Real Decreto 708/2002, de 19 de julio, por el que se establecen medidas complementarias al Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de Acompañamiento de la Política Agraria Común.

El Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo, sobre ayudas al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA), establece el marco de las ayudas comunitarias a favor de un desarrollo rural sostenible.

En este marco comunitario, mediante Decisión C (2000) 3549, de 24 de noviembre, la Comisión Europea aprobó el «Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de Acompañamiento en España», cuya aplicación se estableció mediante los Reales Decretos 3482/2000, de 29 de diciembre, por el que se regula la indemnización compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas; 4/2001, de 12 de enero, por el que se establece un régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente; 5/2001, de 12 de enero, por el que se establece un régimen de ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria, y 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la forestación de tierras agrícolas.

El Reglamento (CE) 445/2002, de la Comisión, de 26 de febrero, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1257/1999, dispone en su artículo 44 que las modificaciones del programa serán sometidas a la Comisión en una única propuesta por programa y año. El 12 de julio de 2001 fue presentada ante la Comisión de la Unión Europea la modificación del programa, aprobada por Decisión C (2001) 4739, de 20 de diciembre, cuya aplicación se instrumenta mediante el presente Real Decreto, dictado de conformidad con la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica prevista en el artículo 149.1.13.a de la Constitución, así como en el artículo 149.1.23.a, que atribuye al Estado la legislación básica sobre protección del medio ambiente.

En su elaboración han sido consultadas las Comunidades Autónomas y los sectores afectados.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de julio de 2002,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

El presente Real Decreto tiene por objeto establecer las normas complementarias para la aplicación del Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de Acompañamiento de la Política Agraria Común, aprobado por Decisión de la Comisión C (2001) 4739, de 20 de diciembre.

Artículo 2. Criterios de prioridad.

En los procedimientos de gestión de las ayudas reguladas por el Real Decreto 3482/2000, con objeto de ajustar la concesión de ayudas a los recursos presupuestarios disponibles, las Comunidades Autónomas podrán aplicar todos, o algunos, de los siguientes criterios de prioridad en la selección de beneficiarios:

a) Que el titular de la explotación reúna los requisitos para ser calificado como agricultor joven, conforme lo define el artículo 2.2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, sobre Modernización de las Explotaciones Agrarias.

b) Que la explotación localizada en zonas desfavorecidas esté a su vez ubicada en zona de la Red Natura 2000.

c) Que el nivel de buenas prácticas agrarias habituales aplicado en la explotación sea superior al que figura en el anexo I del presente Real Decreto, que es el exigido para ser beneficiario de las indemnizaciones compensatorias.

d) Realizar en la explotación alguna medida agroambiental de las incluidas en el anexo II del presente Real Decreto.

Artículo 3. Cuantía de las ayudas.

La cuantía de la indemnización compensatoria anual que puede percibir el titular de la explotación, determinada de acuerdo con el método establecido en el anexo II del Real Decreto 3482/2000, de 29 de diciembre, no podrá ser inferior a 300 euros ni superior a 2.500 euros.

Se modifica por el art. 4.1 del Real Decreto 1203/2006, de 20 de octubre. Ref. BOE-A-2006-19351.

Artículo 4. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas agroambientales reguladas en el Real Decreto 4/2001 y en el presente Real Decreto, los titulares de explotaciones agrarias que se comprometan, por un período mínimo de cinco años, salvo causa de fuerza mayor, a cumplir los compromisos de una o varias de las medidas agroambientales previstas en el anexo II del presente Real Decreto.

2. Los agricultores que contraigan un compromiso agroambiental en relación con una parte de la explotación, deberán respetar en toda la explotación, como mínimo, las buenas prácticas agrarias habituales establecidas en el anexo I del presente Real Decreto.

3. En el caso de la producción integrada, agricultura ecológica y ganadería ecológica (medias 3.2, 3.3 y 9.3 del anexo II), dichas medidas deberán aplicarse en la totalidad de la superficie dedicada a la misma orientación productiva ubicada en cada explotación o, cuando ésta esté formada por varias fincas, en cada una de la fincas.

