CFT/DE/183/26 - GRANATE SOLAR S.L. / REE -PLANTA FOTOVOLTAICA NAVALLO I-
seccion IIseccion II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
In force · version of Oct 22, 2026
FUNDAMENTOS DE DERECHO [2] PRIMERO. Existencia de conflicto de acceso a la red de transporte de [3] energía eléctrica [4] Del relato fáctico realizado en los antecedentes de hecho se deduce claramente [5] la naturaleza del presente expediente como conflicto de acceso a la red de [6] transporte de energía eléctrica. Su objeto se circunscribe a determinar si la [7] actuación de REE al comunicar la caducidad automática de los permisos de [8] acceso y conexión de la instalación "Planta Fotovoltaica Navallo I" resulta [9] conforme a Derecho. [10] No son objeto del presente conflicto las actuaciones del órgano competente para [11] tramitar y resolver la solicitud de autorización administrativa previa ni el [12] procedimiento contencioso-administrativo promovido por GRANATE frente a la [13] desestimación presunta de dicha solicitud. Tampoco corresponde a esta [14] Comisión pronunciarse sobre la posible eficacia retroactiva de una autorización [15] que, a la fecha de resolución del conflicto, no consta que haya sido otorgada. [16] SEGUNDO. Competencia de la CNMC para resolver el conflicto [17] La presente Resolución se dicta en ejercicio de la función de resolución de [18] conflictos planteados respecto al acceso de terceros a las redes de transporte y [19] distribución atribuida a la CNMC por el artículo 12.1.b).1.º de la Ley 3/2013, de 4 [20] de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la [21] Competencia. [22] En sentido coincidente, el artículo 33.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, [23] del Sector Eléctrico, atribuye a la CNMC la resolución, a petición de cualquiera [24] de las partes afectadas, de los conflictos que puedan plantearse en relación con [25] los permisos de acceso a las redes de transporte y distribución. [26] En sentido coincidente, el artículo 33.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, [27] del Sector Eléctrico dispone que “La Comisión Nacional de los Mercados y la [28] Competencia resolverá a petición de cualquiera de las partes afectadas los [29] 5 de 8 [30] posibles conflictos que pudieran plantearse en relación con el permiso de acceso [31] a las redes de transporte y distribución, así como con las denegaciones del [32] mismo emitidas por el gestor de la red de transporte y el gestor de la red de [33] distribución”. [34] Dentro de la CNMC, corresponde a su Consejo aprobar esta Resolución, en [35] aplicación de lo dispuesto por el artículo 14 de la citada Ley 3/2013, que dispone [36] que “El Consejo es el órgano colegiado de decisión en relación con las [37] funciones… de resolución de conflictos atribuidas a la Comisión Nacional de los [38] Mercados y la Competencia, sin perjuicio de las delegaciones que pueda [39] acordar”. En particular, esta competencia recae en la Sala de Supervisión [40] Regulatoria, de conformidad con el artículo 21.2 de la citada Ley 3/2013, previo [41] informe de la Sala de Competencia (de acuerdo con el artículo 14.2.i) del [42] Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado por el Real Decreto 657/2013, de 30 [43] de agosto). [44] TERCERO. Sobre la caducidad automática de los permisos por [45] incumplimiento del tercer hito administrativo [46] Hay que indicar con carácter previo que el presente conflicto es similar a los ya [47] resueltos por esta Sala en relación con la comunicación de caducidad o de [48] potencial caducidad de permisos de acceso y conexión cuando no se ha emitido [49] en tiempo el acto administrativo correspondiente, en este caso, la autorización [50] administrativa previa. [51] Los hechos relevantes para resolver el presente procedimiento son que REE [52] otorgó los permisos de acceso y conexión el 31 de mayo de 2023; que GRANATE [53] debía obtener la autorización administrativa previa en el plazo de 34 meses [54] previsto para el cumplimiento del tercer hito administrativo, esto es, el 31 de [55] marzo de 2026; que, a la fecha de vencimiento de dicho plazo, GRANATE no [56] disponía de la citada autorización; y que el 22 de mayo de 2026, REE comunicó [57] la caducidad automática de los permisos. [58] El artículo 1.1.b) del Real Decreto-ley 23/2020 establece, para los permisos de [59] acceso otorgados desde su entrada en vigor, un plazo máximo de 34 meses para [60] la obtención de la autorización administrativa previa. [61] “Aquellos titulares de permisos de acceso para instalaciones de [62] generación de energía eléctrica que sean otorgados desde la entrada en [63] vigor de este real decreto-ley deberán cumplir los hitos administrativos [64] previstos en el apartado b), computándose los plazos desde la fecha de [65] obtención de los permisos de acceso”. [66] El apartado b) del artículo 1.1 del RD-l 23/2020 establece los siguientes hitos [67] administrativos: [68] 1.º Solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa [69] previa: 6 meses. [70] 6 de 8 [71] 2.º Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 31 [72] meses. [73] 3.º Obtención de la autorización administrativa previa: 34 meses. [74] 4.º Obtención de la autorización administrativa de construcción: 37 meses. [75] 5.º Obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva: 5 [76] años”. [77] En consecuencia, GRANATE debía contar a fecha 31 de marzo de 2026, 34 [78] meses después de la fecha de inicio del cómputo, con la correspondiente [79] autorización administrativa previa. [80] Según declara la propia GRANATE, a fecha de interposición del conflicto, no se [81] había emitido la autorización administrativa solicitada por la Administración [82] competente. [83] En consecuencia, a día 31 de marzo de 2026 no puede entenderse cumplido el [84] segundo hito del citado artículo 1.1.b). [85] En el apartado segundo del propio artículo 1 del RD-l 23/2020 se establece la [86] consecuencia del incumplimiento de los citados hitos: [87] “2. La no acreditación ante el gestor de la red del cumplimiento de dichos [88] hitos administrativos en tiempo y forma supondrá la caducidad [89] automática de los permisos de acceso y, en su caso, de acceso y [90] conexión concedidos […]” [91] De conformidad con lo señalado en el artículo 3 del Título Preliminar del Código [92] Civil, las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras. [93] Cuando las mismas, como resulta en el caso presente, no admiten duda [94] interpretativa, se estará al citado sentido literal. Criterio ampliamente ratificado [95] por los Tribunales y que conlleva que no se pueda hacer una interpretación [96] contraria a la Ley cuando el sentido literal de la misma es claro (por todas [97] Sentencia del Tribunal Constitucional STC 189/2012, de 5 de julio). [98] Pues bien, el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020 establece de forma [99] inequívoca que los titulares de permisos de acceso y conexión deben acreditar [100] el cumplimiento de los hitos administrativos previstos en dicho precepto dentro [101] de los plazos legalmente establecidos, disponiendo expresamente que la falta [102] de acreditación en tiempo y forma determina la caducidad automática de los [103] correspondientes permisos. [104] En el presente caso, no existe controversia o duda sobre los hechos relevantes [105] para resolver el conflicto. GRANATE obtuvo los permisos de acceso y conexión [106] el 31 de mayo de 2023, por lo que debía contar con la autorización administrativa [107] previa, correspondiente al tercer hito administrativo, no más tarde del 31 de [108] marzo de 2026. Sin embargo, a dicha fecha no disponía de la citada autorización, [109] 7 de 8 [110] extremo que resulta acreditado por la documentación obrante en el expediente y [111] porque la propia interesada así lo reconoce en su escrito de conflicto. [112] En consecuencia, el tercer hito administrativo debe considerarse incumplido, [113] produciéndose la caducidad automática (ope legis) de los permisos de acceso y [114] conexión, sin que resulte jurídicamente relevante que el retraso en la obtención [115] de la autorización administrativa previa sea o no imputable al promotor. [116] En este sentido, REE se limita a constatar y comunicar una consecuencia (la [117] caducidad de los permisos) que opera directamente por ministerio de la ley, por [118] lo que su actuación debe considerarse plenamente conforme a Derecho. [119] Frente a esta conclusión, GRANATE alega que había solicitado una medida [120] cautelar en el procedimiento contencioso-administrativo seguido ante el Tribunal [121] Superior de Justicia de Madrid. Sin embargo, la mera interposición del recurso [122] contencioso-administrativo y la solicitud de medidas cautelares no producen por [123] sí solas efecto suspensivo alguno sobre el régimen de hitos previsto en el Real [124] Decreto-ley 23/2020. Para que tal efecto pudiera, en su caso, apreciarse sería [125] necesario que el órgano judicial hubiera acordado expresamente la medida [126] cautelar solicitada. [127] Precisamente con la finalidad de comprobar dicho extremo, la Dirección de [128] Energía requirió a GRANATE para que informara sobre el estado de tramitación [129] de la pieza cautelar y aportara, en su caso, la resolución judicial correspondiente. [130] No obstante, la interesada no accedió a la notificación electrónica del [131] requerimiento -que se entendió rechazada de conformidad con el artículo 43.2 [132] de la Ley 39/2015-, ni aportó información alguna al respecto, dándose por [133] efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento de conformidad con lo [134] dispuesto en el artículo 41.5 de la citada Ley. [135] En consecuencia, no consta en el expediente que el Tribunal Superior de Justicia [136] de Madrid haya acordado la medida cautelar solicitada ni que exista resolución [137] judicial alguna que impida apreciar el incumplimiento del tercer hito [138] administrativo. [139] Por todo ello, al no haberse acreditado la obtención de la autorización [140] administrativa previa dentro del plazo legalmente establecido y no constar [141] resolución judicial que suspenda los efectos derivados de su incumplimiento, [142] procede concluir que la comunicación de caducidad efectuada por REE se ajusta [143] plenamente a lo dispuesto en el artículo 1.2 del Real Decreto-ley 23/2020, [144] debiendo desestimarse el conflicto interpuesto. [145] Asimismo, la desestimación del conflicto determina igualmente el rechazo de las [146] pretensiones accesorias relativas a que se declare cumplido retroactivamente el [147] tercer hito y a que los plazos correspondientes a los hitos cuarto y quinto se [148] computen desde la resolución del presente procedimiento. [149] 8 de 8 [150] Vistos los citados antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, la Sala de [151] Supervisión Regulatoria de la CNMC