CFT/DE/087/26 - YOUTALL CAPITAL III S.L. / RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U. -CALA BLAVA 66 KV-
seccion IIseccion II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
In vigore · versione del 8 ott 2026
FUNDAMENTOS DE DERECHO [2] PRIMERO. Existencia de conflicto de acceso a la red de transporte. [3] Del relato fáctico que se ha realizado en los antecedentes de hecho, se deduce [4] claramente la naturaleza del presente conflicto como de acceso a la red de [5] transporte de energía eléctrica. [6] Asimismo, en toda la tramitación del presente procedimiento no ha habido debate [7] alguno en relación con la naturaleza de conflicto de acceso del presente [8] expediente. [9] SEGUNDO. Competencia de la CNMC para resolver el conflicto. [10] La presente Resolución se dicta en ejercicio de la función de resolución de [11] conflictos planteados respecto a los contratos relativos al acceso de terceros a [12] las redes de transporte y distribución que se atribuye a la CNMC en el artículo [13] 12.1.b) 1º de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC (en adelante [14] Ley 3/2013). [15] En sentido coincidente, el artículo 33.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, [16] del Sector Eléctrico dispone que “La Comisión Nacional de los Mercados y la [17] Competencia resolverá a petición de cualquiera de las partes afectadas los [18] posibles conflictos que pudieran plantearse en relación con el permiso de acceso [19] a las redes de transporte y distribución, así como con las denegaciones del [20] 6 de 13 [21] mismo emitidas por el gestor de la red de transporte y el gestor de la red de [22] distribución”. [23] Dentro de la CNMC, corresponde a su Consejo aprobar esta Resolución, en [24] aplicación de lo dispuesto por el artículo 14 de la citada Ley 3/2013, que dispone [25] que “El Consejo es el órgano colegiado de decisión en relación con las [26] funciones… de resolución de conflictos atribuidas a la Comisión Nacional de los [27] Mercados y la Competencia, sin perjuicio de las delegaciones que pueda [28] acordar”. En particular, esta competencia recae en la Sala de Supervisión [29] Regulatoria, de conformidad con el artículo 21.2 de la citada Ley 3/2013, previo [30] informe de la Sala de Competencia (de acuerdo con el artículo 14.2.i) del [31] Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado por el Real Decreto 657/2013, de 30 [32] de agosto). [33] TERCERO. Sobre la posibilidad del reconocimiento de efecto retroactivo [34] por parte de la Administración competente de los actos administrativos en [35] relación con el cumplimiento de los hitos administrativos previstos en el [36] artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020. [37] El presente conflicto se circunscribe a si es posible entender cumplido cualquiera [38] de los hitos administrativos previsto en el artículo 1 del RD-l 23/20201 cuando la [39] Administración competente dicta el mismo fuera del plazo previsto en dicha [40] norma, pero reconociendo de forma expresa y motivada el carácter retroactivo [41] del acto, por cumplir con los requisitos previstos en el artículo 39.3 de la Ley [42] 39/2015, al único objeto de que se pueda entender como cumplido el citado hito [43] administrativo en tiempo y forma. [44] El artículo 1 del RD-l 23/2020 establece que los permisos de acceso y conexión [45] caducarán automáticamente si en un determinado plazo no se han cumplido una [46] serie de hitos. Dichos hitos se tildan, por la propia norma, de administrativos [47] porque, en efecto, todos ellos exigen que la Administración competente dicte un [48] acto administrativo, aunque de distinta naturaleza, puesto que se incluyen actos [49] de trámite -como la admisión de solicitudes- y actos de indudable naturaleza [50] resolutoria como la autorización administrativa de explotación definitiva. [51] Por tanto, el requisito principal para que no se produzca la caducidad de los [52] permisos es que la Administración competente dicte en tiempo y forma el acto [53] administrativo favorable en que consiste el correspondiente hito. [54] No hay debate en cuanto a que el cumplimiento formal exige que el acto sea [55] dictado por el órgano competente siguiendo el procedimiento establecido y que [56] el acto debe ser favorable y expreso. [57] Así mismo la norma exige que se acredite el cumplimiento en tiempo, [58] estableciendo un plazo a computar en meses, bien desde la entrada en vigor del [59] 1 Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y [60] en otros ámbitos para la reactivación económica. [61] 7 de 13 [62] propio RD-l 23/2020, bien desde la obtención del permiso de acceso para los [63] posteriores al 25 de junio de 2020. [64] Expuesto el