Artículo 5. Criterios de prioridad.

En los procedimientos de gestión de las ayudas reguladas por el Real Decreto 4/2001, con objeto de ajustar la concesión de ayudas a los recursos presupuestarios disponibles, las Comunidades Autónomas podrán aplicar todos, o algunos, de los siguientes criterios de prioridad en la selección de beneficiarios:

a) Explotaciones con producción agraria ecológica, registradas en su Comunidad Autónoma y que comercialicen sus productos como ecológicos.

b) Explotaciones localizadas en zonas desfavorecidas a efectos de la medida de Indemnización Compensatoria y las incluidas en zonas con limitaciones medioambientales específicas.

c) Agricultores a título principal.

d) Agricultores profesionales.

Artículo 6. Unidades mínimas de cultivo agroambiental.

1. A los efectos del régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente, se entiende por unidad mínima de cultivo agroambiental (UMCA) la referencia para determinar la superficie agroambiental a partir de la cual los costes totales unitarios tienden a disminuir conforme crece el número de hectáreas cultivadas.

2. Las Comunidades Autónomas, en coordinación con el órgano colegiado a que se refiere el artículo 7 del presente Real Decreto, fijarán el número de hectáreas por UMCA para cada medida o submedida agroambiental, sin que en ningún caso dicho número de hectáreas pueda ser inferior a 20.

3. Dicho número de hectáreas por UMCA figurará en un catálogo que elaborarán las Comunidades Autónomas, el cual deberá ser publicado dentro de los veinte días siguientes a la entrada en vigor del presente Real Decreto y comunicado a la Comisión Europea, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, manteniendo su validez a lo largo de todo el período de programación 2000-2006.

4. Cuando el catálogo elaborado por las Comunidades Autónomas no establezca para alguna medida o submedida la superficie de la UMCA, ésta será igual a 20 hectáreas, a efectos de calcular el importe de la prima.

Artículo 7. Comité Técnico Nacional de Coordinación de las Unidades Mínimas de Cultivo Agroambiental.

1. Se crea el órgano colegiado adscrito a la Dirección General de Desarrollo Rural, denominado Comité Técnico Nacional de Coordinación de las Unidades Mínimas de Cultivo Agroambiental, con la finalidad fundamental de coordinar los criterios técnicos determinantes de la UMCA, en el marco de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, y a la vista de los compromisos de las medidas agroambientales, establecidos en el anexo II del presente Real Decreto.

2. El citado órgano colegiado estará compuesto por los siguientes miembros, con voz y voto:

1.º Presidente: el Subdirector general de Apoyo a la Agricultura Multifuncional.

2.º Vocales:

a) El Jefe de Área de Medidas Agroambientales de la Subdirección General de Apoyo a la Agricultura Multifuncional.

b) Un representante de la Subdirección General de Mejora de Estructuras Agrarias, Relevo Generacional e Incorporación de la Mujer.

c) Un representante de la Dirección General de Agricultura.

d) Un representante de la Dirección General de Ganadería.

e) Un representante del Ministerio de Medio Ambiente.

f) Un representante por cada una de las Comunidades Autónomas que decidan formar parte de este órgano colegiado.

3.º Secretario: ejercerá el cargo de Secretario, con voz pero sin voto, un funcionario de la Subdirección General de Apoyo a la Agricultura Multifuncional.

Podrán formar parte del Comité, con voz pero sin voto, un representante de cada una de la organizaciones profesionales agrarias más representativas y otro representante de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España.

3. Los Vocales y los representantes de las organizaciones agrarias serán designados por el Director general de Desarrollo Rural, a propuesta del órgano administrativo u organización agraria que corresponda, debiendo contener la propuesta el nombre de un titular y un suplente.

4. Son funciones del Comité:

a) Coordinar con las Comunidades Autónomas el establecimiento de las diferentes UMCAs para cada una de las medidas o submedidas agroambientales.

b) Proponer metodologías de cálculo de unidades de cultivo agroambiental que, de conformidad con la Ley 19/1995, definan superficies agrícolas necesarias para que las labores fundamentales de los diferentes cultivos tengan un rendimiento satisfactorio, tomando en consideración las características socioeconómicas de la agricultura en la zona o comarca.

c) Conocer la adecuación de las UMCAs establecidas por las Comunidades Autónomas, antes de remitir las listas a la Comisión Europea.

d) Velar para que el establecimiento de las UMCAs sean conformes a la Ley 19/1995 y colaboren a optimizar el objetivo de los compromisos agroambientales, manteniendo la equivalencia en las superficies propuestas por las distintas Comunidades Autónomas conforme a criterios de equidad.

5. El Comité podrá establecer sus propias normas de funcionamiento y se regirá en lo no previsto en las mismas por lo dispuesto en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6. A propuesta del Presidente, el Comité, por mayoría de sus miembros, podrá acordar la creación de grupos de trabajo.

Artículo 8. Cálculo y cuantía de las ayudas.

1. Tanto los importes de las ayudas como los compromisos de las actuaciones agroambientales son únicos y fijos, y están recogidos en el anexo II del presente Real Decreto. Los importes establecidos no superarán en ningún caso los máximos establecidos en el anexo del Reglamento (CE) 1257/99, del Consejo.

2. El cálculo de las ayudas se realizará aplicando a la superficie de las UMCAs establecidas para cada una de las medidas o submedidas agroambientales los importes unitarios de las primas correspondientes establecidas en el anexo II; siendo el importe total de la ayuda el resultado de la suma de las ayudas parciales.

3. Los importes máximos anuales, para cada una de las medidas o submedidas, serán los siguientes:

a) Cuando la superficie en hectáreas para cada medida o submedida sea igual o menor al doble del valor de la UMCA, los importes máximos de las primas por hectárea para cada medida o submedida serán el 100 por 100 de la prima establecida en el anexo II.

b) Para la superficie en hectárea comprendida entre el doble y el cuádruple del valor de la UMCA los importes máximos de las primas serán del 60 por 100.

c) Para la superficie que exceda al cuádruple del valor de la UMCA el importe máximo de la prima será del 30 por 100.

Artículo 9. Régimen de incompatibilidades.

1. A efectos de la percepción de las primas reguladas en el Real Decreto 4/2001 y en el presente Real Decreto, serán incompatibles sobre una misma superficie las medidas agroambientales que se relacionan en el anexo III.

2. Las Comunidades Autónomas podrán ampliar la relación de medidas agroambien-tales incompatibles, cuando así lo aconsejen razones agronómicas o agroambientales o se pretenda evitar una duplicidad de primas por actuaciones análogas.

Artículo 10. Comité Técnico Nacional para la Medida Agroambiental de Producción Integrada.

1. Se crea, como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, un Comité Técnico Nacional para la Medida Agroambiental de Producción Integrada, encargado de coordinar, verificar y velar por la homogeneidad de las distintas normas técnicas regionales sobre producción integrada en lo que afecte a la medida agroambiental citada.

2. El Comité Técnico Nacional estará constituido por:

1.º Presidente: el Director general de Desarrollo Rural.

2.º Vicepresidente: el Director general de Agricultura.

3.º Vocales:

a) Dos representantes de la Subdirección General de Apoyo a la Agricultura Multifuncional, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Un representante de la Subdirección General de Sanidad Vegetal, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

c) Un representante del Ministerio de Medio Ambiente.

d) Un representante del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

e) Un representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

f) Un representante por cada una de las Comunidades Autónomas que deseen formar parte del Comité.

g) Un representante de cada una de las organizaciones profesionales agrarias más representativas y otro representante de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, que actuarán con voz y sin voto.

4.º Secretario: un funcionario de la Subdirección General de Apoyo a la Agricultura Multifuncional, designado por el Presidente, que actuará con voz y sin voto.

3. Los Vocales y representantes de las organizaciones agrarias serán designados por el Director general de Desarrollo Rural, a propuesta del órgano administrativo u organización agraria que corresponda, debiendo contener la propuesta el nombre de un titular y de un suplente.

4. Son funciones del Comité:

a) Velar por la homogeneidad de las normas sobre producción integrada que afecten a la medida agroambiental de producción integrada, en especial respecto a los criterios a considerar para el cumplimiento adecuado de los objetivos perseguidos por dicha medida.

b) Conocer e informar sobre la adecuación de las normas regionales que se establezcan y de los procedimientos para su control.

c) Coordinar todas aquellas actuaciones en esta materia que conduzcan al mejor cumplimiento de los compromisos agroambientales.

d) Todas aquellas actuaciones que tengan relación con los objetivos genéricos y específicos de las medidas agroambientales.

Artículo 11. Criterios de prioridad.

En los procedimientos de gestión de las ayudas reguladas por el Real Decreto 5/2001, con objeto de ajustar la concesión de ayudas a los recursos presupuestarios disponibles, las Comunidades Autónomas podrán aplicar todos, o algunos, de los siguientes criterios de prioridad en la selección de beneficiarios:

a) Que el cedente sea mayor de sesenta años.

b) Que el cesionario reúna los requisitos para ser calificado como agricultor joven.

c) Que la explotación del cedente se acoja a un plan de reestructuración sectorial establecido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o la Comunidad Autónoma.

d) Que la cesión de toda la explotación se realice en régimen jurídico de propiedad.

e) Que la explotación del cedente esté ubicada en zona desfavorecida beneficiaria de la indemnización compensatoria.

Artículo 12. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en el Real Decreto 6/2001 y en el presente Real Decreto las personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, que sean titulares de derechos reales sobres las tierras agrícolas susceptibles de forestación.

2. A efectos de la percepción de la prima compensatoria, se entiende por agricultor los titulares de explotación que acrediten obtener, del total de su renta, al menos el 50 por 100, de la actividad agraria u otras actividades complementarias, siempre y cuando la parte de renta procedente directamente de la actividad agraria realizada en su explotación no sea inferior al 25 por 100 de su renta total y el tipo de trabajo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea superior a la mitad de su tiempo de trabajo total.

3. Las entidades de derecho público sólo podrán percibir los costes de plantación y obras complementarias a la misma.

4. Si las superficies forestadas se transmitiesen, total o parcialmente, durante el período de compromisos, se adecuarán las primas a la situación del nuevo titular, que deberá cumplir las condiciones exigibles para la percepción de las ayudas y subrogarse en todos los compromisos existentes.

5. Los beneficiarios de las ayudas se comprometerán al cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Real Decreto y en el Real Decreto 6/2001.

Artículo 13. Criterios de prioridad.

En los procedimientos de gestión de las ayudas reguladas por el Real Decreto 6/2001, con objeto de ajustar la concesión de ayudas a los recursos presupuestarios disponibles, las Comunidades Autónomas podrán aplicar todos, o algunos, de los siguientes criterios de prioridad en la selección de beneficiarios:

a) Que las explotaciones estén acogidas a ayuda directa de la PAC durante los últimos cinco años, anteriores a la fecha de la solicitud.

b) Que las explotaciones estén localizadas en zonas desfavorecidas a efectos de la medida de Indemnización Compensatoria y las incluidas en zonas con limitaciones medioambientales específicas.

Artículo 14. Costes de plantación.

1. Los costes máximos de plantación son los establecidos en el Real Decreto 6/2001.

2. En ningún caso, el importe de las ayudas cofinanciados por el FEOGA, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las Comunidades Autónomas, podrán superar los costes reales de plantación, debidamente justificados.

3. Las Comunidades Autónomas podrán establecer costes de plantación inferiores a los que figuran en el anexo I del Real Decreto 6/2001, atendidos los costes reales de mercado en su ámbito territorial.

Artículo 15. Solicitudes.

1. Las solicitudes de las ayudas reguladas en los Reales Decretos 3482/2000, 4/2001, 5/2001 y 6/2001 y en el presente Real Decreto, se presentarán en cualquiera de los registros o dependencias a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las solicitudes se dirigirán al órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que esté ubicada la explotación, o, en su caso, a la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la mayor parte de la superficie de la explotación agraria relacionada en la solicitud.

3. Las Comunidades Autónomas determinarán el plazo de presentación de las solicitudes para cada medida.

4. Excepto para las ayudas destinadas al fomento del cese anticipado en la actividad agraria, será de aplicación lo establecido en el artículo 13 del Reglamento (CE) 2419/2001, de la Comisión, de 11 de diciembre, por el que se establecen las normas de aplicación del sistema integrado de gestión y control relativo a determinados regímenes de ayudas comunitarias, admitiéndose solicitudes anuales de ayuda hasta veinticinco días naturales siguientes a la finalización del plazo establecido, reduciéndose el importe de la ayuda en un 1 por 100 por cada día hábil de retraso. En caso de un retraso superior a veinticinco días, la solicitud se considerará como no presentada.

Artículo 16. Tramitación, resolución y pago de las ayudas.

1. La tramitación, resolución y pago de las ayudas corresponderá a los órganos competentes de las respectivas Comunidades Autónomas.

2. Cuando una explotación esté ubicada en más de un municipio de distintas Comunidades Autónomas, la gestión y el pago corresponderá a aquella Comunidad Autónoma en que esté localizada la mayor parte de la superficie de la explotación agraria relacionada en la solicitud.

3. Las resoluciones de concesión de ayudas que se dicten por los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma no podrán superar, en su conjunto, en lo que respecta a los importes de las mismas que se financien mediante los fondos aportados por la Administración General del Estado, las cuantías aprobadas para cada Comunidad Autónoma en las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 17. Financiación de las ayudas.

1. La financiación comunitaria de las ayudas a las medidas agroambientales y a la indemnización compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas será del 75 por ciento para las zonas Objetivo 1 y del 50 por ciento para las zonas fuera de objetivo.

La financiación comunitaria de las ayudas a las medidas agroambientales para las Islas Canarias será del 85 por ciento.

2. La financiación comunitaria de las ayudas al cese anticipado en la actividad agraria y forestación de tierras agrícolas será del 65 por ciento en las zonas Objetivo 1 y del 40 por ciento en las zonas fuera de objetivo.

3. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación financiará el 50 por ciento de la parte no financiada con fondos comunitarios, procediendo a su distribución entre las comunidades autónomas de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

4. Las comunidades autónomas podrán complementar la parte no financiada por el FEOGA-Garantía ni por los Presupuestos Generales del Estado.

5. Las resoluciones aprobatorias de cada solicitud de ayuda establecerán los porcentajes y cuantías correspondientes a la financiación comunitaria y a cada Administración pública participante.

Se modifica el apartado 3 por el art. 4.2 del Real Decreto 1203/2006, de 20 de octubre. Ref. BOE-A-2006-19351.

Se modifica por el art. único.1 del Real Decreto 172/2004, de 30 de enero. Ref. BOE-A-2004-2587.

Artículo 18. Comité de seguimiento de las medidas de acompañamiento.

1. Se crea el órgano colegiado, adscrito a la Dirección General de Desarrollo Rural, denominado Comité de seguimiento de las medidas de acompañamiento, con la finalidad fundamental de realizar el seguimiento y evaluación de las medidas de acompañamiento de la Política Agraria Común.

2. El citado órgano colegiado estará compuesto por los siguientes miembros, con voz y voto:

a) Presidente: el Director General de Desarrollo Rural, quien podrá delegar en el vicepresidente.

b) Vicepresidente: el Subdirector General de Apoyo a la Agricultura Multifuncional.

c) Vocales:

1.º Un representante por cada una de las unidades de gestión de la Subdirección General de Apoyo a la Agricultura Multifuncional.

2.º Un representante de la Subdirección General de Programas e Iniciativas Comunitarias.

3.º Un representante por cada una de las comunidades autónomas que deseen formar parte del Comité.

4.º Un representante del Ministerio de Medio Ambiente y otro del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

d) Secretario: ejercerá el cargo de secretario, con voz pero sin voto, el funcionario de la Subdirección General de Apoyo a la Agricultura Multifuncional que designe el presidente del Comité.

Podrán formar parte del Comité, con voz pero sin voto, un representante de cada una de las organizaciones profesionales agrarias más representativas y otro representante de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España.

Igualmente, podrán asistir a las reuniones del Comité, con voz pero sin voto, un representante de la Comisión Europea, otro del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), otro de la Red de Autoridades Ambientales y otro del Instituto de la Mujer.

3. Los vocales y representantes de las organizaciones agrarias serán designados por el Director General de Desarrollo Rural, a propuesta del órgano administrativo u organización agraria que corresponda, que deberá contener el nombre de un titular y de un suplente.

4. Son funciones del Comité de seguimiento:

a) La revisión periódica de los avances realizados para conseguir los objetivos de las cuatro medidas de acompañamiento.

b) Analizar los resultados de las cuatro medidas, determinando el grado de cumplimiento de los objetivos fijados para cada una de ellas. El Comité podrá proponer a la Dirección General de Desarrollo Rural la adopción de las medidas oportunas cuando no se alcance el objetivo programado o la finalización de la medida si obtuviera su objetivo antes de finalizar el periodo.

c) Conocer los informes de seguimiento antes de remitirlos a la Comisión Europea a través de la Dirección General de Desarrollo Rural.

d) Conocer las evaluaciones intermedia y final.

5. El Comité podrá establecer sus propias normas de funcionamiento y se regirá en lo no previsto en éstas por lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6. A propuesta del Presidente, el Comité, por mayoría de sus miembros, podrá acordar la creación de grupos de trabajo.

Se modifica por el art. único.2 del Real Decreto 172/2004, de 30 de enero. Ref. BOE-A-2004-2587.

Disposición adicional única. Órganos colegiados.

El funcionamiento de los órganos colegiados que se crean en el presente Real Decreto no supondrá incremento alguno del gasto público, siendo atendido con los medios materiales y personales ya existentes en la Dirección General de Desarrollo Rural.

Disposición transitoria única. Compromisos adquiridos.

Las explotaciones acogidas a compromisos agroambientales establecidos en el Real Decreto 4/2001 podrán solicitar incorporarse a los nuevos compromisos contenidos en el anexo II del presente Real Decreto cuando el nivel de exigencia de los compromisos agroambientales de la nueva medida sean mayores que los de la medida precedente.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto y, en particular, las siguientes:

a) Los artículos 8, 9, 10, 14 y 15 del Real Decreto 3482/2000.

b) Los artículos 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 19 y 20 del Real Decreto 4/2001.

c) Los artículos 13, 15, 17 y 18 del Real Decreto 5/2001.

d) Los artículos 3, 8, 9, 10, 14 y 15 del Real Decreto 6/2001.

2. Se sustituye el anexo I del Real Decreto 3482/2000 por el anexo I del presente Real Decreto.

3. Se sustituyen los anexos I, II y III del Real Decreto 4/2001 por los anexos I, II y III del presente Real Decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

El presente Real Decreto es norma básica en su totalidad y se dicta en virtud de la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica prevista en el artículo 149.1.13.a de la Constitución, así como en el artículo 149.1.23.a, que atribuye al Estado la legislación básica sobre protección del medio ambiente.

Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para establecer, en el ámbito de su competencia, las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución del presente Real Decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».