CFT/DE/183/26 - GRANATE SOLAR S.L. / REE -PLANTA FOTOVOLTAICA NAVALLO I-
seccion preambuloseccion preambulo
1 de 8 RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO DE ACCESO A LA RED DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLANTEADO POR GRANATE SOLAR, S.L., CON MOTIVO DE LA COMUNICACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. RELATIVA A LA CADUCIDAD DE LOS PERMISOS DE ACCESO Y CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN "PLANTA FOTOVOLTAICA NAVALLO I" (CFT/DE/183/26) CONSEJO. SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA Presidente D. Ángel García Castillejo Consejeros D.ª María Jesús Martín Martínez D. Enrique Monasterio Beñaran D.ª Marina Echebarría Sáenz D. Joan Capdevila i Esteve Secretaria Dª. María Angeles Rodríguez Paraja En Madrid, a 22 de octubre de 2026 Visto el expediente relativo al conflicto presentado por GRANATE SOLAR, S.L., en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 12.1.b) de la Ley 3/2013 y el artículo 14 del Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado por el Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, la Sala de Supervisión Regulatoria aprueba la siguiente Resolución:
seccion Iseccion I. ANTECEDENTES
ANTECEDENTES PRIMERO. Interposición del conflicto El 23 de junio de 2026 tuvo entrada en el Registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) escrito de la representación de GRANATE SOLAR, S.L. (en adelante, GRANATE), por el que se plantea conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. (en adelante, REE), con motivo de la 2 de 8 comunicación de 22 de mayo de 2026 por la que el gestor de la red informó de la caducidad automática de los permisos de acceso y conexión correspondientes a la instalación fotovoltaica "Planta Fotovoltaica Navallo I", por falta de acreditación en plazo del tercer hito administrativo previsto en el artículo 1.1.b) del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio1, consistente en la obtención de la autorización administrativa previa. GRANATE expone, en síntesis, los siguientes hechos y fundamentos jurídicos: El proyecto "Planta Fotovoltaica Navallo I", de 115 MW de potencia instalada, dispone de permiso de acceso y conexión en el nudo Valdeconejos 220 kV, otorgado el 31 de mayo de 2023. El 7 de noviembre de 2023 presentó la solicitud de autorización administrativa previa y de evaluación ambiental del proyecto, que fue admitida a trámite en noviembre de 2024. El 18 de diciembre de 2025 se formuló declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto. La autorización administrativa previa no fue otorgada dentro del plazo de 34 meses previsto en el artículo 1.1.b) del Real Decreto-ley 23/2020. GRANATE atribuye este retraso a la tramitación administrativa y sostiene que atendió los requerimientos que le fueron formulados antes del vencimiento del hito. El 23 de abril de 2026 interpuso recurso contencioso-administrativo frente a la desestimación presunta de su solicitud de autorización administrativa previa, tramitado como Procedimiento Ordinario 391/2026 ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y solicitó la adopción de una medida cautelar consistente en la suspensión de los efectos derivados del incumplimiento de los plazos del artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020 mientras se resuelve el procedimiento judicial. El 22 de mayo de 2026, REE comunicó la caducidad automática de los permisos de acceso y conexión por no haberse acreditado en tiempo y forma la obtención de la autorización administrativa previa. A juicio de GRANATE, la comunicación de caducidad es contraria a Derecho porque, según alega, REE debió abstenerse de declarar la caducidad mientras se encontraba pendiente la solicitud de medidas cautelares. GRANATE entiende que la falta de obtención de la autorización administrativa previa es, a su juicio, 1 Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. 3 de 8 imputable a las dilaciones de la Administración y considera posible que dicha autorización se otorgue posteriormente con eficacia retroactiva, de conformidad con el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Por todo ello, GRANATE finaliza su escrito solicitando (i) que se deje sin efecto la comunicación de caducidad de 22 de mayo de 2026; (ii) que se tenga por cumplido en tiempo y forma el tercer hito administrativo, una vez se dicte la autorización administrativa previa con efectos retroactivos; (iii) y que los plazos de los hitos cuarto y quinto se computen tomando en consideración la fecha de la resolución que ponga fin al conflicto. SEGUNDO. Requerimiento de información sobre la solicitud de medidas cautelares y rechazo de la notificación Con fecha 7 de septiembre de 2026, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015), la Dirección de Energía requirió a GRANATE para que informara sobre el estado de tramitación de la solicitud de medidas cautelares formulada en el procedimiento judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en caso de que hubieran sido adoptadas, se aportara copia de estas. La notificación del citado requerimiento se puso a disposición de GRANATE en la sede electrónica de la CNMC el 14 de septiembre de 2026. Transcurridos diez días naturales sin que la interesada accediera a su contenido, el 25 de septiembre de 2026 la notificación se entiende rechazada tácitamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, teniéndose por efectuado el trámite y continuándose el procedimiento, no constando en el procedimiento que se hayan concedido las medidas cautelares solicitadas por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a fecha de la presente Resolución. TERCERO. Consideración del expediente completo e innecesariedad de actos de instrucción A la vista del escrito de conflicto, de la documentación aportada por GRANATE, que se da por reproducida e incorporada al expediente, y del resultado del requerimiento de información practicado, se puede proceder a la resolución del conflicto sin dar trámite de alegaciones a REE. Asimismo, al resolverse el procedimiento teniendo en cuenta exclusivamente los hechos, alegaciones y pruebas aducidos por la interesada, se prescinde del trámite de audiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 82.4 de la Ley 39/2015. 4 de 8 CUARTO. Informe de la Sala de Competencia Al amparo de lo dispuesto en el artículo 21.2 a) de la Ley 3/2013 y del artículo 14.2.i) del Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado por el Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, la Sala de Competencia de la CNMC ha emitido informe en este procedimiento.
seccion IIseccion II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO. Existencia de conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica Del relato fáctico realizado en los antecedentes de hecho se deduce claramente la naturaleza del presente expediente como conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica. Su objeto se circunscribe a determinar si la actuación de REE al comunicar la caducidad automática de los permisos de acceso y conexión de la instalación "Planta Fotovoltaica Navallo I" resulta conforme a Derecho. No son objeto del presente conflicto las actuaciones del órgano competente para tramitar y resolver la solicitud de autorización administrativa previa ni el procedimiento contencioso-administrativo promovido por GRANATE frente a la desestimación presunta de dicha solicitud. Tampoco corresponde a esta Comisión pronunciarse sobre la posible eficacia retroactiva de una autorización que, a la fecha de resolución del conflicto, no consta que haya sido otorgada. SEGUNDO. Competencia de la CNMC para resolver el conflicto La presente Resolución se dicta en ejercicio de la función de resolución de conflictos planteados respecto al acceso de terceros a las redes de transporte y distribución atribuida a la CNMC por el artículo 12.1.b).1.º de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En sentido coincidente, el artículo 33.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, atribuye a la CNMC la resolución, a petición de cualquiera de las partes afectadas, de los conflictos que puedan plantearse en relación con los permisos de acceso a las redes de transporte y distribución. En sentido coincidente, el artículo 33.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico dispone que “La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá a petición de cualquiera de las partes afectadas los 5 de 8 posibles conflictos que pudieran plantearse en relación con el permiso de acceso a las redes de transporte y distribución, así como con las denegaciones del mismo emitidas por el gestor de la red de transporte y el gestor de la red de distribución”. Dentro de la CNMC, corresponde a su Consejo aprobar esta Resolución, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 14 de la citada Ley 3/2013, que dispone que “El Consejo es el órgano colegiado de decisión en relación con las funciones… de resolución de conflictos atribuidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sin perjuicio de las delegaciones que pueda acordar”. En particular, esta competencia recae en la Sala de Supervisión Regulatoria, de conformidad con el artículo 21.2 de la citada Ley 3/2013, previo informe de la Sala de Competencia (de acuerdo con el artículo 14.2.i) del Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado por el Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto). TERCERO. Sobre la caducidad automática de los permisos por incumplimiento del tercer hito administrativo Hay que indicar con carácter previo que el presente conflicto es similar a los ya resueltos por esta Sala en relación con la comunicación de caducidad o de potencial caducidad de permisos de acceso y conexión cuando no se ha emitido en tiempo el acto administrativo correspondiente, en este caso, la autorización administrativa previa. Los hechos relevantes para resolver el presente procedimiento son que REE otorgó los permisos de acceso y conexión el 31 de mayo de 2023; que GRANATE debía obtener la autorización administrativa previa en el plazo de 34 meses previsto para el cumplimiento del tercer hito administrativo, esto es, el 31 de marzo de 2026; que, a la fecha de vencimiento de dicho plazo, GRANATE no disponía de la citada autorización; y que el 22 de mayo de 2026, REE comunicó la caducidad automática de los permisos. El artículo 1.1.b) del Real Decreto-ley 23/2020 establece, para los permisos de acceso otorgados desde su entrada en vigor, un plazo máximo de 34 meses para la obtención de la autorización administrativa previa. “Aquellos titulares de permisos de acceso para instalaciones de generación de energía eléctrica que sean otorgados desde la entrada en vigor de este real decreto-ley deberán cumplir los hitos administrativos previstos en el apartado b), computándose los plazos desde la fecha de obtención de los permisos de acceso”. El apartado b) del artículo 1.1 del RD-l 23/2020 establece los siguientes hitos administrativos: 1.º Solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa previa: 6 meses. 6 de 8 2.º Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 31 meses. 3.º Obtención de la autorización administrativa previa: 34 meses. 4.º Obtención de la autorización administrativa de construcción: 37 meses. 5.º Obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva: 5 años”. En consecuencia, GRANATE debía contar a fecha 31 de marzo de 2026, 34 meses después de la fecha de inicio del cómputo, con la correspondiente autorización administrativa previa. Según declara la propia GRANATE, a fecha de interposición del conflicto, no se había emitido la autorización administrativa solicitada por la Administración competente. En consecuencia, a día 31 de marzo de 2026 no puede entenderse cumplido el segundo hito del citado artículo 1.1.b). En el apartado segundo del propio artículo 1 del RD-l 23/2020 se establece la consecuencia del incumplimiento de los citados hitos: “2. La no acreditación ante el gestor de la red del cumplimiento de dichos hitos administrativos en tiempo y forma supondrá la caducidad automática de los permisos de acceso y, en su caso, de acceso y conexión concedidos […]” De conformidad con lo señalado en el artículo 3 del Título Preliminar del Código Civil, las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras. Cuando las mismas, como resulta en el caso presente, no admiten duda interpretativa, se estará al citado sentido literal. Criterio ampliamente ratificado por los Tribunales y que conlleva que no se pueda hacer una interpretación contraria a la Ley cuando el sentido literal de la misma es claro (por todas Sentencia del Tribunal Constitucional STC 189/2012, de 5 de julio). Pues bien, el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020 establece de forma inequívoca que los titulares de permisos de acceso y conexión deben acreditar el cumplimiento de los hitos administrativos previstos en dicho precepto dentro de los plazos legalmente establecidos, disponiendo expresamente que la falta de acreditación en tiempo y forma determina la caducidad automática de los correspondientes permisos. En el presente caso, no existe controversia o duda sobre los hechos relevantes para resolver el conflicto. GRANATE obtuvo los permisos de acceso y conexión el 31 de mayo de 2023, por lo que debía contar con la autorización administrativa previa, correspondiente al tercer hito administrativo, no más tarde del 31 de marzo de 2026. Sin embargo, a dicha fecha no disponía de la citada autorización, 7 de 8 extremo que resulta acreditado por la documentación obrante en el expediente y porque la propia interesada así lo reconoce en su escrito de conflicto. En consecuencia, el tercer hito administrativo debe considerarse incumplido, produciéndose la caducidad automática (ope legis) de los permisos de acceso y conexión, sin que resulte jurídicamente relevante que el retraso en la obtención de la autorización administrativa previa sea o no imputable al promotor. En este sentido, REE se limita a constatar y comunicar una consecuencia (la caducidad de los permisos) que opera directamente por ministerio de la ley, por lo que su actuación debe considerarse plenamente conforme a Derecho. Frente a esta conclusión, GRANATE alega que había solicitado una medida cautelar en el procedimiento contencioso-administrativo seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin embargo, la mera interposición del recurso contencioso-administrativo y la solicitud de medidas cautelares no producen por sí solas efecto suspensivo alguno sobre el régimen de hitos previsto en el Real Decreto-ley 23/2020. Para que tal efecto pudiera, en su caso, apreciarse sería necesario que el órgano judicial hubiera acordado expresamente la medida cautelar solicitada. Precisamente con la finalidad de comprobar dicho extremo, la Dirección de Energía requirió a GRANATE para que informara sobre el estado de tramitación de la pieza cautelar y aportara, en su caso, la resolución judicial correspondiente. No obstante, la interesada no accedió a la notificación electrónica del requerimiento -que se entendió rechazada de conformidad con el artículo 43.2 de la Ley 39/2015-, ni aportó información alguna al respecto, dándose por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.5 de la citada Ley. En consecuencia, no consta en el expediente que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya acordado la medida cautelar solicitada ni que exista resolución judicial alguna que impida apreciar el incumplimiento del tercer hito administrativo. Por todo ello, al no haberse acreditado la obtención de la autorización administrativa previa dentro del plazo legalmente establecido y no constar resolución judicial que suspenda los efectos derivados de su incumplimiento, procede concluir que la comunicación de caducidad efectuada por REE se ajusta plenamente a lo dispuesto en el artículo 1.2 del Real Decreto-ley 23/2020, debiendo desestimarse el conflicto interpuesto. Asimismo, la desestimación del conflicto determina igualmente el rechazo de las pretensiones accesorias relativas a que se declare cumplido retroactivamente el tercer hito y a que los plazos correspondientes a los hitos cuarto y quinto se computen desde la resolución del presente procedimiento. 8 de 8 Vistos los citados antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC
seccion preambuloseccion preambulo. RESUELVE
RESUELVE ÚNICO. Desestimar el conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado por GRANATE SOLAR, S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U., con motivo de la comunicación de 22 de mayo de 2026 relativa a la caducidad automática de los permisos de acceso y conexión de la instalación "Planta Fotovoltaica Navallo I". Comuníquese esta Resolución a la Dirección de Energía y notifíquese a la interesada: GRANATE SOLAR, S.L Asimismo, notifíquese a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A., en su condición de Operador del Sistema eléctrico. La presente Resolución agota la vía administrativa, no siendo susceptible de recurso de reposición. Puede ser recurrida, no obstante, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta, 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio.