efectos tanto en el plano de la validez de su actuación como en la modulación de los efectos de sus actos, sin que la fijación de un plazo para su actuación conlleve el desapoderamiento de dichas potestades que son intrínsecas a su naturaleza de Administración territorial. En efecto, la interpretación de REE niega validez a la actuación administrativa fuera del plazo. Tal interpretación no se puede compartir por dos motivos, uno de índole formal, al dotar a una sociedad mercantil como es REE, de la posibilidad de considerar inválido un acto administrativo que goza de presunción de validez, realizando una valoración que es justamente la que no puede desarrollar en el procedimiento de confirmación del incumplimiento del hito administrativo. Ni siquiera esta Comisión puede juzgar o establecer si el acto administrativo posterior es válido o no. Dicha actuación corresponde a los jueces y tribunales, y en su caso a la propia Administración que dictó el acto en el ejercicio de su potestad de revisión de oficio. Junto a esta cuestión de índole formal existe una razón de orden material. La interpretación que sostiene REE no tiene en cuenta la propia estructura del artículo 1 del RD-l 23/2020. Dicho precepto establece como supuesto de hecho sustantivo la realización de una concreta actuación administrativa de naturaleza favorable para el interesado en un determinado plazo. El transcurso del plazo desplegará efectos exclusivamente para el promotor titular del permiso de acceso y conexión, pero no para la Administración. En ningún caso, el transcurso del plazo puede suponer que la Administración competente quede desapoderada de la potestad de emitir actos posteriores válidos, con independencia de sus efectos. Dicho de otra manera, la posible caducidad de un permiso de acceso y conexión por el mero transcurso del plazo no supone por sí misma la pérdida del objeto de un procedimiento de autorización, pues será la legislación autonómica pertinente y, en su caso, el órgano autonómico competente en cumplimiento de esa 11 de 13 normativa los que determinen las consecuencias de la caducidad de los permisos para los correspondientes procedimientos administrativos2. Por tanto, el acto posterior al plazo dictado por la Administración competente no puede ser considerado inválido ni por parte de REE ni por parte de esta Comisión. Es, por tanto, en el plano de la eficacia y no de la validez donde radica realmente el problema. Las consideraciones previas efectuadas permiten entender que el acto con efectos retroactivos es posible. En efecto, la modulación de los efectos de una resolución administrativa válida forma parte del ejercicio de la autotutela declarativa, siempre que se haga en el marco de la previsión del artículo 39.3 de la Ley 39/2015, es decir, que sea excepcional, que sea un acto favorable, que los supuestos de hecho existan al tiempo de dictar el acto administrativo y que no haya perjuicio de terceros, cuestiones todas ellas que corresponde valorar a la Administración competente -no a REE ni a esta Comisión- y que ha de indicarlo, como sucede en el presente caso, de forma clara. La posibilidad de modular la eficacia del acto administrativo en este caso concreto está plenamente justificada a la vista de la citada jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de cancelaciones de inscripciones en el registro de preasignación de retribución por causa no imputable al promotor. Si la Administración competente considera que ya concurrían las condiciones para dictar la declaración de impacto ambiental antes del vencimiento del plazo fijado en el RD-l 23/2020 el día 23 de enero de 2026 y que solo circunstancias excepcionales en su propia actuación han impedido dictar el acto administrativo antes del día del vencimiento, la falta de reconocimiento de efecto retroactivo por parte de la Administración competente podría suponer una vulneración de los principios de eficacia, buena fe y confianza legítima. Esta posible vulneración es evitable dotando de la indicada eficacia retroactiva. Ha de tenerse en cuenta que los plazos determinados por el RD-l 23/2020 se aplicaban al mismo tiempo a un conjunto muy importante de permisos, en concreto a los emitidos por todos los gestores, no solo REE y que, precisamente para permitir a las administraciones competentes la correcta evaluación de los aspectos ambientales y/o sectoriales, se han ampliado en varias ocasiones. En estas circunstancias, si el órgano competente ante la situación descrita se encuentra con un expediente al que le faltaba, cumpliendo el plazo del RD-l 23/2020 el dictado del mismo cabe el ejercicio de la potestad reconocida en el 2 En este sentido la Ley gallega 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas que añade una disposición adicional séptima a la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, que permite continuar con la tramitación de las distintas autorizaciones y de la evaluación de impacto ambiental de los parques eólicos, aun para instalaciones que hayan perdido su permiso de acceso y conexión por caducidad. 