contenido del artículo 1 del RD-l 23/2020 y antes de entrar en la [65] resolución del presente conflicto es preciso tener en cuenta algunas cuestiones [66] previas. [67] En primer término, el cumplimiento de cualquier hito exige una actuación que no [68] depende del promotor, sino de una Administración pública, de ámbito territorial [69] estatal o autonómica, de conformidad con lo previsto en el artículo 3.13 de la Ley [70] 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (en adelante, LSE). Es decir, [71] los actos administrativos que configuran los hitos pueden proceder tanto de la [72] Administración General del Estado como de las Comunidades Autónomas, y [73] dependiendo del hito puede ser competente el órgano sustantivo o los [74] correspondientes órganos ambientales. [75] La intervención de una Administración pública supone, por definición, que todos [76] sus actos se presumen válidos y despliegan su eficacia desde el momento en [77] que se dictan, salvo que la propia Administración autora del acto module el [78] ámbito temporal del acto tanto hacia el futuro, demorando el efecto o dotando al [79] mismo de carácter retroactivo, generando efectos antes de que el acto se haya [80] dictado formalmente. Dicha posibilidad está expresamente contemplada en el [81] artículo 39.3 de la Ley 39/2015. Dicho apartado considera que tal posibilidad es [82] excepcional y establece una serie de requisitos que tendrá que valorar si [83] concurren o no la propia Administración. Es obvio que la Ley 39/2015 es la [84] normativa básica que establece el procedimiento administrativo común y que el [85] artículo 39 es la configuración normativa de la potestad de autotutela declarativa [86] que es intrínseca a la propia existencia de una Administración de base territorial, [87] constitucionalmente garantizada. [88] En segundo término, resulta relevante que el promotor, aun desplegando la [89] máxima diligencia posible, puede ver caducado su permiso de acceso y conexión [90] por la no resolución en plazo por parte de la Administración competente, lo cual [91] podría en determinados y concretos supuestos ser contrario a los principios de [92] eficacia, buena fe y confianza legítima. En este sentido, y aunque se trata de un [93] supuesto de hecho diferente, ha de tenerse en cuenta la asentada jurisprudencia [94] del Tribunal Supremo (por todas, Sentencia 2781/2017, de 7 de julio de 2017, [95] CENDOJ 28079130032017100283) sobre las cancelaciones de las inscripciones [96] en el Registro de preasignación de retribución por la exclusiva falta de actuación [97] de la Administración competente. En dicha Sentencia se indica lo siguiente: [98] No cabe duda que una interpretación del artículo 8. 1 y 2 del RD [99] 1578/2008 , que hiciera depender la cancelación de la inscripción en el [100] Registro de preasignacion de retribución, con la consecuencia [101] desfavorable de pérdida del régimen retributivo de que gozaba la [102] instalación, no ya de la actuación del interesado que ha cumplido con [103] diligencia todas las obligaciones del artículo 8.1 del RD 1578/2008 en el [104] 8 de 13 [105] plazo señalado por el precepto, sino exclusivamente de la fecha de la [106] resolución del órgano administrativo competente que acuerde la [107] inscripción, es decir, de la ágil o retardada actuación de la Administración [108] competente, resultaría contraria a los principios de eficacia, buena fe y [109] confianza legítima, derivado este último del principio de seguridad jurídica, [110] consagrados en el artículo 3 de la Ley 30/1992” [111] Como tercera consideración previa hay que recordar que, como señala la [112] Resolución de esta Sala de 30 de noviembre de 2021 (en el expediente [113] CFT/DE/100/21), la caducidad de los permisos de acceso y conexión supone, [114] por naturaleza, una restricción de los derechos de los promotores al acceso a las [115] redes y, aunque establecida por norma con rango de Ley al objeto de evitar la [116] permanencia de permisos de acceso y conexión de instalaciones que no se van [117] a desarrollar, no es posible una interpretación extensiva de la misma. [118] Finalmente, no puede obviarse que la finalidad de la norma que establece la [119] caducidad por incumplimiento de determinados hitos administrativos como [120] señala la exposición de motivos del propio RD-l 23/2020 no es otra que evitar [121] que se retrase o paralice un elevado número de proyectos solventes por culpa [122] de otros que no fueran firmes o viables y que no hubieran avanzado en su [123] tramitación. Es decir, pretende remover aquellos permisos de acceso y conexión [124] que corresponden a instalaciones no maduras, esto es, en las que el promotor [125] no ha procedido de forma diligente para cumplir con sus obligaciones de [126] desarrollo, circunstancia que se dio especialmente antes de la introducción de la [127] caducidad de los permisos en la disposición transitoria octava de la LSE, cuando [128] se podía entender que los permisos de acceso y conexión tenían una vigencia [129] temporal indefinida. [130] Teniendo en cuenta estas consideraciones previas y centrándonos en el [131] presente conflicto, los antecedentes de hecho relevantes y que no son objeto de [132] debate son los siguientes. [133] La instalación de YOUTALL que contaba con permiso de acceso el 23 de junio [134] de 2023 obtuvo la declaración de impacto favorable en una fecha posterior al hito [135] de caducidad (23 de enero de 2026). La DIA Favorable adoptada en Resolución [136] de 19 de febrero de 2026 de la Directora general d’Harmonització Urbanística i [137] Avaluació Ambiental del Gobierno de Baleares retrotrae de forma expresa su [138] eficacia al 23 de enero de 2026, y ello sobre la base del artículo 39.3 de la Ley [139] 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las [140] Administraciones Públicas que faculta al órgano que dicta el acto administrativo [141] para dotar, con carácter excepcional, de retroactividad al mismo, si se cumplen [142] ciertos requisitos indicados en el propio precepto. La DIA favorable reconoce [143] expresamente que su eficacia se retrotrae al 23 de enero de 2026. Así, el [144] apartado sexto de la Sección 7 (Conclusiones) de la DIA Favorable dispone lo [145] siguiente: [146] 9 de 13 [147] Sexto. Esta declaración de impacto ambiental tendrá eficacia retroactiva [148] a fecha 23 de enero de 2026 en base al artículo 39.3 de la Ley 39/2015, [149] de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las [150] administraciones públicas, dado que los supuestos de hecho necesarios [151] existían ya en la fecha a la que se retrotrae la eficacia de este acto y dadas [152] las circunstancias excepcionales consideradas en el informe del 6 de [153] febrero de 2026. [154] Por tanto, no cabe duda alguna de que se trata de un acto dictado por el órgano [155] competente en el que se reconoce que el mismo, aun dictado el día 19 de febrero [156] de 2026, produce efectos desde el día 23 de enero de 2026 al cumplirse los [157] requisitos exigidos por el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, para que se pueda [158] entender cumplido el hito administrativo establecido por el RD-l 23/2020. [159] Frente a ello, REE se limita a indicar que no se ha acreditado el cumplimiento [160] del hito y, por tanto, procede simplemente a informar de la caducidad de los [161] permisos de acceso y conexión. [162] Asimismo, REE planteó consulta al titular de la DGPEM sobre la interpretación [163] normativa del Real Decreto-ley 23/2020 en relación con la no validez de [164] documentación con efectos retroactivos (el subrayado es nuestro). [165] En fecha 18 de mayo de 2023, el titular de la DGPEM evacuó consulta -que no [166] tiene la consideración de informe-, afirmando, en lo que aquí importa, que la [167] fijación del plazo se encuentra en una norma básica con rango de Ley y que, por [168] tanto, las actuaciones realizadas fuera del plazo fijado ex lege no serán válidas. [169] En conclusión: [170] A juicio de esta Dirección General, estas consecuencias se derivan del [171] rango normativo e impedirían reconocer validez a actuación alguna [172] acordada fuera de esos plazos legales, en aras de la seguridad jurídica, [173] por lo que no se debería admitir ninguna fórmula que, en la práctica, [174] hiciesen sobrepasar esos plazos señalados como máximos. [175] En cuanto a la posibilidad de que se emitan actos administrativos con [176] eficacia retroactiva una vez transcurrido el plazo máximo señalado por la [177] norma con rango de ley con el fin de entender el hito cumplido, esta [178] Dirección General entiende que tal posibilidad no está contemplada en la [179] normativa. La eficacia retroactiva de un acto administrativo supone que [180] sus efectos se retrotraen a un momento anterior al de la fecha en el que [181] es dictado, por lo que al vencimiento del plazo máximo del real decreto ley [182] ese acto no existe. [183] Pues bien, teniendo en cuenta las consideraciones previas indicadas no se [184] pueden compartir los argumentos esgrimidos por REE al respecto de la falta de [185] cumplimiento del hito administrativo cuando existe, como en el presente caso, [186] 10 de 13 [187] una declaración de impacto ambiental expresa y favorable a la que el órgano [188] competente otorga efectos retroactivos a los efectos de dar por cumplido el [189] correspondiente hito administrativo. [190] En concreto, la interpretación de REE no tiene en cuenta que, como se ha [191] indicado, el RD-l 23/2020 desde el mismo momento en que hace depender el [192] mantenimiento de los permisos de acceso y caducidad del hecho de que se [193] produzca una determinada actuación administrativa y no de la actuación del [194] promotor traslada, con todas sus consecuencias, al ámbito propio de la [195] competencia de cada Administración la resolución correspondiente, bien sea la [196] admisión de una solicitud o la declaración de impacto ambiental o las [197] autorizaciones sectoriales. Ello conlleva que dicha Administración dispone en el [198] ejercicio de las mismas de todas sus potestades y prerrogativas, entre ellas, la [199] de la autotutela declarativa que despliega, como veremos, sus efectos tanto en [200] el plano de la validez de su actuación como en la modulación de los efectos de [201] sus actos, sin que la fijación de un plazo para su actuación conlleve el [202] desapoderamiento de dichas potestades que son intrínsecas a su naturaleza de [203] Administración territorial. [204] En efecto, la interpretación de REE niega validez a la actuación administrativa [205] fuera del plazo. [206] Tal interpretación no se puede compartir por dos motivos, uno de índole formal, [207] al dotar a una sociedad mercantil como es REE, de la posibilidad de considerar [208] inválido un acto administrativo que goza de presunción de validez, realizando [209] una valoración que es justamente la que no puede desarrollar en el [210] procedimiento de confirmación del incumplimiento del hito administrativo. Ni [211] siquiera esta Comisión puede juzgar o establecer si el acto administrativo [212] posterior es válido o no. Dicha actuación corresponde a los jueces y tribunales, [213] y en su caso a la propia Administración que dictó el acto en el ejercicio de su [214] potestad de revisión de oficio. [215] Junto a esta cuestión de índole formal existe una razón de orden material. La [216] interpretación que sostiene REE no tiene en cuenta la propia estructura del [217] artículo 1 del RD-l 23/2020. Dicho precepto establece como supuesto de hecho [218] sustantivo la realización de una concreta actuación administrativa de naturaleza [219] favorable para el interesado en un determinado plazo. El transcurso del plazo [220] desplegará efectos exclusivamente para el promotor titular del permiso de [221] acceso y conexión, pero no para la Administración. En ningún caso, el transcurso [222] del plazo puede suponer que la Administración competente quede desapoderada [223] de la potestad de emitir actos posteriores válidos, con independencia de sus [224] efectos. [225] Dicho de otra manera, la posible caducidad de un permiso de acceso y conexión [226] por el mero transcurso del plazo no supone por sí misma la pérdida del objeto de [227] un procedimiento de autorización, pues será la legislación autonómica pertinente [228] y, en su caso, el órgano autonómico competente en cumplimiento de esa [229] 11 de 13 [230] normativa los que determinen las consecuencias de la caducidad de los permisos [231] para los correspondientes procedimientos administrativos2. [232] Por tanto, el acto posterior al plazo dictado por la Administración competente no [233] puede ser considerado inválido ni por parte de REE ni por parte de esta [234] Comisión. [235] Es, por tanto, en el plano de la eficacia y no de la validez donde radica realmente [236] el problema. Las consideraciones previas efectuadas permiten entender que el [237] acto con efectos retroactivos es posible. [238] En efecto, la modulación de los efectos de una resolución administrativa válida [239] forma parte del ejercicio de la autotutela declarativa, siempre que se haga en el [240] marco de la previsión del artículo 39.3 de la Ley 39/2015, es decir, que sea [241] excepcional, que sea un acto favorable, que los supuestos de hecho existan al [242] tiempo de dictar el acto administrativo y que no haya perjuicio de terceros, [243] cuestiones todas ellas que corresponde valorar a la Administración competente [244] -no a REE ni a esta Comisión- y que ha de indicarlo, como sucede en el presente [245] caso, de forma clara. [246] La posibilidad de modular la eficacia del acto administrativo en este caso [247] concreto está plenamente justificada a la vista de la citada jurisprudencia del [248] Tribunal Supremo en materia de cancelaciones de inscripciones en el registro de [249] preasignación de retribución por causa no imputable al promotor. Si la [250] Administración competente considera que ya concurrían las condiciones para [251] dictar la declaración de impacto ambiental antes del vencimiento del plazo fijado [252] en el RD-l 23/2020 el día 23 de enero de 2026 y que solo circunstancias [253] excepcionales en su propia actuación han impedido dictar el acto administrativo [254] antes del día del vencimiento, la falta de reconocimiento de efecto retroactivo por [255] parte de la Administración competente podría suponer una vulneración de los [256] principios de eficacia, buena fe y confianza legítima. Esta posible vulneración es [257] evitable dotando de la indicada eficacia retroactiva. [258] Ha de tenerse en cuenta que los plazos determinados por el RD-l 23/2020 se [259] aplicaban al mismo tiempo a un conjunto muy importante de permisos, en [260] concreto a los emitidos por todos los gestores, no solo REE y que, precisamente [261] para permitir a las administraciones competentes la correcta evaluación de los [262] aspectos ambientales y/o sectoriales, se han ampliado en varias ocasiones. [263] En estas circunstancias, si el órgano competente ante la situación descrita se [264] encuentra con un expediente al que le faltaba, cumpliendo el plazo del RD-l [265] 23/2020 el dictado del mismo cabe el ejercicio de la potestad reconocida en el [266] 2 En este sentido la Ley gallega 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas [267] que añade una disposición adicional séptima a la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, que permite [268] continuar con la tramitación de las distintas autorizaciones y de la evaluación de impacto [269] ambiental de los parques eólicos, aun para instalaciones que hayan perdido su permiso de [270] acceso y conexión por caducidad. [271] 12 de 13 [272] artículo 39.3 de la Ley 39/2015, dotando excepcionalmente al acto de eficacia [273] retroactiva para evitar un perjuicio al promotor. Esto es lo que ha sucedido en el [274] presente conflicto. [275] Dicho acto con efecto retroactivo no tiene otro objeto que desplegar los efectos [276] de la decisión administrativa a un tiempo ya pasado en beneficio del interesado [277] y sin perjudicar a terceros, puesto que la capacidad que liberaría la caducidad [278] aún no ha aflorado. El acto no modifica situaciones ya consolidadas, sino que [279] anticipa la creación de la situación y de esta forma cumplir con los principios de [280] eficacia, buena fe y confianza legítima, evitando la caducidad de un permiso que [281] iba a caducar porque no se emitió antes del 23 de enero de 2026 el acto exigido [282] por el RD-l 23/2020 por circunstancias excepcionales y ajenas al promotor. [283] En el mismo sentido, la interpretación que sostiene REE de la imposibilidad de [284] evitar por la Administración competente el efecto de la caducidad automática es [285] una interpretación extensiva de lo dispuesto en el RD-l 23/2020, al convertir el [286] plazo legal de unas consecuencias que desconocen las potestades de las [287] Administraciones competentes para dictar el acto que constituye el propio hito [288] administrativo. [289] La interpretación que sostiene REE no encuentra justificación en la finalidad del [290] propio RD-l 23/2020 que pretende la caducidad de los permisos de acceso de [291] instalaciones no viables o inmaduras. El hecho de que la declaración de impacto [292] ambiental sea favorable y que pudiera haberse adoptado a partir del 23 de enero [293] de 2026 pone de manifiesto en el presente caso justamente lo contrario, a saber [294] que la referida instalación ha progresado hacia su puesta en marcha de forma [295] correcta y en la que solo una cuestión puramente puntual derivada de la [296] actuación de la Administración pública competente supondría la caducidad del [297] permiso de acceso y conexión y que es precisamente la propia Administración [298] pública competente lo que pretende evitar con la modulación de los efectos [299] temporales. [300] Esta decisión, por último, no es en modo alguno discriminatoria, pues nada [301] impide a cualquier otra Administración pública que lo considere oportuno adoptar [302] una decisión con los indicados efectos retroactivos, ello sin tener en cuenta [303] obviamente que la posibilidad de un tratamiento diferenciado nace del hecho ya [304] manifestado de que las Administraciones competentes son diversas, tanto la [305] AGE como las CCAA. [306] Todas las consideraciones anteriores llevan a la estimación del presente [307] conflicto de acceso y a dejar sin efecto la declaración de caducidad comunicada [308] por REE. [309] En cuanto a los efectos de la presente resolución, la misma supone que los [310] permisos de acceso y conexión no han caducado y que, por tanto, continúan en [311] vigor, debiendo cumplir con los restantes hitos administrativos. [312] 13 de 13 [313] Vistos los citados antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, la Sala de [314] Supervisión Regulatoria de la CNMC