CFT/DE/106/26 - ANTILA SOLAR S.L. / RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U. -LUDRIO 400 KV-
seccion preambuloseccion preambulo
1 de 10 RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO DE ACCESO A LA RED DE TRANSPORTE DE RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U. PLANTEADO POR ANTILA SOLAR, S.L. EN RELACIÓN CON LA COMUNICACIÓN DE CADUCIDAD DE 20 DE MARZO DE 2026 DEL PERMISO DE ACCESO Y CONEXIÓN DEL PARQUE EÓLICO DENOMINADO “MURACAIS”, DE 52,8 MW EN EL NUDO LUDRIO 400 KV. (EXPEDIENTE CFT/DE/106/26) CONSEJO. SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA Presidente D. Ángel García Castillejo Consejeros D.ª María Jesús Martín Martínez D. Enrique Monasterio Beñaran D.ª Marina Echebarría Sáenz D. Joan Capdevila i Esteve Secretario D. Miguel Bordiu García-Ovies En Madrid, a 8 de octubre de 2026 Visto el expediente relativo a los conflictos acumulados planteados por ANTILA SOLAR, S.L. en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 12.1.b) de la Ley 3/2013 y el artículo 14 del Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado por el Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, la Sala de Supervisión regulatoria aprueba la siguiente Resolución:
seccion Iseccion I. ANTECEDENTES
ANTECEDENTES PRIMERO. Interposición del conflicto El 20 de abril de 2026 tuvo entrada en el Registro de la Administración General del Estado, para ser remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la 2 de 10 Competencia (en adelante, “CNMC”) un escrito de la representación legal de la sociedad ANTILA SOLAR, S.L. (en adelante, “ANTILA”), por el que se plantea conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica propiedad de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U. (en adelante, “REE”), con motivo de la comunicación de caducidad de 20 de marzo de 2026 del permiso de acceso y conexión del parque eólico denominado “Muracais”, de 52,8 MW en el nudo Ludrio 400 kV. La representación de ANTILA expone los siguientes hechos y fundamentos jurídicos: Que obtuvo los permisos de acceso y conexión el 21 de junio de 2023 y presentó la solicitud de autorización administrativa previa y evaluación ambiental el 27 de septiembre de 2023. Que la tramitación administrativa sufrió importantes retrasos imputables a la Administración, destacando que la admisión definitiva a trámite de la solicitud no se produjo hasta enero de 2025 y que el expediente no fue remitido al órgano ambiental hasta finales de diciembre de 2025, cuando apenas restaba un mes para el vencimiento del segundo hito previsto en el artículo 1.1.b) del Real Decreto-ley 23/20201. A su juicio, la falta de obtención de la declaración de impacto ambiental en plazo obedeció exclusivamente a dichas dilaciones administrativas y no a una actuación negligente por su parte. Que el 9 de enero de 2026 interpuso recurso contencioso-administrativo frente a la desestimación presunta de la solicitud de autorización administrativa previa, solicitando como medida cautelar la suspensión del cómputo de los plazos previstos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020. Tras una primera resolución denegatoria, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó el recurso de reposición interpuesto por ANTILA mediante Auto de 6 de abril de 2026, acordando la suspensión del cómputo de dichos plazos y precisando que no debía considerarse incumplido el hito correspondiente mientras se mantuviera la medida cautelar. Que la comunicación de caducidad emitida por REE resulta contraria a los efectos de la citada resolución judicial, al haberse suspendido cautelarmente el presupuesto que fundamenta la pérdida de vigencia de los permisos. Los anteriores hechos se sustentan en la documentación que se acompaña al escrito y que se da por reproducida en el presente expediente. 1 Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. 3 de 10 Por todo ello, solicita que se deje sin efecto la comunicación de caducidad emitida por REE y se reconozca la vigencia de los permisos de acceso y conexión en los términos derivados de la medida cautelar acordada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. SEGUNDO. Comunicación de inicio Mediante escrito de 6 de mayo de 2026, la Directora de Energía de la CNMC comunicó a ANTILA y REE el inicio del procedimiento administrativo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, confiriendo a REE un plazo de diez días para formular alegaciones y/o aportar los documentos que estimase convenientes. TERCERO. Alegaciones de REE Haciendo uso de la facultad conferida en el artículo 73.1 de la Ley 39/2015, REE presentó escrito en fecha 1 de junio de 2026, en el que manifiesta lo siguiente: Que los permisos de acceso y conexión del parque eólico Muracais fueron otorgados en junio de 2023 y que el segundo hito administrativo exigía disponer de declaración de impacto ambiental favorable antes del 22 de enero de 2026, circunstancia que no concurría en la citada fecha. Por ello, tras comunicar al promotor la potencial caducidad de los permisos y analizar sus alegaciones, procedió el 20 de marzo de 2026 a comunicar la caducidad automática de los mismos por incumplimiento del artículo 1 del RD-l 23/2020. Sostiene que la caducidad prevista en el citado precepto opera de forma automática y objetiva, sin que resulte relevante a estos efectos que el incumplimiento del hito pudiera derivar de retrasos administrativos o de circunstancias no imputables al promotor. Asimismo, indica que ni en la fecha de vencimiento del segundo hito ni en la fecha en que comunicó la caducidad existía una medida cautelar vigente que suspendiera el cómputo de los plazos previstos en el RD-l 23/2020, constando únicamente un Auto de 10 de febrero de 2026 que denegaba la medida cautelar solicitada por ANTILA. REE argumenta que el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de abril de 2026, que posteriormente estimó el recurso de reposición interpuesto por ANTILA y acordó la suspensión cautelar del cómputo de los hitos administrativos, fue dictado con posterioridad tanto al vencimiento del plazo como a la comunicación de caducidad, por lo que, a su juicio, no afecta a la corrección jurídica de su actuación. Finalmente, manifiesta que carece de habilitación legal para dejar sin efecto una caducidad producida conforme al régimen legal vigente. 4 de 10 Los anteriores hechos se sustentan en la documentación que se acompaña al escrito y que se da por reproducida en el presente expediente. Por lo expuesto, solicita que se desestime el conflicto planteado y, subsidiariamente, se delimite expresamente su alcance respecto de cuestiones tales como la eventual anulación de la caducidad, la retroacción de actuaciones o los efectos sobre la capacidad de acceso asociada al nudo Ludrio 400 kV. CUARTO. Trámite de audiencia Una vez instruido el procedimiento, mediante escritos de la Directora de Energía de 26 de junio de 2026, se puso de manifiesto a las partes interesadas para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, pudieran examinar el mismo, presentar los documentos y justificaciones que estimaran oportunos y formular las alegaciones que convinieran a su derecho. Con fecha 13 de julio de 2026 tuvo entrada en el Registro de la CNMC, escrito de alegaciones de REE mediante el cual se ratifica en las alegaciones formuladas en escrito de fecha 1 de junio de 2026 y solicita la desestimación del conflicto. Con fecha 14 de julio de 2026 tuvo entrada en el Registro de la CNMC, escrito de alegaciones de ANTILA mediante el cual se ratifica íntegramente en los argumentos expuestos en su escrito inicial de conflicto y expone, en síntesis, lo siguiente: Que el Auto de 6 de abril de 2026 dictado por el TSJ de Madrid declara expresamente que el segundo hito administrativo no debe considerarse incumplido, por lo que los efectos asociados a dicho incumplimiento, incluida la caducidad de los permisos de acceso y conexión, deben entenderse cautelarmente suspendidos mientras permanezca vigente la medida acordada. Que la consecuencia necesaria de dicho pronunciamiento judicial es el mantenimiento provisional de la vigencia de los permisos de acceso y conexión y la suspensión del cómputo de los plazos previstos en el artículo 1.1.b) del RD-l 23/2020 hasta que se emita la DIA y se resuelva la AAP del proyecto. Que la medida cautelar acordada por el TSJ de Madrid es inmediatamente ejecutiva y que REE se encontraba obligada a colaborar en su cumplimiento una vez tuvo conocimiento formal del Auto. En este sentido, considera que el gestor de red ha mantenido una interpretación incompatible con el contenido de la resolución judicial al negarse a reconocer efectos a la misma y sostener que la caducidad producida con anterioridad no puede verse afectada por el Auto posterior. Según la promotora, dicha posición supone desconocer el contenido de una resolución judicial que expresamente ordena que el hito administrativo se 5 de 10 tenga por no incumplido y, por tanto, que los permisos mantengan cautelarmente su vigencia. Que, en relación con el nuevo apartado 1 bis del artículo 1 del RD-l 23/2020, introducido por el Real Decreto-ley 7/20262, regula un supuesto distinto al que constituye objeto del presente conflicto, referido a la suspensión de la eficacia de autorizaciones administrativas ya otorgadas como consecuencia de recursos promovidos por terceros. A su juicio, el Auto del TSJ de Madrid constituye una medida cautelar positiva adoptada al amparo del artículo 129 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para evitar que la inactividad administrativa y la falta de resolución de la solicitud de AAP provoquen un perjuicio irreparable que haga perder la finalidad legítima del recurso. Por ello, considera que la incorporación del artículo 1.1 bis no altera ni limita los efectos del Auto cautelar ni resulta aplicable al presente supuesto. Que, incluso si se entendiera aplicable el artículo 1.1 bis del RD-l 23/2020, dicha previsión normativa no podría proyectarse sobre la medida cautelar acordada en el presente caso, dado que el recurso contencioso- administrativo y la correspondiente solicitud cautelar fueron interpuestos el 9 de enero de 2026, con anterioridad a la entrada en vigor del citado precepto. Por todo ello, solicita que se estime el conflicto, se deje sin efecto la comunicación de caducidad y se mantenga cautelarmente la reserva de capacidad y la vigencia de los permisos de acceso y conexión mientras se mantengan los efectos del Auto de 6 de abril de 2026. QUINTO. Informe de la Sala de Competencia Al amparo de lo dispuesto en el artículo 21.2 a) de la Ley 3/2013 y del artículo 14.2.i) del Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado por el Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, la Sala de Competencia de la CNMC ha emitido informe en este procedimiento.
seccion IIseccion II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO. Existencia de conflicto de acceso a la red de transporte. Del relato fáctico que se ha realizado en los antecedentes de hecho, se deduce claramente la naturaleza del presente conflicto como de acceso a la red de transporte de energía eléctrica. 2 Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. 6 de 10 Asimismo, en toda la tramitación del presente procedimiento no ha habido debate alguno en relación con la naturaleza de conflicto de acceso del presente expediente. SEGUNDO. Competencia de la CNMC para resolver el conflicto. La presente propuesta de resolución se dicta en ejercicio de la función de resolución de conflictos planteados respecto a los contratos relativos al acceso de terceros a las redes de transporte y distribución que se atribuye a la CNMC en el artículo 12.1.b) 1º de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC (en adelante Ley 3/2013). En sentido coincidente, el artículo 33.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico dispone que “La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá a petición de cualquiera de las partes afectadas los posibles conflictos que pudieran plantearse en relación con el permiso de acceso a las redes de transporte y distribución, así como con las denegaciones del mismo emitidas por el gestor de la red de transporte y el gestor de la red de distribución”. Dentro de la CNMC, corresponde a su Consejo aprobar esta Resolución, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 14 de la citada Ley 3/2013, que dispone que “El Consejo es el órgano colegiado de decisión en relación con las funciones… de resolución de conflictos atribuidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sin perjuicio de las delegaciones que pueda acordar”. En particular, esta competencia recae en la Sala de Supervisión Regulatoria, de conformidad con el artículo 21.2 de la citada Ley 3/2013, previo informe de la Sala de Competencia (de acuerdo con el artículo 14.2.i) del Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado por el Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto). TERCERO. Objeto del conflicto y consideraciones previas. El objeto del presente conflicto es, en primer término, la comunicación de REE de 20 de marzo de 2026 de la caducidad del permiso de acceso y conexión correspondiente al parque eólico “Muracais”. Sin embargo, con posterioridad a la comunicación de caducidad por parte de REE, el TSJ de Madrid dictó Auto de 6 de abril de 2026 en el que se adopta la medida cautelar de suspensión de los plazos establecidos en el artículo 1 del RD-l 23/2020, al único efecto de que no se entienda incumplido el correspondiente hito. Comunicado dicho Auto a REE, el gestor de la red ha mantenido que la caducidad ya se había producido y que corresponde a la CNMC, vía conflicto de acceso, revisar la situación de un permiso de acceso ya caducado. Esta segunda comunicación también es objeto del presente conflicto, en la medida en que reitera la inicial comunicación de caducidad. 7 de 10 A la vista de los antecedentes, el debate planteado por las partes no se refiere tanto a la declaración de caducidad como a los efectos que debe desplegar sobre el permiso de acceso y conexión el Auto de medidas cautelares dictado por el TSJ de Madrid. En todo caso, lo que no es objeto del presente conflicto son las actuaciones de los órganos administrativos competentes para la tramitación de la DIA y de la AAP, que ya han sido objeto de recurso contencioso-administrativo, ni las resoluciones judiciales dictadas en el marco de dicho procedimiento. Aclarado el objeto del conflicto y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, procede analizar la situación del permiso de acceso y conexión del parque eólico “Muracais”. CUARTO. Sobre la caducidad del permiso de acceso y conexión del parque eólico “Muracais”. No existe controversia entre las partes respecto de los siguientes hechos: • REE otorgó permiso de acceso y conexión al parque eólico “Muracais” el 21 de junio de 2023. • El segundo hito previsto en el artículo 1.1.b) del RD-l 23/2020 exigía disponer de DIA favorable antes del 22 de enero de 2026. A dicha fecha no se había emitido la correspondiente DIA • Antes del vencimiento del plazo, la promotora interpuso recurso contencioso-administrativo frente a la desestimación presunta de la AAP y solicitó la adopción de una medida cautelar consistente en la suspensión del cómputo de los plazos previstos en el artículo 1 del RD-l 23/2020. • Mediante Auto de 10 de febrero de 2026 la solicitud cautelar fue inicialmente desestimada. • REE comunicó la posible caducidad de los permisos y, posteriormente, el 20 de marzo de 2026, remitió la comunicación definitiva de caducidad. • Con posterioridad, el TSJ de Madrid dictó Auto de 6 de abril de 2026 por el que estimó el recurso de reposición interpuesto por ANTILA y acordó la suspensión del cómputo del plazo previsto en el artículo 1 del RD-l 23/2020. El Auto señala en su parte dispositiva lo siguiente: ACORDAMOS: Ha lugar a conceder la medida cautelar de suspensión del cómputo del plazo previsto en el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, para que se emita la DIA que proceda y la Autorización Administrativa Previa del proyecto con el sentido que se estime acorde a Derecho. 8 de 10 Asimismo, en su fundamentación jurídica precisa que la suspensión acordada no tiene más efectos que impedir que el hito administrativo correspondiente pueda considerarse incumplido mientras se resuelve el procedimiento principal. El Auto fue comunicado por la promotora a REE, que manifestó que la caducidad de los permisos ya se había producido y que correspondía, en su caso, a la CNMC pronunciarse sobre la situación del permiso de acceso. De las circunstancias anteriores se obtienen las siguientes conclusiones. 1º. El Auto otorga medida cautelar de suspensión del plazo de cumplimiento de los hitos administrativos con el único efecto de que no se pueda entender incumplido el correspondiente hito. Dado que el incumplimiento conlleva, conforme al artículo 1.2 del RD-l 23/2020, la caducidad automática del permiso de acceso y conexión, la medida está destinada únicamente a evitar de forma cautelar dicha caducidad. Por tanto, el Auto conlleva el mantenimiento del permiso al no concurrir la causa de caducidad derivada del incumplimiento del hito correspondiente por la suspensión del plazo. 2º. El Auto no exige para su cumplimiento actuación alguna por parte de los órganos competentes para dictar la DIA o la AAP, todo ello con independencia de que dichos órganos puedan resolver en cualquier momento o proceder a impugnar la resolución cautelar por las vías legalmente previstas 3º. REE ha sostenido que corresponde a la CNMC pronunciarse sobre la situación de un permiso previamente declarado caducado. Sin embargo, la CNMC tampoco puede "revocar" la caducidad a petición del promotor. La CNMC únicamente puede revisar si la actuación de REE al constatar y comunicar la caducidad es conforme a Derecho y, en caso contrario, dejar sin efecto dicha actuación. 4º. En el presente caso, la promotora ha obtenido un Auto de medidas cautelares cuya naturaleza de resolución judicial susceptible de ejecución no admite discusión. La existencia de una resolución judicial con este contenido produce efectos directos e inmediatos para REE que hacen innecesaria la intervención de esta Comisión, salvo en el supuesto de incumplimiento de la misma. Es preciso recordar que la CNMC, como autoridad administrativa independiente está sujeta plenamente a la Ley y al Derecho por lo que carece de potestad para realizar cualquier tipo de juicio, valoración, interpretación o consideración sobre la resolución judicial que implicara dejarla sin efecto o condicionarla en su ejecución, en tanto que esto solo puede producirse en virtud de los recursos previstos en las Leyes, de conformidad con lo previsto en el artículo 18.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante, LOPJ). El conflicto de acceso no es uno de estos recursos. 9 de 10 Esta misma conclusión es aplicable a REE, pues, con independencia de su carácter jurídico-privado está obligada a cumplir con el Auto y no puede dejarlo sin efecto o remitir a esta CNMC para que determine los efectos del mismo. En adelante, REE ha de abstenerse de remitir a los promotores a la vía de conflicto como ha sucedido en este caso. Tanto esta Comisión como la propia REE están constitucional y legalmente obligadas a cumplir con la resolución judicial, sin poder tomar decisión alguna que pudiera dejar sin efecto la misma pues no pueden recurrirla al no ser partes en el procedimiento judicial. Ahora bien, no cabe duda de que, una medida cautelar como la adoptada por el Auto, cuando ya se ha producido la comunicación de caducidad o, incluso, ha aflorado la capacidad puede generar situaciones que afectan a terceros que hubieran solicitado acceso o hubieran obtenido el permiso. Esta posibilidad real tampoco puede ser evaluada por esta Comisión o por REE, siendo competencia exclusiva del Juzgado o Tribunal que ha adoptado la medida cautelar tomar las medidas para el aseguramiento de los derechos e intereses de terceros que han de ser ponderados a la hora de adoptar la medida cautelar. Las consideraciones anteriores conducen a la inadmisión del conflicto, ya que la decisión sobre la pérdida de efectos del incumplimiento del hito ha sido ya tomada por el Tribunal en los términos expresados en el Auto3, y la misma debe respetarse por parte de REE, sin que la CNMC pueda pronunciarse sobre la validez o eficacia de una resolución judicial. Vistos los citados antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC
seccion preambuloseccion preambulo. RESUELVE
RESUELVE ÚNICO. Inadmitir el conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica titularidad de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. planteado por la sociedad ANTILA SOLAR, S.L., en relación con la comunicación de caducidad de 20 de 3 “En esta concreta situación, la única posibilidad de medida cautelar que la Sala entiende posible es suspender de manera cautelar el cómputo del plazo del art. 1 en cuanto a la emisión de la DIA, que es evidente que no puede elaborarse en el escaso margen temporal que restaba desde la fecha de remisión de la documentación. Y sin que esta suspensión dé lugar a otros derechos para la actora, sino que se limita a que no se considere incumplido el hito concreto. (…) Estimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil actora contra el auto de 10-02-26, dictado en esta pieza separada, que se revoca, dando lugar la medida cautelar de suspensión del cómputo del plazo previsto en el art. 1 del RDL 23/2020…” 10 de 10 marzo de 2026 del permiso de acceso y conexión del parque eólico “Muracais”, de 52,8 MW en el nudo Ludrio 400 kV, en los términos y con el alcance establecidos en el Fundamento Jurídico Cuarto. Comuníquese esta Resolución a la Dirección de Energía y notifíquese a las interesadas: ANTILA SOLAR, S.L. RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. La presente resolución agota la vía administrativa, no siendo susceptible de recurso de reposición. Puede ser recurrida, no obstante, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta, 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio.