CFT/DE/216/26 - PARQUE EÓLICO CADAVAL Y VENTOSO S.L. / UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. -PARQUE EÓLICO CASTROVE-
seccion IIseccion II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
In force · version of Oct 15, 2026
FUNDAMENTOS DE DERECHO [2] PRIMERO. Existencia de conflicto de acceso a la red de distribución de [3] energía eléctrica [4] Del relato fáctico que se ha realizado en los antecedentes de hecho, se deduce [5] claramente del presente conflicto como de acceso a la red de distribución de [6] energía eléctrica. [7] No obstante, ha de aclararse que el único objeto del conflicto es la comunicación [8] de UFD de 14 de julio de 2026, por las que se informa al promotor de la [9] 4 de 9 [10] caducidad automática de su permiso de acceso y conexión, no pudiendo ser [11] objeto de conflicto la actuación del órgano competente de la emisión de la [12] autorización administrativa de construcción (AAC). [13] SEGUNDO. Competencia de la CNMC para resolver el conflicto. [14] La presente Resolución se dicta en ejercicio de la función de resolución de [15] conflictos planteados respecto a los contratos relativos al acceso de terceros a [16] las redes de transporte y distribución que se atribuye a la CNMC en el artículo [17] 12.1.b) 1º de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC (en adelante [18] Ley 3/2013). [19] En sentido coincidente, el artículo 33.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, [20] del Sector Eléctrico dispone que “La Comisión Nacional de los Mercados y la [21] Competencia resolverá a petición de cualquiera de las partes afectadas los [22] posibles conflictos que pudieran plantearse en relación con el permiso de acceso [23] a las redes de transporte y distribución, así como con las denegaciones del [24] mismo emitidas por el gestor de la red de transporte y el gestor de la red de [25] distribución”. [26] Dentro de la CNMC, corresponde a su Consejo aprobar esta Resolución, en [27] aplicación de lo dispuesto por el artículo 14 de la citada Ley 3/2013, que dispone [28] que “El Consejo es el órgano colegiado de decisión en relación con las funciones [29] (…) de resolución de conflictos atribuidas a la Comisión Nacional de los [30] Mercados y la Competencia, sin perjuicio de las delegaciones que pueda [31] acordar”. En particular, esta competencia recae en la Sala de Supervisión [32] Regulatoria, de conformidad con el artículo 21.2 de la citada Ley 3/2013, previo [33] informe de la Sala de Competencia (de acuerdo con el artículo 14.2.i) del [34] Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado por el Real Decreto 657/2013, de 30 [35] de agosto). [36] TERCERO. Sobre la caducidad automática de los permisos de acceso y [37] conexión por incumplimiento de los hitos establecidos en el artículo 1 del [38] Real Decreto-ley 23/2020. [39] Como se indica en los antecedentes de hecho, PECAVEN disponía de permiso [40] de acceso y conexión para el “Parque Eólico Castrove”, otorgado por UFD el día [41] 29 de marzo de 2022. [42] El apartado b) del artículo 1.1 del RD-l 23/2020 establece los siguientes hitos [43] administrativos: [44] 1.º Solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa [45] previa: 6 meses. [46] 2.º Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 31 [47] meses. [48] 3.º Obtención de la autorización administrativa previa: 34 meses. [49] 5 de 9 [50] 4.º Obtención de la autorización administrativa de construcción: 37 [51] meses.1 [52] 5.º Obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva: 5 [53] años. [54] (….) [55] Aquellos titulares de permisos de acceso para instalaciones de [56] generación de energía eléctrica que sean otorgados desde la entrada en [57] vigor de este real decreto-ley deberán cumplir los hitos administrativos [58] previstos en el apartado b), computándose los plazos desde la fecha de [59] obtención de los permisos de acceso. [60] Toda vez que los permisos de acceso se obtuvieron con posterioridad a la [61] entrada en vigor del RD-l 23/2020, el plazo debía computarse desde el 29 de [62] marzo de 2022. [63] En consecuencia, PECAVEN debía contar a fecha 29 de abril de 2026, 49 meses [64] después de la fecha de inicio del cómputo, con la correspondiente [65] autorización administrativa de construcción para la instalación eólica “Parque [66] Eólico Castrove”. [67] Según declara la propia PECAVEN, el órgano competente no ha emitido [68] autorización administrativa de construcción para la instalación en mencionado [69] plazo. En consecuencia, a día 29 de abril de 2026 no puede entenderse cumplido [70] el cuarto hito del citado artículo 1.1.b) del RD-l 23/2020. [71] 1 Plazo ampliado a 49 meses según determina el artículo 28.1 del Real Decreto-ley 8/2023, de [72] 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y [73] sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los [74] efectos de la sequía: [75] “Extensión excepcional de los hitos administrativos establecidos en el artículo 1 del Real [76] Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, para aquellas instalaciones que hubieran obtenido [77] permisos de acceso y conexión. [78] 1. Con carácter excepcional, para todas aquellas instalaciones de generación que hubieran [79] obtenido permisos de acceso y conexión con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y con [80] anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley se modifica el plazo de [81] acreditación de cumplimiento del hito recogido en el artículo 1.1.b) 4.º del Real Decreto-ley [82] 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros [83] ámbitos para la reactivación económica, fijando el plazo máximo para la obtención de la [84] autorización administrativa de construcción en 49 meses. [85] Este plazo será computado desde: [86] a) El 25 de junio de 2020 para las instalaciones de generación de energía eléctrica que obtuvieron [87] permisos de acceso con anterioridad a dicha fecha y con posterioridad al 31 de diciembre de [88] 2017. [89] b) Desde la fecha de obtención de los permisos para aquellos titulares de permisos de acceso [90] que lo hubieran obtenido desde el 25 de junio de 2020 y antes de la entrada en vigor del presente [91] real decreto-ley”. [92] 6 de 9 [93] En el apartado segundo del propio artículo 1 del RD-l 23/2020 se establece la [94] consecuencia del incumplimiento de los citados hitos: [95] 2. La no acreditación ante el gestor de la red del cumplimiento de dichos [96] hitos administrativos en tiempo y forma supondrá la caducidad [97] automática de los permisos de acceso y, en su caso, de acceso y [98] conexión concedidos (..) [99] De conformidad con lo señalado en el artículo 3 del Título Preliminar del Código [100] Civil, las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras. [101] Cuando las mismas, como resulta en el caso presente, no admiten duda [102] interpretativa, se estará al citado sentido literal. Criterio ampliamente ratificado [103] por los Tribunales y que conlleva que no se pueda hacer una interpretación [104] contraria a la Ley cuando el sentido literal de la misma es claro (por todas [105] Sentencia del Tribunal Constitucional STC 189/2012, de 5 de julio). [106] El artículo 1 del RD-l 23/2020 es absolutamente claro y no requiere de ningún [107] tipo de labor interpretativa. De conformidad con lo anterior, los promotores que [108] a la fecha de cumplimiento del hito administrativo no dispusieran de autorización [109] administrativa de construcción, cuál es el caso como se acredita en la [110] documentación aportada, han visto caducar automática (ope legis) su permiso [111] de acceso o de acceso y conexión, en el caso de haber obtenido también el [112] mismo. [113] En consecuencia, la actuación de UFD, como gestor de la red, en la que se limita [114] a informar de la caducidad automática es plenamente conforme a Derecho. [115] Además, la misma no vulnera el derecho de acceso, desde el mismo momento [116] en que la configuración legal del mismo incluye como elemento esencial la [117] necesidad de cumplir con los citados hitos administrativos en tiempo y forma, [118] con independencia de que no se haya obtenido AAC favorable a la fecha [119] señalada por causas imputables al promotor o a la Administración Pública, [120] cuestión ajena al presente conflicto. [121] Asimismo, como señala el artículo 39.1 de la Ley 39/2015: [122] 1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho [123] Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha [124] en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa [125] Dichos efectos se predican de todos los actos administrativos con independencia [126] de su firmeza. [127] Tampoco impide el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva puesto que [128] nada impide acudir a los tribunales respectivos, puesto que, en su caso, la [129] resolución de archivo del expediente es susceptible de posibles recursos [130] administrativos o jurisdiccionales. [131] 7 de 9 [132] Así mismo, el planteamiento de un conflicto de acceso tampoco supone la [133] suspensión de la caducidad automática. Las suspensiones preventivas [134] realizadas por UFD se refieren siempre a conflictos de acceso en relación con [135] solicitudes de permisos de acceso y conexión, nunca a declaraciones de [136] caducidad automática porque la misma supondría la contravención de la norma [137] legal por parte del gestor. [138] CUARTO. Sobre el afloramiento de capacidad y la medida provisional [139] solicitada. [140] Se plantea también que se adopte, por parte de esta Comisión, medida [141] provisional consistente en ordenar a UFD a suspender la tramitación de los [142] procedimientos de acceso al nudo de referencia, así como que se suspenda la [143] liberación de la capacidad caducada en el nudo en el que la instalación tenía [144] reconocido el derecho de acceso. [145] La misma no puede ser atendida por el hecho de que el presente conflicto ha [146] sido resuelto en un tiempo breve dejando sin objeto la adopción de cualquier [147] medida provisional durante su tramitación, y porque la misma tampoco debe [148] admitirse en cuanto al fondo, al no concurrir ninguno de los requisitos [149] establecidos en el artículo 56 de la Ley 39/2015, en particular, el perjuicio de [150] imposible o difícil reparación. [151] En este sentido, el Auto 654/2022 de la Sala de lo contencioso-administrativo de [152] la sección 4ª de la Audiencia Nacional de 29 de julio de 2022 (Roj AAN [153] 7109/2022 - ECLI:ES:AN:2022:7109A, CENDOJ 28079230042022200539), [154] dictado en pieza separada de adopción de medidas cautelares en el marco de [155] un procedimiento contencioso-administrativo 1274/2022, frente a la Resolución [156] de 28 de abril de 2022 (expediente CFT/DE/118/22) que confirmaba la actuación [157] de REE manteniendo la caducidad del permiso de acceso de un promotor, [158] desestimó la solicitud de suspensión interesada por las entidades demandantes [159] por la siguiente razón: [160] “Pues bien, en el presente supuesto la ejecución de la resolución [161] impugnada en cuanto mantiene la caducidad de los permisos en su [162] momento otorgados a las instalaciones aquí en liza, produce un perjuicio [163] que puede ser reparado si la sentencia que en su día se dicte resulta [164] favorable a las demandantes, bien a través de una indemnización, bien a [165] través de alguna otra solución técnica que pueda arbitrarse (la Sala ha [166] conocido ya de algún supuesto en los que así se ha hecho). Por el [167] contrario, la suspensión del acuerdo impugnado supondría el [168] mantenimiento de las autorizaciones con merma del interés público y el [169] de terceros en optimizar los accesos a la red de transporte y el de los [170] terceros que pudieran ser autorizados, siendo así que la Sala entiende [171] que estos intereses son prevalentes a los de los recurrentes, ya afectados [172] por una resolución desfavorable”. [173] En la misma línea, más recientemente, establece el Auto 1265/2024 de la Sala [174] de lo contencioso-administrativo de la sección 4ª de la Audiencia Nacional de 17 [175] 8 de 9 [176] de diciembre de 2024 (Roj AAN 9308/2024 - ECLI:ES:AN:2024:9308ª- Id Cendoj: [177] 28079230042024200969) dictado en pieza separada de adopción de medidas [178] cautelares en el marco de un procedimiento contencioso-administrativo [179] 1914/2024, frente a la Resolución de la CNMC de 3 de octubre de 2023 [180] (expediente CFT/DE/233/24) lo siguiente: [181] “Por otro lado, en caso de que finalmente, después de cumplir con todos [182] esos hitos, se mantuviera el permiso de acceso, se le otorgaría la [183] capacidad correspondiente, y en caso de haberse adjudicado a terceros [184] indebidamente podría acordarse la anulación de los permisos y actos [185] ejecutados como consecuencia de esa adjudicación, de modo que el [186] recurso no perdería su finalidad. Y, en todo caso, los posibles perjuicios [187] siempre podrían ser objeto de reparación mediante la correspondiente [188] indemnización económica o a través de alguna otra solución técnica que [189] pueda arbitrarse (en este sentido, AAN, 4ª de 29 de julio de 2022 -rec. [190] 1274/2022-).” [191] En consecuencia, una vez constatada la caducidad automática del permiso de [192] acceso y conexión, UFD deberá evaluar la capacidad existente y disponible en [193] aquellos nudos en los que se hayan producido caducidades, de conformidad con [194] los criterios establecidos en la Circular 1/2021, de 20 de enero, de la Comisión [195] Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la [196] metodología y condiciones del acceso y de la conexión a las redes de transporte [197] y distribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica, y su [198] normativa de desarrollo. [199] Una vez evaluada, procederá a publicar en el mapa de capacidad que [200] temporalmente corresponda, la nueva capacidad disponible que haya podido [201] aflorar, tal y como establece en el artículo 12 de la Circular 1/2021, de [202] conformidad con lo previsto en el artículo 33.9 de la Ley 24/2013, de 26 de [203] diciembre, y en el artículo 5.4 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, [204] de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía [205] eléctrica. [206] Vistos los citados antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, la Sala de [207] Supervisión Regulatoria de la CNMC