12 de 13 artículo 39.3 de la Ley 39/2015, dotando excepcionalmente al acto de eficacia retroactiva para evitar un perjuicio al promotor. Esto es lo que ha sucedido en el presente conflicto. Dicho acto con efecto retroactivo no tiene otro objeto que desplegar los efectos de la decisión administrativa a un tiempo ya pasado en beneficio del interesado y sin perjudicar a terceros, puesto que la capacidad que liberaría la caducidad aún no ha aflorado. El acto no modifica situaciones ya consolidadas, sino que anticipa la creación de la situación y de esta forma cumplir con los principios de eficacia, buena fe y confianza legítima, evitando la caducidad de un permiso que iba a caducar porque no se emitió antes del 23 de enero de 2026 el acto exigido por el RD-l 23/2020 por circunstancias excepcionales y ajenas al promotor. En el mismo sentido, la interpretación que sostiene REE de la imposibilidad de evitar por la Administración competente el efecto de la caducidad automática es una interpretación extensiva de lo dispuesto en el RD-l 23/2020, al convertir el plazo legal de unas consecuencias que desconocen las potestades de las Administraciones competentes para dictar el acto que constituye el propio hito administrativo. La interpretación que sostiene REE no encuentra justificación en la finalidad del propio RD-l 23/2020 que pretende la caducidad de los permisos de acceso de instalaciones no viables o inmaduras. El hecho de que la declaración de impacto ambiental sea favorable y que pudiera haberse adoptado a partir del 23 de enero de 2026 pone de manifiesto en el presente caso justamente lo contrario, a saber que la referida instalación ha progresado hacia su puesta en marcha de forma correcta y en la que solo una cuestión puramente puntual derivada de la actuación de la Administración pública competente supondría la caducidad del permiso de acceso y conexión y que es precisamente la propia Administración pública competente lo que pretende evitar con la modulación de los efectos temporales. Esta decisión, por último, no es en modo alguno discriminatoria, pues nada impide a cualquier otra Administración pública que lo considere oportuno adoptar una decisión con los indicados efectos retroactivos, ello sin tener en cuenta obviamente que la posibilidad de un tratamiento diferenciado nace del hecho ya manifestado de que las Administraciones competentes son diversas, tanto la AGE como las CCAA. Todas las consideraciones anteriores llevan a la estimación del presente conflicto de acceso y a dejar sin efecto la declaración de caducidad comunicada por REE. En cuanto a los efectos de la presente resolución, la misma supone que los permisos de acceso y conexión no han caducado y que, por tanto, continúan en vigor, debiendo cumplir con los restantes hitos administrativos. 13 de 13 Vistos los citados antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC
seccion preambuloseccion preambulo. RESUELVE
RESUELVE PRIMERO. Estimar el conflicto de acceso a la red de transporte propiedad de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. planteado por la sociedad YOUTALL CAPITAL III, S.L., con motivo de la comunicación de la declaración de caducidad de los permisos de acceso y conexión en relación con el proyecto de planta solar fotovoltaica “PSF Calablava 4” de 35 MW de potencia instalada SEGUNDO. Dejar sin efecto la declaración de caducidad remitida el 20 de marzo de 2026 por parte de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. TERCERO. Declarar que, a los efectos del cumplimiento de los hitos administrativos 3º a 5º indicados en el artículo 1.1 b) del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, la parte restante de los plazos pendientes se cuenta desde la notificación de la presente resolución a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. Comuníquese esta Resolución a la Dirección de Energía y notifíquese a las interesadas: YOUTALL CAPITAL III, S.L. RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. La presente Resolución agota la vía administrativa, no siendo susceptible de recurso de reposición. Puede ser recurrida, no obstante, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta, 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio.