CFT/DE/136/26 - ENERGIA INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.A. / I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. -PROYECTO BELLÚS II-
seccion IIseccion II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
In force · version of Oct 22, 2026
FUNDAMENTOS DE DERECHO [2] PRIMERO. Existencia de conflicto de acceso a la red de distribución de [3] energía eléctrica [4] Del relato fáctico que se ha realizado en los antecedentes de hecho, se deduce [5] claramente del presente conflicto como de acceso a la red de distribución de [6] energía eléctrica. [7] No obstante, ha de aclararse que el único objeto del conflicto es la comunicación [8] de IDE de 13 de abril de 2026 (recibida por EIDF el 14 de abril de 2026), por la [9] que se informa al promotor de la caducidad automática de sus permisos de [10] acceso y conexión, no pudiendo ser objeto de conflicto la actuación del órgano [11] administrativo sustantivo competente, tanto para la resolución de denegación de [12] la AAC como para la resolución del correspondiente recurso de alzada. [13] SEGUNDO. Competencia de la CNMC para resolver el conflicto [14] La presente Resolución se dicta en ejercicio de la función de resolución de [15] conflictos planteados respecto a los contratos relativos al acceso de terceros a [16] las redes de transporte y distribución que se atribuye a la CNMC en el artículo [17] 12.1.b) 1º de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC (en adelante [18] Ley 3/2013). [19] En sentido coincidente, el artículo 33.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, [20] del Sector Eléctrico dispone que “La Comisión Nacional de los Mercados y la [21] Competencia resolverá a petición de cualquiera de las partes afectadas los [22] posibles conflictos que pudieran plantearse en relación con el permiso de acceso [23] a las redes de transporte y distribución, así como con las denegaciones del [24] mismo emitidas por el gestor de la red de transporte y el gestor de la red de [25] distribución”. [26] Dentro de la CNMC, corresponde a su Consejo aprobar esta Resolución, en [27] aplicación de lo dispuesto por el artículo 14 de la citada Ley 3/2013, que dispone [28] que “El Consejo es el órgano colegiado de decisión en relación con las [29] funciones… de resolución de conflictos atribuidas a la Comisión Nacional de los [30] Mercados y la Competencia, sin perjuicio de las delegaciones que pueda [31] acordar”. En particular, esta competencia recae en la Sala de Supervisión [32] Regulatoria, de conformidad con el artículo 21.2 de la citada Ley 3/2013, previo [33] informe de la Sala de Competencia (de acuerdo con el artículo 14.2.i) del [34] Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado por el Real Decreto 657/2013, de 30 [35] de agosto). [36] TERCERO. Sobre la caducidad automática de los permisos de acceso y [37] conexión por incumplimiento de los hitos establecidos en el artículo 1 del [38] Real Decreto-ley 23/2020 [39] 6 de 9 [40] Hay que indicar con carácter previo que el presente conflicto es similar a los ya [41] resueltos por esta Sala en relación con la comunicación de caducidad de [42] permisos de acceso y conexión cuando no se ha emitido a tiempo o se ha [43] denegado el acto administrativo correspondiente, en este caso la Autorización [44] Administrativa de Construcción (AAC). [45] Como queda indicado en los antecedentes de hecho, EIDF disponía desde la [46] fecha de 3 de septiembre de 2021 de permisos de acceso y conexión a la red de [47] distribución, otorgado por IDE para la instalación fotovoltaica Bellús II (1 MW). [48] En virtud de lo dispuesto en el artículo 1.1 del RD-l 23/2020, “Aquellos titulares [49] de permisos de acceso para instalaciones de generación de energía eléctrica [50] que sean otorgados desde la entrada en vigor de este real decreto-ley deberán [51] cumplir los hitos administrativos previstos en el apartado b), computándose los [52] plazos desde la fecha de obtención de los permisos de acceso”. [53] El apartado b) del artículo 1.1 del RD-l 23/2020 establece los siguientes hitos [54] administrativos: [55] 1.º Solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa [56] previa: 6 meses. [57] 2.º Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 31 [58] meses. [59] 3.º Obtención de la autorización administrativa previa: 34 meses. [60] 4.º Obtención de la autorización administrativa de construcción: 37 meses. [61] 5.º Obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva: 5 [62] años. [63] El subrayado plazo de 37 meses fue ampliado a 49 meses por el artículo 28.1 [64] del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre. [65] En consecuencia, la instalación de generación promovida por EIDF debía contar [66] a fecha 3 de octubre de 2025, 49 meses después de la fecha de inicio del [67] cómputo, con la correspondiente AAC. Dicha fecha resulta indubitada y no ha [68] sido controvertida en el marco del presente conflicto. [69] Según declara la propia EIFD, en fecha 8 de octubre de 2025 el Servicio [70] Territorial autonómico dictó Resolución denegatoria de la AAC, por no haberse [71] acreditado supuestamente ni su capacidad técnica ni la disponibilidad de los [72] terrenos donde se pretende ejecutar el proyecto. Frente a dicha Resolución, [73] interpuso recurso de alzada en fecha 17 de noviembre de 2025, pendiente de [74] resolución por la Consejería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. En [75] dicho recurso se solicitó la suspensión de la Resolución impugnada, según [76] manifiesta el promotor. [77] 7 de 9 [78] En consecuencia, resulta evidente que a fecha 3 de octubre de 2025, 49 meses [79] después de la fecha de inicio en el presente caso del cómputo del cuarto hito [80] establecido en el artículo 1.1 b) del Real Decreto-ley 23/2020, modificado por el [81] Real Decreto-ley 8/2023, no puede entenderse cumplido ese citado cuarto hito, [82] dado que la instalación no contaba con la preceptiva AAC. [83] En el apartado segundo del propio artículo 1 del RD-l 23/2020 se establece la [84] consecuencia del incumplimiento de los citados hitos: [85] 2. La no acreditación ante el gestor de la red del cumplimiento de dichos [86] hitos administrativos en tiempo y forma supondrá la caducidad automática [87] de los permisos de acceso y, en su caso, de acceso y conexión [88] concedidos (..) [89] De conformidad con lo señalado en el artículo 3 del Título Preliminar del Código [90] Civil, las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras. [91] Cuando las mismas, como resulta en el caso presente, no admiten duda [92] interpretativa, se estará al citado sentido literal. Criterio ampliamente ratificado [93] por los Tribunales y que conlleva que no se pueda hacer una interpretación [94] contraria a la Ley cuando el sentido literal de la misma es claro (por todas [95] Sentencia del Tribunal Constitucional STC 189/2012, de 5 de julio). [96] El artículo 1 del RD-l 23/2020 es absolutamente claro y no requiere de ningún [97] tipo de labor interpretativa. De conformidad con lo anterior, los promotores que [98] a la fecha de cumplimiento del cuarto hito administrativo no dispusieran de [99] Autorización Administrativa de Construcción (AAC), cual es el caso como así se [100] reconoce y se acredita con la documentación aportada, han visto caducar [101] automáticamente (ope legis) su permiso de acceso o de acceso y conexión, en [102] el caso de haber obtenido también el mismo. [103] En consecuencia, la actuación de IDE, como gestor de la red, en la que se limita [104] a comunicar la caducidad automática tras haber solicitado la acreditación del [105] mismo por parte del promotor y no haber sido convenientemente aportada es [106] plenamente conforme a Derecho. [107] Además, la misma no vulnera el derecho de acceso, desde el mismo momento [108] en que la configuración legal del mismo incluye como elemento esencial la [109] necesidad de cumplir con los citados hitos administrativos en tiempo y forma, [110] con independencia de que no se haya obtenido por causas imputables al [111] promotor o a la Administración Pública, cuestión ajena al presente conflicto. [112] No perjudica a esta conclusión el hecho de que, posteriormente al vencimiento [113] del cuarto hito el 3 de octubre de 2025, el órgano sustantivo autonómico [114] denegase en fecha 8 de octubre de 2025 mediante Resolución la autorización [115] administrativa en cuestión, así como el hecho de que, frente a dicha Resolución [116] denegatoria, haya interpuesto el promotor un recurso de alzada ni, desde luego, [117] que haya solicitado la suspensión de su eficacia. [118] 8 de 9 [119] Asimismo, como señala el artículo 39.1 de la Ley 39/2015: [120] 1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho [121] Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha [122] en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. [123] Dichos efectos se predican de todos los actos administrativos con independencia [124] de su firmeza. [125] Tampoco impide el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva puesto que [126] nada impide acudir a los tribunales respectivos, puesto que la resolución de [127] archivo del expediente es susceptible de recursos administrativos o [128] jurisdiccionales, como es el caso. [129] Así mismo, el planteamiento de un conflicto de acceso tampoco supone la [130] suspensión de la caducidad automática. Las suspensiones preventivas se [131] refieren siempre a conflictos de acceso en relación con solicitudes de permisos [132] de acceso y conexión, nunca a declaraciones de caducidad automática porque [133] la misma supondría la contravención de la norma legal por parte del gestor. [134] Vistos los citados antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, la Sala de [135] Supervisión Regulatoria de la CNMC